Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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    Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe que investigan casos de comercio urbano de droga recurrieron a un recurso poco habitual para desbaratar un punto de venta de cocaína en Rosario. Lo que hicieron fue fingir ser distribuidores en una aplicación de delivery y actuar durante un partido de la selección. 

    Usando motos con cajas de reparto entraron en el pasillo donde estaba el domicilio a requisar como si fueran a entregar un pedido. Con eso lograron el allanamiento, la detección de la droga y la detención de los que estaban en el lugar.

    La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Pero el equipo de la fiscal Mercedes Banchio detectó que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. Con nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

    El equipo de Prensa del gobierno santafesino dio cuenta de que fueron demorados tres hombres mayores de edad. Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de 700 mil pesos, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Los detenidos son Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54. Uno de ellos tenía un pedido de captura de la Justicia Penal de Entre Ríos.

    Fue en José Ingenieros al 7600, en el barrio de Fisherton. A partir de tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

    La maniobra fue planificada para realizarse minutos antes de un partido del Mundial, en un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual en el barrio. Los investigadores se movilizaron en motocicletas con cajas de delivery y lograron ingresar al pasillo sin llamar la atención. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, irrumpieron por sorpresa y evitaron que los sospechosos pudieran escapar o descartar la droga.

    Durante la requisa, la policía encontró en el bolsillo de uno de los hombres varios envoltorios de cocaína. Además, secuestró una riñonera con dinero que, según la investigación, era utilizada para la venta de droga.

    En el operativo participó un perro adiestrado, Kenzo, que marcó más droga escondida en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

    El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.

    «Gracias a la Ley de Microtráfico, que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro, se pudo realizar este allanamiento utilizando nuevas técnicas que denominamos ‘Operativo App’ u ‘Operativo Rapi'» dijo el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini. «La Policía de Investigaciones avanzó sobre esta vivienda mediante una orden judicial, pero con una modalidad distinta a la habitual», indicó.

    Según sostuvo Angelini, este tipo de intervención evita que ante una irrupción policial convencional, los sospechosos descarten la droga o escapen por los techos. «Estas nuevas modalidades permiten impedir que destruyan pruebas o huyan, haciendo mucho más efectivo el procedimiento», observó.

    El funcionario destacó además que el valor de estos operativos no se limita a las detenciones o al secuestro de droga. «Son muy importantes los teléfonos celulares y todo el material electrónico que se obtiene en estos allanamientos, porque permiten abrir nuevas líneas de investigación y avanzar sobre las distintas cadenas de distribución del narcomenudeo», analizó.

     

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    En concreto, el Sutna advirtió que este viernes por la mañana se generaron movimientos extraños en el predio de la empresa en San Fernando, donde existe una permanencia de trabajadores desde que se anunció el cierre, en febrero pasado.

    «Metieron camiones, supuestamente para retirar mercadería y situaciones que no podemos saber pero que montaron una provocación. Hemos hablado con el gremio de Camioneros y los camiones se han retirado. Luego, tuvimos un episodio más vergonzoso, mediante la utilización de un escribano arriba de una camioneta con un nuevo equipo de seguridad», señalaron.

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    El relevamiento del Centro de Almaceneros, que funciona como un anticipo del registro oficial, determinó una inflación mensual del 2,05%, con un acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,8%. 

    Sin embargo, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 37,3% en doce meses, por encima del índice general, una diferencia que explica por qué la desaceleración de los precios todavía no se traduce en una mejora del poder adquisitivo. Para una familia tipo de cuatro integrantes, no caer debajo de la línea de pobreza ya exige ingresos por $1.997.833, mientras que evitar la indigencia demanda $1.090.624 mensuales. 

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    El dato que más preocupa al sector comercial es que el consumo continúa desplomándose. Las ventas en los comercios de proximidad dedicados a alimentos registraron una caída interanual del 8,3%, una tendencia que ya lleva varios meses consecutivos y que ni siquiera el movimiento extraordinario generado por el Mundial de fútbol logró revertir. La consecuencia empieza a trasladarse directamente a la supervivencia de los negocios. 

    El relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba revela que el12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año.

    El 12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año. 

    El deterioro comercial tiene un correlato directo en la situación social. El informe muestra que el 76,1% de las familias considera que hoy se alimenta peor que hace un año, mientras que el 57,1% reconoce que durante julio no pudo cubrir satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria. 

    Jumbo y las tarjetas aprovechan la necesidad de la gente para «financiar» la comida con tasas cercanas al 100%

    Incluso entre quienes sí lograron alcanzarla, siete de cada diez necesitaron algún tipo de asistencia estatal para hacerlo. La inseguridad alimentaria también dejó de expresarse únicamente en el reemplazo de productos por otros más baratos. Ahora impacta directamente sobre la cantidad de comida consumida. 

    El 38,3% de los hogares admite que algún adulto redujo sus porciones para priorizar al resto de la familia. Y en el 27,8% de las viviendas donde viven niños, alguno de ellos tuvo que comer menos por falta de dinero. El otro gran fenómeno que detecta el informe es el endeudamiento para sobrevivir. 

    El 88,5% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos durante el último mes. El mecanismo más utilizado fue el fiado en comercios de barrio (39,3%), seguido muy de cerca por las tarjetas de crédito (37,9%). Un mecanismo que deja a las famialias a merced de las tasas usurarias que cobran tarjetas e hipermercados y que en los hechos hace que el precio d ela comida está muy por arriba de lo que marca el precio de góndola, como reveló LPO.

    El crédito dejó de utilizarse para consumos extraordinarios y pasó a financiar necesidades básicas. El panorama financiero de las familias tampoco ofrece margen para absorber nuevos golpes. El 92% de los hogares asegura que podría sostener sus gastos durante menos de un mes si perdiera sus ingresos, y dentro de ese universo, el 58% apenas resistiría una semana. A su vez, el 87% no podría afrontar con recursos propios un gasto extraordinario de $150.000.

     

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