El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, aseguró hoy que «la transparencia forma parte del ADN de la nueva FIFA, algo que no existía antes en el pasado», en referencia a las irregularidades en el máximo ente del fútbol mundial bajo la presidencia del suizo Joseph Blatter.
«Queremos presentarles todas las novedades jurídicas y los proyectos de nuevas reglas, de forma abierta y transparente», expresó Infantino durante la segunda edición de la Revista Anual de Derecho del Fútbol.
«La transparencia es un término que llevamos en nuestro ADN en esta nueva FIFA, es algo nuevo que no existía en el pasado», agregó el directivo en la reunión anual en la que la organización repasa los cambios de sus regulaciones.
«Compartiendo información, ustedes saben lo que hacemos aquí, pero recibimos su información que nos ayuda a seguir avanzando», continuó.
Infantino, de 50 años, además expresó que «la salud es lo más importante» y que «en segundo lugar está el fútbol» en alusión a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo.
«Lo que hemos aprendido estos meses es que la salud es lo más importante y en segundo lugar está el fútbol y luego el derecho del fútbol, que también es mi afición y cuando empecé en esto me dedicaba a ello», dijo.
«Es importante que todos defendamos el fútbol y un buen abogado a veces es tan importante como un buen delantero para ganar un partido», cerró Infantino.
El día lunes 17 de enero asumirán dos nuevos funcionarios en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Turismo, Profesora María Luján Musso y el nuevo Director de Cultura, Martín Betancourt. El Intendente Marcelo Orazi agradece a Silvia Alvarado y Katerina Iogna por el trabajo y compromiso que han tenido en sus tareas. Convencido que…
El tria de la Vendimia se vivió a pleno en la perla del Valle. La Isla 58 fue el epicentro de un evento deportivo que crece años tras año en Villa Regina y que se lució con más de 90 competidores. Un buen marco de público, un gran despliegue de medios de comunicación y una…
Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.
En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.
¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.
La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.
Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».
Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social
Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.
Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.
El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.
En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado
Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.
Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.
Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.
Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.
El miércoles 8 de agosto se vota en la cámara de senadores el proyecto de ley I.V.E (interrupción voluntaria del embarazo) más conocida como proyecto de legalización del aborto, el que de resultar aprobado se convertirá en ley. Por lo cual, todas las personas gestantes de nuestro país (ya sean mujeres u hombres trans) podrían…
¿Es poca o es mucha la actividad artística/cultural que se desarrolla en Regina?. ”En Regina, nunca pasa nada!!!”, ¿es cierta esta afirmación? ¿Cuál es el aporte del sector privado? ¿Qué actividades aportan las instituciones culturales? ¿Cuál es el rol de la juventud en el tejido cultural reginense? ¿Se podría crear el Consejo Local de Cultura?…
Que no engañe el nombre de personaje de historieta. El Súper RIGI no es un héroe musculoso y de capa roja, pero en él tienen cifradas sus esperanzas el gobierno mileísta y sus asociados: la ley para atraer inversiones en “nuevas industrias”, aquellas que desarrollan infraestructura digital y tecnológica, empieza a discutirse en el Congreso y augura cambios fuertes para el futuro inmediato. El proyecto promete integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Viene con más dudas que claridades. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el año pasado una inversión de veinticinco mil millones de dólares para instalar un data center en la Patagonia, que aún no se concretó. Ahora Elon Musk acaba de anunciar el desembarco de Tesla y un megacentro de datos en Argentina. ¿Finalmente van a venir los dólares? ¿Con qué condiciones y a riesgo de qué?
La preocupación por la IA siempre estuvo en el discurso oficial, pero empezó a traducirse en inciciativas concretas y en una dirección muy clara cuando Peter Thiel pasó por Casa Rosada y se instaló en Buenos Aires. Y empezaron los avances. Primero, con el Gemelo Social Digital. Después, con el proyecto de Federico Sturzenegger para reformar la Ley de Sociedades que crea la figura jurídica de “sociedades no humanas”, empresas que funcionan exclusivamente con algoritmos. Y ahora llegó el turno del Súper RIGI, que otorga reducciones impositivas, incentivos cambiarios y garantías en tribunales extranjeros a los capitales tecnológicos. Para los héroes de la civilización occidental, una ley con beneficios superpoderosos. Aún más que los del primer RIGI.
