La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina agradece a los y las artistas que participaron de las intervenciones artísticas durante las jornadas de vacunación COVID-19 desarrolladas viernes y sábado en el Galpón de las Artes.
Docentes y alumnos de la Escuela Municipal de Arte ‘Eduardo Andreussi’ estuvieron presentes brindando momentos de música y danza al personal de salud y a quienes esperaban ser atendidos.
Este domingo 7 la ciudad de Villa Regina festeja su 97 aniversario con espectáculos en vivo en el anfiteatro “Cono Randazzo” los días viernes, sábado y domingo; la previa será con artistas locales y los cierres estarán a cargo de artistas de renombre nacional. Por supuesto tendrá el típico desfile de instituciones, gastronomía, feriantes y…
El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.
El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.
Un viaje de lujo bajo la lupa judicial
Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.
El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.
Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.
El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.
La clave: el origen del dinero
El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.
El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.
Un escándalo que no llega solo
El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.
De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.
En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.
Entre el discurso y la realidad
El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.
La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.
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Manuel Adorni apostó a formalismos, generalidades y a la supuesta «confidencialidad» para no dar explicaciones sobre el escándalo de los viajes y las propiedades en el informe escrito que envió a la Cámara de Diputados antes de su presencia en el recinto.
Después de las quejas de los diputados opositores por la demora en enviar las respuestas escritas, el jefe de Gabinete lo mandó este miércoles a las 8 de la mañana. Fue una forma de complicarle el trabajo a los opositores, que apenas tuvieron dos horas para leer las 1936 páginas del informe.
En las 2151 preguntas que enviaron los diputados, hubo una enorme cantidad vinculada a los escándalos vinculados con el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni que investiga la justicia federal. El jefe de Gabinete contestó muy pocas y, en un anticipo de lo que podría pasar en el recinto, y reiteró el recurso de mandar a los opositores a buscar la información en determinada respuestas. El problema es que esas respuestas son vagas y sin explicaciones concretas.
Las preguntas sobre las omisiones en sus declaraciones juradas Adorni las respondió escudándose en la confidencialidad que beneficia a su esposa Bettina Angeletti. «El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente», dice la respuesta 1780.
Adorni tampoco quiso responder si su amigo y socio Marcelo Grandío le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, si lo declaró como tal y si le pidió a la Oficina Anticorrupción que evalúe el posible conflicto de intereses. «No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción», dice la respuesta 559.
Respecto a las contrataciones de la TV Pública y Radio Nacional -que dependían de Adorni- a Grandío, el jefe de Gabinete respondió con un formalismo casi una chicana. «El señor Marcelo Grandío no fue contratado por RTA», dice la respuesta 1655. Se sabe que los contratos no fueron a nivel personal sino con su productora Imhouse, que se sospecha también sería del funcionario. Adorni admitió la existencia de seis contratos con Imhouse, pero dice que RTA no le pagó nada.
Por otro lado, Adorni también apostó al formalismo de responder que «no se registran contrataciones» de la firma de su esposa, +BE, con el Estado nacional. Pero la sospecha es que esos contratos se triangularon con empresas y organismos estatales y también con proveedoras que súbitamente requirieron de los servicios de coaching de Angeletti.
Las vaguedades que respondió Adorni requerirán mayor seriedad para responder ante la Justicia que, según reveló Clarín, tiene documentado que el jefe de Gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos.
El Municipio, invita a toda la población de nuestra localidad y alrededores a presenciar una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, el domingo 3 de noviembre en las canchas que posee Banco Nación. El predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan XXIII y Lisandro de la Torre, tendrá como protagonista…
Donald Trump anunció como «terminadas las hostilidades con Irán» en una carta enviada al Congreso que le permitió evitar el plazo legal que lo obligaba a buscar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero.
El mensaje fue dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo cuando se cumplían los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Esa normativa establece que el presidente debe cesar el uso de las Fuerzas Armadas pasado ese plazo, salvo que el Congreso autorice la intervención o habilite una prórroga para la retirada de tropas.
Sin embargo, ninguna de esas opciones se concretó: el Senado volvió a rechazar un nuevo intento de los demócratas para frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana.
De todas formas, la Casa Blanca sostuvo que el plazo no corresponde porque las hostilidades ya habían cesado con el cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», afirmó Trump en la carta.
No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esa postura al señalar que el cese al fuego implica que el «reloj de 60 días se pausa o se detiene».
Chuck Grassley, preisdente protempore del Senado de EEUU.
Desde la oposición, el senador demócrata Tim Kaine advirtió que el estatuto no respalda esa lectura, mientras que su colega Richard Blumenthal sostuvo que «no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra».
No obstante, mas allá de declarar el fin de las hostilidades, la propia carta reconoce que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan «asegurar una paz duradera».
En paralelo, la Armada de Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y reprochó que «ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?». Además, volvió a calificar la norma como «totalmente inconstitucional», una postura que ya habían sostenido mandatarios como Bill Clinton y Barack Obama.
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