Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

 

La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

Una política energética cada vez más concentrada

La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse

La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

 

 

En muchos lugares del interior argentino, el cierre del ferrocarril significó mucho más que perder un servicio de transporte. Algunas localidades quedaron sin tren, sin trabajo y, con el tiempo, prácticamente sin habitantes. Pero hubo pueblos que llegaron a tener una vida cultural sorprendente: clubes, cines, bibliotecas, bailes y comercios que hoy cuesta imaginar cuando se observan sus calles silenciosas.

Por Redacción de NLI

Hay una Argentina que no aparece en los grandes mapas turísticos. Está formada por pequeños pueblos que alguna vez tuvieron estación ferroviaria, almacén, escuela, club social, iglesia, taller mecánico y una plaza donde se conocían todos. Algunos llegaron a tener una actividad cultural que hoy asociamos exclusivamente con las grandes ciudades: proyectaban películas, organizaban bailes, recibían compañías teatrales y tenían sociedades de fomento que funcionaban como verdaderos centros comunitarios. Después, lentamente, muchas de esas localidades comenzaron a vaciarse. El tren dejó de pasar, las oportunidades laborales desaparecieron y las nuevas generaciones se marcharon. Lo que quedó fueron edificios abandonados y una memoria que todavía sobrevive entre quienes nacieron allí.

Cuando el tren llevaba también cultura

Durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril fue mucho más que una infraestructura destinada a trasladar pasajeros y mercancías. Para cientos de pueblos argentinos representaba el vínculo cotidiano con el resto del país. Por sus vías llegaban diarios, cartas, medicamentos, herramientas, alimentos y visitantes. Pero también llegaban músicos, compañías teatrales, proyectores cinematográficos y películas.

El desarrollo del cine ambulante tuvo una importancia especial en esos lugares. Antes de que existieran salas modernas y antes de que la televisión ingresara masivamente a los hogares, una función cinematográfica podía convertirse en el acontecimiento de la semana. En algunos pueblos la proyección se realizaba en salones de clubes, sociedades de fomento o edificios improvisados como salas de espectáculo.

La experiencia tenía algo que hoy resulta difícil de reproducir. Ver una película no era una actividad doméstica: implicaba salir de casa, encontrarse con vecinos, comprar una entrada y compartir durante un par de horas una misma historia con toda la comunidad. El cine era entretenimiento, pero también era una forma de sociabilidad.

En muchos pueblos, además, el club cumplía funciones que excedían ampliamente al deporte. Allí funcionaban bibliotecas, salones de baile, comisiones de ayuda, espacios para reuniones políticas y sociales, canchas y, en algunos casos, verdaderas salas culturales.

El edificio podía ser modesto, pero su importancia para la comunidad era enorme.

El pueblo que desaparece cuando desaparecen sus instituciones

El problema comenzó cuando cambió la estructura económica que había permitido crecer a aquellas localidades. La mecanización de las tareas rurales redujo la necesidad de trabajadores, mientras las rutas comenzaron a desplazar progresivamente al ferrocarril como principal medio de comunicación.

La situación se profundizó con las sucesivas políticas de cierre de ramales ferroviarios aplicadas durante distintas etapas de la historia argentina. Cuando una estación dejaba de funcionar, el impacto se multiplicaba. El almacén vendía menos, el hotel recibía menos pasajeros, el taller perdía clientes y la escuela comenzaba a tener menos alumnos.

El proceso no ocurría de un día para otro. Era una especie de erosión demográfica. Primero se iba una familia; después otra. Los jóvenes viajaban a las ciudades para estudiar y muchos ya no regresaban. Los comercios reducían sus horarios y finalmente cerraban. El club comenzaba a tener menos socios. La biblioteca perdía lectores. El cine dejaba de proyectar películas.

Y entonces ocurría algo fundamental: el pueblo no solamente perdía habitantes. Perdía lugares de encuentro.

Esa diferencia es importante para comprender por qué muchas localidades terminaron convirtiéndose en pueblos fantasma. Una comunidad puede sobrevivir con pocos habitantes si conserva instituciones, servicios y vínculos. Pero cuando desaparecen simultáneamente la estación, el comercio, la escuela, el club y los espacios culturales, mantener una población estable se vuelve cada vez más difícil.

Las ruinas de una Argentina que todavía vive en la memoria

Hoy pueden encontrarse en distintas provincias edificios que alguna vez fueron centros de una intensa vida comunitaria. Antiguos cines con sus fachadas deterioradas, estaciones convertidas en museos, clubes sostenidos por unos pocos socios y viejas bibliotecas donde los libros permanecen como testigos de una época distinta.

Para quienes recorren esos lugares, resulta difícil imaginar que allí alguna vez hubo cientos de personas esperando el tren, familias caminando hacia el cine o multitudes reunidas para un baile.

Pero las ruinas no cuentan toda la historia.

En muchos pueblos, antiguos habitantes regresan periódicamente para fiestas, aniversarios o reuniones familiares. Los clubes recuperan actividades. Algunas estaciones ferroviarias son restauradas. Viejas salas vuelven a utilizarse para eventos culturales. La memoria se convierte así en una forma de resistencia frente al abandono.

Hay algo profundamente argentino en esa relación con los pueblos ferroviarios. La nostalgia no se explica solamente por el deseo de recuperar un pasado idealizado. También existe el reconocimiento de que aquellas pequeñas localidades representaban una forma de integración territorial en la que el desarrollo no estaba concentrado exclusivamente en las grandes ciudades.

Un cine de pueblo podía parecer insignificante frente a las grandes salas de Buenos Aires o Rosario. Una biblioteca con unos pocos cientos de libros podía parecer modesta frente a una universidad. Un club con una cancha de tierra difícilmente podía competir con las grandes instituciones deportivas. Pero para quienes vivían allí, esos espacios eran el centro de la vida social.

Por eso, cuando desaparecieron, desapareció algo mucho más grande que un edificio.

La historia de esos pueblos permite pensar qué significa realmente desarrollar un territorio. No alcanza con construir una ruta o inaugurar una obra aislada. Una comunidad necesita transporte, escuelas, hospitales, trabajo, conectividad y también lugares donde encontrarse.

Quizás por eso las viejas estaciones, los clubes y los cines abandonados producen una sensación tan particular. No son solamente edificios viejos. Son las huellas materiales de una sociedad que alguna vez tuvo otra distribución territorial y otra relación con el tiempo.

Y detrás de cada fachada descascarada existe una historia que merece ser contada: la de las personas que llegaron, trabajaron, formaron familias, fueron al cine, bailaron, viajaron en tren y construyeron una vida en lugares que hoy muchas veces apenas aparecen en un mapa.

Porque un pueblo no desaparece solamente cuando deja de tener habitantes. También desaparece cuando dejamos de recordar para qué existió.