Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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  • ¿Por qué funciona el discurso anticomunista?

     

    En la campaña electoral de 2023, los gritos vehementes de Javier Milei denunciando el “zurdaje comunista” generaron incredulidad y hasta risas. ¿A quién le hablaba?, ¿a quién convocaba con ese discurso antiguo? pensamos muchos. Un asombro similar produjeron las declaraciones de Donald Trump, que en 2019 denunció el “Green New Deal” (la propuesta de un nuevo acuerdo ecologista) como “un Caballo de Troya para el socialismo en Estados Unidos”. Más lejano aun pudo parecer el lema “Comunismo o libertad” usado en la campaña electoral de 2021 por Isabel Díaz Ayuso, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y desde luego, está el caso de Jair Bolsonaro, uno de los pioneros en reavivar la tradición anticomunista. Hasta hace poco tiempo, en su dispersión y heterogeneidad estas menciones podían parecer trasnochadas o anacrónicas, dada la desaparición del horizonte del comunismo soviético. Sin embargo, esos candidatos han llegado al poder. Entonces: ¿trasnochados ellos o ingenuos nosotros?

    Estos líderes forman parte de una lista más larga de quienes, con mayor o menor vehemencia, reclaman contra la conspiración comunista, socialista o colectivista que aqueja al mundo. De la ecología a las políticas de género, de los impuestos al cuidado humanitario de inmigrantes, o la educación sexual, hoy muchas de las causas y valores de la renovación de la cultura democrática de las últimas décadas han sido tachados de comunistas, como un avance totalitario y opresor. En el caso de los sectores ultraliberales, la educación y la salud públicas –y todas las políticas redistributivas o progresivas– son consideradas nuevas formas de comunismo. Así, la gran familia de las nuevas derechas parece estar viviendo otra vez la Guerra Fría, más cerca del delirio paranoide que de algún enfrentamiento real con opciones anticapitalistas.

    ¿Anacrónico?

    El primer dato a considerar es que el anticomunismo de estos líderes no es una novedad; tiene una larga historia de persecución política y pensamiento conspirativo que atraviesa todo el siglo XX de Occidente y que se remonta incluso a décadas anteriores a la Guerra Fría, al menos hasta la Revolución Rusa de 1917. Lo mismo sucede con la historia de estas derechas: la novedad que representan tiene profundas raíces en la historia del conservadurismo y el nacionalismo de cada país y a escala global (1). Por tanto, el anticomunismo es tan antiguo como la historia de las derechas que hoy tratamos de entender. Pero esto no significa que el fenómeno actual sea la mera continuidad de ese pasado o que pueda pensarse como la simple reverberación del fascismo de entreguerras. Hay en las derechas radicales una novedad indiscutible en la manera en que disputan sus intereses bajo el juego político de la democracia liberal, al mismo tiempo que la socavan por dentro, tal como han señalado agudos observadores (2). ¿Cuál es la novedad de su anticomunismo? ¿Por qué y para qué movilizar imaginarios en apariencia old fashioned, especialmente para las jóvenes generaciones a las que se dirigen?

    Se suele decir que el anticomunismo es un discurso anacrónico, en un mundo donde, desde la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991) el comunismo no existe más como opción política. Por esa razón, el componente antimarxista de las nuevas derechas suele ser relegado como un dato más de una retórica florida. Esta perspectiva tiende a descartar el problema, considerando como una mera estrategia discursiva al elemento ideológico que organizó buena parte del conflicto político del siglo XX. La dificultad reside en entender “comunismo” en términos geopolíticos literales, como si solo se refiriese al mundo soviético, a los partidos comunistas en Occidente o a la defensa de un modelo anticapitalista. Y tal vez ese no sea el ángulo más productivo para pensar el problema. La pregunta es, más bien, otra: ¿qué están diciendo cuando dicen “comunismo”, y qué potencial político tiene hoy volver a movilizar este término?

