La XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial, tuvo su cierre en la noche del domingo con la danza y música de las distintas colectividades y la presentación de Mauro Guiretti.
El polideportivo Cumelen se vistió de los colores representativos de los países que fueron parte de la celebración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente y Venezuela, a los que se sumó el stand del Mundo de los niños.
La gastronomía y los tragos típicos de cada lugar fueron parte importante del festejo que reunió a las familias respetando los protocolos establecidos.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió nuevamente los stands, oportunidad en la que nuevamente les agradeció a los participantes por ser parte de la celebración y por la responsabilidad con la que aplicaron los protocolos.
En la parte final de la Fiesta se hizo entrega del premio al stand de Bolivia, que resultó el elegido por el jurado.
La Directora de Cultura Silvia Alvarado agradeció y felicitó a las colectividades participantes, además de destacar el trabajo realizado en forma previa y durante el desarrollo de la Fiesta.
Ignacio Fidanza contextualizó el llamado de Karina Milei a Mauricio Macri durante su columna en GPS, el programa de Rolando Graña. En su intervención, planteó que «hubo un pedido» del ministro de Economía, Luis Toto Caputo: «cada vez que se complica la situación económica, Caputo le echa la culpa a la política».
En ese sentido, precisó que «subieron la tasa, la inflación y el riesgo país, tres variables del modelo lubertario, no el empleo» y, sin embargo, Caputo alertó sobre el peso de los problemas políticos. «Karina lo llama a Macri y, al mismo tiempo, abre conversaciones serias con los gobernadores del medio. Todos le piden lo mismo: ‘liberame la reelección o no me presentes candidato fuerte o no presentes candidato’. Y ella está aceptando todo», detalló Fidanza.
La hermana presidencial, según el director de LPO, «les pide dos meses para empezar a blanquear estos acuerdos». «Los gobernadores del medio que acuerden con ella van a ir, además, bajo un sello propio provincial y ella les dice: ‘dejame liberada la lista de octubre para diputados y senadores nacionales y, si querés, te doy colectora’. Para los gobernadores, es un negocio redondo: cierran ahora y después ven», analizó.
Mientras tanto, está en curso la negociación por la eliminación de las PASO, una iniciativa para la que el oficialismo no tiene los votos de los aliados pero se especula con que «se la entregan en dos minutos». «Acá todos se están guardando una carta», advierte Fidanza.
Al respecto, repone que hay un debate al interior del gobierno. Por un lado, Milei dice que hay que eliminar las PASO porque, entre agosto y octubre, con muchas elecciones se complica la economía.
Y hay otro sector que está demandando que se piense mejor la estrategia. «Nos arman una candidatura de Villarruel, una de Jorge Brito y alguna otra y vamos derecho a la primera vuelta y nos sacan 3 puntos y perdemos la primera vuelta. No está tan claro que nos beneficie eliminar las PASO», alertan quienes dudan de la idea.
Felipe Núñez, el tuitero de Luis «Toto» Caputo se recibió un crédito de 315 mil dólares del Banco Nación a una tasa amigable, se compró una casa de 400 metros cuadrados en San Isidro.
El periodista Ari Lijalad, de El Destape, encontró en la declaración jurada de Núñez que el 1 de noviembre de 2024, Núñez sumó a su patrimonio un inmueble de 389 metros cuadrados en uno de los distritos más caros del país.
«Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral», dijo Núñez en las últimas horas, meses después de que se desató el escándalo de los créditos blandos del Banco Nación.
«Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí», tuiteó el asesor de Caputo.
Núñez, que es director del BICE, fue uno de los funcionarios que accedió a esta línea de la que gozaron otros miembros del gobierno como Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.
Liberales fundamentalistas en sus tuits, habituales críticos del Estado como una inmensa maquinaria costosa e inútil, a la hora de gestionar préstamos para su vivienda, los funcionarios y diputados libertarios acudieron sin ponerse colorados a la banca pública. En todos los casos los créditos se otorgaron durante la pasada presidencia de Daniel Tillard y sobrevuela la sospecha de preferencias políticas en su otorgamiento.
Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haber recibido un crédito del Nación por más de 400 millones de pesos y, en ese acto, sentó un precedente moral que dejó expuesto a Toto Caputo y sus funcionarios.
La CGT se reunió con las principales entidades empresarias de Santa Fe -FISFE, CAME y ADIMRA- para debatir sobre empleo, producción y competitividad en un foro al que llamaron, sugestivamente, «Argentina Produce: diálogo que construye».
Las entidades coincidieron en anticipar un segundo semestre crítico. En el encuentro realizado en Rosario, industriales y sindicalistas alertaron por la caída de la actividad, el deterioro de la cadena de pagos, el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo.
El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Javier Martín, advirtió que el segundo semestre será «muy complicado» para la industria y puso el foco en las crecientes dificultades financieras:
«Estamos viendo cada vez más problemas en la cadena de pagos, demoras y tardanzas», afirmó, y atribuyó la situación al menor nivel de actividad que afecta a las industrias, las empresas y el comercio dependiente del mercado interno.
El segundo semestre será muy complicado para la industria. Estamos viendo cada vez más problemas en la cadena de pagos, demoras y tardanzas
El diagnóstico más alarmante lo aportó el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re. El dirigente aseguró que el sector metalúrgico acumula veinte meses de retracción y utiliza apenas el 39,8% de su capacidad instalada. «De diez máquinas, seis están paradas», resumió.
Las advertencias surgieron durante «Argentina Produce: Diálogo que Construye», una jornada celebrada en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario que reunió a más de 300 representantes de los sectores productivo, empresarial, sindical y académico. El encuentro fue organizado por CAME, la CGT, FISFE y ADIMRA.
Desde la CGT, Jorge Sola coincidió con los industriales en que el tejido productivo argentino está dañado y responsabilizó al modelo económico del gobierno de Javier Milei. El cosecretario general de la central obrera señaló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 300 mil empleos formales y cerraron más de 30 mil pequeñas y medianas empresas. «No vemos un proyecto hacia la industria ni hacia el comercio. Es un proyecto económico demasiado aperturista», cuestionó.
Sola también rechazó que la reforma laboral sancionada por el Congreso vaya a generar nuevos puestos de trabajo y advirtió que su aplicación todavía está rodeada de incertidumbre. Recordó que la CGT cuestionó la constitucionalidad de más de 80 artículos y espera una definición de fondo de la Justicia.
Javier Martín -FISFE- Gustavo Puccini -Ministro de Producción de Santa Fe-
El presidente de CAME y de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, calificó la situación como «muy difícil» y alertó sobre el impacto de las importaciones y la caída del consumo. «Cada fábrica que cierra son pérdidas de empleo y cada trabajador que se queda sin ingresos es, a la vez, la pérdida de un consumidor», sostuvo.
Martín reconoció los avances en materia de estabilidad macroeconómica y desaceleración de la inflación, pero cuestionó la falta de políticas para recuperar el mercado interno y la capacidad productiva. Además, sostuvo que el crecimiento del gas, el petróleo, la minería y el agro no alcanza para sostener a 50 millones de argentinos sin un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado.
Empresarios y sindicalistas plantearon que necesitan reconstruir una agenda común frente a la crisis. «Si hoy estamos todos acá expresando las mismas dificultades es porque algo no está funcionando», resumió Diab.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
El próximo sábado 28 las actividades en el marco del ‘Mes de la Niñez’ se desarrollarán en los siguientes barrios: *Pulmón Ecológico, CGT y Tierra del Fuego: concentración en Pulmón Ecológico *Gardín y Progreso: concentración en Gardín *25 de Mayo *Don Rodolfo Habrá juegos, sorpresas y refrigerio en los diferentes sectores entre las 15 y…
El medioambiente es uno de los ejes editoriales de nuestro medio. En Villa Regina contamos con un basural a cielo abierto y en altura (con lo que esto implica), que de manera formal o informal suele estar incendiado, si a esto le sumamos que vivimos en un valle la problemática es cada vez más compleja….
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