PorMunicipalidad Villa Regina
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A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.
En la oportunidad se presentarán Alicia Triviño, Rey David, Dime que si y Romina Mellado.
La Tapa relanza el hashtag #YOMESUMO para que en estas fiestas la pirotecnia se la metan en el c… cajón! y te invitamos a utilizarlo en todas las publicaciones que hagas en referencia a “Regina ciudad libre de pirotecnia” para lograr definitivamente una maduración social a través del compromiso y la empatía, respetando a todo…
La Secretaria de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina inicio el trabajo de colocación de un paño de hormigón con badén lateral en el primer paso a nivel de barrio El Sauce lo que evitará la acumulación de agua los días de lluvia. En tal sentido se informa a los vecinos que…
Chubut decidió volver al mercado voluntario de deuda con una ingeniería financiera que pone a las regalías petroleras como garantía. Es la primera provincia petrolera que ensaya este esquema en la era Milei.
El objetivo es refinanciar la deuda en dólares que asfixia las cuentas provinciales y ganar aire para poder concretar un plan de obra pública, ante el abandono de la Nación. Chubut arrastra desde el último gobierno de Mario das Neves un grave problema de endeudamiento externo que complico todo el mandato del anterior gobernador Mariano Arcioni.
Mientras tanto, las exigidas cuentas provinciales recibieron en las últimas semanas un alivio inesperado: el saltó del barril del petróleo por la guerra de Medio Oriente, desde los USD 60 que figuraban en el presupuesto provincial hasta niveles cercanos a los USD 80. Ese movimiento mejora el flujo de ingresos petroleros que respalda la operación financiera.
Frigerio logró refinanciar la deuda externa de Entre Ríos y estira los vencimientos
En Chubut, las regalías representan cerca del 16,6% de los ingresos corrientes de la provincia, lo que equivale a varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Cuando el barril sube, la caja respira.
Ese colchón extra llega justo cuando las cuentas provinciales atraviesan una zona de tensión. Según un informe de la consultora Politikón Chaco elaborado con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Chubut cerró el tercer trimestre de 2025 como la quinta jurisdicción con mayor deuda del país.
Pero el dato más delicado no es el tamaño del pasivo sino su composición: el 60,4% está nominado en dólares. Esa es la compleja herencia que dejó Das Neves, cuando estaba embarcado en su aventura presidencial.
En Chubut, las regalías representan cerca del 16,6% de los ingresos corrientes de la provincia, lo que equivale a varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Cuando el barril sube, la caja respira.
El peso de la deuda también se refleja en la relación con los ingresos provinciales. Chubut es la quinta provincia con mayor carga de deuda sobre su recaudación. De cada 100 pesos que ingresan a la caja provincial, más de 38 ya están comprometidos para pagar obligaciones financieras. Por eso la importancia de la refinanciación que ensaya Torres.
La presión de esos compromisos se sintió con fuerza en los primeros meses del año. En enero, el servicio del bono Bocade demandó casi 44.000 millones de pesos. En ese mismo período, las regalías petroleras alcanzaron los 37.000 millones. Si mejora el precio del barril mejora la espalda para enfrentar los vencimientos.
El Bocade fue emitido en 2016, durante el tercer mandato de Mario Das Neves, con el argumento de cancelar deudas heredadas y financiar obra pública.
En 2020, ya bajo la gestión de Mariano Arcioni, ese título fue reperfilado para extender plazos y evitar un default provincial.
Ahora, Torres busca cerrar ese capítulo con una refinanciación total del bono. La idea es conseguir un préstamo en mejores condiciones y con plazos más largos para cancelar el título vigente.
En palabras de un operador financiero cercano al proceso, el objetivo es «sacar del calendario esos vencimientos trimestrales que hoy consumen más de un mes entero de regalías».
El Bocade fue emitido en 2016, durante el tercer mandato de Mario Das Neves, con el argumento de cancelar deudas heredadas y financiar obra pública. Según la administración de Torres en los últimos dos años Chubut logró reducir la relación ingreso-deuda de un 100% a un 27,5% a fines del 2025.
La administración provincial sostiene que la situación financiera mejoró en los últimos dos años. Según datos oficiales, Chubut redujo el stock de deuda en 326 millones de dólares hacia marzo de 2026 y logró bajar la relación ingreso-deuda desde el 100% que registraba en diciembre de 2023 hasta el 27,5% a fines de 2025.
En el entorno del gobernador hablan de un cambio de escenario: de la «bomba financiera» heredada a un esquema de «déficit permanente pero administrable».
En ese marco, la Legislatura provincial autorizó a fines de abril una nueva emisión de deuda por hasta 650 millones de dólares. El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo -PRO y UCR- y también del bloque del PJ. La operación busca cerrar el ciclo del Bocade y al mismo tiempo financiar nuevas obras públicas.
La Resolución 172/2026 elimina la protección antidumping al aluminio chino y deja expuestos 2.272 puestos de trabajo de Aluar. Análisis político y comercial del castigo de Milei a la industria nacional y su impacto en el comercio manufacturero.
Por Tomás Palazzo para NLI
La publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial no es un simple movimiento técnico de comercio exterior. Es una señal política directa. El Gobierno de Milei decidió eliminar la medida antidumping que protegía al aluminio laminado local frente a importaciones chinas, dejando sin efecto el arancel del 28% que regía desde 2020.
