La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina agradece a los y las artistas que participaron de las intervenciones artísticas durante las jornadas de vacunación COVID-19 desarrolladas viernes y sábado en el Galpón de las Artes.
Docentes y alumnos de la Escuela Municipal de Arte ‘Eduardo Andreussi’ estuvieron presentes brindando momentos de música y danza al personal de salud y a quienes esperaban ser atendidos.
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La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.
LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
El enojo con el decreto comenzó por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».
Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo.
Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.
En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.
Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron.
Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos
Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.
Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos.
«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.
Los intendentes radicales le plantearon este jueves al gobierno de Axel Kicillof la necesidad de tener libre disponibilidad total de los recursos que la Provincia girará mediante el «Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal».
Son recursos que Kicillof negoció con los intendentes en diciembre de 2025 para destrabar el endeudamiento, compuestos por el 8% de la deuda que tome la provincia, autorizada en hacerlo por más de 3.500 millones de dólares.
De acuerdo a lo reglamentado por Kicillof en un reciente decreto, un 70% se repartirá a los municipios vía Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante está atado a programas provinciales a bajar a los municipios por tres vías: Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural.
Es ese 30% que los intendentes radicales le reclamaron destrabar este jueves al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. «Dijo que le parecía lógico el pedido. Pero hay que tratarlo con todos los legisladores y empezamos ese proceso», dijo a LPO el intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas.
En efecto, para lograr la libre disponibilidad total de ese fondo, es necesaria la modificación de la ley de endeudamiento en la Legislatura. «Los legisladores van a entender la situación. Estamos al límite, tanto de uno como de otro partido, no va a haber diferencias partidarias, es común a todos», sostuvo el intendente de Viamonte.
Los intendentes del Foro UCR también pidieron que se flexibilice el Fondo Educativo y que el total de esos recursos pueda destinarse a educación formal y no formal. Hoy, el 40% de ese fondo debe destinarse exclusivamente a obras en escuelas.
El planteo de los radicales tiene su eco en intendentes de otras extracciones que -como contó LPO- acusan estar atravesando una crisis financiera inédita a partir del derrumbe de los recursos que llegan por coparticipación y de la fuerte caída en la cobrabilidad de las tasas municipales.
«Tenemos para cumplir los servicios esenciales. No estamos pudiendo proyectar casi nada de obras o programas nuevos para el año», dijo un intendente a LPO.
Flexas detalló que la comitiva de intendentes del Foro UCR también pidió que, en el caso de los municipios del interior, se flexibilice el Fondo Educativo y que el total de esos recursos pueda destinarse a educación formal y no formal.
Hoy, el 40% de ese fondo debe destinarse exclusivamente a obras en escuelas. Los radicales sostienen que, desafectar ese porcentaje, ayudaría en los municipios donde la infraestructura escolar no está en crisis y donde esos montos serían de mayor utilidad en otros destinos.
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