El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, aseguró hoy que «la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado», en referencia a las irregularidades en el máximo ente del fútbol mundial bajo la presidencia del suizo Joseph Blatter.
«Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente», expresó Infantino durante la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol.
«La transparencia es un término que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado», agregó el directivo en la reunión anual en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.
«Compartiendo información, ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando», continuó.
Infantino, de 50 años, además expresó que «la salud es lo más importante» y que «en segundo lugar está el fútbol» en alusión a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo.
«Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello», dijo.
«Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido», cerró Infantino.
En el barrio Sarmiento del partido de San Martín, una madre esperó a que una maestra saliera de la escuela y, mientras los niños y las niñas se iban a sus casas, la sorprendió en la calle y le dio una piña en el ojo. La docente terminó hospitalizada. No quiere volver a dar clases.
A una cuadra de una escuela de Malvinas Argentinas, conurbano norte, dos chicas se agarraron a golpes. Otros jóvenes las filmaron. Una de las adolescentes volvió al colegio para buscar ayuda: tenía el hombro dislocado. Su familia la fue a buscar. Como desde la escuela no hubo respuesta, tiraron el portón abajo y les arrojaron mate cocido caliente a dos auxiliares docentes. “Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, repudiaron las trabajadoras en un comunicado.
En Mar del Plata, madres y padres incendiaron la casa de un chico de diez años acusado de haber tocado a niñas de seis que van a la misma escuela. “Me cagaron a palos y me dejaron en la calle, sin nada”, dijo la mamá.
Dos alumnas discutieron en el patio de una escuela en José C. Paz. Las madres entraron y, en lugar de separarlas, arengaron el enfrentamiento. Docentes y directivos contuvieron la situación hasta que llegaron la policía y el servicio de emergencias que atendieron a varias personas con crisis nerviosas.
En una escuela de Río Cuarto, Córdoba, un adolescente le tiró agua hirviendo a su preceptor. Las autoridades lo suspendieron por tres días y lo cambiaron de división.
Estos cinco hechos fueron titulares de noticias. Todos transcurrieron en noviembre y reavivaron una preocupación que crece en las comunidades educativas: ¿qué pasa con la “violencia escolar”? Un término que parece quedarse corto a la hora de describir situaciones muy diversas con al menos un punto en común: son conflictos que se derraman más allá de las aulas y terminan con daños severos. Situaciones sobre las que no hay cifras oficiales y están muy lejos de lo que se espera que ocurra en una escuela.
Para Alberto Sileoni, ex director general de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, son episodios marginales que adquieren visibilidad por los medios: “no hay una pandemia de violencia en las escuelas bonaerenses o argentinas”.
Los y las docentes insisten: algo se está moviendo, hace rato, en las rutinas escolares.
Puentes rotos
―Seño, ¿puedo ir al baño?
―No, Matías, esperá a que termine la clase. Ya fuiste tres veces.
Matías siguió con las multiplicaciones de Matemática. Ni bien salió de la escuela, le contó a su mamá que la maestra no lo había dejado ir a hacer pis. La mujer entró al establecimiento, una institución parroquial de San Martín, provincia de Buenos Aires, y buscó a la docente de cuarto grado.
―¡¿Cómo le vas a decir a un nene que se aguante?! Si lo siguen tratando mal voy a llegar hasta las últimas consecuencias ―gritó, enfurecida, y empujó a la maestra.
No fue la única amenaza. Antes, había escrito varios correos electrónicos con el mismo tono. Otras madres, también: “Yo hago taekwondo. Si no resuelven este problema a su manera, podemos probar de esta forma”.
Fernanda* es psicóloga del Equipo de Orientación Escolar de esa escuela y reconoce las dificultades que atraviesa la institución en su vínculo con las familias: “No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.
Agustín es maestro en una Escuela Normal de la Ciudad de Buenos Aires. En un partido de fútbol, un estudiante de tercer grado le pegó una trompada a otro compañero. Agustín lo retó y escribió una nota en el cuaderno de comunicaciones. “La respuesta que volvió desde la casa fue que yo estaba equivocado porque su hijo en realidad se defendió ya que no lo habían dejado jugar”.
“No quiero caer en discursos que las culpabilizan por todo ni en dicotomías de buenos y malos, pero a veces es una situación muy bizarra marcarle a un adulto que no puede empujar a una maestra ni insultarnos en un mail”.
