PorMunicipalidad Villa Regina
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A partir de las 20 horas en el minianfiteatro del Militante se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión, organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad.
La actividad cuenta además con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina.
En la oportunidad se presentarán Alicia Triviño, Rey David, Dime que si y Romina Mellado.
La decisión de Pirelli de paralizar durante una semana la producción de su planta de Merlo y eliminar desde julio las horas extras de fin de semana vuelve a poner en evidencia el deterioro que atraviesa buena parte de la industria argentina. Aunque la empresa mantendrá el pago de salarios durante las suspensiones, cientos de trabajadores sufrirán una fuerte caída de ingresos en un contexto ya golpeado por la pérdida de poder adquisitivo y la retracción económica.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La multinacional italiana comunicó que detendrá completamente la actividad de su planta bonaerense entre el 15 y el 21 de junio. La medida afecta a una fábrica que actualmente emplea a unos 650 trabajadores y que ya viene atravesando un proceso de reducción de actividad desde hace varios años. Si bien las suspensiones serán con goce de haberes, el verdadero impacto llegará desde julio, cuando la compañía abandone el esquema de trabajo durante los fines de semana y pase a operar únicamente de lunes a viernes.
Esa modificación implica la desaparición de las horas extras que se abonaban al 100% durante sábados y domingos. Según estimaciones realizadas por trabajadores de la planta, la pérdida de esos adicionales provocará una reducción cercana al 27% de los ingresos mensuales de numerosos operarios.
La situación de Pirelli no aparece aislada. La empresa argumenta que enfrenta una fuerte caída de la demanda y una disminución sostenida de las ventas desde hace al menos cuatro meses. A esto se suma la desaceleración de la industria automotriz, uno de sus principales mercados, afectada por la baja del consumo interno y por la caída de exportaciones hacia Brasil.
El caso de la automotriz Stellantis se convirtió en un símbolo de este proceso. La reducción de actividad en la planta de El Palomar impactó directamente sobre proveedores como Pirelli, que dependen en gran medida del ritmo de producción automotriz para sostener sus niveles de fabricación.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que el problema no se limita a una cuestión coyuntural. Denuncian que la apertura importadora impulsada por el Gobierno está acelerando la sustitución de producción nacional por neumáticos fabricados en el exterior, particularmente provenientes de China. Esa combinación de menor consumo y mayor competencia importada está golpeando de lleno a la industria local.
Los números permiten dimensionar la magnitud del retroceso. En sus mejores años, la planta de Merlo llegó a fabricar alrededor de 18.000 neumáticos diarios. Hoy la producción ronda entre 3.500 y 4.000 unidades por jornada, una caída que refleja la profundidad de la crisis sectorial.
La reducción de actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo. Desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones dentro de la compañía, mientras que el sector del neumático observa con preocupación antecedentes recientes como el derrumbe de Fate y las dificultades crecientes de otras firmas industriales.
En este escenario, la suspensión anunciada por Pirelli es leída por muchos trabajadores como una señal de alerta más profunda. El temor no pasa únicamente por la pérdida de ingresos inmediatos, sino por la posibilidad de que la reducción de actividad termine derivando en nuevos ajustes laborales.
La situación expone una contradicción cada vez más visible del modelo económico de Milei. Mientras el Gobierno celebra indicadores financieros y apertura de mercados, numerosas fábricas enfrentan caídas de producción, despidos y suspensiones. El caso de Pirelli muestra que detrás de los números macroeconómicos existe una realidad concreta: menos horas trabajadas, salarios más bajos y una industria nacional que vuelve a transitar un terreno de incertidumbre.
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La Liga Naval Argentina elevó una nota formal a la Embajada de Estados Unidos en la que expresa su preocupación por las iniciativas de desregulación del transporte marítimo y fluvial en el país impulsada por Federico Sturzenegger.
El organismo dice que estas políticas podrían favorecer el avance de intereses extranjeros -particularmente chinos- sobre sectores estratégicos de la navegación nacional.
En el documento sostiene que una apertura amplia del cabotaje podría provocar un fuerte deterioro de la marina mercante argentina y alterar el equilibrio geopolítico en el Atlántico Sur.
Según el planteo, la medida permitiría que empresas vinculadas al Estado chino operen en rutas marítimas y fluviales argentinas sin exigencias equivalentes a las que enfrentan los actores locales.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos.
