Infantino: «La transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA»

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, aseguró hoy que «la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado», en referencia a las irregularidades en el máximo ente del fútbol mundial bajo la presidencia del suizo Joseph Blatter.

«Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente», expresó Infantino durante la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol.

«La transparencia es un término que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado», agregó el directivo en la reunión anual en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.

«Compartiendo información, ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando», continuó.

Infantino, de 50 años, además expresó que «la salud es lo más importante» y que «en segundo lugar está el fútbol» en alusión a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo.

«Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello», dijo.

«Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido», cerró Infantino.

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • El aumento de los fertilizantes por la guerra golpea al campo y proyectan medio millón de hectáreas menos de trigo

     

     El impacto de la guerra en Medio Oriente empezó a impactar en la actividad agrícola a nivel mundial por la disparada internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, como anticipó LPO. En Argentina, obligará a recortar en 500 mil hectáreas la próxima campaña de trigo y amenaza con una fuerte caída en los rindes, según alertó la Bolsa de Comercio de Rosario.

    El informe de la entidad sostiene que, pese a que la Argentina atraviesa uno de los mejores escenarios hídricos de la última década para arrancar la siembra, los costos impactan en la producción: «Las reservas hídricas con las que arranca el ciclo es la gran carta a favor del trigo, pero tiene un enorme adversario: el precio actual de los fertilizantes nitrogenados», advirtió la BCR en un informe.

    [La guerra dispara los costos del campo y de la industria y presiona los objetivos inflacionarios de Caputo]

    La urea ya cotiza cerca de los mil dólares por tonelada, niveles similares a los alcanzados en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora el problema es doble: el trigo vale mucho menos que en aquel momento y los productores ya no cuentan con el colchón financiero que tenían hace cuatro años.

    Por eso, la Bolsa proyecta una caída interanual del 7% en la superficie sembrada, unas 500 mil hectáreas menos que la campaña pasada, luego de dos ciclos récord para el cereal.

    Mesa de Enlace

    La situación pega especialmente en la región núcleo y el centro del país, donde el trigo depende de altos niveles de fertilización para sostener rindes elevados. Allí se esperan recortes importantes de área sembrada y una fuerte reducción en la aplicación de tecnología que impactan en la calidad de la producción.

    En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.

     En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%. 

    La Bolsa advierte además que el ajuste no será solo en superficie sembrada sino también en productividad. Por el menor uso de fertilizantes, el rinde promedio nacional caería y la cosecha se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo de la campaña récord anterior.

    En ese contexto, fuentes de Federación Agraria dijeron a LPO que en el sector circulan versiones sobre posibles beneficios fiscales para la importación de urea y fertilizantes, aunque por ahora no hubo anuncios oficiales del gobierno nacional.

    «Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto», señalaron desde la entidad. En el sector advierten que el problema no solamente es por el precio sino también el abastecimiento ante la incertidumbre internacional.

     Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto 

    En Federación Agraria agregaron que el agro necesita además otras señales económicas para recuperar inversión. «No alcanza solamente con aliviar el costo de los fertilizantes. El sector de granos y oleaginosas necesita que siga la baja de retenciones, una reforma impositiva y acompañamiento crediticio para sostener la inversión», afirmaron.

    Mientras tanto, en Europa los gobiernos ya empezaron a intervenir para evitar una rebelión de productores agropecuarios por el aumento de costos. El presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de 80 medidas que movilizará 5 mil millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra sobre el aparato productivo.

    «Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias», afirmó Sánchez al presentar el programa y agregó que «las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y además, en estos primeros meses, a los españoles nos va a costar 5 mil millones que podríamos destinar a becas o sanidad, pero vamos a tener que proteger a nuestro tejido productivo, el campo, la industria y las pequeñas y medianas empresas».

    La preocupación de los gobiernos europeos se disparó este martes por las primeras protestas de ruralistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia que se replicó en distintos países en protesta a la escalada de los costos que acelere la tensión inflacionaria.

    Los gobiernos buscan evitar una escalada del conflicto con un sector que no se anda con chiquitas a la hora de hacerse oír. En los últimos años, las protestas de productores se multiplicaron en Francia, Alemania, Bélgica y España con cortes de rutas, bloqueos a puertos y tractorazos contra las políticas ambientales de Bruselas y el aumento de costos productivos.

    La relación de los productores con la Unión Europea viene tensionada por el acuerdo con el Mercosur. Los agricultores aseguran que el tratado comercial los va a perjudicar por el ingreso de alimentos sudamericanos de menor costos y exigencias regulatorias.

    Ahora, el panorama se complica por la suba de insumos y en consecuencia, los gobiernos europeos buscan contener al campo para evitar que la crisis termine de quebrar el vínculo político. En definitiva, un triunfo de los sectores más proteccionistas que se vienen imponiendo en la discusión pública.

     

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