El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.
Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.
En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.
Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.
Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.
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El libertario Gonzalo Roca pidió este miércoles, en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, la postergación del trámite contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral. El pedido resultó curioso porque ese magistrado fue el que censuró a los medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo revelando la presunta trama de corrupción que involucraría a Karina Milei y los Menem.
Pero el problema es que en las últimas semanas también ingresó un expediente desde la comisión de Disciplina por el cual la actriz Esmeralda Mitre también denuncia a Maraniello, por su inacción ante el maltrato que le habría dispensado Julio Saguier en una audiencia en el marco del litigio por la sucesión del diario La Nación.
Según el testimonio de la heredera de los Mitre, el juez habría cometido «omisión consciente de actuar ante actos de violencia de género» por haber permitido que su contraparte la insultara sin intervenir. «Su inacción no fue un descuido, sino una omisión consciente de su deber de garantizar un proceso libre de violencia», dejó asentado ante el Consejo.
La jugada de Roca para ayudar a Maraniello se produce, además, justo cuando Javier Milei escala su confrontación contra los periodistas en general y el diario La Nación en particular, tal como informó LPO.
Por eso, sorprendió la maniobra al resto de los consejeros, que terminaron revelando que ese no había sido el acuerdo en la reunión previa al debate pero acompañaron la iniciativa con su voto, incluso los kirchneristas, en un insólito intercambio con el diputado cordobés, que con sus intervenciones seguía aportando a la confusión.
A poco de iniciar la reunión, Roca planteó: «Tratemos todos los expedientes de todas las causas en conjunto para no ser improlijos (SIC)». El problema, advertido enseguida por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, era que ya se había votado uno de los cuatro expedientes que tramitaban contra el juez.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola.
El larretista Álvaro González, desconcertado, pidió la palabra y preguntó: «qué es lo que estamos… (votando)». Tailhade rió y Roca se puso nervioso.
El presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, trataba de interpretar el pedido del diputado libertario y, junto a su par César Grau, tradujeron que Roca promovía la postergación para «analizar y acumular los expedientes a los fines de la economía procesal».
Sin embargo, Roca volvió a intervenir. «Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente», solicitó.
Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente.
El representante del Poder Ejecutivo en el consejo, Santiago Viola, no podía disimular su incomodidad. Es que el viceministro de Justicia ofició como abogado de Karina cuando Maraniello censuró la circulación de los audios de Spagnuolo en los que atribuía a la hermana presidencial el supuesto cobro de coimas en la Andis.
En ese contexto, el senador Luis Juez confesó: «nos estamos enredando, a mí me parece una cosa de locos». La diputada Vanesa Siley, por su parte, objetó la propuesta de Roca: «Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar», argumentó.
Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar.
Maques, resignado, concluyó: «Por esta vez en particular, todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido».
LPO había informado que la secretaria privada y jefa de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 lo había acusado de «maltratado». Según su exposición, Maraniello «usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación», entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C Paz (en uso de licencia) Mario Ishi. «Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial -aseguró-. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites», expresó.
El magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, a través de distintas presentaciones que formularon empleados en el sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la comisión de Disciplina se había escuchado a testigos como el ex camarista Guillermo Antelo, quien contó que oyó a una de las víctimas decir que Maraniello le exigía «usar pollera y tacos» y «todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba».
Mientras impulsa un cambio en el proceso de selección de magistrados, Carlos Rosenkrantz traba un concurso para cubrir una vacante clave en la Capital Federal.
Junto con Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz busca modificar el reglamento con el que el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Asegura que el proyecto busca transparentar la elección de magistrados, pero en realidad la fuerza motora de ese cambio parece ser el sector más concentrado del establishment.
Pero la presión no cesa. Según publicó La Nación, Lorenzetti y Rosenkrantz comenzaron a citar a la Corte a los consejeros a reuniones individuales y personales para persuadirlos de que no debatan ni modifiquen el proyecto que ellos redactaron, en sintonía con las cámaras empresariales. Una presión pocas veces vista en la historia del Consejo de la Magistratura.
«Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así», bromeó un consejero ante la consulta de LPO.
La falta de jueces y fiscales es uno de los mayores problemas que tiene la administración de justicia. Para comenzar a subsanarlo, en los últimos meses se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir una parte de las más de 360 vacantes en la justicia.
Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así.
Esos pliegos habían pasado por el Consejo, que elevó ternas al poder ejecutivo. Tras el cambio de ministro de Justicia, Milei envió un listado al Senado.
Rosenkrantz parece haber puesto todo su empeño en la transparencia de la selección de jueces, aunque aún no entregó el informe correspondiente al Concurso 527, en el que se desempeña como jurado.
Ese concurso es para avanzar con un cargo clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del TSJ porteño, Inés Weinberg, también es parte del jurado junto a Carlos Hugo Valdéz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.
Rosenkrantz debería haber elevado su informe el 6 de marzo pasado, pero aún no lo envió. El reglamento del concurso prevé que demora más de 10 días en entregar su informe perderá los honorarios estipulados y no podrá intervenir en ningún otro concurso por cuatro años.
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