Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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    Cuando la Selección Argentina enfrente el próximo viernes a Cabo Verde por un pase a los octavos de final del Mundial, no solo se cruzará con una de las grandes revelaciones del torneo. También se medirá con un país cuyo nombre aparece en uno de los documentos más trascendentales de la historia de América y, por extensión, de la propia Argentina. Mucho antes de que existieran nuestro país, Brasil o cualquiera de los actuales Estados sudamericanos, unas pequeñas islas frente a la costa occidental de África sirvieron como punto de referencia para dividir el mundo.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia de la conformación territorial argentina comienza, en buena medida, con una línea imaginaria que el papa Alejandro VI ordenó trazar en 1493 y que debía medirse desde las islas de Cabo Verde. Aquella decisión, plasmada en la bula Inter Caetera, marcaría durante siglos la geografía política del continente y sería el antecedente directo del Tratado de Tordesillas, uno de los acuerdos diplomáticos más influyentes de la historia moderna.

    Una línea imaginaria que cambió el mapa de América

    Tras el primer viaje de Cristóbal Colón, Castilla y Portugal disputaban el control de las nuevas tierras descubiertas en el Atlántico. Para evitar un conflicto abierto, los Reyes Católicos recurrieron al papa Alejandro VI, quien emitió la bula Inter Caetera el 4 de mayo de 1493.

    El documento establecía una línea de norte a sur ubicada 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al oeste correspondería a Castilla; lo situado al este quedaría para Portugal. Aunque la ubicación exacta de esa línea sigue siendo discutida por los historiadores debido a las distintas formas de medir las leguas y a que Azores y Cabo Verde no comparten el mismo meridiano, el principio político quedó establecido: el océano Atlántico sería dividido utilizando a Cabo Verde como referencia geográfica.

    Portugal consideró insuficiente esa delimitación y exigió renegociarla. Apenas un año más tarde, ambas coronas firmaron el Tratado de Tordesillas, desplazando la línea hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ese cambio resultó decisivo: permitió que la futura costa brasileña quedara dentro de la esfera portuguesa mientras el resto de la mayor parte de Sudamérica permanecía bajo dominio castellano. Sin esa modificación probablemente hoy Brasil hablaría español, o incluso podría no existir como el país que conocemos.

    Para la futura Argentina, aquellas decisiones tuvieron consecuencias enormes. Los territorios que luego integrarían el Virreinato del Río de la Plata y, más tarde, las Provincias Unidas y la República Argentina, quedaron comprendidos dentro del espacio jurídico adjudicado a la Corona de Castilla, sobre el cual se apoyaría posteriormente el principio del uti possidetis juris utilizado durante las independencias americanas, una doctrina del derecho internacional que establece que los nuevos Estados independientes conservan las fronteras administrativas que tenían cuando eran colonias.

    Las pequeñas islas que terminaron entrando en la historia argentina

    El archipiélago de Cabo Verde está formado por diez islas volcánicas ubicadas a unos 600 kilómetros de la costa africana. Cuando los navegantes portugueses llegaron allí hacia 1456 encontraron un territorio deshabitado, sin población permanente. Poco después comenzó su colonización y las islas se transformaron rápidamente en un importante centro de abastecimiento para las expediciones atlánticas y en uno de los principales puertos del comercio esclavista portugués entre África, América y Europa.

    Durante siglos, Cabo Verde permaneció bajo dominio portugués y recién alcanzó su independencia el 5 de julio de 1975, luego de un largo proceso anticolonial impulsado junto con Guinea-Bisáu por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).

    Actualmente es una de las democracias más estables del continente africano y una economía que ha logrado destacarse por su desarrollo institucional, el turismo y los servicios, pese a la escasez de recursos naturales.

    Aunque la relación entre Argentina y Cabo Verde nunca fue particularmente intensa, existen algunos vínculos interesantes. Durante fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX llegaron al país pequeños contingentes de inmigrantes caboverdianos, muchos de ellos marinos y trabajadores portuarios que se radicaron principalmente en Ensenada, Dock Sud y Mar del Plata. Con el tiempo formaron una de las comunidades afrodescendientes organizadas más importantes del país, conservando tradiciones culturales que aún hoy perduran en asociaciones civiles y centros culturales.

    Paradójicamente, muchos argentinos desconocen esa presencia histórica mientras sí conocen a Cabo Verde únicamente por su selección de fútbol.

    El viernes, cuando el árbitro dé inicio al partido entre Argentina y Cabo Verde, se enfrentarán dos países separados por más de nueve mil kilómetros de océano. Sin embargo, mucho antes de que existiera la camiseta albiceleste o la nación caboverdiana, aquellas islas africanas ya figuraban en el documento que comenzó a delinear el mapa político del continente donde nacería la Argentina. En cierto modo, la historia de nuestro territorio también empezó midiendo distancias desde Cabo Verde.

     

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    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

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    Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.

    Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo

    La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.

    Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.

    El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.

    En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.

    La investigación sigue abierta

    La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.

    Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.

    Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.

    La vara de la moralidad

    Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.

    Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.

    No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.

     

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