El Súper RIGI se sitúa en una encrucijada decisiva. La IA involucra dos viejos problemas que marchan juntos en el capitalismo: el reparto imperialista del mundo y la división internacional del trabajo. Este proyecto de ley coloca a la Argentina en una posición dependiente en ambos tableros.
La Argentina que pretende el capital tecnológico
El 4 de junio pasado, Javier Milei y el ministro Sturzenegger firmaron una nota en Financial Times que promueve a Buenos Aires como la capital de la IA en el siglo XXI. Para que los inversores confíen, se mencionan la estabilidad geopolítica de la región, los beneficios fiscales y los presuntos logros del RIGI original: un flujo sostenido de inversiones hacia recursos energéticos y mineros.
¿La apuesta del gobierno por la IA será una mera operación publicitaria? La coyuntura ofrece indicios para pensar que se trata de algo más serio. Así lo indica el comunicado de YPF sobre la asociación estratégica con Tesla, que llegó este martes 16 de junio, justo un día antes del debate del Súper RIGI en comisiones en el Congreso. El proyecto ya tiene un nombre y apellido: Elon Musk.
El gobierno libertario construye un proyecto de país subordinado a Estados Unidos y con una matriz productiva que se orienta a la provisión de energía y materias primas. El Súper RIGI amplía este modelo hacia el sector digital a partir de un doble diagnóstico: el carácter estratégico de la IA en términos geopolíticos y la necesidad de que Argentina se suba a la nueva “revolución industrial” con base en las tecnologías digitales.
El proyecto de ley ofrece 30 años de estabilidad normativa para los proyectos de inversión. Casi ocho mandatos presidenciales. Milei le abre la puerta a los centros de datos, a la maquinaria bruta, en un gesto de pleitesía: brinda tierras, energía, protección jurídica y ahorro fiscal a las empresas tecnológicas del norte. A cambio, recibirá las inversiones y otras contribuciones para mantener el sueño de la reelección presidencial. Pero este es el elemento pintoresco de una transformación en la estructura productiva que responde a los intereses del capital tecnológico, esa fracción de la clase dominante con pretensiones de conducir los destinos del capitalismo y de las democracias.
Milei pasa, los data centers quedan: de esa infraestructura crítica depende el sostenimiento de un nuevo espacio que complejiza el funcionamiento histórico del imperialismo en todo el globo.
El nuevo espacio imperial
Como explica el filósofo Éttiene Balibar, las fronteras de los imperios se desplazan con el fin de crear espacio para el comercio, la legislación y la cultura. El imperialismo estadounidense se basa en las inversiones y el endeudamiento, además de la amenaza latente de una intervención directa. Su interés consiste en apropiarse de recursos estratégicos para controlar los territorios como mercados en lugar de como colonias, salvo excepciones. El Súper RIGI se inscribe en esta trayectoria: ofrece el territorio nacional para que los capitales tecnológicos se enclaven sin ninguna contraprestación. El RIGI original realiza este mismo movimiento con el petróleo y la minería.
Las geometrías del imperialismo se complejizan en el siglo XXI. El reparto del mundo se dirime también en la lucha por otro tipo de espacios, ya no terrestres, sino virtuales. El territorio digital se consolidó en las últimas dos décadas, pero muy pronto encontró sus conquistadores. Ganaron las plataformas, con Google, Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza, y ahora la disputa se traslada a la IA: Palantir, Anthropic, OpenAI y Deepseek son algunos de los nuevos combatientes. Las relaciones de dependencia centro-periferia entre Estados se superponen con la competencia capitalista entre los “imperios de la comunicación” —así los bautiza Balibar— que se disputan las poblaciones de usuarios en las que se asienta su poderío.