    Feminismo, género, diversidades sexuales, raciales o religiosas, educación sexual, cambio climático, migraciones, islamismo, redistribución del ingreso, protección de las minorías y de los sectores sociales más vulnerables… La lista de ideas, proyectos o sujetos tachados de “marxismo cultural” o “socialismo” –según las declinaciones de cada profeta– muestran, de una punta a la otra del mapa global, que “comunismo” designa hoy los valores del llamado mundo “progresista” de las últimas décadas (“woke”, en su versión despectiva). En otros términos, el anticomunismo es una declinación a la antigua del actual antiprogresismo, con la diferencia de que hoy la disputa se produce dentro del capitalismo y con variaciones muy relativas. Sin embargo, en esas variaciones relativas, que parecen marginales dentro del capitalismo, se juega la vida de millones de personas. Al apelar a la potencia simbólica del término “marxista” o “comunista”, los líderes de derecha buscan recuperar la fuerza mayor de ese combate en el Occidente liberal (de todas maneras, la evocación no es igual en todos, y de hecho algunos líderes, como Marine Le Pen o Giorgia Meloni, no recurren tanto a la batería discursiva anticomunista). En cualquier caso, todos defienden el mismo sentido antiprogresista que los vehementes antimarxistas Santiago Abascal o Javier Milei.

     

    Antiprogresismo

    El segundo dato clave –ya muy conocido– es que el antiprogresismo es hoy el centro de la batalla cultural de las nuevas derechas globales, que en cada país adquiere sus propios contornos –antiperonista y ultraliberal en Argentina, islamobófico y antimigratorio en Europa o Estados Unidos–. Esa guerra cultural de la “internacional reaccionaria” parte del supuesto de que la izquierda, a pesar de su fracaso en la construcción del socialismo, se impuso en el terreno cultural. La verdadera lucha debería apuntar, para las fuerzas conservadoras, a la hegemonía del progresismo que destruye la sociedad occidental con su pensamiento “políticamente correcto” (3). Por eso mismo, se presentan como la rebelión contra un sistema que suponen conquistado y dominado por el progresismo y la izquierda. Por muy anacrónico que parezca, el anticomunismo es coherente y está en el corazón del proyecto ideológico de las nuevas derechas.

    El anticomunismo propone respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social.

    Una mención aparte merece el combate contra el feminismo y la “ideología de género”, combate que va más allá de sus élites dirigentes. ¿Por qué el feminismo y la diversidad sexual están en el centro de la disputa y de la denuncia anticomunista sobre el “marxismo cultural”? En la actual configuración de las democracias liberales, pocas cosas –o casi ninguna– representan una amenaza real al orden social. Sin embargo, el feminismo, en su impugnación antipatriarcal (que incluye el cuestionamiento del orden heterosexual como norma), conserva un poder subversivo y antisistema que no tiene ningún otro factor del progresismo actual (independientemente de las corrientes dentro del feminismo). Así, estas derechas, que se proclaman antisistema, luchan en realidad por la preservación de un orden social blanco, masculino y colonial que sienten socavado. Tal como lo hacía el anticomunismo del pasado, que veía el orden occidental en peligro e imaginaba conspiraciones paranoicas de la Casa Blanca a la Casa Rosada, de los hippies a las guerrillas, de las minifaldas al peronismo. Es aquí, en la lucha por la preservación del sistema, donde la impugnación de “marxista” o “comunista” aplicada al feminismo encuentra todas sus resonancias pasadas.

    Si bien la batalla cultural antiprogresista unifica a las nuevas derechas radicales, sus diferencias no son menores, especialmente en cuestiones como la economía y el nacionalismo. Estas variaciones indican, también, que el florecimiento de fuerzas radicales de derecha debe ser explicado en función de procesos y tradiciones locales –y no meramente como una “ola global”–. Es aquí donde el anticomunismo de Milei adquiere su rasgo distintivo: no se trata de la impugnación de las agendas culturales del progresismo biempensante, sino de la destrucción de todo resabio de políticas orientadas a las grandes mayorías sociales entendidas como formas de estatismo y colectivismo. Se trata de la gestión desnuda en favor de los intereses del tecno-capitalismo concentrado internacional. Con ello, el neoliberalismo argentino –en la versión iracunda de Milei– retoma una larga tradición de nuestras derechas. Basta con evocar la última dictadura para constatar que las derechas fueron tan anticomunistas como neoliberales y autoritarias, y que su principal oponente fueron las políticas estatistas, keynesianas y redistributivas, en general asociadas al peronismo y al kirchnerismo. Desde luego, esto parece dejar a Milei lejos del proteccionismo de Trump, pero muy cerca de la defensa compartida del tecno-capitalismo. En todo caso, el anticomunismo neoliberal de Milei se alinea cómodamente con el de Bolsonaro o José Kast.

