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En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo

Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.

Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:

1. Prestaciones médicas
2. Pago de salarios durante la licencia
3. Indemnizaciones o litigios por incapacidad

Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.

El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.

Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador

En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.

La diferencia es otra:

• El costo inmediato baja artificialmente
• El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante

La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.

Chubut no es una excepción: es el ensayo general.

CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida

Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.

El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?

Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro

Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.

El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.

No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.

Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas

La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.

El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.

Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.

Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón

El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.

Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.

El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén

El autoseguro no elimina costos: los esconde.

• Reduce prestaciones
• Aumenta litigios
• Consolida grupos empresarios amigos
• Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados

Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.

El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.