En ese sentido, señalan que mientras las Fuerzas Armadas impulsan acciones destinadas a fortalecer la vigilancia y el control del mar argentino frente a la actividad de flotas extranjeras, especialmente pesqueras, una apertura del cabotaje facilitaría el ingreso de actores vinculados al gobierno chino a sectores considerados sensibles.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos
El documento también cuestiona la efectividad de las medidas anunciadas para exigir la contratación de tripulaciones del Mercosur en embarcaciones extranjeras. Según la entidad, esa condición resultaría insuficiente para garantizar una participación real de intereses nacionales, ya que los armadores mantendrían el control operativo y comercial de los buques.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos.
Bajo ese diagnóstico, la Liga Naval Argentina solicitó formalmente una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para ampliar los argumentos expuestos y analizar las implicancias que, a su juicio, tendría la reforma para la seguridad hemisférica, el comercio regional y la presencia estratégica en el Atlántico Sur.
La gestión se produce en medio del debate abierto en torno a la desregulación del sector marítimo argentino y refleja la preocupación de sectores vinculados a la marina mercante y la defensa nacional por el impacto que podrían tener los cambios regulatorios sobre la soberanía económica y el posicionamiento geopolítico del país.
En la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo
Un militar al tanto de la situación afirmó a LPO que el informe ya está en manos de Peter Lamelas y reveló que «en la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo».
En este contexto, especialistas de la Liga Naval han confeccionado un minucioso informe sobre los perjuicios que tendría para la soberanía nacional y la defensa, la presencia, la desaparición de una marina mercante de bandera y su reemplazo por una flota extranjera.
«Esti es un problema, sea cual sea la bandera. Porque acá es lo mismo que sean chinos, turcos o rusos. La diferencia es que los chinos no tienen problema en perder plata. Los alemanes no van a venir a perder plata acá porque no les interesa. A los chinos sí», concluyó.
El llaryorismo decidió apuntar todos los dardos a la compleja situación que atraviesa Marcos Carasso, el radical que en el 2023 fue compañero de fórmula y candidato a vicegobernador de Luis Juez. En aquel momento, Carasso era, además, el presidente de la UCR cordobesa; situación por la que el senador aliado de Javier Milei lo eligió para completar el binomio y tratar de contar con la totalidad del respaldo radical. Algo que tampoco ocurrió.
Ahora, a casi tres años de aquellos comicios, el panorama para Carasso se complicó porque fue imputado en una causa en la que se investiga sobrefacturación en Pami. Motivo por el que fue allanado la semana pasada en su domicilio particular, en la localidad de General Cabrera, como así también en las oficinas que ocupa en la capital cordobesa en el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla el juecismo. Y desde el que incomoda y presiona la gestión de Llaryora.
Por esto, en las últimas horas Carasso terminó imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En una maniobra en la que se investiga asociación ilícita y defraudación al Estado por casi 1400 millones de pesos en la obra social nacional.
De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, el radical, que es licenciado en Kinesiología podría estar vinculado a una empresa de servicios médicos en General Cabrera, localidad de la que también fue intendente, que proveía prestaciones a Pami. Y es ahí adonde apunta la investigación de la Justicia federal.
La situación es curiosa por distintos motivos. Entre ellos, porque hace algunas semanas, cuando los intendentes reclamaron a la Nación por el envío de los fondos adeudados de Pami, el libreto libertario, los socios de Juez, fue: «que se dejen auditar». Auditoría que, en el caso de Carasso, se vuelve en contra.
No sólo porque Carasso fue candidato a vice de Juez, sino porque el propio senador le dio trabajo dentro del Tribunal de Cuentas con un sueldo que roza los cuatro millones de pesos.
Por esta situación, cuando esta mañana Rodrigo de Loredo fue consultado en una entrevista con La Voz dijo: «por eso, pregúntenle a Juez». Y se despegó de inmediato de Carasso, con quien nunca tuvo una buena relación.
No obstante, en el llaryorismo fueron por un paso más. Presentaron un pedido de informes en la Unicameral que fue impulsado por el jefe del bloque del oficialismo y presidente del PJ, Facundo Torres. «Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono», dijo Torres.
Y agregó que «sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe».
En el peronismo dicen que Carasso fue candidatos de la gran mayoría de la oposición -radicalismo, juecismo, un sector del PRO y también de un neolibertario-, con lo cual deberían responder por la situación del radical oriundo del sur provincial.
La causa en la que se investiga al radical tuvo su primer impacto hace unos días, pero puede ser mayor el golpe en los próximos días. Porque en el pedido de informes, el peronismo sumó el nombre de Claudio Suchecki, el cuñado de Juez y hombre que se desempeñó en distintos cargos dentro del Estado en los que el juecismo tuvo injerencia.