    Dentro de estas variaciones nacionales, algunos argumentos de orden geopolítico explican los tópicos anticomunistas de manera más concreta, sin los efectos anacrónicos que parecen tener en boca de líderes como Milei. El caso más claro es Trump y su batalla por la supervivencia del poder imperial estadounidense frente a China. Ello le permite, sin excesivos retorcimientos históricos, identificar su enemigo en el “comunismo oriental”. De la misma manera, su electorado de origen latino vota entusiasta la condena a la “troika de la tiranía”, tal como la llamó su Consejero de Seguridad Nacional en 2018, John Bolton, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por la misma razón estratégica pero en sentido inverso, en Hungría Viktor Orban dejó de lado su discurso anticomunista –que asociaba la Rusia de hoy con la Unión Soviética– para pasar a una cercanía más pragmática con Vladimir Putin.

    Significante vacío

    Volvamos a nuestras preguntas de partida: ¿por qué y para qué movilizar el imaginario anticomunista? Si, una vez más, dejamos de pensar el comunismo en términos literales, surge un último elemento clave: el potencial político-simbólico del discurso anticomunista en su larga historia. Con mayor o menor pregnancia según los países, “comunista” ha funcionado también como un potente significante vacío negativo, capaz de ser llenado con los más diversos contenidos y sujetos, como un otro absoluto, peligroso y amenazante. Tanto es así que Alice Weidel, la dirigente de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), puede permitirse decir que Adolf Hitler era un “comunista”.

    La noción de significante vacío es particularmente útil para entender el peso del anticomunismo en Argentina, donde –salvo algunos momentos– no ha habido fuerzas de izquierda importantes, a diferencia de países como Brasil o Chile, donde el comunismo evoca miedos históricos bien reales. En Argentina “comunista” es, entonces, un sentido a ser llenado, que sirve para polarizar y designar un otro peligroso que pone en riesgo “nuestro” orden social y moral, nuestra comunidad. Es, por ello, un enemigo absoluto que debe ser eliminado (4). En la historia argentina, la denuncia del “peligro rojo” ha servido para generar miedos sociales y justificar la persecución de trabajadores, partidos de izquierda, peronistas y antiperonistas, mujeres, jóvenes, gays o artistas “transgresores”, cuyas prácticas, ideas o deseos parecían hacer tambalear el orden occidental y cristiano. Movilizado con fines instrumentales o con auténtica convicción ideológica, “comunista” o “marxista” ha funcionado en boca de las derechas como designación automática de un culpable de todos los males. Así, el anticomunismo finalmente propone certezas y respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social y amenaza sobre la comunidad de pertenencia. Esta potencia simbólica es la que sigue funcionando en el apelativo “comunista” aplicado en el presente. Por eso mismo, la pandemia de Covid –epítome máximo de la disolución final por venir– fue también un momento de renacimiento del anticomunismo.

    Es entonces este gran poder performativo de la acusación de “comunista”, tan sedimentado históricamente en el mundo occidental, lo que permite que las nuevas derechas –herederas al fin y al cabo de largas tradiciones conservadoras– sigan utilizando el término para arremeter en su batalla cultural. Sin duda, la movilización antiprogresista ha logrado dar una nueva vida al “miedo rojo” para las generaciones desencantadas de nuestro tiempo.

    1. Para el caso argentino, véase: Sergio Morresi y Martín Vicente, “Rayos en un cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en Argentina”, en Pablo Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, 2023.
    2. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018; Steven Forti, Democracias en extinción, Barcelona, Akal, 2024.
    3. Pablo Stefanoni, “Las mil mesetas de la reacción: mutaciones de las extremas derechas y guerras culturales del siglo XXI”, en J. A. Sanahuja y Pablo Stefanoni (eds.), Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas, Madrid, Fundación Carolina, 2023.
    4. Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco, Fantasmas rojos. El anticomunismo en la Argentina del siglo XX, UNSAM, 2024.

