Infantino: «La transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA»

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, aseguró hoy que «la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado», en referencia a las irregularidades en el máximo ente del fútbol mundial bajo la presidencia del suizo Joseph Blatter.

«Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente», expresó Infantino durante la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol.

«La transparencia es un término que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado», agregó el directivo en la reunión anual en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.

«Compartiendo información, ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando», continuó.

Infantino, de 50 años, además expresó que «la salud es lo más importante» y que «en segundo lugar está el fútbol» en alusión a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo.

«Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello», dijo.

«Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido», cerró Infantino.

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    Fitch elevó las calificaciones de varias entidades financieras luego de la reciente mejora de la nota soberana argentina a «B-» desde «CCC+». La agencia también revisó al alza el entorno operativo del sistema bancario local y destacó una mejora del marco macroeconómico.

    Los ADR de los principales bancos argentinos operaron en terreno negativo durante la rueda. Banco Macro cayó 2,42 por ciento y BBVA Argentina retrocedió 3,28 por ciento, pese a la noticia favorable de la calificadora.

    Galicia: tras la caída de la acción por la compra del HSBC, el regreso de los dividendos seduce al mercado

    En el mercado explican que la mejora de Fitch estuvo fuertemente asociada al upgrade soberano de la deuda argentina y no necesariamente a una mejora específica en la situación financiera de los bancos. De hecho, varios operadores remarcan que buena parte de la reacción positiva ya se había adelantado la semana pasada, cuando Fitch elevó la nota del país.

    «El cambio de calificación es en principio una buena noticia para los bancos, pero no impactó directamente en la cotización de las acciones», explicó un operador financiero consultado por este medio. Según señaló, el mercado entiende que la decisión de Fitch responde principalmente al nuevo escenario macroeconómico y no tanto a una transformación estructural del negocio bancario.

    El operador recordó además que los ADR bancarios habían reaccionado positivamente tras la mejora de la nota soberana, pero luego volvieron a corregir parte de esas ganancias. «Pasó algo parecido con el riesgo país: bajó inicialmente después del anuncio, pero después empezó a subir nuevamente en los últimos días», sostuvo.

    Pasó algo parecido con el riesgo país: bajó inicialmente después del anuncio, pero después empezó a subir nuevamente en los últimos días. Hoy la mora tiene más peso para los inversores que la mejora en la calificación.

    La cautela de los inversores también está vinculada a la situación puntual del sistema financiero local. En el mercado existe preocupación por el aumento de la mora y el deterioro de algunos indicadores crediticios, un fenómeno que empieza a ganar peso entre quienes siguen de cerca el comportamiento del sector.

    «Hoy la mora tiene más peso para los inversores que la mejora en la calificación», explicó el operador. Según señaló, el mercado empieza a mirar con más atención el deterioro de la cartera de préstamos y el posible impacto que eso podría tener sobre la rentabilidad futura de las entidades financieras.

    En su informe, Fitch reconoció que los bancos argentinos continúan mostrando buenos niveles de capitalización y lograron atravesar episodios de fuerte volatilidad financiera durante los últimos meses. Pero al mismo tiempo advirtió que el aumento de los costos de financiamiento y del riesgo crediticio seguirá presionando los resultados del sistema durante la primera mitad de 2026.

    Dentro de las mejoras anunciadas, Banco Macro fue una de las entidades más beneficiadas. Fitch elevó sus calificaciones de largo plazo en moneda extranjera y local a «B-» desde «CCC+», mientras que las notas de corto plazo subieron a «B» desde «C». También mejoró su calificación de viabilidad.

    En el caso de Santander Argentina y BBVA Argentina, la agencia mantuvo las notas en moneda extranjera pero mejoró las calificaciones en moneda local y las evaluaciones de viabilidad. Banco Supervielle, en cambio, fue el único de los grandes bancos privados que no recibió mejoras y mantuvo sus notas en niveles de «CCC+».

    La situación dejó una dinámica similar a la que había mostrado el mercado tras la mejora de la deuda soberana argentina. En aquel momento, los bonos tuvieron una reacción positiva pero moderada y el riesgo país apenas retrocedió algunos puntos, reflejando que los inversores todavía mantienen dudas sobre la sostenibilidad del programa económico.

    En el mercado sostienen que el principal interrogante sigue siendo político y financiero al mismo tiempo. Si bien la mejora de Fitch representa una validación parcial del rumbo económico del Gobierno, los inversores continúan observando con atención la evolución de la actividad, la capacidad de acumular reservas y el impacto del deterioro crediticio sobre bancos y empresas.

     

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    La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

    La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

    La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

    El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

    Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

    Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

    Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

    La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

    Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

    Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

    La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

    Comunicación, soberanía y mercado

    El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

    La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

    Ahí reside el núcleo político del asunto.

    Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

     

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