El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, aseguró hoy que «la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado», en referencia a las irregularidades en el máximo ente del fútbol mundial bajo la presidencia del suizo Joseph Blatter.
«Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente», expresó Infantino durante la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol.
«La transparencia es un término que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado», agregó el directivo en la reunión anual en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.
«Compartiendo información, ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando», continuó.
Infantino, de 50 años, además expresó que «la salud es lo más importante» y que «en segundo lugar está el fútbol» en alusión a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo.
«Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello», dijo.
«Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido», cerró Infantino.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
Martín Menem sigue enredado en el Rufusgate, la cuenta anónima desde que se atacaba a Santiago Caputo. El riojano ahora desmintió al propio Javier Milei sobre la supuesta «operación prefabricada» y volvió a su versión inicial de un error de su community manager.
Luego de que el sector de Caputo publicara un video en el que demostraron cómo la Wayback Machine confirmó que Periodista Rufus es Menem, el presidente de la Cámara de Diputados volvió sobre sus pasos y dejó en offside al mismísimo Milei que había salido a defenderlo públicamente
«El mismo sábado le dije que ‘para mí pasó esto: se trata de un link de Instagram, que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo’. Es un link de una noticia y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta», explicó Menem en radio Mitre.
El problema es que Milei dijo otra cosa. El presidente dijo en Neura que lo de la cuenta «fue algo que le han plantado» a Mene, y estaba «prefabricado». Para justificar la teoría de la «operación», Milei dijo que vio «un video que armó Oría que explica lo que le hicieron a Menem».
El video de Oría nunca apareció, como le había reclamado El Gordo Dan. El influencer caputista ya había resaltado las contradicciones de Menem.
«Vuelven a cambiar la versión, hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem de que se trataba de una equivocación de un CM suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión», dijo el martes Gordo Dan en Carajo.
Menem también dijo que es «una falsedad absoluta» que sea Rufus y le respondió a los caputistas que dicen que le mintió a Milei. «Miren, les pido por favor que no subestimen al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados», se defendió.
La idea de que el entorno de Karina le vende pescado podrido a Milei está muy instalada entre los caputistas y hasta Agustín Laje se subió al coro. «No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro», tuiteó uno de los artífices del relato oficial.
preocupación porque Karina está exponiendo a Milei para defender a los Menem y Manuel Adorni, y el Presidente termina haciendo el ridículo en público como la promesa fallida de la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete y la idea de una operación prefabricada detrás de Rufus.
Mientras Victoria Villarruel acelera su estrategia de diferenciarse del Gobierno a partir del caso Adorni, en la provincia apareció un armado que promueve a la vice de cara a 2027 y ya sumó a dirigentes excluídos de La Libertad Avanza.
El incipiente espacio tiene su base en el noroeste bonaerense y tiene como armador seccional a Norberto Delgado, un dirigente que tuvo su última experiencia política en la región con Florencio Randazzo.
«Vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento», dijo Delgado al diario La Verdad, al anunciar la incorporación al espacio de quien fue el candidato a intendente de LLA en Junín en 2023, Javier Souto. Por lo pronto, ya comenzaron las pintadas con la leyenda «Victoria Villarruel 2027».
Eso, tras conocerse recientes encuestas que ponen a la vice por encima de Milei. Un estudio de Zuban Córdoba expuso a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, cifra que la pone por primera vez arriba del presidente, que apareció con una intención de voto de 31,4%.
En Junín, esta irrupción amenaza con tener su reflejo en el Concejo Deliberante, considerando que la concejal Belén Veronelli responde a Souto y ya viene despegada del armado local que responde a Sebastián Pareja.
En el nuevo armado señalaron a LPO que hay conversaciones avanzadas con más de 50 concejales y dirigentes libertarios de la provincia que actualmente están excluidos por el karinismo.
En las últimas legislativas, Veronelli denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pagar pautas publicitarias en medios locales.
En el nuevo armado señalaron a LPO que hay conversaciones avanzadas con más de 50 concejales y dirigentes libertarios de la provincia que actualmente están excluidos por el karinismo.