     

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    Cuando Buenos Aires dejó de ser una provincia dentro de la Nación: la guerra que terminó creando la Capital Federal

     

    En 1880, la guerra entre Nicolás Avellaneda y Carlos Tejedor terminó con la federalización de Buenos Aires y cambió para siempre la organización política argentina.

    Por Alcides Blanco para NLI

    El 24 de agosto de 1880, mientras la Argentina todavía intentaba cerrar las heridas abiertas por décadas de guerras civiles, la ciudad de Buenos Aires no era todavía exactamente la ciudad que conocemos hoy. Era, al mismo tiempo, capital de la Nación y capital de la provincia más poderosa del país, una superposición que escondía un conflicto mucho más profundo: quién controlaba el principal puerto, quién administraba las rentas aduaneras y, sobre todo, dónde debía residir el poder efectivo de un Estado nacional que todavía no había conseguido imponerse completamente sobre los intereses de las provincias y sobre el enorme poder económico y político de Buenos Aires. Aquel problema había atravesado buena parte del siglo XIX y volvió a estallar violentamente en 1880, cuando el gobernador bonaerense Carlos Tejedor se levantó contra el proyecto de federalización impulsado por el presidente Nicolás Avellaneda. La confrontación terminó con combates en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, el traslado del gobierno nacional al entonces pueblo de Belgrano y, finalmente, con una decisión que cambió para siempre la geografía política argentina: Buenos Aires dejó de pertenecer institucionalmente a la provincia y pasó a ser la Capital de la República.

    Una capital que pertenecía a dos poderes

    El problema venía desde la organización nacional posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas. En 1853, las provincias habían sancionado una Constitución que establecía un régimen federal y disponía que la capital debía ser una ciudad federalizada, pero Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación durante casi una década. La reunificación producida después de Pavón no resolvió completamente la cuestión porque la provincia porteña conservaba un peso económico excepcional derivado de su puerto y de las rentas aduaneras. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado nacional fue construyendo instituciones comunes, un Ejército nacional y un aparato administrativo cada vez más importante, pero la cuestión de la capital continuó pendiente. El conflicto no era meramente administrativo: detrás de la discusión sobre dónde debía funcionar el gobierno se encontraba la disputa por el control de los recursos que permitían financiar al Estado.

    La contradicción resultaba evidente. Buenos Aires era la sede de las autoridades nacionales, pero también era territorio de la provincia de Buenos Aires y estaba gobernada por autoridades provinciales que respondían a intereses propios. En una Argentina donde el puerto porteño concentraba buena parte del comercio exterior, esa situación otorgaba a la provincia una capacidad de presión que ninguna otra jurisdicción poseía. Por eso la federalización de la ciudad significaba mucho más que cambiar un domicilio: implicaba separar el centro político de la Nación del poder territorial de la provincia, otorgando al Gobierno nacional jurisdicción directa sobre el lugar donde funcionaban sus instituciones.

    Cuando Avellaneda avanzó decididamente hacia esa solución, encontró la resistencia del autonomismo porteño. Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se convirtió en el principal opositor al proyecto y comenzó a organizar fuerzas militares, mientras el Gobierno nacional también reforzaba su capacidad defensiva. El enfrentamiento fue adquiriendo una intensidad que hacía cada vez más probable una salida armada. La disputa por la capital, que podía parecer una cuestión jurídica para los historiadores posteriores, estaba a punto de convertirse nuevamente en una guerra entre argentinos.

    Belgrano, capital de emergencia

    La situación llegó a un punto crítico en junio de 1880. Tejedor se preparó para resistir la federalización y el Gobierno nacional decidió trasladar temporalmente sus autoridades fuera de la ciudad. Avellaneda y el Congreso se instalaron en Belgrano, que por entonces era un pueblo ubicado en las afueras de Buenos Aires y que hoy forma parte de la Ciudad Autónoma. El edificio donde funcionaba la municipalidad de Belgrano se convirtió en sede de las instituciones nacionales y allí sesionó el Congreso que terminaría sancionando la ley de federalización. El lugar es actualmente el Museo Histórico Sarmiento y conserva la memoria de aquellos meses en los que un barrio porteño fue, literalmente, el centro político de la República.

