El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.
Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.
En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.
Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.
Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.
El Gobierno avanzó con una nueva tanda de concesiones viales bajo el esquema de iniciativa privada, pero en el sector de la construcción ya hablan de un modelo montado sobre promesas de financiamiento que aparecen muy voluntaristas. En las empresas creen que el plan de Luis Caputo para reactivar 9.000 kilómetros de rutas parece más una maqueta financiera que un programa de obra pública con chances reales de ejecutarse.
La nueva etapa de privatización incluye corredores nacionales que pasarán a manos privadas a cambio de explotación de peajes y compromisos de inversión. La administración de Javier Milei insiste en que el modelo permitirá reemplazar la obra pública tradicional por capital privado. El problema es que las grandes constructoras aseguran que ese capital no aparece.
«Todo está hiperverde», resumió a LPO el dueño de una importante constructora. Según explicó, varias compañías se anotan en las licitaciones más para obtener un activo político-financiero que porque crean viable el negocio. La lógica sería ganar la adjudicación y luego salir a buscar financiamiento usando como respaldo los futuros ingresos de peajes. Una apuesta a diez años montada sobre flujos que todavía no existen.
En las constructoras dicen que muchas firmas buscan adjudicaciones para mostrar movimiento, reactivar balances y salir del estado vegetativo en el que quedaron tras el derrumbe de la obra pública.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo. «Afuera no hay fondeo», explicó la fuente consultada. Por eso ahora intentan conseguir financiamiento local. Pero tampoco resulta sencillo.
Según describen en el sector, apenas dos compañías logran acceder a préstamos bancarios y más por relaciones históricas con entidades financieras que por confianza genuina en el negocio vial. Los bancos miran el esquema con desconfianza. La ecuación tiene demasiadas variables abiertas.
El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo.
En las constructoras recuerdan que desde el macrismo hasta la actualidad se acumularon conflictos contractuales, renegociaciones y obras paralizadas. El recuerdo de las fallidas PPP todavía funciona como una alarma encendida dentro del sector. Aquellas autopistas prometidas nunca lograron superar la estructuración del financiamiento.
Ahora apareció otro obstáculo que las empresas consideran todavía más delicado: las aseguradoras. Según explicó la fuente consultada, prácticamente no hay compañías dispuestas a emitir las garantías necesarias para respaldar contratos de esta magnitud. El motivo es simple. Si las obras no se terminan, las pólizas se ejecutan y las aseguradoras quedan expuestas a pérdidas millonarias.
«No hay seguros», sintetizó el empresario. La frase resume el principal cuello de botella del modelo. Sin aseguradoras que respalden los contratos, los bancos tampoco tienen incentivos para prestar. Y sin financiamiento, las concesiones quedan reducidas a anuncios administrativos.
La desconfianza también atraviesa las proyecciones oficiales. Caputo había asegurado que para julio habría miles de kilómetros de rutas en ejecución. En el sector privado creen que eso difícilmente ocurra. Las empresas observan un esquema donde el Estado se corre del financiamiento, pero el mercado no acepta ocupar ese lugar.
La discusión de fondo excede las rutas. Lo que está en juego es si existe en la Argentina puede acceder a un mercado financiero dispuesto a reemplazar al Estado en proyectos de infraestructura pesada. Por ahora, en el propio sector empresario responden con escepticismo.
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