El registro de los datos de la ciudadanía y su análisis algorítmico es un botín de mercado con valor geopolítico. Quién posee los datos, dónde se alojan y bajo qué legislación son preguntas determinantes en el reparto imperialista del territorio digital. Trump y Xi Jinping lo saben. El presidente de Estados Unidos obligó a TikTok a vender la filial yanqui, que quedó en manos de un consorcio comandado por Oracle. China, por su parte, lidera el Índice de Soberanía Digital del Foro Tecnológico BRICS+: es decir que controla el hardware -infraestructura de comunicaciones, redes 5G, data centers-, cuenta con sus propias empresas de plataformas -HuaweiCloud, Tencent, WeChat, entre otras-, impulsa estrategias nacionales de IA a largo plazo y dispone de capacidad regulatoria para controlar los flujos de datos.
En Occidente, el poder de las corporaciones informáticas es transversal. El espacio digital que les pertenece funciona como una intermediación necesaria para la mayoría de las actividades económicas y sociales. El Súper RIGI implica una cesión de soberanía en favor de estas corporaciones, que requieren energía y tierras frías para sostener el almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. La competencia capitalista y el desarrollo de IA con fines militares no hará más que incrementar la demanda de las infraestructuras digitales.
Durante el gobierno de Macri, el regreso del FMI marcó un hito en el refuerzo de la dependencia argentina. Ahora, el Súper RIGI coloca la imaginación jurídica del Estado al servicio del imperialismo digital. Las plataformas y la IA, de modo análogo al poder financiero global, operan como una instancia de soberanía no estatal. En vez de disputar el territorio digital, se favorece a los empresarios más ricos del planeta, que se arrogan el privilegio de indicarles a los Estados la dirección que debe tomar el mundo. Así lo hizo Palantir, la empresa de Thiel, con el manifiesto que defiende los valores occidentales y advierte que no hay vuelta atrás en la carrera armamentística: “La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin”.
Desde el furgón de cola, Milei viaja contento. Se suma a una batalla que lo excede y funde el destino de la Argentina con el de los dueños de los fierros digitales.
¿La IA nos hará ricos?
El Súper RIGI debe analizarse junto a la reforma de la Ley de Sociedades. Las “Sociedades Automatizadas” son sistemas algorítmicos autónomos que funcionan legalmente como empresas, pero sin requerir recursos humanos para su operatoria. En la Expo EFI de fines de abril, Sturzenegger promovió esta figura con el argumento de que “en los próximos diez años, el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de IA”. Invitó, también, a imaginarse un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA que producen para todo el mundo. El gobierno se subordina a Silicon Valley con la esperanza de que la revolución tecnológica se derrame como crecimiento en la Argentina.
La grandilocuencia de Sturzenegger abre una discusión sobre la influencia de las fuerzas productivas algorítmicas en la acumulación capitalista. Está claro que el despliegue de estas tecnologías es la condición de posibilidad del imperialismo digital. ¿Pero cómo hicieron las corporaciones digitales para concentrar una porción cada vez mayor de la riqueza global? ¿Los algoritmos producen valor? ¿Nos haremos millonarios con los agentes de IA que vengan a territorio argentino?
El ministro de Desregulación sugiere que sí. Pero Marx indica que solo el trabajo humano, en tanto tiempo de trabajo abstracto, puede crear el valor que sostiene la acumulación de capital. La distinción no es menor. Las plataformas y la IA se asientan en procesos de automatización sin precedentes. Estas nuevas industrias explotan relativamente pocos trabajadores. ¿Cómo hacen, entonces, para quedarse con ganancias? Se inmiscuyen en los procesos de producción y circulación de las demás industrias y de ese modo se apropian de la plusvalía producida por ellas. Sus ganancias dependen de que otros asuman la explotación de la fuerza de trabajo.
Los monopolios informáticos y la plusvalía transferida
George Caffentzis, en su libro En letras de sangre y fuego, denomina plusvalía transferida a este mecanismo de apropiación. McDonald’s, por ejemplo, produce hamburguesas. Para hacerlo, explota cocineros, cajeros, etcétera. Puede vender sus mercancías en el local, pero también lo hace a través de la infraestructura digital de Rappi y PedidosYa. Cada vez que una de estas plataformas concreta una venta para McDonald’s, se queda con una comisión. A través de ese precio, Rappi y PedidosYa se apropian del valor que produjeron los trabajadores de McDonalds, que son explotados dos veces: por el dueño de la franquicia y, de forma indirecta, por estas plataformas.