    Mientras las autoridades nacionales se refugiaban en Belgrano, la tensión se transformaba en combate. Las fuerzas de Tejedor se enfrentaron con tropas nacionales en distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Puente Alsina, Corrales y Barracas, mientras la escuadra nacional bloqueaba Buenos Aires. La magnitud de los enfrentamientos demostró que la cuestión de la capitalización no podía resolverse mediante una simple negociación entre dirigentes: los sectores enfrentados estaban dispuestos a utilizar la fuerza para imponer sus respectivos proyectos de organización nacional.

    La derrota de Tejedor selló el desenlace. El gobernador bonaerense renunció y el proyecto de federalización quedó finalmente liberado de la resistencia armada que había impedido concretarlo durante décadas. El 20 de septiembre de 1880, el Congreso sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de Buenos Aires bajo sus límites existentes. La norma estableció además que los establecimientos y edificios públicos situados en la ciudad quedarían bajo jurisdicción nacional, aunque mantuvo determinadas propiedades provinciales y dispuso mecanismos para resolver la transferencia de bienes y competencias.

    El proceso no fue simplemente una victoria militar de Avellaneda sobre Tejedor. Fue la resolución de una disputa que había acompañado prácticamente toda la organización constitucional del país. La ley convirtió una cuestión largamente discutida en una realidad institucional: la Nación tendría por fin una capital que no dependiera políticamente de una provincia.

    El nacimiento de una ciudad que ya no pertenecía a la provincia

    La federalización produjo una consecuencia que muchas veces queda escondida detrás de la fecha y del texto de la ley: Buenos Aires tuvo que dejar de ser la capital de la provincia que llevaba su mismo nombre. La provincia necesitaba entonces construir una nueva sede administrativa y política. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una nueva capital y en 1882 fue fundada La Plata, concebida desde el comienzo como una ciudad planificada y monumental destinada a reemplazar a Buenos Aires como capital bonaerense.

    La creación de La Plata demuestra hasta qué punto la federalización alteró el territorio argentino. No se trataba solamente de una modificación de jurisdicciones sobre un mapa: implicaba crear una nueva capital provincial, reorganizar oficinas públicas, trasladar instituciones y redefinir las relaciones entre la provincia y la Nación. Buenos Aires, mientras tanto, comenzó a desarrollar una identidad política propia como capital federal, aunque durante mucho tiempo seguiría siendo también el centro económico, financiero, cultural y demográfico de todo el país.

    La nueva situación exigió además la creación de estructuras específicamente nacionales para administrar el territorio federalizado. En diciembre de 1880, por ejemplo, la Nación recibió la Policía de Buenos Aires y creó la Policía de la Capital, destinada a garantizar el ejercicio de la autoridad nacional sobre la ciudad. El primer jefe fue Marcos Paz, designado por Julio Argentino Roca, quien había asumido la Presidencia el 12 de octubre de ese año.

    La federalización también abrió una nueva etapa política. El Estado nacional pudo consolidar su presencia institucional y avanzar durante las décadas siguientes en la construcción de una administración centralizada, mientras el país ingresaba en un período de crecimiento económico, expansión ferroviaria, inmigración masiva y desarrollo del modelo agroexportador. La etapa que comenzó alrededor de 1880 suele ser presentada como la consolidación del Estado nacional, aunque esa consolidación tuvo también sus contradicciones: el poder político quedó concentrado en una elite estrecha y el Partido Autonomista Nacional dominó durante décadas la estructura institucional.

    La guerra que terminó dibujando el mapa político argentino

    La historia de la federalización de Buenos Aires permite entender que la construcción del Estado argentino estuvo lejos de ser un proceso pacífico y lineal. Durante décadas, la disputa entre Buenos Aires y las provincias había enfrentado proyectos económicos y políticos diferentes, y la cuestión de la capital condensaba todos esos conflictos. Quién controlaba Buenos Aires tenía una importancia que excedía ampliamente a la ciudad, porque significaba controlar el principal centro económico del país, el puerto y buena parte de las herramientas materiales necesarias para ejercer el poder nacional.

