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Hoy se realizará la Fiesta de la Inclusión

A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.

La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.

En la oportunidad se presentarán Alicia Triviño, Rey David, Dime que si y Romina Mellado.

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    La familia Werthein está muy cerca de quedarse con Tecnópolis asociados a la mano derecha de Karina. Al menos tres empleados del Grupo Werthein asumieron en el directorio de Foggia, la productora vinculada al gobierno, poco antes de que se lanzara la licitación del predio.

    Según informaron a LPO fuentes del sector, entre las productoras de espectáculos hay bronca con una licitación que tiene todos los indicios de estar amañada.

    El gobierno dio poco más de un mes para preparar la carpeta del proyecto por 25 años para un predio de 54 hectáreas y más de 30 mil metros cuadrados construídos. La sospecha de al menos dos empresarios que dialogaron con ese sitio es que el proceso fue hecho a la medida de Foggia Group, una productora de eventos que sumó poderosos socios en los últimos meses.

    Foggia Group perteneció hasta diciembre de 2023 a Mara Gorini y Marcelo Dionisio. Con la llegada de Milei al poder, Dionisio se quedó con el manejo de la productora de espectáculos. Gorini se corrió del directorio y se convirtió en la secretaria y mano derecha de Karina. El detalle es que Dionisio y Gorini son pareja.

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    Entre otras cosas, Foggia Group pagó el acto donde Milei presentó su libro en el Luna Park y hasta organizó una proyección del Hombre Araña en el CCK auspiciado por el Banco Nación.

    Tras la salida de Gorini del directorio de Foggia, en los últimos meses comenzaron a desembarcar en la productora empleados vinculados a los Werthein. Primero fueron Marcelo Wegbrait y Fabian Suffern como directores titulares y suplente.

    El 19 de noviembre pasado llegó Ricardo Silbermins, otra persona que forma parte de los directorios de varias empresas de la familia Werthein como Landmark y Cachay SA. El conglomerado de la familia incluye a Technomedia, dueña de DirecTV. Y no tiene relación con Gerardo Werthein, el ex canciller libertario.

    «Hay mucha bronca con la licitación, están todos a las puteadas», explicó a LPO un referente del sector que conoce bien las internas de las productoras de espectáculos.

    La poca antelación para presentar el proyecto dejó a empresas como Messe Frankfurt, La Rural, Fenix, a DF Entretainment y al joint venture de Clarín y La Nación con muy pocas posibilidades de participar de la licitación de Tecnópolis.

    El predio es una joya a pocos metros de la Capital: cuenta con un fácil acceso, 3600 lugares de estacionamiento y un escenario principal que puede competirle al Movistar Arena o al futuro Luna Park.

    El 19 de enero vence el plazo para presentar el proyecto que será evaluado por la Agencia de Bienes. El organismo era manejado por Nicolás Pakgojz, quien asumió como legislador y es cercano a Karina. Fue él quien preparó los pliegos.

    Los antecedentes pueden otorgar como puntaje máximo 10 puntos, el proyecto 40 puntos, el plan de inversión 30 puntos y el canon hasta 20 puntos. Aún si alguna empresa lograra la proeza de armar un proyecto en un mes y presentarlo, siempre está la posibilidad de echar mano a las cuestiones más discrecionales de la evaluación.

     

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  • La rebelión de Llaryora y los radicales por el ajuste a las universidades complica la discusión del presupuesto

     

    Martín Llaryora ordenó a los diputados cordobeses que voten contra todo el capítulo XI de la ley de Presupuesto, si el gobierno no acepta el tratamiento por separado del artículo 75, cuya letra plantea la derogación de la ley de aumento del presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad. «Hicimos los números y a esa planilla no le damos bola», habría dicho Llaryora a uno de sus legisladores.

    La bronca del gobernador cordobés, anticipada por LPO, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.

    Al mismo tiempo, ese conato se extiende al bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. El tucumano mandó a sus tres legisladores a garantizar el financiamiento a las universidades y la Andis, aunque al cierre de esta nota cerca suyo comentaban que ignoraban cómo harían sus diputados para sortear la trampa de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que habían impuesto la votación capítulo por capítulo para que nadie pudiera votar contra el 75 sin rechazar otros artículos, como los de subsidios para zonas frías, emergencia sanitaria por el Garrahan y aumento para las prestaciones por discapacidad.

    Si los legisladores de Jaldo se plegaran a Unidos, ya serían 25 para subirse a la oposición de los 90 de Fuerza Patria, que tenía varios ausentes este miércoles, y los cuatro del Frente de Izquierda.

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    A esos 119 podrían agregarse los siete de Innovación Federal, integrado por cuatro misioneros y tres salteños que habrían decidido defender las universidades nacionales de sus provincias. Esa aritmética los situaría alrededor de los 126 votos contra el capítulo entero.

    La bronca del gobernador cordobés, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.

    La UCR, por su parte, emitió un comunicado exigiendo a sus diputados que voten «un presupuesto con financiamiento universitario y fondos para discapacidad». En el bloque del partido centenario quedaron seis legisladores, liderados por la mendocina Pamela Verasay. Ella y Lisandro Nieri, que también se desempeña como docente universitario, no sabían qué hacer al momento de la votación o mantenían su definición oculta con cuidadoso hermetismo.

    La suerte del artículo 75 y, por ende, la del capítulo XI dependía en consecuencia de ese grupo de radicales, animado también por los chaqueños Gerardo Cipolini y Martín Agüero, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider.

    Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone en la sesión de este miércoles.

    Para colmo, Oscar Zago y Eduardo Falcone estaban dispuestos a abstenerse, al igual que el larretista Álvaro González. Esos tres diputados habían apoyado la moción de Bornoroni para que se vote la ley capítulo por capítulo, dándole una victoria al oficialismo por 131 votos contra 112 negativos y la abstención de Karina Banfi.

    Sin aquellos tres para respaldar el capítulo XI, los libertarios caerían a 128 voluntades y la oposición orillaría las 126. Menem se asomaría entonces a una pelea cabeza a cabeza, que por ahora figura tan solo como una posibilidad pero tal vez amenace incluso la media sanción en general, si se contagia la rebelión de Unidos.

    #Comunicado | #Presupuesto2026 con financiamiento universitario, fondos para la Discapacidad y Emergencia pediátrica. pic.twitter.com/wHMUFclaCX

    — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 17, 2025

     

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    La Justicia obliga al Banco Central a informar dónde está el oro

     

    El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.

    La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.

    Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.

    Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.

    Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.

    La batalla por la información

    La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.

    El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

    Qué deberá explicar el Gobierno

    El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.

    Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.

    Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.

     

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