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La tragedia alimentaria argentina no es una desgracia aislada ni transitoria: la voluntad política de profundizarla es evidente y sus efectos empobrecedores se siguen multiplicando.

Por Nerio Corello para NLI

En el artículo anterior nos referimos a los aspectos básicos de un tema subvalorado, cuando no excluido, de la discusión pública. En su inserción sistémica, el problema del precio de los alimentos implica relaciones entre actores de peso en nuestro escenario económico y la pertenencia a un contexto definido.

No se trata, lamentablemente, de un accidente o desvió que con voluntad política se intentará corregir. La evolución del problema muestra una escalada de efectos multiplicadores de empobrecimiento que satisface las expectativas de los poderes reales.

Hemos llegado al punto en el que individuos y familias se endeudan para proveerse de alimentos. Con tasas de interés usurarias, la morosidad aumenta al ritmo que disminuye la cantidad de integrantes de las clases medias y las esperanzas de ascenso social desaparecen tanto en la  realidad como en el imaginario colectivo.

Uno de los datos que considerábamos en la primera nota era el del salario promedio pretendido, es decir: la cifra media que se supone declaran querer ganar aquellos que acceden a una entrevista o aspiran a un puesto.  Las compulsas de enero de 2026 lo ubicaron en $ 1.699.284 mensuales, un 1,87% por debajo del número del mes anterior.

El endeudamiento implica cercanía o caída en la marginalidad financiera, resignación de pretensiones salariales y tácita naturalización de la precariedad laboral en múltiples aspectos. Las tropelías legislativas refuerzan el panorama de orfandad normativa que presiona a los que aún trabajan y a los que buscan empleo: sufrir más, ganar menos y comer mal.

El ejército de desocupados que contribuye a la baja de aspiraciones se oculta estadísticamente al considerar ocupados a monotributistas con agua al cuello, plataformistas eventuales y mujeres y hombres que mal viven de la changa esquiva. Esta y otras hipocresías es de esperar que se pretendan mantener hasta que la configuración en extremo inequitativa del país sea irreversible.

En tanto, clases medias y bajas participan cada vez menos en el reparto de esa torta que llamamos riqueza: solo migajas rancias, cada día más difíciles de canjear por verdadera comida. La brecha de ingresos entre élites y menesterosos se agranda, lo que ha llevado a que desaparezcan de la faz pública los datos oficiales al respecto.

En semejante contexto, la centralidad del precio de los alimentos es insoslayable porque, además de su evidente incidencia cotidiana, es clave para sostener una transferencia de ingresos tan regresiva como constante, en ligazón al costo de servicios esenciales.

Sin embargo, el debate económico nacional ha dejado de lado la microeconomía: quienes pueden hacer escuchar su voz siguen encandilados con los artificios de nuestro castillo de naipes macroeconómico basado en el endeudamiento y los premios a la especulación en el mercado de capitales, al tiempo que festejan o lamentan los vaivenes del Riesgo País.

Al padecer los argentinos inflación en pesos e inflación en dólares, ni siquuiera la importación de alimentos modifica la situación penosa del costo de nutrirse lo mejor posible. La apertura indiscriminada puede destruir PyMES, pero el espejismo de la variedad no favorece el bolsillo de consumidores que ya no aspiran ni a la más ínfima sofisticación en la mesa.

Nos enfrentamos no solo a las restricciones informativas propias de un tema tabú, sino también a una bruma que envuelve los precios e impide evaluar el panorama con claridad. A mantener esta bruma contribuyen, en penosa sinergia, la impostura del INDEC, la indolencia de los economistas y las oscuridades del supermercadismo.

No es necesario abundar en las malas artes estadísticas que justifican los muchos cuestionamientos al INDEC ni en la pusilánime actitud del grueso  de nuestros economistas mediáticos, temerosos del apodo o la ridiculización oficial.

Pero lo del supermercadismo es camaleónico e inquietante porque con una infinita combinación de estrategias de venta y promociones, en diversos canales o modalidades de compra, logra hacer imposible la determinación del precio regular de los productos, un laberinto al que los consumidores ingresan con racionalidad pero pronto se resignan a atravesarlo solo confiados en la suerte del azar.

En el brumoso  supermercadismo confluyen intereses empresariales, políticos y del mundillo financiero. Un combo siniestro para cualquier sistema digestivo. Recordemos la farsa del rechazo de listas de precios a monopolios de la industria alimentaria, las promociones bancarias repletas de exclusiones, los diálogos constructivos con Toto, las promociones gancheras que casi siempre son un faltante a la hora de entrega de las compras virtuales…

Algunos influencers intentaron mantener “carritos modelo” en los sitios virtuales de supermercados y registrar los incrementos del costo final. Casi nada lograron esclarecer. La ruleta de ofertas, segundo al X% y afines, días de descuentos extraordinarios, medios de pago privilegiados o castigados, etc., arrojaban cifras que, por tan cambiantes en composición y resultado, poco decían como referencia.

Más allá de la bruma pero con cautela, no pocas consultoras consideran que en febrero se registró otra suba significativa para los productos que aspiramos a llevar a la mesa. LCG, por ejemplo, calculó un incremento  en  alimentos superior al 3%. El 12 de este mes el INDEC dará cifras oficiales.

Cabe esperar más dietas desequilibradas, más enfermedad, más morosos y mucho silencio cómplice en torno a la tragedia alimentaria argentina.

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La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.

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El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria

El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.

Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.

Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.

El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.

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La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad

Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.

Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.

En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.

El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.

La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.

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El caso argentino: justicia social como pacto democrático

En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.

Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.

El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.

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Una consigna más ideológica que aplicable

La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.

La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.

Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.

La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.

El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.