PorMunicipalidad Villa Regina
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A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.
En la oportunidad se presentarán Alicia Triviño, Rey David, Dime que si y Romina Mellado.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un nuevo paso en su estrategia de modernización del mercado financiero con la aprobación de la Resolución General 1150, una norma que amplía el régimen de tokenización de valores negociables, extiende el sandbox regulatorio hasta fines de 2027 y habilita a las plataformas de servicios de activos virtuales (PSAV) como canales para la oferta pública de instrumentos financieros.
La medida busca acercar el mercado de capitales a millones de usuarios acostumbrados al ecosistema cripto, aunque también abre un debate sobre los riesgos y limitaciones del modelo elegido.
La nueva regulación amplía significativamente el universo de activos que podrán representarse digitalmente. Entre ellos se incluyen acciones, obligaciones negociables, Cedears, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión cerrados y otros instrumentos emitidos bajo regímenes de oferta pública automática.
Además, la CNV prorrogó el entorno de pruebas regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027 para que emisores, intermediarios y plataformas puedan desarrollar proyectos y recopilar experiencia antes de una eventual regulación definitiva.
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Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que las aplicaciones cripto podrán transformarse en canales legales de distribución de valores negociables, acercando el mercado de capitales a un público que hasta ahora permanecía fuera del sistema financiero tradicional.
Para Eduardo Novillo Astrada, cofundador y director ejecutivo de Justoken, se trata de una decisión con potencial transformador. «Para mí es una buena medida que por lo menos esté, que haya una regulación, que se habilite, que es un sandbox, que se estén haciendo cosas de manera proactiva», afirmó.
Esto implica que todos pueden ingresar al mercado de capitales mucho más fácil, con menos inversión y creo que le conviene a todos. Va a crecer el mercado de capitales de Argentina y el de la tokenización de otros activos.
El ejecutivo sostuvo además que la iniciativa podría ampliar significativamente la participación de los inversores minoristas. «Esto implicaría que todos puedan ingresar al mercado de capitales mucho más fácil, con menos inversión y creo que le conviene a todos. En este sentido va a crecer el mercado de capitales de Argentina y el de la tokenización de otros activos, también», señaló.
En la misma línea, Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, consideró que la regulación demuestra que «la innovación y la supervisión pueden avanzar juntas». Según explicó, «la tokenización tiene el potencial de modernizar el mercado de capitales, pero para que eso ocurra necesita reglas claras y supervisión adecuada».
El presdiente de la CNV, Roberto Silva, con el equipo de tokenización del organismo.
Desde su perspectiva, la tecnología permitirá reducir costos operativos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y democratizar el acceso a inversiones que históricamente estuvieron reservadas para segmentos más sofisticados del mercado.
Sin embargo, la norma también generó cuestionamientos por la arquitectura elegida para implementar la tokenización. La CNV optó por un esquema conocido como «wrapper», donde el token no constituye el activo financiero en sí mismo, sino una representación digital del instrumento tradicional que permanece depositado en Caja de Valores.
Este diseño permite avanzar dentro del marco jurídico vigente sin necesidad de modificar leyes de fondo, pero incorpora intermediarios adicionales en la cadena de custodia.
El esquema puede sumar múltiples capas entre el inversor y el activo subyacente, especialmente en instrumentos como los Cedears tokenizados, que ya de por sí son una representación de acciones extranjeras.
La norma generó cuestionamientos por la arquitectura elegida para implementar la tokenización. La CNV optó por un esquema conocido como «wrapper», donde el token no constituye el activo financiero en sí mismo, sino una representación digital del instrumento tradicional que permanece depositado en Caja de Valores.
Mariquena Otermin, directora de Marketing de Bitwage by Paystand, destacó que la medida constituye «un avance regulatorio técnicamente significativo», aunque advirtió sobre los desafíos que genera este enfoque.
«Al optar por un modelo de envoltorio (wrapper), donde el token funciona como una representación digital del activo subyacente y no como el activo en sí mismo, la normativa introduce capas de intermediación adicionales», explicó.
Para Otermin, esto abre un debate relevante sobre la acumulación de intermediarios entre el inversor y el activo real. «En términos prácticos implica un avance importante en accesibilidad, pero con desafíos en su estructura», señaló. A su juicio, será necesario evaluar si los beneficios de la tecnología logran compensar la complejidad derivada de la participación de aplicaciones, agentes de bolsa y entidades de custodia.
Una mirada similar aportó Iñaki Apezteguia, fundador de Crossing Capital. «No es lo ideal en términos de la tecnología en sí, porque no se habla sobre un token nativo, sino de un envoltorio de un token», indicó.
No obstante, consideró que esta decisión puede favorecer la adopción masiva. «Creo que esto contribuye a que la gente no le tema tanto a la figura del token», afirmó. Además, destacó que la combinación entre infraestructura cripto y actores tradicionales podría derivar en «un canal de financiamiento más barato para proyectos productivos», aprovechando ventajas como la operación permanente, la mayor eficiencia y una experiencia de usuario más familiar para quienes aún no están inmersos en el ecosistema blockchain.
SE LANZA UNA REFORMA ESTRUCTURAL GIGANTESCA PARA EL MERCADO DE CAPITALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUESTRAS EMPRESAS Y PARA LOS INSTRUMENTOS DE AHORRO DE LOS ARGENTINOS. El presidente de la @CNVArgentina, Roberto Silva, lo llama el «big-bang» del mercado: un cambio que va a… pic.twitter.com/zr5wsi9pRa
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 11, 2026
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina estará presente hoy y mañana en el ‘Pedaleando por un sueño’ con una globa en la cual se llevarán a cabo distintas actividades de Educación Vial. También se sortearán seis cascos de motocicleta y seis cascos para niños para uso de bicicleta….
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
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