La decisión se conoce apenas días después del conflicto con el grupo empresario dueño de Aluar y de la planta de neumáticos FATE. El mensaje es claro: el que confronta, paga (y Milei está convencido de que cerraron FATE en pleno debate de reforma laboral a propósito). Y en este caso, el costo potencial de esta «venganza personal» que lejos está de ser una medida de gobierno meditada, no lo asume un empresario, sino 2.272 trabajadores argentinos.
La Resolución 172/2026 cierra el examen de la medida antidumping sin prorrogarla. En términos prácticos, significa que el aluminio laminado chino podrá ingresar sin el recargo que equilibraba precios frente a prácticas de dumping.
En el sector comercio e industria esto implica:
El aluminio laminado no es un producto marginal. Es insumo clave en envases de alimentos, medicamentos, construcción y múltiples rubros industriales. El golpe no es sólo para una empresa: es para todo el entramado manufacturero.
Aluar emplea, según datos oficiales de la propia compañía, 2.272 trabajadores distribuidos en Puerto Madryn (1.561), Abasto (435) y Ciudad de Buenos Aires (276).
No estamos hablando de un holding financiero: hablamos de una empresa productiva con fuerte arraigo territorial, especialmente en Chubut.
Eliminar la protección comercial en un contexto de apertura importadora y caída del consumo interno implica:
En economías periféricas, la competencia no es simétrica. China produce con escala, subsidios energéticos y políticas industriales activas. Argentina, en cambio, desarma su defensa comercial.
El contexto político no puede omitirse. El conflicto con el grupo empresario que controla Aluar y FATE escaló públicamente en las últimas semanas. La quita de la protección se interpreta en el sector industrial como una respuesta disciplinadora.
El Gobierno sostiene que la medida apunta a bajar costos y fomentar competencia. Sin embargo, no hay un plan de reconversión productiva, ni financiamiento industrial compensatorio, ni esquema de transición para empleo.
La señal que reciben las empresas manufactureras es otra: si el mercado internacional presiona, el Estado no interviene; si hay conflicto político, la protección desaparece.
Las medidas antidumping no son privilegios. Son instrumentos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio para evitar competencia desleal.
Eliminar una protección de este tipo en medio de un escenario de sobreoferta global de aluminio y guerra comercial entre potencias implica:
La pregunta de fondo es política: ¿se gobierna para equilibrar el desarrollo productivo o para disciplinar sectores empresarios? Porque en este caso, el castigo no impacta en balances corporativos solamente, sino en familias trabajadoras concretas.
La apertura comercial puede bajar precios en el corto plazo. Pero cuando se traduce en cierre de líneas productivas, la ecuación cambia:
Si la protección industrial cae sin estrategia, el resultado no es competencia virtuosa, sino sustitución de producción nacional por importaciones.
Y cuando se reemplaza industria por contenedores, el que pierde no es un empresario: es el trabajador argentino.
Si se continúa con este ritmo en la contaminación diaria, el planeta y su ecosistema está cerca del límite de su equilibrio, el ecosistema planeta-humano está conociendo su punto de inflexión. Somos nosotros los que estamos empujando hacia ese límite. Pero no hay que confundirse, si se va a trabajar seriamente en esta crisis inventada…
La crisis de la industria textil por la apertura de importaciones y la baja del consumo empieza a afectar a los jugadores grandes del sector. El Grupo Altatex, de la familia Awada, tuvo que reducir el pago de aportes patronales y pagará por al menos tres meses los salarios con un 70% no remunerativo.
El Grupo Altatex es uno de los más importantes del sector textil argentino: tiene más de mil empleados, más de 70 talleres asociados y es dueño de las marcas Cheeky, Como Quieres y Awada. La preside Daniel Awada, el hermano de Juliana, la exprimera dama y cara de la marca que lleva el apellido de la familia que fundó el holding.
El año pasada Altatex inauguró una nueva planta en Tigre para la que invirtió más de 10 millones de dólares y que apuntaba a ser la base para distribuir más de 10 millones de prendas al año. En una nota con La Nación, Awada había apoyado la política del gobierno nacional: «Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos».
En una nueva ola de cierres, la histórica Panpack bajó las persianas y echó a 75 trabajadores
Pero la realidad fue más dura y la crisis no perdona. LPO accedió a un documento en el que Altatex informa sobre un acuerdo con los gremios para reducir el pago de cargas patronales durante tres meses, una maniobra de los empleadores para tratar de evitar
medidas más drásticas.
Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos
El acuerdo -homologado por el Ministerio de Capital Humano- fue firmado con los gremiosUnión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA), y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).
Establece que entre febrero y abril Altatex liquidará el 70% de los salarios como no remunerativo, es decir sin el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social. Aclara que el neto del sueldo no se ve afectado y que los aportes a la obra social y sindicales se realizarán sobre el 100% del salario bruto.
Daniel Awada, el intendente Julio Zamora y Mauricio Macri en una recorrida por la planta de Tigre
El acuerdo está sustentado en el Decreto 633/2018 que permite a los empleadores reducir el pago de cargas patronales en un contexto de crisis que tienen que demostrar con documentación en este caso ante la Secretaría de Trabajo. Incluso, puede darse en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Una fuente del sector explicó a LPO que la reducción de aportes puede ser una instancia para evitar el preventivo de crisis, lo mismo que suele pasar con medidas como las vacaciones anticipadas, suspensión de turnos, el freno temporal de la producción o hasta suspensiones acordadas.
«Es el paso anterior a echar gente. El empleador dice ‘vamos a bajar las cargas para poder pagar salarios’. Es una herramienta de negociación para intentar evitar despidos», explicó un abogado laboralista que conoce al detalle este tipo de conflictos.
