PorMunicipalidad Villa Regina
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A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.
En la oportunidad se presentarán Alicia Triviño, Rey David, Dime que si y Romina Mellado.
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. La policía local Para esta naciente colonia el gobierno del Territorio envió una…
El peronismo tucumano sigue atravesado por la disputa por el manejo de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una fenomenal fuente de recursos que semanas atrás el gobernador Osvaldo Jaldo le quitó al diputado Carlos Cisneros. Ahora, el también dirigente de La Bancaria apuesta a convertir a la CPA en un banco, aunque ya no tiene el manejo de la entidad.
Cisneros anunció que «el Banco Central está a días o semanas de firmar una autorización para que el Banco Caja Popular pueda funcionar con absoluta normalidad». El diputado dijo que el proyecto fue impulsado por la desplazada gestión que le respondía políticamente, pero que lo hicieron por instrucción de Jaldo.
Cisneros está peleado con Jaldo por lo que el anticipo del supuesto anuncio causó sorpresa en Tucumán. Fuentes del gobierno tucumano dijeron a LPO que no saben nada del tema y que es un asunto que corresponde a la Caja. Pero el tema es que la Caja está manejada por interventores designados por el propio Jaldo.
Guerra abierta en el peronismo tucumano: Jaldo le intervino la Caja a Cisneros
La Caja es una mega estructura que maneja los fondos del juego provincial y tiene entre sus finalidades la entrega créditos a empleados públicos, construcción de viviendas sociales, financiar la salud y el deporte. Pero en la realidad está lejos de eso. «No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda», dijo a LPO un dirigente tucumano. Lo mismo sucede con los créditos, abundan las quejas de trabajadores que no pudieron conseguir una ayuda.
La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos.
En efecto, la Caja fue creada en 1915 para favorecer el crédito a los trabajadores e impulsar la construcción de viviendas sociales. Años más tarde fue la primera entidad del país en legalizar la quiniela. Es así un híbrido casi único en la Argentina que no es banco, pero supuestamente toma ahorros y da créditos y administra el juego.
En los hechos es una fenomenal caja política que desde los noventa maneja el
sindicato La Bancaria, que en Tucumán lidera Cisneros. El diputado nacional suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una pelea similar a la que mantiene con Jaldo tuvo una década atrás con José Alperovich, que también le intervino la Caja. Con Juan Manzur logró convivir en paz.
Mientras en el gobierno tucumano hay cautela, en otros sectores del peronismo creen que el anuncio de su próxima conversión a banco es «humo».
«La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos», agregó la fuente.
Tras la intervención de la Caja y el inicio de auditorías del Tribunal de Cuentas de la provincia, empezaron a aparecer denuncias sobre los supuestos desmanejos. Días atrás, el TdC denunció que la Caja incumplió durante más de veinte años el aporte obligatorio del 1% para financiar el Fondo Provincial del Deporte. Algo similar habría pasado con el Sistema Provincial de Salud, al que habría aportado una ínfima parte de lo que correspondía por ley.
No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda.
También en estos días trascendió que el Banco Central le impuso tiempo atrás una multa de 108 millones de pesos a la Caja por haber operado al margen de la normativa nacional de manejo de fondos. Concretamente, la Caja no separó contablemente sus recursos propios de los depósitos captados del público, lo que impidió determinar con certeza el origen de los fondos destinados a préstamos.
Sin embargo, en la oposición denuncian que Jaldo no va a fondo con el tema: «Le sacó el manejo a Cisneros, pero no profundizó en el desastre, no están haciendo nada», dijo a LPO un dirigente importante de la oposición tucumana.
Tras la llegada del material, después del mediodía comenzaron los trabajos tendientes a normalizar el servicio de cloacas, luego de la rotura de uno de los caños de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano. La tarea que lleva adelante el personal de la Secretaría de Obras y Servicios se concentra a la altura…
Mientras avanzan las denuncias por el escándalo $LIBRA y los vuelos de lujo de Manuel Adorni, el oficialismo despliega una estrategia en el Congreso para frenar interpelaciones y evitar que las investigaciones alcancen al núcleo más cercano de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El Congreso de la Nación atraviesa una parálisis que lejos está de ser casual. Según reveló Nicolás Valdez en el portal En Orsai, el oficialismo libertario impulsa un verdadero “blindaje político” para evitar que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción escalen hasta el corazón del poder: Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.
La maniobra no es menor. En un contexto donde crecen las sospechas por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA y los viajes en jets privados, el gobierno optó por bloquear herramientas básicas de control parlamentario, como las interpelaciones y la conformación de comisiones clave.
De acuerdo a la información publicada por En Orsai, la estrategia oficialista consiste en dilatar el funcionamiento del Congreso y frenar cualquier intento de la oposición de llevar a Karina Milei o Adorni a dar explicaciones públicas.
En ese marco, figuras del oficialismo en el Senado y Diputados rechazaron pedidos de interpelación, minimizando denuncias que ya tienen derivaciones judiciales. La decisión de postergar el armado de comisiones no sería una cuestión administrativa, sino una táctica deliberada para ganar tiempo y desactivar investigaciones incómodas.
El trasfondo es evidente: evitar que el escándalo $LIBRA —que investiga posibles maniobras millonarias— y las sospechas sobre financiamiento de vuelos privados impacten de lleno en la cúpula del gobierno.
Las denuncias en torno a $LIBRA ya no son un tema marginal. Se trata de una causa que apunta a un entramado de promoción financiera que habría generado pérdidas millonarias a inversores, con posibles vínculos con el entorno presidencial.
A esto se suma el caso de Manuel Adorni, señalado por viajes de lujo que no logra justificar. La combinación de ambos episodios representa un golpe directo al discurso “anticasta” con el que Milei llegó al poder.
Sin embargo, lejos de habilitar explicaciones, el oficialismo optó por cerrar filas. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, aparece así convertido —según la caracterización de En Orsai— en un espacio de contención política para evitar que el escándalo avance.
El blindaje parlamentario no ocurre en el vacío. Se da en medio de una crisis social cada vez más profunda, con aumento del desempleo, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.
En ese contexto, la decisión de bloquear el debate legislativo también tiene consecuencias concretas: se postergan discusiones urgentes sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales, mientras el oficialismo prioriza contener el costo político de los escándalos.
La combinación es explosiva: ajuste económico, denuncias de corrupción y un Congreso paralizado.
Lo que está en juego no es solo un caso puntual, sino el funcionamiento mismo de las instituciones. El bloqueo de mecanismos de control y la negativa a dar explicaciones públicas abren interrogantes sobre el rumbo del sistema democrático.
Porque cuando el Congreso deja de controlar al Ejecutivo, el equilibrio de poderes se rompe. Y cuando eso ocurre en medio de denuncias graves, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.
El “blindaje” libertario ya no es una hipótesis: es una práctica en marcha. Y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, empiezan a sentirse mucho más allá de los pasillos del Congreso.
Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.
Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.
La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.
El programa autoriza a las fuerzas federales a:
Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.
En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.
La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.
El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.
La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.
Entre esas políticas se destacaron:
La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.
Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.
La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:
Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:
También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.
Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.
El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.
