La XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial, tuvo su cierre en la noche del domingo con la danza y música de las distintas colectividades y la presentación de Mauro Guiretti.
El polideportivo Cumelen se vistió de los colores representativos de los países que fueron parte de la celebración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente y Venezuela, a los que se sumó el stand del Mundo de los niños.
La gastronomía y los tragos típicos de cada lugar fueron parte importante del festejo que reunió a las familias respetando los protocolos establecidos.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió nuevamente los stands, oportunidad en la que nuevamente les agradeció a los participantes por ser parte de la celebración y por la responsabilidad con la que aplicaron los protocolos.
En la parte final de la Fiesta se hizo entrega del premio al stand de Bolivia, que resultó el elegido por el jurado.
La Directora de Cultura Silvia Alvarado agradeció y felicitó a las colectividades participantes, además de destacar el trabajo realizado en forma previa y durante el desarrollo de la Fiesta.
Los pozos de fracking se instalan en medio de las chacras y pegado a zonas urbanas. Los vecinos que conviven con esta actividad se quejan de: el ruido las 24 hs, vibraciones que rompen sus casas, problemas de salud, agua contaminada, gases en el ambiente, infertilidad del suelo. También cuentan de enfermedades que empezaron después de la llegada de las torres, como enfermedades en la piel, en el sistema digestivo y respiratorio.
El piloto rionegrino se muestra positivo mientras da sus primeros pasos en la categoría Top Race V6 junto a la escudería JLS Motorsport-Corsi Sports. Facundo Aldrighetti se prepara para la 3ra fecha del Top Race V6 que se correrá en el circuito 9 del Autódromo porteño “Oscar y Juan Galvez” este jueves 10 y viernes…
Ya estamos en el mes de las elecciones, llegó octubre y el domingo 27 tenemos que ir a votar. A nivel nacional y local. En Regina no sólo elegimos intendente, también diez Concejales (¿no son muchos?) y tres integrantes para el tribunal de cuentas. Las boletas se pueden cortar, ¿lo sabías? En #latapa hace tiempo…
El Intendente Marcelo Orazi obtuvo la aprobación de la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) perteneciente al programa Red de Infraestructura del Cuidado que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este sentido el Gobierno Nacional evaluó el nivel de…
El mercado empezó a marcar una diferencia cada vez más pronunciada entre la capacidad de pago del gobierno de Javier Milei y la situación que podría enfrentar la próxima administración. Mientras el riesgo de default permanece contenido en el corto plazo, las probabilidades implícitas en los seguros contra incumplimiento aumentaron con fuerza para los vencimientos posteriores a 2027.
La señal aparece en la curva de Credit Default Swaps (CDS), los contratos que funcionan como seguros frente a un incumplimiento de la deuda soberana. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante agosto prácticamente no cambió la percepción sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos inmediatos, pero sí empeoró sensiblemente la evaluación de los plazos más largos.
La probabilidad acumulada de default a un año aumentó apenas 30 puntos básicos desde comienzos de mes y se ubica en torno al 2,8%. El movimiento es reducido y muestra que los inversores todavía asignan una elevada probabilidad de pago a las obligaciones más próximas.
El panorama cambia por completo cuando la curva se extiende más allá del mandato de Milei. De acuerdo con PPI, las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos desde comienzos de agosto, respectivamente.
Así, el mercado asigna actualmente una probabilidad de default del 30,3% en el horizonte de cuatro años y del 61,5% cuando se extiende el análisis hasta diez años. La brecha con el riesgo a un año es enorme y revela que el principal interrogante de los inversores dejó de estar concentrado en la disponibilidad inmediata de dólares.
«El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento», explicó un operador consultado por LPO.
La lectura coincide con el diagnóstico de PPI. Para la sociedad de Bolsa, el deterioro de las últimas semanas «se concentró principalmente en horizontes más largos», donde aparece una incertidumbre creciente respecto de la posibilidad de sostener la historia crediticia argentina en el tiempo.
El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento
El movimiento resulta particularmente relevante porque se produce mientras buena parte de la curva soberana volvió a operar con rendimientos de dos dígitos. La corrección de los bonos argentinos durante las últimas semanas volvió a dejar precios que, según PPI, empiezan a mostrar una relación algo más equilibrada entre riesgo y retorno.
La firma considera que los bonos podrían estar cerca de una pausa en la caída e incluso ensayar algún rebote. Sin embargo, todavía no aparece un catalizador suficientemente fuerte para sostener una recuperación más contundente.
En el mercado siguen con atención los indicadores políticos y económicos que puedan modificar ese escenario. Uno de ellos será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, después del deterioro que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. En sentido contrario, una continuidad de buenos datos de actividad y comercio exterior podría aliviar parcialmente la presión vendedora.
Otro factor detrás de la debilidad reciente de los bonos fue el comportamiento de los inversores argentinos. Al cierre del primer trimestre, los residentes concentraban el 23,7% de la deuda soberana bajo legislación de Nueva York, una participación significativa dentro del mercado de Globales.
PPI estima que ese porcentaje podría haberse reducido durante el segundo trimestre, producto del desarme de posiciones locales. Esa salida ayuda a explicar parte de la presión que enfrentaron los títulos en las últimas semanas y agrega otro elemento de cautela sobre la dinámica de corto plazo.
Para el operador consultado por LPO, la pendiente de la curva de CDS también refleja un problema que excede a Milei. «Para bajar de manera permanente el riesgo país no alcanza con demostrar que hay dólares para pagar durante uno o dos años. El mercado necesita creer que el programa es sostenible políticamente y que puede sobrevivir a un cambio de gobierno. Hoy esa confianza todavía no está», afirmó.
El resultado es una paradoja para el Gobierno: el mercado parece reconocer una capacidad de pago relativamente sólida durante el horizonte inmediato, pero todavía no convalida que esa estabilidad pueda extenderse mucho más allá del actual mandato. El propio informe de PPI resume esa cautela al advertir que el camino hacia 2027 todavía será «largo» y probablemente «sinuoso».
Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
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