El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.
Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.
En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.
Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.
Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.
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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.
La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.
Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.
La guerra interna ya es inocultable
El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.
Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.
La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.
Un gobierno atravesado por las disputas de poder
Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.
La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.
La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.
Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.
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