La XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial, tuvo su cierre en la noche del domingo con la danza y música de las distintas colectividades y la presentación de Mauro Guiretti.
El polideportivo Cumelen se vistió de los colores representativos de los países que fueron parte de la celebración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente y Venezuela, a los que se sumó el stand del Mundo de los niños.
La gastronomía y los tragos típicos de cada lugar fueron parte importante del festejo que reunió a las familias respetando los protocolos establecidos.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió nuevamente los stands, oportunidad en la que nuevamente les agradeció a los participantes por ser parte de la celebración y por la responsabilidad con la que aplicaron los protocolos.
En la parte final de la Fiesta se hizo entrega del premio al stand de Bolivia, que resultó el elegido por el jurado.
La Directora de Cultura Silvia Alvarado agradeció y felicitó a las colectividades participantes, además de destacar el trabajo realizado en forma previa y durante el desarrollo de la Fiesta.
El histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que declara la ilegalidad de la política de aranceles de Donald Trump abre un escenario de fuerte incertidumbre global que impacta en la Argentina.
El New York Times publicó un detallado artículo que confirma que con la imposición de 15% de aranceles globales bajo Sección 122 la Argentina entra en el grupo de países que tendrán mayores aranceles que antes del fallo y pierde la ventaja que tenía con otros países que tenían más aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos.
Brasil es el gran ganador porque tenía 40% de aranceles pero había logrado la excepción de varios productos tras un acuerdo de Lula con Trump y se logró ingresar la carne brasileña. Con el fallo, quedó tiene 15%.
Un diplomático argentino explicó a LPO que «Argentina tiene una doble pérdida en el sentido de que no solamente sus bienes van a pagar más aranceles sino que se le redujo o se eliminó esa brecha que tenía Argentina con Brasil y otros países que tenían una tarifa recíproca más del 25% muchos negociando deals quedaron en el 20%».
«También tiene un costo indirecto que es la pérdida de ese beneficio de que muchos productos que a lo mejor Argentina tiene competitividad vis a vis, un competidor con los aranceles elevado ahora se eso se niveló para abajo y pierde ese beneficio indirecto», remarca.
De esta manera, bajo la Sección 122 el Ejecutivo no puede bajar o discriminar líneas arancelarias específicas para países específicos de manera selectiva. La aplicación de aranceles es uniformes y no discriminatorias.
Brasil es el gran ganador porque tenía 40% de aranceles pero había logrado la excepción de varios productos tras un acuerdo de Lula con Trump y se logró ingresar la carne brasileña. Con el fallo, quedó tiene 15%.
En este contexto, la doctora en Relaciones Internacionales Julieta Zelicovich dijo a LPO que «a los aranceles anunciados el día viernes de esta sección 122 le falta todavía madurar en términos de mecanismos de aplicación, ver cuáles son las excepciones que van a ir otorgando para comprender de manera definitivamente su impacto o el impacto que va a tener en los próximos meses».
Según Zelicovich, «lo que vemos es alto nivel de incertidumbre. Y si nos basamos en las experiencias anteriores de Trump, es esperable que esta nueva política, este nuevo anuncio de aranceles, dé lugar a lobbies domésticos para pedirles excepciones y todo es un gran negocio de gestión de la política».
Entonces, agrega la académica que «todavía a estos aranceles anunciadas el viernes les falta una vuelta de tuerca para terminar de poder dimensionar su impacto concreto sobre la economía. Así que es esperable que haya aranceles y que los aranceles más importantes que afectan a Argentina, que son los que derivan de las secciones 232 y 301 antes que los que eran del IEPA, siguen vigentes».
En el caso del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, Zelicovich dijo que «hoy está en un limbo porque los compromisos que Estados Unidos asumió con Argentina en ese acuerdo dejaron de tener validez jurídica dentro de los Estados Unidos.
(El acuerdo) hoy está en un limbo porque los compromisos que Estados Unidos asumió con Argentina en ese acuerdo dejaron de tener validez jurídica dentro de los Estados Unidos
«Le había aceptado algunos de los aranceles de ese 2 de abril promovidos por el IEPA que el Tribunal de Justicia norteamericano declaró inconstitucional y ante la ausencia de esa regla que había subido el arancel, esas excepciones desaparecen y lo que resta ver es si Estados Unidos, va a incluir a Argentina, va a replicar esas excepciones frente a las nuevas legislaciones, algo que todavía no ha sucedido», detalló.
En este contexto, la especialista afirmó que «Argentina puede de manera subordinada decir que siguen vigentes pero lo cierto es que la contraparte de Estados Unidos no está este acuerdo siempre fue un acuerdo simétrico donde a Argentina se le piden reformas legislativas profundas y lo que Estados Unidos ponía sobre la mesa no son más que unos decretos de baja calidad jurídica e institucional dentro del andamiaje de Estados Unidos. Es la precariedad misma del acuerdo».