Históricamente, en esta escuela pública centenaria a la que van chicos y chicas de clase media e hijos de trabajadores ambulantes, las familias entraban con sus hijos hasta el momento de la formación. Presenciaban “los buenos días”, el anuncio de alguna noticia y el izamiento de la bandera. Desde hace unos años, ese ritual se cortó. “Ahora se quedan de la puerta para afuera porque muchos padres entraban de mala manera a hablar con los docentes. O a veces con la mejor voluntad, pero no era la forma. Hay otros pasos a seguir y canales de diálogo: pedido de reunión, dejar un acta escrita”, explica Agustín.
Muchas familias se quejaron de la decisión. Entre ellas, las que jamás atacaron a un maestro y disfrutaban de ese momento con sus hijos. Dicen que los docentes y directivos alimentan la distancia con ellos. Que “ya no es la misma escuela de antes”.
¿Alguna escuela lo es?
Un whatsapp y ya no jode más
Melisa y Fabián estudian en una institución estatal de San Isidro, conurbano norte. Ocho de cada diez adolescentes que concurren allí son del barrio popular La Cava. Ellos dos están de novios y hace tiempo sus docentes notaron que se relacionan de manera muy conflictiva. Por ejemplo, se revisan sistemáticamente los celulares. Los docentes problematizan este tipo de vínculos desde la Educación Sexual Integral (ESI). Un día, Fabián empujó a Melisa contra los bancos del aula. Mientras la preceptora salió a informarle al equipo directivo, la chica le mandó un mensaje a su papá, que enfiló directo hacia la escuela. Las autoridades llevaron al alumno a la dirección y, cuando el padre de Melisa llegó, no lo dejaron pasar.
―Che, loco, ya estamos hablando con el pibe. Es una escena terrible para tu hija que toda la escuela vea cómo su padre hace un escándalo fenomenal ―lo frenó Federico Cano, vicedirector del secundario.
―Bueno, quedate tranquilo, yo espero acá. Es lo mismo. Si no me dejás matarlo adentro, lo hago afuera ―respondió el padre. Después llamó a la madre de Fabián para decirle que le iba a prender fuego la casa.
La mujer lo denunció por amenazas, así que el vicedirector y la orientadora escolar cerraron el día en la comisaría. “La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico.
Como en la escuela de San Martín, donde una pelea entre estudiantes de sexto año afuera del edificio, en el horario del almuerzo, derivó en que los padres, tíos y primos de uno de los lastimados le pegaran una paliza al adolescente que dio la primera piña. Ni bien se enteraron, los adolescentes, profesoras y autoridades que estaban adentro de la escuela, salieron hacia la calle a buscarlos. Pero era tarde: el mensaje a los adultos por WhatsApp había llegado más rápido. Y el resto del alumnado filmaba con sus celulares la pelea en la vereda.
Federico insiste en que las piñas en la puerta de la escuela no son una novedad, pero la viralización y espectacularización en los entornos digitales fogonean aún más cualquier conflicto: “Todo escala más rápido y nunca se termina”. El docente viene de reunión en reunión con directivos de otras escuelas del barrio por enfrentamientos que se publicitan a través de un grupo de WhatsApp llamado “peleas Martínez”. El grupo lo integran cerca de 200 adolescentes, en su mayoría son chicos, pero también hay chicas. El que “gana” se lleva de premio, además del reconocimiento de sus pares, un video que lo termina de coronar como vencedor.
“La comunicación inmediata con los celulares hace que las cuatro paredes de la escuela se rompan muy fácilmente”, lamenta Federico.
Cuando al vice algún joven le cuenta quiénes son los próximos, llama a la directora de otra escuela para ver si puede hacer salir a sus estudiantes un rato más tarde y así evitar que se crucen con los suyos. “Hay una gran parte de este trabajo librada a la voluntad y buena onda entre directivos. Aunque no es solo voluntarismo, detrás hay toda una formación pedagógica que parte de la idea de que hay que articular. Pero nunca se nos convocó a los directores del mismo territorio educativo a conversar sobre los problemas que tenemos”, señala.
Esto no es un tribunal
La familia de Manuel tocó la puerta de la oficina. La directora de esta secundaria parroquial de CABA la había citado el día anterior para conversar. El adolescente “le hace chistes que no corresponden a sus compañeros, no trabaja en clase y no se responsabiliza por lo que hace”.
