El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.
Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.
En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.
Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.
Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.
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El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria a Granja Tres Arroyos en el marco del conflicto abierto con las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.
La conciliación obligatoria será por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.
Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores.
En el marco de la audiencia, se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.
Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores.
La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.
La compañía argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
Julio Chamorro, secretario general del STIA, rechaza esos argumentos: «Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial», señaló.
Walter Correa.
Además, destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. «No es real, el consumo de pollo sigue creciendo», afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. «Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones», sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.
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