Rappi y PedidosYa explotan a los repartidores. Pero el grueso de su ganancia proviene de la intermediación que les permite succionar el valor producido por otros. Si se amplía el esquema a las plataformas publicitarias -Google, Facebook, TikTok- y las de comercio electrónico -MercadoLibre-, se vislumbra una tendencia a la monopolización de la publicidad, la logística y el comercio. El costo del clic en Google, el espacio publicitario de Meta y la comisión de Galperín se sustentan en operaciones automáticas con una intervención mínima de trabajo humano. Las plataformas picotean las ganancias de otras industrias cuando cobran estos precios, pero también de los cuentapropistas que dependen de ellas.
El esquema de la plusvalía transferida aplica para la IA, aunque todavía se desconoce cómo se sostendrá la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa como OpenAI, que proyecta pérdidas por 115 mil millones de dólares hasta 2029. No parece alcanzar con las suscripciones de los usuarios ni con el cobro por el uso de tokens -los componentes básicos de texto que procesan los modelos- a los clientes más intensivos. A modo de prueba, ChatGPT empezó a mostrar publicidad en Estados Unidos y contrató a un ex Meta para liderar este desarrollo incipiente. ¿La IA generativa competirá con las plataformas publicitarias para sobrevivir?
Las corporaciones informáticas persiguen el mismo objetivo que cualquier otra: ganancias. Aunque el mecanismo de la plusvalía transferida resulte abstracto, sus efectos se sienten en el bolsillo. Las ganancias que se apropian las plataformas son ingresos que les faltan a los trabajadores y a otros sectores del capital. La apuesta de Milei por la IA localiza una problemática de alcance global en torno al futuro del trabajo por la generalización de las tecnologías digitales.
Scrollear no es trabajar, pero te van a explotar más
Las plataformas y la IA cargan con una contradicción: en tanto arrojan ganancias, conducen a una crisis sistémica. La maquinaria algorítmica expande la automatización del trabajo administrativo y disminuye la necesidad de trabajo humano. Como resultado, se produce menos valor.
Cuando esto ocurre, según Caffentzis, la explotación aumenta en la base del sistema: disminuyen los salarios, los trabajos se vuelven más precarios y se agudizan formas arcaicas de explotación, sobre todo en las periferias. La caída en la tasa de ganancia debe ser contrarrestada para que el capitalismo sobreviva. Los algoritmos, a diferencia de lo que sostiene Sturzenegger, no producen valor. Desatan, por el contrario, un recrudecimiento generalizado de la explotación. El salto tecnológico se monta sobre las espaldas de los trabajadores, que verán empeoradas sus condiciones materiales de existencia, aún más en una economía periférica como la argentina.
Esto no significa que la fuerza de trabajo sea explotada directamente por TikTok, OpenAI o MercadoLibre. En Teoría de la dependencia digital, Cecilia Rikap desliza la hipótesis de que los usuarios producen datos con valor económico cuando interactúan en las redes. Pero si así fuera, el capitalismo seguiría su curso: no habría límites para el trabajo, los usuarios producirían datos todo el tiempo que quisieran y las plataformas podrían pagarles. Los usuarios consumen, dialogan, suben fotos, etcétera, pero no trabajan. Quien sí lo hace es la maquinaria algorítmica que necesita esa actividad social para producir datos.
Las teorías del “tecnofeudalismo” tampoco aciertan. Las empresas digitales no son dueñas de recursos naturales escasos, como el suelo, ni parasitan a otros sectores a través de diezmos ni rentas. Poseen una maquinaria que produce un espacio social y mercantil que se ha vuelto indispensable para el resto. En ese espacio se generan datos de forma ilimitada mientras haya cantidades crecientes de energía y de agua para sostener esa producción. Esto es lo que el Súper RIGI le ofrece a los capitales tecnológicos a cambio de nada para la Argentina.