    Por eso resulta significativo que la ley que finalmente convirtió a Buenos Aires en Capital Federal haya sido sancionada después de una guerra interna. El edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento recuerda justamente esa circunstancia: durante algunos meses, el Estado argentino tuvo que abandonar su sede habitual porque la ciudad que debía ser capital era, al mismo tiempo, el territorio de un gobernador que se rebelaba contra el poder nacional.

    A partir de entonces, la relación entre Buenos Aires y la Nación quedó definitivamente transformada, aunque no desapareció la tensión entre el poder concentrado en la capital y el resto del territorio. La Argentina que surgió de 1880 consiguió construir un Estado nacional mucho más fuerte, pero también consolidó una estructura territorial profundamente centralizada alrededor de Buenos Aires, una característica que continuaría generando debates durante todo el siglo XX y que todavía forma parte de las discusiones sobre federalismo, distribución de recursos y concentración económica.

    La paradoja histórica es que la federalización buscaba resolver el problema de Buenos Aires como poder autónomo y terminó convirtiendo a la ciudad en el centro indiscutido de la Nación. La provincia perdió su capital histórica y recibió una nueva; el Estado nacional obtuvo jurisdicción sobre la ciudad, pero Buenos Aires comenzó a concentrar una influencia política, económica y cultural todavía mayor. La guerra de 1880 puso fin a una etapa de enfrentamientos por la organización territorial del país, pero también dejó instalada una pregunta que la Argentina nunca terminó de resolver completamente: cómo construir un verdadero federalismo cuando la capital concentra una parte tan extraordinaria del poder.

    Aquel 24 de agosto de 1880, por lo tanto, no debe recordarse solamente como una fecha dentro de la larga lista de efemérides nacionales. Fue uno de los momentos en que la Argentina terminó de decidir dónde estaría su corazón político y, al hacerlo, también definió buena parte de su estructura territorial para el siglo siguiente. Buenos Aires dejó de ser la capital de una provincia para convertirse en la capital de todos, pero el precio de aquella solución fue una concentración que todavía hoy marca la vida nacional. La historia de la federalización no es solamente la historia de cómo se resolvió una vieja disputa entre porteños y provincianos: es la historia de cómo nació una Argentina políticamente unificada que, desde entonces, nunca dejó de discutir cuánto poder debía vivir en su capital y cuánto debía regresar al resto del país.

     

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  • Karina manda Santilli a negociar con Macri y deja afuera a Bullrich

     

    Mauricio Macri habló por teléfono con Karina Milei para acercarse al gobierno tras meses de distanciamiento y acordó con la hermana del presidente la creación de una mesa política que debutará este jueves en la Rosada.

    La mesa la integrarán Diego Santilli y Lule Menem, por el lado del gobierno, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, de parte de Macri. Curiosamente, tres cuartas partes de la mesa proviene del PRO, como el 80% de los ministros de Milei, pero Macri no es quien toma las decisiones.

    Las milanesas compartidas por Macri y Milei quedaron en el recuerdo. El líder del PRO tuvo que ir al pie de Karina, a quien menospreciaba en los comienzos del gobierno libertario, y el presidente se recluyó en Olivos delegando en su hermana toda la gestión.

    El propio Milei le admitió este miércoles a Infobae que quien toma las decisiones es la mesa política, que no comanda él sino su hermana. Como explicó LPO, la mesa vino a suplir las reuniones de gabinete por decisión de Karina.

    Fuentes al tanto de la conversación entre Macri y Karina dijeron a LPO que no se debatirá sobre la suspensión de las PASO sino que sólo se hablará de acuerdos políticos. 

    El principal interés de Macri es que los libertarios no le saquen el control de la Ciudad. Jorge Macri está permeable a un acuerdo con La Libertad Avanza, que incluiría dejarles la vicejefatura de gobierno a cambio de que lo ayuden a reelegir en la Ciudad.

    El primer damnificado con la creación de esta mesa es Hernán Lacunza, que sólo días atrás lanzó su candidatura presidencial por el PRO, pese a que ni siquiera está afiliado al partido amarilo.

    La otra perjudicada es Patricia Bullrich, que viene del PRO como Ritondo, de Andres y Santilli, pero no fue invitada a la nueva mesa, pese a que forma parte de la mesa política del gobierno y es quien mejor mide en la Ciudad.

     

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