El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.
Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.
En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.
Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.
Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.
Tenemos recetas para todo, y para todos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos las soluciones para los problemas de los demás, también tenemos una palabra que se nos escapa sin haber conectado con aquél que estaba enfrente. Resolvemos temas de afuera rapidísimo, casi sin emoción alguna, con perspicacia y…
Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi encabezó la presentación del camión regador que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Regina con fondos provenientes de las cámaras de transferencia con una inversión superior a los $8 millones. Esta maquinaria se suma a la motoniveladora que llegó el mes pasado y que había sido comprada a…
La Justicia Federal de Rosario dispuso la intervención empresaria de Vorterix Rosario que fue adquirida en 2018 por un grupo que tuvo como su dueño en las sombras a un hombre implicado en el tráfico internacional de cocaína mediante avionetas en vuelos clandestinos hacia distintos lugares del país.
La determinación fue requerida por la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y admitida por 90 días este martes por el juez federal Carlos Vera Barros. Es un legajo impulsado por el fiscal federal Juan Argibay Molina que avanzó tras la detención de Brian Bilbao en noviembre del año pasado. Se trata de un rosarino que lideró una organización de narcotraficantes y fue apresado tras dos años prófugo en la localidad bonaerense de Pavón tras el aterrizaje de una aeronave con 956 kilogramos de cocaína. Ese mismo día una avioneta cayó a tierra en Arequito, Santa Fe, donde se hallaron otros 60 kilos de cocaína acondicionados de la misma forma que los que transportaba Bilbao.
El fiscal Argibay Molina pidió ahora la intervención de Vorterix Rosario -VTX Rosario-para que los movimientos accionarios queden bajo el control de un síndico ya que se tiene acreditado que la compra del teatro ligado a la conocida radioemisora de Buenos Aires -que no tiene ningún vínculo con esta investigación- fue concretado con dinero del narcotráfico con fines de lavado.
Vorterix Rosario era una emisora con sistema de redes que controlaba un teatro donde se organizaban shows de rock de primer nivel. Y que incluía también la administración de un teatro que llevaba el mismo nombre en Mar del Plata.
Bilbao está preso desde el 11 de noviembre de 2025. Para ese momento la provincia de Santa Fe ofrecía por datos para ubicarlo una recompensa de 50 millones de pesos. Es un hombre al que no se le reconocen antecedentes de violencia. Precisamente invocó eso y su estado de salud para que le concedieran la libertad durante el proceso judicial. Tiene insuficiencia coronaria y tres stents colocados. «No soy una persona agresiva ni conflictiva», declaró cuando lo imputaron.
Las acciones de Vorterix fueron compradas por Brian Bilbao y administradas por él al menos desde fines de octubre de 2018 y hasta 2023 inicialmente por medio de Anabela Acuña. También compartieron la administración Ludmila Aragón con la compra de seis mil acciones correspondientes al 30 por ciento del capital de Vorterix Rosario por el valor de una camioneta Toyota BW por 32 mil dólares. También Germán Urán estuvo en la administración desde junio de 2019 hasta que cedió seis mil acciones propias a Brian Bilbao
Por su parte el productor de espectáculos Germán Uran, de la empresa Kaos Productora, también habría administrado la sociedad desde junio de 2019 con participación accionaria que transfirió en febrero de 2023, cuando se deshizo de seis mil acciones que retornaron a Brian Bilbao por la misma camioneta Toyota inscribió a nombre de Kaos Productora. Urán no la puso a su nombre sino de la productora, dice la fiscalía, en un indicio de intento de lavado.
La pesquisa inicial de Gendarmería Nacional estableció que Brian W. Bilbao adquirió VTX Rosario a través de testaferros. Luego la fiscalía concluyó que Urán era socio gerente de los teatros Vorterix Rosario y Vorterix Mar del Plata.
De las conversaciones telefónicas de Urán los investigadores de Procelac detectaron que hacía referencia constantemente a que Brian Bilbao era su socio y que no figuraba en la sociedad porque «no le daba para blanquear». Sin embargo era Bilbao, reconoce el productor, quien había puesto el capital para adquirir VTX Rosario.
Ahora la sociedad quedará bajo el control de un síndico. La fiscalía había sugerido una intervención con un veedor o uno o varios coadministradores para controlar el patrimonio de personas que en algunos casos tienen elevadas a juicio causas por narcotráfico y, ahora, por lavado de activos.
Los 956 kilos de cocaína secuestrados tras la detención del prófugo Brian Bilbao.
Brian Bilbao fue detenido tras tener dos años de pedido de captura activo. Lo habían implicado en una asociación ilícita transnacional activa desde al menos octubre de 2024, que ingresaba al país grandes cargamentos de droga mediante avionetas privadas sin plan de vuelo ni registros válidos, que concluían en pistas clandestinas ubicadas en campos del sur santafesino y el norte bonaerense, para su posterior transporte o exportación hacia otros países, en particular mediante el uso de puertos fluviales de la región.
El fiscal federal de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) Matías Scilabra recordó al imputar a Bilbao que la investigación se inició el 30 de octubre de 2024, tras el hallazgo de 475 kilos de cocaína en una avioneta en Pueblo Andino, a 50 kilómetros de Rosario, que era pilotada por el ciudadano boliviano Oscar Armando Caba Hurtado, que ya tenía una condena a 7 años y 2 meses de prisión.
Según la pesquisa, Bilbao y otra persona fueron detectados en dos camionetas en las inmediaciones y huyeron advertir que el piloto era perseguido por la Fuerza Aérea Argentina.
Brian Bilbao era socio de su hermano Waldo Bilbao quien fue atrapado en Rosario en una persecución de película cuando huía por el ducto de cañerías del edificio donde habitaba en el céntrico barrio Martin.
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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