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HONGOS TUCUMANOS DEGRADAN COLILLAS DE CIGARRILLOS

El objetivo es degradar los contaminantes y reducir el principal desecho del mundo que afecta al ambiente, la salud humana y tarda 25 años en descomponerse.

Científicos argentinos investigan el tratamiento de colillas de cigarrillos para eliminar su toxicidad a partir del uso de dos tipos de hongos provenientes de las Yungas de Tucumán. El valor ambiental es central ya que son el principal desecho del mundo: contienen más de siete mil sustancias tóxicas y tardan hasta 25 años en degradarse.

En una primera etapa, a partir de la recolección de este tipo de basura en particular, los científicos seleccionaron dos tipos de hongos de las yungas tucumanas y evaluaron su capacidad para reducir el volumen y la toxicidad de este residuo. “Las colillas de cigarrillos tienen dos fracciones contaminantes: por un lado, el material que retienen del cigarrillo, es decir, compuestos orgánicos difíciles de degradar como la nicotina y el alquitrán; por el otro, los filtros que están fabricados con acetato de celulosa y constituyen otro material dañino”, explica Sebastián Cavalitto, uno de los investigadores del proyecto.

Las colillas de cigarrillos representan la mayor causa de basura en el planeta: cada año se tiran alrededor de cinco trillones de colillas al suelo y cada una tarda hasta 25 años en degradarse. Además, según la Organización Mundial de la Salud, los productos de tabaco son los más contaminantes del planeta al contener siete mil químicos tóxicos que se filtran en el ambiente cuando son desechados.

El valor ambiental es central ya que son el principal desecho del mundo: contienen más de siete mil sustancias tóxicas y tardan hasta 25 años en degradarse.

El estudio involucra al Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, que depende de la UNLP y el Conicet, y el Laboratorio de Micodiversidad y Micoprospección de la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PRIOMI).

Degradar al enemigo

El tratamiento de las colillas mediante hongos se basa en una técnica conocida como biorremediación que limpia suelos o espacios contaminados con los mismos microorganismos que viven en ellos, como bacterias, hongos o plantas.

“La idea del proceso que queremos poner en funcionamiento es el uso de hongos y su batería enzimática para degradar algunos compuestos contaminantes como el acetato de celulosa”, cuenta el científico. Tras la prueba realizada por el PRIOMI en el Laboratorio, en el presente, el equipo platense hace el mismo experimento pero a una escala mayor en su centro de investigación.

Este proceso involucra dos etapas secuenciales: en primer lugar, los científicos toman las colillas de distintos puntos de recolección específicos y las ponen en un tonel de 200 litros con el agregado del cultivo de hongos. Estos crecen a la vez que hacen el proceso biológico de degradación de los contaminantes, como el acetato de celulosa, y la reducción del volumen de paquetes de colillas hasta un 80 por ciento respecto del producto inicial.

Posteriormente, se agrega un segundo hongo que “arma una especie de ladrillo con el 20 por ciento restante, lo inmoviliza y evita la distribución por la naturaleza de los restos de colillas y hongos que quedaron del proceso anterior”, detalla Cavalitto. Y agrega: “Esto ya fue probado a escala de laboratorio y sabemos que funciona. Ahora buscamos hacerlo a una escala mayor para confirmar si el comportamiento es el mismo con kilos de colillas”.

Los hongos crecen a la vez que hacen el proceso biológico de degradación de los contaminantes, como el acetato de celulosa, y la reducción del volumen de paquetes de colillas hasta un 80%.

Otro de los desafíos que tienen por delante los investigadores de la Universidad Nacional de La Plata es evaluar qué tipo de uso se le puede dar al producto final. Algunos procesos que también involucran hongos se transforman en materiales que luego funcionan como aislantes térmicos para la construcción o como empaque para electrodomésticos.

Amenaza planetaria

Cuando las colillas son arrojadas en la vía pública y se descomponen tras varios años por la acción de la luz solar y de la humedad, desprenden microplásticos, metales pesados y otras sustancias nocivas, como nicotina, arsénico o plomo, que afectan los ecosistemas.

En el ámbito terrestre, su degradación puede reducir la fertilidad del suelo y afectar la flora y la fauna del lugar. En tanto que, si sucede en el medio marino, los microplásticos y las sustancias químicas nocivas que se desprenden pueden ser ingeridos por los animales acuáticos y llevarlos a la mortalidad en un largo plazo. Los seres humanos no son ajenos a esta contaminación: cuando las personas comen mariscos, toman bebidas o consumen sal común, los plásticos penetran en la piel y se inhalan cuando están suspendidos en el aire.

Se calcula que el tabaquismo ocasiona ocho millones de muertes por año, un cuarto de la población del planeta lo fuma, y de ese total el 80 por ciento vive en países de ingresos medianos o bajos. Además, el cultivo de tabaco provoca alrededor del 5 por ciento de la deforestación total a nivel mundial. Cada año se talan alrededor de 200 mil hectáreas de tierra para dedicarlas al cultivo y el curado de tabaco. La nicotina, una de las principales sustancias contaminantes del tabaco, es más potente que la heroína y la cocaína.

Fuente: Noticias ambientales

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    Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.

    La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.

    El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 

    «Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.

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    El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. 

    Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.

    El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y  Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.

    El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.

    El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.

    La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.

    Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.

    El senador kirchnerista Mariano Recalde.

    El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.

    «La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.

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    El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.

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    Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.

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    Horacio Rosatti.

    La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.

    Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.

    En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.

    En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.

    Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.

    En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.

    El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».

    Andrés Basso.

    Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.

    A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.

     

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