Por último, Julieta Zelicovich sostuvo que «Argentina no está sola en eso, sino que es una decena de acuerdos que Estados Unidos fue firmando entre mitad del año pasado, mitad de 2025 y comienzos de 2026, donde todos los países hoy se encuentran preguntándose qué es lo que ha pasado con esas concesiones arancelarias y cuánto de eso va a ser en vigor o no. Siempre pensando que estos aranceles del 2 de abril eran aranceles ilegítimos».
El gobierno nacional declaró la emergencia económica, productiva, financiera y social, por un año, a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa, según el decreto 1125/2017 publicado en el Boletín Oficial. El decreto faculta al presidente Mauricio Macri a instrumentar regímenes…
Las deudas que arrastra el Pami con las farmacias están generando un descalabro en el sistema de provisión de medicamentos, con un impacto que trasciende a la obra social de los jubilados y que pone en situación crítica a más de 500 farmacias.
Existen atrasos en los pagos de hasta tres meses, mientras que las farmacias advierten que deben pagar semanalmente a las droguerías para lograr reponer los medicamentos. No se trata de un dato menor en un sistema donde Pami representa entre el 60 y 70% del trabajo de las farmacias.
«Un atraso de diez días impacta fuertemente en las farmacias, el atraso de más de un mes a muchas las deja afuera», dijo a LPO Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata, una de las ciudades con mayor caudal de beneficiarios de Pami.
Es la tormenta perfecta. Si bien la atención de Pami no está cortada, lamentablemente muchas farmacias no pueden sostenerlo
En las farmacias sostienen que la «catástrofe financiera» que amenaza con una creciente faltante de medicamentos tiene que ver con la deuda de Pami y, a la vez, con la postura inflexible de las droguerías que, de no cobrar en un plazo máximo de 20 días, automáticamente dejan de mandar los remedios.
«Es la tormenta perfecta. Si bien la atención de Pami no está cortada, lamentablemente muchas farmacias no pueden sostenerlo», sostuvo Della Maggiora al exponer un creciente descalce entre los pagos de Pami y el crédito que tienen en las farmacias en las droguerias.
El panorama reciente el abastecimiento de medicamentos al resto de las obras sociales, ya que muchas farmacias hoy tienen las cuentas cortadas, con la imposibilidad de brindar el servicio.
«Es imposible de sostener si continuamos así», advirtió la titular de Colfarma, Alejandra Gómez, que focalizó en la necesidad de que las droguerías y laboratorios extiendan los plazos que tienen las farmacias para pagar
En el Colegio de Farmacéuticos bonaerense (Colfarma) se reunieron con autoridades de Pami, que prometieron cinco pagos por mes sujetos a giros del Ministerio de Economía.
Sin embargo, la obra social aún no se ajustó al cronograma comprometido para normalizar la situación. Al momento, solo hizo un pago parcial del orden del 25-30% de enero, cifra insuficiente para levantar el rojo financiero de varias farmacias.
«Es imposible de sostener si continuamos así», advirtió la titular de Colfarma, Alejandra Gómez, que focalizó en la necesidad de que las droguerías y laboratorios extiendan los plazos que tienen las farmacias para pagar y que les mantengan las cuentas habilitadas, afectadas por los atrasos recurrentes en el convenio Pami.
«Pami tiene un solo financiador, las farmacias. Como en otras oportunidades, aún en las peores crisis de nuestro país, la farmacia sigue atendiendo Pami hasta el límite de sus posibilidades porque somos los únicos financiadores», dijo Della Maggiora.
La deuda de Pami con las farmacias comenzaron a ser habituales desde enero de 2025 pero se profundizaron en su extensión en los últimos meses. Eso, a pesar de haber reducido los descuentos y la cantidad de medicamentos por afiliados.
Semejante retraso en pagos contrasta con los miles de millones que el Pami desembolsa a sociedades controladas por empresarios cercanos a Luis «Toto» Caputo.
Como reveló LPO en exclusiva, en diciembre de 2025, Pami le prorrogó el servicio de provisión de oxígeno por más de 17.450 millones a Oxigeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, hombre cercano a Caputo y ex funcionario del Pami en el macrismo, que ahora articula con la obra social de los jubilados del otro lado del mostrador.
Esa firma, paralelamente es una de las aportantes de la última campaña legislativa de La Libertad Avanza.