Florencia presentó la denuncia y, al enterarse de que el adolescente iba a ir a un viaje de estudios con su hija, también recurrió a los diarios y a la televisión. “Fue la herramienta que tuve para protegerla”, sintetiza y evidencia un fenómeno cada vez más extendido: la impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada. La erosión de la confianza.
Ana Campelo, ex coordinadora del Área de Convivencia Escolar durante el gobierno de Alberto Fernández y del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas en 2011, advierte un proceso creciente de judicialización de las relaciones escolares. El emparentamiento se da tanto en las vías judiciales en las que se encauzan conflictos, como en la jerga escolar cotidiana. “Esto se ve en el uso de términos altamente estigmatizantes como agresor, acosador, matón, perpetrador, bully y en las mismas categorías dicotómicas de víctima y victimario, naturalizadas en el ámbito pedagógico, aunque provienen del discurso jurídico”, detalla.
La impotencia –muchas veces fundada– de las familias frente a la vulneración de derechos de sus hijos/as y las limitaciones con las que se topan las instituciones escolares para lidiar con situaciones de violencia exacerbada.
Desde el Equipo de Orientación Escolar de la escuela parroquial de San Martín, Fernanda coincide en que la escuela está sometida a palabras de otros ámbitos: “Tenemos que hacer lo que indica el neurólogo, el servicio local, la Justicia o la política, y en ese camino hay algo de la palabra pedagógica que se pierde”.
Ponerle un nombre al malestar
Para Campelo, la equiparación entre problemas de convivencia y delito no es nueva, sino que se intensifica al calor de la época y, paradójicamente, en tiempos de campañas “antibullying”. A principios de noviembre, el Senado de Mendoza le dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que incorpora al Código de Contravenciones provincial una figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar. La iniciativa contempla multas para las familias.
“Toda sociedad recurre a los significantes que encuentra a su disposición para nombrar el malestar que la aqueja —opina Campelo— y ‘bullying’ es el significante por excelencia en relación con las violencias en las escuelas. Sin embargo, ¿es el problema que hoy padecemos?”.
Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires lanzó un Protocolo Integral para la prevención, detección, intervención y seguimiento de situaciones de bullying entre pares. Santino es vicepresidente del centro de estudiantes de su secundario, una institución de gestión estatal, y dice que el fenómeno es una conversación recurrente con sus compañeros y compañeras. Pero lo identifica, sobre todo, en la primaria. Según el análisis del Observatorio Argentinos por la Educación de las pruebas Aprender, a nivel nacional, el 36 por ciento de los niños y niñas de sexto grado se sintió discriminado en las aulas, y 6 de cada 10 sufrió algún tipo de agresión allí o en redes sociales. Aunque esas situaciones no necesariamente implican un acoso sistemático.
El espacio de participación estudiantil de Santino se enfoca, sobre todo, en charlas sobre ESI y salud mental: el tema más nombrado entre sus pares. “Para un estudiante no hay nada mejor que otro estudiante”, resume. Martina, alumna del último año de una escuela privada de Santa Fe, destaca: “Hay que actualizar los contenidos de la ESI y pensar propuestas en base a lo que necesita cada curso. Yo sé que en mi grupo una charla sobre ciberacoso o bullying no va a tener mucho efecto porque no es el problema que nos atraviesa, pero sí trabajar las apuestas online o los escraches”.
Al vicedirector de la escuela de San Isidro le preocupan otras cuestiones. Cuando llama al apoyo escolar del barrio para preguntar si lo vieron a Juan, estudiante del ciclo superior, le responden que hace rato no pasa por ahí. Todo conduce a lo mismo: la crisis social y la falta de proyección y de sentido entre sus estudiantes.
—En un año terminás la escuela. ¿Querés trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Ambas? —le pregunta a un alumno de sexto año.
—Me chupa un huevo.
—Dale, imagino que te querés comprar una remera piola, alquilar un departamento para estar con tu novia tranquilo. Algo.
—Qué sé yo, me chupa un huevo.
La autoridad en crisis
Para Campelo asistimos a una declinación de los modos tradicionales del ejercicio de la autoridad: “Hoy no alcanza con tener un título o un cargo. Esto tiene que ver con la retirada del Estado de bienestar, con la puesta en duda de la promesa de un futuro mejor a través de la educación. Y las construcciones discursivas hegemónicas sobre el bullying erosionan aún más la autoridad bajo la idea de que la escuela no va a hacer nada para protegerte”.