¿Tech New Deal?
La disputa por el futuro está abierta y la élite de Silicon Valley lo sabe. Las corporaciones se arrogan una cualidad propia de la política: la construcción del tiempo por venir, incluso para anticiparse a los escenarios de desempleo que produciría la automatización en ciernes y el advenimiento de la Inteligencia Artificial General. Es el caso de Elon Musk, partidario de un ingreso básico universal financiado por el Estado, y de OpenAI, que propone la creación de un Fondo de Riqueza Pública para distribuir entre la ciudadanía los beneficios generados por la IA.
Juan Grabois, que sostuvo una reunión de tres horas con Peter Thiel en su flamante casa de Barrio Parque, identifica en estas iniciativas el llamado a un nuevo pacto social, un Tech New Deal entre las clases dominantes y las subalternas. Pero esta paritaria compra demasiado pronto el futuro que proyectan las corporaciones: un horizonte de abundancia por el incremento de la productividad y el comando digital del conjunto de la economía. Una idea con la que concuerda Sturzenegger.
¿La acumulación de riqueza con la que sueñan los capitales tecnológicos será de tal magnitud como para que al resto de la humanidad no le quede otra alternativa que conformarse con las migajas? ¿Desde cuándo los millonarios son tan generosos con las clases dominadas? La competencia entre las corporaciones, la crisis del trabajo y el desarrollo bélico de la IA desmienten los escenarios optimistas.
Hay que sentarse con el enemigo. Pero la política consiste, ante todo, en la posibilidad de patear el tablero y empezar la discusión bajo otras condiciones. El campo popular necesita entender qué capitalismo es este para construir una alternativa política a la altura de este tiempo histórico.
Hacia dónde vamos
El Súper RIGI, que empieza a discutirse en el Congreso, es el camino a una rendición total, ¿pero existen otros caminos? Quizás. Brasil sancionó el régimen Redata, que otorga beneficios fiscales para la instalación de data centers, pero exige a cambio la utilización de energías renovables, controles de eficiencia hídrica, inversiones en I+D y que un mínimo del 10% de la capacidad de almacenamiento se destine al mercado interno.
El desarrollo de infraestructura digital en el propio territorio constituye una oportunidad para incidir en la industria y ejercer soberanía sobre los flujos de datos. La confrontación con las corporaciones debe partir de una postura política clara en relación con las nuevas dinámicas del imperialismo y los mecanismos de apropiación de la riqueza. Argentina favoreció, por ejemplo, el crecimiento de MercadoLibre, un imperio regional que se ha expandido por el continente americano. La riqueza de Galperín no proviene de los algoritmos, sino de los beneficios que le dio el Estado y del trabajo argentino. Su plataforma es un monopolio que le permite transferirse el valor que producen otros.
Milei celebra a Galperín y viceversa. Mientras tanto, ambos admiran a los nenes con superpoderes del norte. Musk, Thiel y compañía hacen política para luego extinguirla: ese es el sueño húmedo de los tecnócratas, un mundo en el que los fierros digitales pesan más que la voluntad de las mayorías. Argentina, en la imaginación libertaria y de Silicon Valley, se condena a la especialidad de la periferia: la economía extractiva y la exportación de materias primas situadas en el extremo inferior de la cadena de valor. La maquinaria, el conocimiento producido a partir de los datos y los desarrollos de software se quedan en el norte.
Para construir un proyecto emancipatorio, tal vez haya que juntar todas las contradicciones. Un hilo no tan delgado une la valoración bursátil de las corporaciones tecnológicas con cierto malestar en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los debates sobre los efectos de las redes en las nuevas generaciones. De fondo está el tiempo que se vive en el espacio digital. La disputa por quién pone las reglas para ese tiempo y ese espacio que estalla en conflictos cotidianos, pero que también incide en que las mayorías trabajen cada vez más para ganar cada vez menos.
No hay razón para demorar: las derechas y las élites tecnológicas deciden sobre el mundo mientras lo construyen. El Súper RIGI brinda el armazón normativo para que Thiel y Musk sean más libres que los argentinos y las argentinas de a pie.