El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro Rodrigo Buteler se hicieron presentes en la primera jornada del programa ‘Comunidad en Municipios’ que se desarrolla en Regina. La actividad comenzó pasadas las 9 horas en el polideportivo Cumelen, donde los equipos de trabajo del Registro de la Propiedad Inmueble,…
Hoy miércoles la Gobernadora Arabela Carreras y el Intendente Marcelo Orazi encabezarán el acto de apertura de sobres de la obra ‘Ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti’ en el marco del plan provincial ‘Suelo Urbano’. Se realizará a las 14 horas en el Galpón de las Artes. La obra contempla…
El gobierno logró sancionar la modificación a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor contra 31 por la negativa y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Tal como anticipó LPO, el senjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés, que también integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, aportaron su apoyo a la nueva norma.
En el rechazo, se agruparon los peronistas del interbloque de José Mayans, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina.
Con esta votación, los gobernadores peronistas de las zonas cordilleranas se alzaron con una concesión que reclamaban desde diciembre para apoyar la reforma laboral. La normativa aprobada este jueves devuelve a los distritos provinciales la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de las tierras periglaciares, algo que hasta ahora estaba reservado al IANIGLA para preservar regiones adyacentes a las reservas acuíferas de la explotación minera.
En su discurso de cierra, Patricia Bullrich llamó a terminar con la dicotomía «agua o trabajo». Si bien reconoció «el objetivo legítimo de 2010», aseguró que con la modificación «no hay un cambio en la concepción» sino en la intención de «producir en cada rincón donde sea posible».
El miembro informante fue Austín Coto, que provocó a la oposición con su discurso al recuperar información de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se sancionó la ley de Glaciares vigente hasta ahora. Entonces, recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, «se preguntaba por qué en el dictamen de Diputados se había omitido la mención al artículo 124 de la Constitución», el que establece la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
La referencia del senador fueguino al dictamen de la Cámara Baja de aquella época se debió que los gobernadores defendían un proyecto que fue cambiado por la «ley Bonasso». De hecho, el santafecino Agustín Rossi tuvo que anunciar durante el debate que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se terminara aprobando, aunque no prevaleciera la versión que impulsaban los legisladores que respondían a las provincias cordilleranas pero en el Senado se terminó imponiendo el criterio más «protectorio» del ambiente.
Por eso, este jueves el libertario Coto se quejó de la mirada progresista que impera en el área metropolitana y calificó la normativa modificada como «una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos». «¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada», sostuvo con tono burlón en alusión al ex legislador Fernando Pino Solanas, fallecido ya.
Después que el fueguino se despachara diciendo que se trataba de una «ley de chetos», el pampeano peronista Daniel Bensusán lo cruzó sin piedad. «Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?», preguntó haciendo flamear el manojo de hojas del dictamen que Coto trabajó a escondidas con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón.
¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada.
Coto trató de explicar con naturalidad y Bensusán respondió con bronca. «¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral y despues a los que acompañan les dicen ‘los estuvimos entreteniendo con una cosa para votar otra'», expresó.
Además, dijo: «¿Esto es joda? Se hizo mucho el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza! ¿Y van a votar nuevamente un texto sin haberlo leído o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente en las comisiones del Congreso? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina?».
Mientras avanzaba el debate no estaba claro siquiera que Luis Juez fuera a votar a favor, como terminó sucediendo. En Casa Rosada, tuvieron que implementar gestiones para que el cordobés no se ablandara con las críticas de los que le enrostraran que votó a favor de la ley de Glaciares en 2010 y no podía aparecer acompañando su modificación ahora.
Cerca de las 17, Juez recordó que hasta lo charló hace 16 años con Pino Solanas. «Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio», arrancó el legislador pero luego justificó su cambio de postura: «Por ahí alguno al que le gusta el patrullaje empieza a decir que Juez en el 2010 tal cosa… y yo tengo el cuero dura como una tortuga», se describió con ingenio.
El santacruceño José María Carambia anticipó que su voto y el de su colega Natalia Gadano serían negativos, en tanto «el artículo 6° genera libre interpretación». «Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea», alertó.
A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos.
Además, coincidió con Alicia Kirchner en la advertencia sobre la escasez de puestos de empleo que da la minería. «A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos», indicó.
Tal vez una de las argumentaciones a favor de la ley más consistentes para el oficialismo terminó siendo la de la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una jurisdicción distinguida por el recurso hídrico. A su criterio, en la ley en debate «no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental».
En ese sentido, consideró que «el tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio que resguarda la máxima calidad ambiental». «El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas sino condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible», completó.
Finalmente, Flavia Royón también sumó sus objeciones contra los sectores que «tratan de instalar un terrorismo ambiental o que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares», y reclamó que se respete «a los equipos técnicos de las provincias». «¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan», respondió con orgullo.
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