Anabella Díaz es docente de Lengua y Literatura hace más de 25 años en Carlos Paz, Córdoba, y fue vicedirectora en el nivel medio. “A las escuelas se le debilitan las herramientas básicas que le permiten construir autoridad pedagógica”, plantea. Se refiere, por ejemplo, a la flexibilización en torno a las faltas o el horario de ingreso al aula. “Da lo mismo si un pibe quedó libre o no. Los propios chicos te dicen ‘para qué voy a estudiar todo el año si con un trabajo práctico en diciembre resuelvo todo’”, asegura y define a la normativa como “una gelatina” que va adoptando formas diversas: “la del reclamo del padre, el trabajito final de tres preguntas que se resuelve con ChatGPT, la inspectora que llama para preguntar qué alternativas evalúan los directivos para alivianar a ese estudiante que faltó 40 días. Todo es un gran simulacro”.
Sin embargo, aclara que tampoco se trata de idealizar el pasado: “La autoridad no es un director con cara de malo retando, sino el resultado final de una trama donde la escuela es respetada por familias, docentes y estudiantes. En ese sentido, los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.
En la Argentina, con el regreso de la democracia, el paradigma escolar disciplinario centrado en los castigos se reemplazó por otros mecanismos de tramitación de conflictos. La Resolución N° 93/09 del Consejo Federal de Educación (CFE) profundizó ese camino de involucramiento de los jóvenes en la convivencia escolar. En 2013, la Ley Nacional para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas prohibió las sanciones que impidan la continuidad escolar. Hoy, se opta por apercibimientos orales o escritos, actividades de servicio comunitario-escolar, suspensión de uno a tres días, cambio de turno o de escuela, aunque puede variar según la jurisdicción. Los Acuerdos de Convivencia Escolar tienen un rol clave y promueven la responsabilidad de los y las estudiantes en lugar de la punición automática.
Los Acuerdos Escolares de Convivencia deben incluir sanciones con consecuencias claras. El primer paso es la conversación, pero tampoco se puede charlar diez veces lo mismo”.
“El problema con las sanciones, para empezar, es que ya en sexto grado hay niños que no traen el cuaderno de comunicaciones”, puntualiza Agustín. En secundaria, esa herramienta tiene aún menos peso: “Muchos pibes se te ríen en la cara si se los pedís”, comenta Federico. En los intercambios que tiene con otros docentes, se repite la misma inquietud: cómo reponer los bordes. “Muchos vemos en el límite un valor pedagógico. Uno sabe, porque también fue estudiante, que un buen ‘no’ a tiempo puede ser mucho más ordenador que mil ‘vamos viendo’. Pero también sabemos que en buena parte de nuestros colegas hay una fantasía disciplinante y autoritaria”.
Soluciones comunitarias
Para Campelo, los Consejos Escolares de Convivencia, órganos colegiados y participativos formados por estudiantes, docentes, directivos y familias, pueden ser espacios muy valiosos donde circula la palabra y se piensan soluciones democráticamente. Desde allí, explica, se idean intervenciones situadas que apuntan a “ofrecerle otros lugares a los niños, niñas y adolescentes que son catalogados como ‘los revoltosos’ o ‘problemáticos”. Por ejemplo: en una escuela, invitaron al alumno que desafiaba constantemente a sus docentes a tocar la armónica en el concierto escolar de fin de año. Al final, pidió el micrófono. La directora dudó, pero confió. “Gracias por escuchar”, dijo el niño al auditorio.
En el nivel primario de la escuela parroquial de San Martín donde trabaja Fernanda, hay asambleas estudiantiles todas las semanas. Los chicos y chicas lo tienen incorporado y, cuando llega la hora, van a buscar el libro de actas para iniciar la reunión y debatir, por ejemplo, qué juegos están permitidos en el recreo y cuáles no. También hay “mediadores escolares”, una figura impulsada por una política pública bonaerense que apunta a que los propios estudiantes, elegidos por sus compañeros/as, intervengan ante situaciones conflictivas de sus grupos.