«El lanzamiento no es oficial. Se va a hacer después del mundial», dicen en referencia a la estructura provincial de Villarruel y aseguran que, próximamente, Delgado mantendrá una reunión con la vice.
En la Cuarta sección hay dirigentes con llegada a la vice que no descartan una futura incursión electoral bajo el paraguas de Villarruel pero que se despegan del nuevo armado y aseguran que la representatividad territorial que dicen tener es «autoproclamada».
Alguien que se mostró recientemente con la vice fue el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. Sin embargo, cerca del municipio chivilcoyano aclararon a LPO que el jefe comunal no tiene nada que ver con el armado lanzado esta semana en Junín.
Quienes charlan con Villarruel señalaron a LPO que, por lo pronto, no dará definiciones de corte electoral a 2027. «Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca», dijo una fuente con llegada a la vice.
Britos había sido el Plan A de Milei a la Gobernación en 2023, pero la negativa del intendente chivilcoyano hizo que finalmente vaya Carolina Píparo. Ahora, el ex comisario muestra diálogo abierto con Villarruel, que visitó el distrito el 2 de abril pasado, con motivo del acto por Malvinas.
En Chivilcoy, fuentes confiables aseguran que Britos no descarta jugar en 2027 con Villarruel de darse algún armado con peronistas, pero que lo descarta por completo en caso de darse un acercamiento de la vice con Macri.
En tanto, la vice refuerza su perfil crítico del Gobierno con el caso Adorni. Días atrás, pegó el faltazo a la misa oficial en homenaje al Papa Francisco realizada en la Basílica de Luján, para no salir en la foto con el jefe de Gabinete, envuelto en un creciente escándalo por denuncias de corrupción.
«Era un acto donde estaba lo peor de la casta política», dijo la vicepresidenta cuando la abordó la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Esta semana, tras conocerse la cascada que Adorni encargó en su casa del country Indio Cua, Villarruel lanzó una lapidaria chicana en redes al hacer un saludo de cumpleaños en redes: «Que tengas una cascada de éxitos este año!!», escribió en X.
Quienes charlan con Villarruel señalaron a LPO que, por lo pronto, no dará definiciones de corte electoral a 2027. «Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca», dijo una fuente con llegada a la vice.
Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó la presentación del libro «Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida».
En la actividad, Perez reunió a dirigentes políticos, referentes académicos, religiosos y sectores vinculados a la agenda de soberanía nacional y desarrollo estratégico para debatir el futuro del Atlántico Sur.
De esta manera, Perez se muestra como uno de los dirigentes fueguinos que busca proyectar desde el sur una discusión nacional sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y el rol geopolítico de Tierra del Fuego en el escenario que viene.
Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino
Junto a Perez expusieron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo; la presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), Agustina Rodríguez Saá; y el director ejecutivo de CLACSO, Pablo Vommaro.
También estuvieron presentes Jorge Taiana; Gabriel Katopodis; las diputadas Fernanda Miño y Kelly Olmos; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; el veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid; y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros dirigentes políticos, sindicales y académicos.
Durante su exposición, Perez buscó instalar la idea de que Tierra del Fuego debe ocupar un lugar central en la discusión sobre los recursos estratégicos y el futuro del país. «Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino», afirmó.
El intendente planteó además que la soberanía «no puede quedar reducida a una consigna histórica», sino que debe traducirse en políticas vinculadas a industria, producción, trabajo, ciencia y presencia estatal en el extremo sur del país.
La presentación buscó articular una narrativa política que combina la cuestión Malvinas, el desarrollo industrial fueguino y una mirada federal sobre los territorios australes, en momentos donde distintos sectores del peronismo buscan reconfigurar agenda y liderazgo.
Nicolás Ferreyra, es nacido en la ciudad de Villa Regina, tuvo que recorrer muchos kilómetros y disciplinas para convertirse (hace ya un lustro) en el «Mago Niko». A los 18 años (hoy 33) conoció a unos chicos de Allen que hacían malabares, la actividad le llamó la atención y los allenses lo invitaron a entrenar….
