¡Gracias por la música y la danza!

En un acto muy emotivo en la que se destacó el trabajo llevado adelante por los trabajadores de la salud frente a la pandemia, el Intendente Marcelo Orazi acompañó a la Gobernadora Arabela Carreras en la inauguración de las obras de ampliación del hospital de Villa Regina. Los trabajos permitieron ampliar la red de gases…

Patricia Bullrich fue el miércoles pasado a pedirle apoyo a uno de los senadores aliados para acelerar el trámite de los pliegos de los jueces que mandó el gobierno pero su colega la frenó en seco. La ex ministra se sorprendió con la respuesta que tuvo que escuchar: «ahora no vamos a avanzar con esto, esperemos», le contestó el legislador.

Bullrich, que camina por los pasillos del Senado pletórica y enérgica, se quedó en silencio pero comprendió la dificultad del oficialismo por el escándalo de Manuel Adorni, antes que el contratista revelara que el funcionario le pagó USD 245 mil para hacer las refacciones de la casa en el country de Indio Cuá.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios «están complicados» para juntar los votos que precisan en el recinto, algo que enciende las alarmas del ministro Juan Bautista Mahiques y una parte del Poder Judicial, donde se agolpan jueces y fiscales concursados para las más de 200 vacantes del sistema.

En rigor, los detalles sobre la cascada, el mármol travertino y el rumor de los sobresueldos detonaron la furia de los gobernadores, que ya venían masticando bronca por la falta de recursos en sus distritos y la intención de Javier Milei de eliminar las PASO. «Si no le mandan el telegrama de despido rápido, no habrá sesión por buen tiempo», dijo a LPO un legislador radical.

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Otro integrante de la bancada de la UCR sostuvo que «el efecto Adorni está complicando mucho más que los pliegos». «Todo impacta en la gestión y la gestión necesita dar buenas noticias, por eso la falta de gestión del gobierno es tan negativa e impactante como la mala gestión», comentó.

El peronismo seguía deliberando al cierre de esta nota sobre la chance de judicializar la pelea por los lugares que le quitó Bullrich en las comisiones en general y la de Acuerdos en particular, donde se dictaminan precisamente los pliegos de los jueces. Pero el peso del interbloque de José Mayans, que cuenta con 25 miembros, se juega más que nada en el recinto: con solo 12 voluntades más, la oposición puede voltear los pliegos de los candidatos que mandaron Milei y Mahiques.

Juan Bautista Mahiques.

Ese cálculo inquieta a Bullrich. Los radicales son 10 pero, además, presta atención a los movimientos de aliados como Flavia Royón, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Los cuatro se mueven en tándem con los designios de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Pero a ese lote se puede sumar el nombre del correntino Carlos «Camau» Espínola, que colaboró desde el principio con las leyes importantes para la Casa Rosada pero figura ahora entre los que pondrían reparos. «Los dialoguistas miran mucho al oficialismo y, si comienza el desbande, no serán ellos los que entren a la tumba», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones en el Congreso.

Si no le mandan el telegrama de despido rápido a Adorni, no habrá sesión por buen tiempo.

También es una incógnita la conducta que podrían adoptar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo mismo que los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

Como sea, el plan del ministro de Justicia es avanzar con el envío de 30 pliegos más en estos días, mientras continúa el cronograma de audiencias públicas para los candidatos cuyos expedientes ya ingresaron a la comisión de Acuerdos. En total, Milei habrá remitido cuando culmine esta nueva tanda un centenar de pliegos pero Bullrich deberá sortear la dificultad de conseguir el respaldo de los senadores que responden a gobernadores cercanos a la Rosada, durante el casting de Karina para encontrarle un relevo a Adorni.

Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.

El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.

El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.

Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.

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Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.

Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.

Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.