En cuanto a las familias, luego de varias reuniones fallidas, Fernanda cuenta que se propusieron armar secuencias de trabajo. Les plantearon ejercicios teatrales a los niños y niñas en torno al cuidado e invitaron a sus madres y padres a compartir la actividad. También les pidieron a los estudiantes que diseñaran maquetas sobre puentes y muros para trabajar la forma de relacionarse con los demás. Luego, les mostraron las obras a los adultos y les preguntaron cuándo creen que hay muros y en qué momentos puentes entre la escuela y las familias. “Nos la jugamos porque venía todo muy tironeado y podían salir con cualquier cosa, pero hubo algo del proceso previo que ayudó. No es que se los citó de un día para el otro a una reunión, sino que fueron parte de una conversación a lo largo del tiempo. Y hubo devoluciones muy positivas, nos transmitieron que necesitaban escucharse y poner en común”.
Federico subraya que los conflictos más urgentes tapan una mayoría silenciosa que le dedica mucho esfuerzo a la escuela: “Todavía hay familias a las que les pedís el mapa y se despiertan temprano para comprarlo aunque estén justas de plata, o les pedís comida para colaborar en la feria y se organizan para cocinar una torta. Madres y padres que vienen a escuchar una devolución sobre su hijo y escuchan atentamente, agradecen”.
Hay equilibrios que sobreviven, dice. “A pesar de la descomposición y del caos”.
*Los nombres reales de Matías, Fernanda, Agustín, Melisa, Fabián, Manuel y Juan fueron alterados por pedido de los entrevistados.
La oposición en la provincia de Buenos Aires logró quedarse con cinco sillones del poderoso directorio del Banco Provincia. Axel Kicillof aceptó ampliar ese órgano de la banca pública para traccionar un acuerdo que le permita contar con el endeudamiento.
El directorio del Bapro tenía ocho directores y ahora pasa a tener una estructura ampliada de nueve titulares, dos síndicos y tres directores asociados.
El PRO consiguió dos lugares en ese nuevo formato. Matías Ranzini, un diputado de Zárate que responde a Cristian Ritondo se quedó con un asiento de director titular, mientras que Adrián Urrelli -muy cercano a Néstor Grindetti- se quedó con un cargo de director asociado.
En tanto, Marcelo Daletto negoció por Cambio Federal, el espacio que conduce Emilio Monzó. Daletto terminaba la semana próxima su mandato en el Senado bonaerense y ahora tendrá un asiento de director titular.
Otro sillón de director titular será para Fernando Rozas, que llegó a través de un grupo de legisladores que ingresaron por La Libertad Avanza en 2023 y que rompieron con Javier Milei incluso antes de ser electos. LPO había adelantado a mediados de 2024 que ese sector trabajaba para ubicar a Rozas en el banco.
Rozas fue interventor del Servicio Penitenciario durante el gobierno de María Eugenia Vidal y es el titular del sello Unión Celeste y Blanco con el que Francisco De Narváez le ganó al kirchnerismo en 2009.
Matías Ranzini.
Por último, el radical Fernando Pérez -que responde a Martín Lousteau- se quedó con un asiento de director asociado.
Lograr una síntesis fue quizás lo más difícil de una negociación legislativa que llevó un mes. Los asientos del Bapro son uno de los cargos más preciados en el Ejecutivo al que puede acceder la oposición: supone una caja importante para la política y la posibilidad de intervenir en créditos.
Axel Kicillof se quedó con cuatro lugares. Fueron designados Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher como directores . El massismo sumó al intendente de Las Heras, Javier Osuna. La Cámpora a Rodrigo ‘Rodra’ Rodríguez (director titular) y Laura González (síndico) y Juan Pablo De Jesús designó a Gabriela Demaria como síndico.
El gobierno oficializó este miércoles el desembarco de Cristian Ezequiel Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, en reemplazo de Sergio Neiffert. Lejos de ser un técnico neutral, Auguadra carga con un pasado como operador del macrismo, un prontuario de maniobras en el Banco Ciudad y una trayectoria entre sociedades privadas, control interno y auditorías. Hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, asume el control del área más sensible del Estado en plena reestructuración del sistema de inteligencia impulsada por Milei.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Un operador del macrismo reciclado para el proyecto Milei
El desembarco de Auguadra en la SIDE expone la matriz de poder real que Milei consolidó desde su llegada al gobierno: un entramado donde conviven viejos cuadros del macrismo, operadores financieros, consultores políticos y figuras que se mueven con soltura entre empresas privadas, auditorías y oficinas públicas.
