La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina agradece a los y las artistas que participaron de las intervenciones artísticas durante las jornadas de vacunación COVID-19 desarrolladas viernes y sábado en el Galpón de las Artes.
Docentes y alumnos de la Escuela Municipal de Arte ‘Eduardo Andreussi’ estuvieron presentes brindando momentos de música y danza al personal de salud y a quienes esperaban ser atendidos.
El gobierno de Estados Unidos oficializó este miércoles la aplicación de un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de productos importados desde Brasil, luego de concluir la investigación comercial iniciada bajo la Sección 301 de la legislación estadounidense.
La medida, que entrará en vigor el 22 de julio, representa un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre Washington y el gobierno de Lula en Brasil.
La decisión fue adoptada tras varios meses de investigación por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que acusó a Brasil de mantener prácticas comerciales consideradas discriminatorias para las empresas estadounidenses.
Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual.
Para la administración Trump, estas políticas generan ventajas indebidas para empresas brasileñas y restringen la competencia de compañías estadounidenses. Brasil, en cambio, rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de medidas soberanas compatibles con las normas internacionales.
A pesar de las negociaciones diplomáticas impulsadas por el gobierno brasileño y de la presión ejercida por empresas de ambos países para evitar una escalada comercial, Washington decidió mantener el gravamen del 25%.
Sin embargo, la medida incluye una extensa lista de excepciones. Más de 2.100 productos quedaron excluidos del nuevo arancel, entre ellos varios de los principales bienes exportados por Brasil hacia el mercado estadounidense, como la carne bovina, el café, el jugo de naranja, la celulosa, aeronaves y componentes aeronáuticos, además de otros productos agrícolas e industriales considerados estratégicos.
Entre los principales cuestionamientos figuran el funcionamiento del sistema de pagos instantáneos Pix, las políticas aplicadas al mercado del etanol, regulaciones sobre comercio digital y aspectos vinculados con la propiedad intelectual
La inclusión de estas exenciones busca reducir el impacto sobre las cadenas de suministro estadounidenses y evitar aumentos de costos para industrias que dependen de insumos provenientes de Brasil. Desde Brasilia, el gobierno de Lula respondió que utilizará la Ley de Reciprocidad Comercial para evaluar posibles medidas contra Estados Unidos y no descarta presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El gobierno brasileño sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y recuerda que, históricamente, Estados Unidos ha registrado superávit comercial en su intercambio con Brasil, por lo que rechaza el argumento de prácticas desleales.
Desde Washington, informó Folha de San Pablo, funcionarios de la administración Trump afirmaron que Brasil no mostró voluntad de negociar «de buena fe», mientras que el oficialismo brasileño interpreta el aumento de aranceles como una herramienta de presión política y económica.
El nuevo esquema arancelario añade incertidumbre al comercio bilateral entre las dos mayores economías del continente y abre la puerta a una posible escalada de represalias comerciales en las próximas semanas.
Aunque las excepciones limitan el impacto inmediato sobre algunos sectores clave, la medida incrementa la tensión entre ambos gobiernos en un contexto de creciente competencia económica y diferencias políticas.
La decisión llega en plena campaña para las elecciones presidenciales brasileñas y profundiza el deterioro de la relación entre Trump y Lula. De todas formas, en el entorno del líder del PT creen que esto potencia su candidatura y perjudica a Flavio Bolsonaro por mostrarse cercano a las políticas de Estados Unidos.
Sergio Berni busca crear una comisión bilateral para que la Legislatura bonaerense haga un seguimiento del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.
El jefe de los senadores peronistas en la Legislatura presentó un proyecto de Ley para garantizar la participación de la provincia en el proceso iniciado por el gobierno libertario.
La iniciativa propone la creación de una comisión integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. La idea es que esa comisión pueda intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la provincia y del país.
«Cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar ese derecho y que no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional», dijo Berni.
El senador tiene su armado político en Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Por eso, rápidamente brotaron las críticas del PRO -que gobierna ese municipio del norte bonaerense- a la iniciativa.
«Tendría más sentido que sobre el tema legisle su mujer (Agustina Propato) que es diputada nacional y es en la órbita donde funciona Nucleoeléctrica Argentina. Sin embargo, a Berni le gana el personaje», dijo la diputada provincial Natalia Blanco que tiene asiento en Zárate y responde a Cristian Ritondo.
Según el proyecto, la omisión de esa participación provincial por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.
Por estas horas, el gobierno se prepara para vender casi la mitad de Nucleoeléctrica Argentina. El plan es desprenderse del 49% de las acciones, en un movimiento que promete cambiar el tablero energético.
NASA controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 4,1% de la capacidad bruta del país, y genera el 7,35% de la energía del SADI. Además, es una rara avis entre las estatales: fue superavitaria. En el primer trimestre declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.
El negocio tiene también un trasfondo geopolítico: en paralelo se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, con potencial para cambiar la matriz energética del país. Argentina tiene 34.000 toneladas de reservas y consume unas 220 toneladas anuales; el resto puede exportarse.
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