Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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     Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

    El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

    Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

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    Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

    Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

    El juez federal Alejo Ramos Padilla.

    Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

    El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

    La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

    El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

     

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  • Kicillof anunció una inversión de USD 400 millones de Dreyfus para una mega planta en Bahía

     

    Louis Dreyfus Company (LDC) invertirá USD 400 millones para levantar en Bahía Blanca una mega planta de molienda multisemillas con una capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas de semillas diarios, algo que, en el caso del girasol, la convertirá en una de las relevantes a escala mundial.

    Por esa razón, autoridades de Dreyfus se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para dar detalles de la obra que la multinacional cerealera tiene previsto comenzar en este mismo año.

    La inversión tiene una fuerte gravitación en el mapa productivo bonaerense. Buenos Aires es, por lejos, la mayor productora de girasol y registró en los últimos años un crecimiento significativo, pasando 990 mil hectáreas sembradas hace cinco años, a 1.270.000 en la presente campaña, una expansión del 28%.

     La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca 

    En Dreyfus destacaron que se trata de una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino durante la última década, así como su primer desarrollo construido íntegramente desde cero en ese período.

    La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca, integrando la infraestructura existente de almacenamiento y logística con el puerto.

    Kicillof con autoridades de Dreyfus.

    Para esta mega planta se prevé incorporar equipamiento de última generación para el procesamiento eficiente de oleaginosas, con infraestructura energética térmica basada en biomasa renovable proveniente de cáscaras de girasol, contribuyendo a optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono.

    Según detallaron en la Provincia, durante la reunión se puso de relieve la importancia de la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial como herramienta para potenciar la competitividad del aparato productivo bonaerense.}

    En Bahía Blanca prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes. 

    En esa línea, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura que permite reducir costos y mejorar la inserción internacional de la producción provincial. Ahí, se abordaron diversas alternativas y proyectos.

    Además se analizaron las oportunidades que ofrecen otras oleaginosas con alto contenido de aceite, particularmente la camelina y la carinata, materias primas destinadas a la producción de biocombustibles avanzados. Al respecto, la planta industrial sería no solo una oportunidad para la expansión del girasol, sino también de estos otros cultivos.

    En Bahía Blanca destacaron la inversión también desde el punto de vista de la creación de empleo. En la comuna prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes.

     

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  • Fuerte polémica en Zárate por el proyecto del intendente para recibir la basura de la región

     

    El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO) busca habilitar el ingreso de basura de ciudades de la región para su tratamiento en un predio operado por un privado, iniciativa que disparó una creciente polémica con opositores y ambientalistas.

    Argumentando reducción de costos, en la comuna anunciaron que dejarán de disponer los residuos en San Nicolás para comenzar a tratarlos en el predio que en Zárate posee la firma Qualita S.A y que cuenta con autorización provincial. Cerca del municipio se habla de un ahorro de cerca de 200 millones por mes en traslado.

    Además, Matzkin impulsa una regionalización que incluye a Campana, Baradero y Exaltación de la Cruz. Atado a eso, la creación de una tasa que los distritos vecinos pagarían por disponer su basura en Zárate, lo que abriría una nueva boca de recaudación.

    Pero, para habilitar el ingreso de residuos de otras ciudades es necesario el aval del Concejo Deliberante, donde la oposición demora el tratamiento del proyecto, reclama de mínima una audiencia pública y lanza alertas por el impacto ambiental del tratamiento de la basura de la región.

    Frente a eso, Matzkin avanzó esta semana con un decreto que autoriza al municipio a la descarga y disposición final de los residuos en el predio de Qualita ubicado sobre el kilómetro 83.5 de la Ruta Nacional 9.

     A nadie le gusta la basura pero la generamos todos los días. Si aplicáramos el criterio de no regionalización, ¿donde hubiese llevado Zárate los residuos estos 2 años y medio? Entiendo que vivimos en momentos de alto personalismo. Pero nadie se salva solo 

    También habilitó que se traten ahí los residuos de Campana, algo para lo que no necesita aprobación del Concejo, ya que existe un convenio preexistente avalado por ordenanza.

    Lo que está en discusión ahora es si se recibe o no la basura de Baradero y Exaltación de la Cruz. Para dejar abierta esa puerta, el decreto de Matzkin establece la facultad de suscribir convenios interjurisdiccionales con los municipios aledaños «con el objeto de delimitar y coordinar los volúmenes de vuelcos diarios, el régimen de ingreso camiones, las tarifas de canon compensatorio si correspondieran».

    Por el tema, Matzkin se comunicó este miércoles con el diputado axelista Diego Nanni, que dejó la intendencia de Exaltación de la Cruz para asumir en la Legislatura, pero que mantiene el control político de ese distrito.

     Una decisión que puede comprometer el futuro ambiental de Zárate durante décadas debe tomarse con toda la información sobre la mesa, con transparencia y con fundamentos técnicos 

    «Me ratificó su pedido que hace ya muchos años viene realizando, incluso ante la Provincia, de poder disponer los residuos domiciliarios de forma regional en el predio de Qualita», dijo Matzkin en X sobre su charla con Nanni.

    Ante eso, el intendente apuntó al Concejo: «Le manifesté mi voluntad de así hacerlo pero que esa aceptación no depende de mí sino del HCD de Zárate».

    Matzkin defendió la regionalización de la disposición de residuos como «un concepto que la propia Ley impone a los municipios».

    «A nadie le gusta la basura pero la generamos todos los días. Disponerla de forma adecuada es una obligación de todos. Si aplicáramos el criterio de no regionalización, ¿donde hubiese llevado Zárate los residuos estos 2 años y medio? Entiendo que vivimos en momentos de alto personalismo. Pero nadie se salva solo», sostuvo el intendente PRO.

    La iniciativa plantea resistencia en la oposición, incluso de concejales filo libertarios, como Lautaro Fenestraz.

    Zárate deja de enviar sus residuos a San Nicolás. Con esa medida, cerca del municipio hablan de un ahorro de 200 millones por mes.

    «Una decisión que puede comprometer el futuro ambiental de Zárate durante décadas debe tomarse con toda la información sobre la mesa, con transparencia y con fundamentos técnicos. Los vecinos merecen respuestas claras. No relatos», dijo Fenestraz, que reclama una audiencia pública.

    En el bloque peronista también piden abrir la discusión a los vecinos pero por lo pronto prefieren no hacer manifestaciones públicas sobre el tema. Fuentes cercanas a esa bancada consultadas por LPO plantearon reparos en términos de impacto ambiental.

    «El tema es, cuando dejás entrar residuos de afuera, te quita la vida útil del predio. Si Zárate tira solo, dura 50 años, si viene de otros distritos puede durar 15. No es un tema menor»; señalaron.

     

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