Nada permite presentarlo como un experto aséptico: es un cuadro histórico del macrismo, fogueado en maniobras institucionales desde principios de los 2000 y funcional a agendas de poder económico concentrado. Su incorporación a los servicios de inteligencia no sorprende: forma parte del operativo del oficialismo para colonizar áreas críticas con funcionarios de absoluta obediencia a Caputo.
El Decreto 852/2025 confirmó formalmente su designación al frente de la SIDE y aceptó su renuncia previa como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). La movida coincidió con el cierre de la etapa de “ordenamiento” del sistema de inteligencia tras la aprobación del Informe de Gestión 2023–2024 en la Bicameral, paso que en los hechos consolidó aún más el poder interno de Caputo dentro del gobierno libertario.
Auguadra es señalado justamente como uno de sus hombres más leales. Su escalada en el organismo acompañó milimétricamente el avance del “círculo duro” que responde al asesor presidencial en cada área estratégica del Estado.
El episodio del Banco Ciudad: maniobras, denuncias y disputa de poder
Para entender la naturaleza política de Auguadra hay que volver a su paso por el Banco Ciudad, un antecedente que vuelve a resonar ahora que fue colocado al mando de los servicios.
La designación que fracasó
En 2004, el macrismo lo impulsó para ocupar un puesto en el Directorio del Banco Ciudad. Su designación fue aprobada por la Legislatura porteña, pero enfrentó rápidamente una fuerte resistencia interna y terminó en 2005. Ese episodio ya dejaba en claro los vínculos políticos que sostenían su candidatura y la interna feroz en torno al control del banco.
Las denuncias que alimentaron la interna
A poco de asumir, Auguadra lanzó una ofensiva pública: envió una carta a legisladores, directores del banco y al titular del Banco Central denunciando supuestas irregularidades en la administración de títulos públicos. Sus acusaciones replicaban cuestionamientos previos impulsados por exempleados como Corsani y Shinca y se insertaban en un escenario de guerra interna, donde distintos sectores —incluido el macrismo— buscaban avanzar sobre la conducción de la entidad, en una disputa con Yabrán.
La prensa subrayó en aquel momento que esas denuncias eran parte de un entramado mayor de presiones políticas. Muchas no prosperaron judicialmente, pero dejaron asentado el dato estructural: Auguadra no era un contador puntilloso sino un operador con agenda propia, capaz de combinar su perfil técnico con movimientos de poder.
Ese antecedente hoy resulta clave para entender por qué encaja en la arquitectura de inteligencia que Milei y Caputo están moldeando.
Del control interno al control total: el ascenso dentro de la SIDE
Sin exposición mediática ni declaraciones públicas, Auguadra construyó poder en la SIDE desde su rol en Asuntos Internos. Allí impulsó investigaciones internas que tensaron la convivencia dentro del organismo y lo colocaron en el centro de disputas por desplazamientos, recortes y reacomodamientos.
Su formación contable y su experiencia en auditoría y control interno fueron usadas por el oficialismo para justificar discursos de “modernización técnico-operativa”, mientras consolidaba su rol político bajo la tutela de Caputo. Para Vocería, era “el nombre ideal para consolidar mecanismos de control, planificación estratégica y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil e integrado”. En la práctica, su designación profundiza la concentración de decisiones en el mismo núcleo que diseñó el Estado libertario.
Empresas, sociedades y un recorrido entre lo público y lo privado
Antes de su desembarco en los servicios de inteligencia, Auguadra tuvo una actividad societaria relevante y múltiple participación en estructuras públicas.
En 2000 fundó INTERPESOS S.A., dedicada a servicios de intermediación crediticia mediante plataformas digitales, bases de datos, portales web y licencias comerciales. En 2012 integró WEST TRANSFER SRL, una firma de transporte privado escolar, turístico y corporativo con operaciones habilitadas para funciones amplias: desde concesiones hasta compra y venta de inmuebles, que hoy realiza charters en la zona oeste.
Con su llegada a la jefatura de la SIDE, Milei completa el esquema: un modelo de inteligencia concentrado, opaco y moldeado a medida de Caputo, sostenido por funcionarios sin neutralidad, con pasado político marcado y férrea lealtad interna.
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