Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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    Paula Penacca y Germán Martínez.

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    Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes.

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    En Comprar, la plataforma de contrataciones que utiliza el estado argentino, figuran cinco procesos que incluyen a la AACI, todos vinculados a Cancillería. No hay ninguno que detalle cuánto costó el programa para 2025, el año en que cursaron solo 10 estudiantes por la aludida reestructuración funcional.

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    La entidad que dirige la esposa de Sturzenegger siempre fue contratada en forma directa, uno de los mecanismos de contratación menos transparentes del Estado.

    Es una incógnita que llevó a Cancillería a multiplicar por 13,2 la cantidad de alumnos prevista para 2026.

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    Si se dividen los 114 millones de pesos del costo total del contrato por la cantidad de alumnos prevista, Cancillería pagará casi 864 mil pesos por cursante, aunque no queda claro qué ocurrirá si los inscriptos son menos. En 2024, el Estado pagó un promedio de 400 mil pesos por alumno a la misma asociación.

     

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