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El diputado libertario Federico Pelli fue agredido con un cabezazo brutal este miércoles mientras intentaba repartir colchones entre las familias damnificadas por las inundaciones que afectan el pueblo de Lamadrid, en la provincia de Tucumán. El autor de la agresión fue identificado por la Policía como Marcelo «Pichón» Segura, un hombre al que la oposición a Osvaldo Jaldo le atribuye cercanía con el ministro del Interior local, Darío Monteros.

Una fuente al tanto de la situación dijo a LPO que Segura figuraba como empleado de esa cartera política, donde se lo conoce como «el Vikingo» y trabaja para Monteros, que además es pareja de la diputada Gladys Medina, líder del bloque de Jaldo en la Cámara Baja.

Los hechos se desencadenaron porque Pelli quiso atravesar un corte de ruta protagonizado por un grupo de hombres encabezados por Segura. El legislador llegó al lugar acompañado por sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, pero tuvo un encontronazo con Segura, se encaramaron en vituperios y «Pichón» la metió un frentazo salvaje en la nariz al diputado.

El video del golpe de Segura a Pelli se viralizó rápidamente en redes sociales y las muestras de solidaridad con el legislador también. Tanto la bancada oficialista en el Congreso como el diputado peronista Pablo Yedlin repudiaron la agresión de Segura.

Las broncas de Jaldo y Sáenz activan el plan tácito del gobierno de pelear las capitales en lugar de las gobernaciones 

La explicación vergonzante del peronismo tucumano, al cierre de esta nota, era que el agresor habría reaccionado violentamente porque los libertarios pretendía llevar su solidaridad a una comunidad azotada dramáticamente por las lluvias, para aprovecharlo políticamente. «Vinieron con un par de colchones que compraron con dinero de sus bolsillos para sacarse las fotos pero el gobierno no pone un peso en obras», se quejó un dirigente provincial.

En el video que circuló por las redes se ve que Pelli le pregunta a Segura «quién sos vos» y protesta porque no lo deja pasar. El presunto custodio de Monteros respondió con un cabezazo seco.

La exdiputada Paula Omodeo, que integró un interbloque con LLA hasta diciembre pasado, acompañó a Pelli al hospital, donde le diagnosticaron fractura de nariz, y luego fue a radicar la denuncia a la comisaría. Según el Código Penal, la conducta de Segura tipifica como «atentado contra la autoridad» y podrían caberle de un mes a cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad.

El escándalo político se suma a la desidia gubernamental, tanto a nivel nacional como provincial, por la falta de concreción de la cuenca que serviría para drenar el agua ante el desborde de los ríos. «Jaldo no puede aducir que nunca pasó esto porque ya ocurrió durante el gobierno de Macri, que prometió que mandaría recursos para hacer las obras y después mandó una parte ínfima que no sirvió para nada», comentó un exfuncionario del distrito.

La inundación se produjo como corolario de 50 días de lluvias intensas en la zona, con anegamientos progresivos. El Estado local tomó la determinación de abrir las represas del Dique Escaba y eso produjo el desborde del Río Marapa.

Un dirigente peronista le contó a LPO que las familias del pueblo «muestran las marcas de agua que deja cada inundación en las paredes de su casa, pierden cada cuatro o cinco años sus electrodomésticos, sus muebles, todo lo que tienen». El contexto es dramático y alcanza a decenas de miles de habitantes de Lamadrid y sus alrededores.

Tucumán tiene tres diques pero no alcanzan. El último se construyó durante la gobernación de Celestino Gelsi, cuyo mandato fue de 1958 a 1962.

El diputado Yedlin presentó este miércoles un proyecto para otorgar «asistencia financiera directa para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana colapsada», «refuerzo en Seguridad Social, con Aumento excepcional y urgente de la AUH para las familias damnificadas», «plan de Contingencia Sanitaria con recursos técnicos y materiales para mitigar riesgos en las zonas anegadas», y «fondos extraordinarios para recuperar el motor de la provincia».

Tras confirmar la CGT la convocatoria al paro general para este jueves cuando la reforma laboral se trate en Diputados, los gremios del transporte salieron a mostrar su adhesión, por lo que la huelga es total.

A diferencia de otras medidas de fuerza en la que no se plegaron, ahora la sumatoria al paro de los transportistas le quita al Gobierno un factor determinante en su cometido por restarle volumen a la medida.

«Los gremios enrolados en Ugatt garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros», señalaron en la Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte que comanda el maquinista Omar Maturano.

En la UTA, en tanto, señalaron: «Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza la vamos a acompañar». Con eso el gremio de los colectiveros al mando de Roberto Fernández se diferencia de la postura que tuvo en el paro general de abril de 2025.

La CGT convocó a un paro general contra el recorte a las licencias y el peronismo vota unificado en contra

Como contó LPO, el paro no nace del clima general. Lo que cambió la posición negociadora de la CGT fue un episodio puntual. Mientras avanzaba el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad.

La inclusión del artículo, sin discusión previa y fuera del texto original, fue leída en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que todavía sostenían el diálogo. 

La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.

Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal. 

Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético. 

Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones. 

Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago

Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares. 

A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado. 

Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares. 

El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo. 

Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores. 

Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado. 

En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda. 

Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias. 

Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios. 

Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. 

Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU. 

Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.

La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios.