Gran cierre de la Fiesta del Inmigrante

 

La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.

La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.

Una actividad clave para que funcione el comercio exterior

El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.

Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.

El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.

Qué cambia el decreto de Milei

El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.

Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.

El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.

Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.

Una pulseada que excede el conflicto gremial

Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.

La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.

Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.

En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.

El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar

Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.

Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.

No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.

Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.

La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.

 

 

En 1907, miles de inquilinos de Buenos Aires protagonizaron la Huelga de las Escobas contra los alquileres abusivos y las pésimas condiciones de los conventillos.

Por Alcides Blanco para NLI

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires era presentada como la gran ciudad de un país destinado a convertirse en potencia agroexportadora, con una economía que crecía al ritmo de las exportaciones y una población que aumentaba aceleradamente por la llegada de inmigrantes. Pero detrás de aquella imagen de progreso que las elites exhibían como prueba del éxito del modelo había otra ciudad, mucho menos elegante y bastante más difícil de mostrar en las postales: la de los conventillos, las habitaciones minúsculas, los patios compartidos por decenas de familias, las condiciones sanitarias deficientes y unos alquileres que consumían una parte cada vez mayor de los ingresos de trabajadores que no tenían ninguna posibilidad real de acceder a una vivienda propia. En ese escenario, durante 1907, una protesta que comenzó en unos pocos inquilinatos terminó convirtiéndose en uno de los grandes conflictos sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX: la huelga de inquilinos, conocida popularmente como la Huelga de las Escobas, porque fueron principalmente las mujeres quienes utilizaron esos elementos domésticos para enfrentar simbólicamente a quienes llegaban a los conventillos con órdenes de desalojo.

Cuando la vivienda dejó de ser solamente un problema privado

El conventillo no era simplemente una vivienda incómoda, sino una consecuencia concreta de la transformación económica y demográfica de Buenos Aires. La expansión del modelo agroexportador había generado una enorme concentración de población en la ciudad, mientras la construcción de viviendas no acompañaba en la misma proporción ese crecimiento. El resultado fue un mercado inmobiliario en el que miles de familias dependían del alquiler de una habitación dentro de grandes casas subdivididas, muchas veces antiguas residencias transformadas en inquilinatos, donde las condiciones de vida podían ser extremadamente precarias. El propio Departamento Nacional del Trabajo, al estudiar el problema después del conflicto, registró tanto el incremento de los alquileres como las deficiencias higiénicas y señaló que en numerosos conventillos la búsqueda de rentabilidad había relegado cuestiones elementales como la luz y el aire.

La cuestión, por lo tanto, no era únicamente cuánto costaba alquilar, sino qué podía exigir un propietario a cambio de ese dinero y qué margen de defensa tenía quien dependía del alquiler para conservar un techo. Los reclamos de los huelguistas fueron bastante precisos: pedían una rebaja del 30% de los alquileres, la eliminación de garantías adicionales, protección frente a los desalojos y mejoras en las condiciones higiénicas de las viviendas. No se trataba de una protesta abstracta contra la propiedad privada, sino de una disputa concreta sobre las condiciones de acceso a un bien indispensable, en una ciudad donde el crecimiento económico convivía con una profunda desigualdad en las condiciones materiales de vida.

La protesta comenzó a organizarse en los conventillos de barrios populares como La Boca y Barracas, aunque el conflicto rápidamente superó esos límites. El Gobierno de la Ciudad señala que a fines de agosto de 1907 los habitantes del conventillo conocido como “Los Cuatro Diques”, ubicado en Ituzaingó 279 al 325, se declararon en huelga y presentaron sus reivindicaciones, mientras que el 13 de septiembre el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos realizó el llamado a una huelga general de inquilinos que se extendió por numerosos inquilinatos porteños y alcanzó también a otras ciudades.

Las mujeres y una forma inesperada de hacer política

Uno de los aspectos más interesantes de aquella huelga es que permite observar cómo la política podía surgir de espacios que las instituciones de la época consideraban ajenos a ella. Las mujeres de los conventillos tenían una participación decisiva en la administración cotidiana de hogares sometidos a condiciones de hacinamiento, falta de higiene y dificultades económicas, por lo que el aumento del alquiler no era para ellas una discusión distante sobre contratos: significaba decidir qué podía comerse, qué podía dejar de comprarse, cuánto podía durar una familia en una determinada habitación y hasta dónde podía resistirse antes de quedar en la calle.

Por eso las mujeres ocuparon un lugar central en las protestas y en la resistencia a los desalojos. El Archivo General de la Nación conserva fotografías que muestran aquella dimensión colectiva del conflicto y que permiten observar algo que muchas veces desaparece cuando la historia social se reduce a nombres de dirigentes y organizaciones: familias enteras participando de una disputa por el derecho a permanecer en su vivienda. En algunas de esas imágenes aparecen mujeres organizadas en los conventillos y en las calles, convirtiendo objetos cotidianos en herramientas de resistencia. De allí nació la denominación de “Huelga de las Escobas”, una expresión que terminó convirtiéndose en la imagen más recordada de aquel movimiento.

La presencia femenina también permite comprender por qué el conflicto tuvo una dimensión que excedía la relación contractual entre propietario e inquilino. La defensa del conventillo era, simultáneamente, la defensa de una comunidad, porque allí no vivía una persona aislada sino familias que compartían patios, pasillos, baños, cocinas y redes de solidaridad. Cuando llegaba una orden de desalojo, el problema afectaba a todo ese entramado. Las escobas, entonces, fueron mucho más que un símbolo pintoresco: representaron la entrada de las mujeres y de la vida cotidiana en el espacio público de la protesta, en una sociedad que todavía reservaba a los varones buena parte de las formas reconocidas de participación política.

Una ciudad que descubría que el alquiler también era una cuestión social

La huelga puso en evidencia una contradicción que atravesaría buena parte de la historia argentina: un país podía experimentar crecimiento económico y, al mismo tiempo, producir condiciones de vida profundamente desiguales para quienes sostenían ese crecimiento con su trabajo. El conflicto también mostró que los problemas habitacionales no podían ser reducidos a decisiones individuales, porque cuando una ciudad crecía más rápido que su capacidad de ofrecer viviendas adecuadas, el precio del techo terminaba convirtiéndose en un problema colectivo.

La reacción de las autoridades fue, en muchos casos, represiva. Los desalojos fueron ejecutados con presencia policial y quedaron registrados en fotografías conservadas por el Archivo General de la Nación y por el Archivo Nacional de la Memoria, donde pueden verse efectivos policiales interviniendo en conventillos y familias expulsadas de sus viviendas. La documentación histórica permite reconstruir así una escena en la que la discusión sobre el precio del alquiler terminó enfrentando a familias trabajadoras con propietarios y fuerzas del Estado.

Sin embargo, reducir aquella experiencia a una derrota sería desconocer su importancia histórica. La huelga contribuyó a instalar la cuestión de la vivienda dentro de la agenda de los conflictos sociales urbanos y mostró que los inquilinos podían organizarse colectivamente frente a condiciones que hasta entonces parecían formar parte del paisaje inevitable de la ciudad. El propio Departamento Nacional del Trabajo terminó estudiando las condiciones de los conventillos y dejó documentada la relación entre el aumento de los alquileres, el crecimiento demográfico y las deficiencias habitacionales.

Más de un siglo después, aquellas fotografías de mujeres levantando escobas en los patios de los conventillos conservan una potencia que excede ampliamente la anécdota. No muestran solamente a un grupo de habitantes enfrentándose a un aumento de alquileres en 1907: muestran el momento en que la vivienda dejó de ser entendida únicamente como un asunto privado y comenzó a ser reconocida como un problema social, atravesado por el salario, la especulación, la urbanización, la desigualdad y la capacidad de organización popular. En aquella Buenos Aires que se enorgullecía de su modernización, fueron precisamente quienes vivían en las habitaciones más pequeñas los que obligaron a mirar la cara menos celebrada del progreso. Y quizá por eso la imagen de aquellas escobas sigue siendo tan poderosa: porque recuerda que, mucho antes de que existieran las categorías contemporáneas para discutir el derecho a la vivienda, hubo trabajadores y, sobre todo, mujeres trabajadoras que comprendieron que un techo podía convertirse en una cuestión política cuando el precio para conservarlo comenzaba a ser incompatible con la propia vida.