La Municipalidad de Villa Regina pone en marcha a partir de octubre la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar la última boleta mensual por tasas retributivas aunque mantengan deudas.
Por ello pone a disposición de los vecinos las cuotas de tasas mediante la entrega de los recibos en sus domicilios. Además, si pagan la boleta mensual, durante octubre, noviembre y diciembre participarán del sorteo de importantes premios.
Podrán participar del sorteo los contribuyentes que no registren deudas de tasas retributivas:
*Para el sorteo del 28 de octubre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de octubre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Para el sorteo del 29 de noviembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas de los meses de octubre y noviembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Para el primer sorteo del 28 de diciembre deben tener al día la cuota de tasas retributivas del mes de diciembre (se sortea una bicicleta mountain bike).
*Para el segundo sorteo del 28 de diciembre deben tener al día las cuotas de tasas retributivas de los meses de octubre, noviembre y diciembre (se sortea un monopatín eléctrico y una mesa de camping plegable con cuatro sillas).
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse un nuevo viaje familiar a Bariloche en el que habría gastado más de 6.000 dólares solo en alojamiento en un hotel de lujo, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya lo tiene bajo la lupa.
Por Roque Pérez para NLI
Otro capítulo de gastos en dólares
Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó una escapada junto a su familia durante un fin de semana largo, pocos meses después de asumir funciones, y se hospedó en el exclusivo hotel Llao Llao, uno de los más caros del país.
El dato más llamativo es que solo el costo de la habitación habría superado los 6.000 dólares, sin incluir pasajes aéreos ni consumos dentro del hotel, que suelen tener valores elevados.
Este nuevo episodio vuelve a exponer una contradicción cada vez más difícil de sostener: el discurso de austeridad del gobierno de Milei frente a los gastos personales de sus principales funcionarios.
Lujo en medio del ajuste
El hotel elegido por Adorni no es un destino cualquiera. Se trata de un símbolo del turismo premium en la Patagonia, frecuentado por empresarios y figuras de alto poder adquisitivo.
En ese contexto, el viaje generó fuertes cuestionamientos políticos, sobre todo porque ocurre en un escenario económico marcado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el recorte del gasto público que impulsa Milei.
La imagen es difícil de disimular: mientras se le exige sacrificio a la población, un funcionario clave del gobierno aparece vinculado a consumos en dólares en uno de los hoteles más exclusivos del país.
Una causa judicial que se agrava
El viaje a Bariloche no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de movimientos que ya están siendo investigados por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Días atrás, se confirmó que Adorni también viajó a Aruba con su familia en primera clase, con pasajes que costaron unos 5.800 dólares en total, mientras se analizan los gastos de alojamiento en un resort all inclusive.
En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario para rastrear el origen de los fondos utilizados en estos viajes.
El problema político que crece
El caso empieza a tener un impacto político más amplio. No solo por el contraste con el relato oficial, sino porque cada nuevo viaje conocido amplía las dudas sobre la consistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
Además, estas revelaciones contradicen declaraciones previas del propio Adorni, quien había minimizado sus viajes personales, lo que suma un nuevo elemento de desgaste en la escena pública.
En un gobierno que hizo de la “casta” su principal bandera discursiva, el escándalo golpea en un punto sensible: la credibilidad.
La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de enterrar el proyecto de reforma del Código Penal que se había trabajado durante dos años para proponer apenas unos retoques que tiene como eje central la suba de las penas para casi todos los delitos, excepto para los de la corrupción de la política, cayó como una bomba en el gobierno.
«Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación.
La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.
Mahiques llegó al cargo por decisión de la hermana y contra la opinión de su hermano que le había anticipado al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la nueva dulpa que conduciría el ministerio de Justicia era Guillermo Montenegro y Santiago Viola, como reveló LPO. No parece casual que en su primera entrevista luego de asumir el cargo, Mahiques haya hablado como abogado de los hermanos Milei y hasta deslizó la posibilidad de anular las pruebas de la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito.
La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.
El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.
El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad.
El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso ya se anticipa una discusión tensa. Desde la oposición afirmaron que la reforma «recorta por arriba y endurece por abajo».
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