Garantizar el servicio y disminuir la circulación son las premisas del Poder Judicial para esta semana

El área de Gestión Humana del Poder Judicial, en el marco de la pandemia y la situación sanitaria actual, notificó a los y las titulares de los organismos judiciales las premisas para el trabajo durante esta semana.

Indicó se debe “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia en cada organismo, siendo los titulares los responsables primarios del normal funcionamiento y de velar por el cumplimiento del protocolo vigente”.

En un segundo punto recomendó que “aunque con el cumplimiento de los protocolos aprobados el contagio es de baja probabilidad de ocurrencia en el ámbito del trabajo, en pos de disminuir la circulación, se incentiva a intensificar el uso del teletrabajo en aquellos puestos de trabajo en que las funciones propias lo permiten, que cuenten ya con dicha modalidad habilitada” y siempre “que aseguren la efectiva prestación del servicio”.

Por último recordó que “los y las titulares de organismos realizan su tarea de modo presencial” durante este período, conforme el artículo 1 de la Acordada 4 de este año, que incluye el Protocolo de Salubridad e Higiene COVID-19 aprobado por el Ministerio de Salud.

Las decisiones se toman en atención a la dinámica de la pandemia y en sintonía con las disposiciones nacionales y provinciales para cada período.

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    Adorni y el cuento del pendrive

     

    La declaración jurada de Manuel Adorni abrió una caja de Pandora que el propio funcionario terminó agrandando con una explicación difícil de creer: aseguró que mantuvo durante años un pendrive con criptomonedas valuadas en alrededor de 500 mil dólares porque representaba un «trofeo». La justificación llegó en pleno debate por el régimen de «Inocencia Fiscal», el nuevo blanqueo impulsado por el gobierno que ya comenzó a ser utilizado por integrantes del gabinete y que pone en crisis el discurso moralista con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno que prometió terminar con «la casta» y que hizo de la transparencia una de sus principales banderas atraviesa una semana incómoda. Después de conocerse que varios funcionarios recurrieron al nuevo régimen de regularización patrimonial impulsado por el propio oficialismo, fue Manuel Adorni quien quedó en el centro de la escena por una declaración que rápidamente generó polémica.

    La presentación patrimonial del vocero presidencial reveló la existencia de una importante tenencia de criptoactivos que, según distintas estimaciones periodísticas, ronda el equivalente a medio millón de dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el monto sino la explicación pública que ofreció cuando comenzaron las preguntas.

    Un «trofeo» de casi medio millón de dólares

    Adorni sostuvo que esos activos digitales permanecieron durante años almacenados en un pendrive porque los consideraba un «trofeo». La definición buscó transmitir la idea de una inversión temprana realizada cuando las criptomonedas todavía eran un mercado desconocido y de alto riesgo.

    La versión, lejos de despejar dudas, abrió nuevos interrogantes.

    ¿Por qué alguien mantendría inmovilizado durante años un patrimonio de semejante magnitud solamente por un valor simbólico? ¿Cómo evolucionó ese activo durante ese período? ¿Fue declarado oportunamente? ¿Cuál fue el criterio utilizado para su valuación?

    Las preguntas no son menores porque el propio gobierno viene impulsando un régimen excepcional para exteriorizar bienes y activos con escasas exigencias de justificación sobre su origen, una herramienta presentada oficialmente como «Inocencia Fiscal» y promocionada como un mecanismo para dejar atrás los controles que, según Milei, perseguían a los contribuyentes.

    Del discurso anticasta al perdón fiscal

    El episodio expone una contradicción política cada vez más evidente.

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    Sin embargo, los últimos días mostraron un panorama muy diferente.

    La explicación sobre cuáles fueron “esos años” también resultó sospechosa: según Adorni, invirtió 200 mil dólares en 2013 en criptomonedas y ganó unos 300 mil un año más tarde. Si se sigue el hilo lógico de la explicación, el ahora jefe de gabinete tuvo ese dinero en bitcoins durante más de una década y no fue declarado ni gastado o invertido en viajes y propiedades sino hasta que llegó a la función pública.

    O sea que, en resumen, dijo haber juntado, eventualmente, unos 500 mil dólares doce años atrás; y recién al asumir como funcionario libertario decidió gastarlos a un ritmo descomunal.

    Sumado además a que el mismo gobierno que promovió el blanqueo es el que comienza a utilizarlo para beneficio de sus propios funcionarios.

    Mucho humo, pocas respuestas

    Especialistas consultados por distintos medios remarcaron que las criptomonedas son activos perfectamente declarables y registrables, por lo que el debate no pasa por su existencia sino por la consistencia del relato oficial y por la trazabilidad de las operaciones.

    La explicación del «trofeo» tampoco ayuda a disipar las dudas.

    Un activo valuado en aproximadamente 500 mil dólares no es un simple recuerdo tecnológico ni un objeto de colección. Se trata de un patrimonio significativo que, en cualquier análisis financiero, representa una parte importante de la riqueza personal de quien lo posee.

    En ese contexto, la respuesta de Adorni fue interpretada por sectores de la oposición como un intento de minimizar una situación que merece precisiones mucho más detalladas.

    La moralidad selectiva del gobierno

    El caso también reabre un debate más amplio sobre el doble estándar del oficialismo.

    Mientras Milei y sus funcionarios repiten que quienes tienen dólares «debajo del colchón» son héroes que deben ser liberados del Estado, el ajuste fiscal continúa descargándose sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, hospitales y programas sociales.

    El contraste resulta inevitable: para millones de argentinos la discusión cotidiana es cómo llegar a fin de mes; para algunos de los principales funcionarios del gobierno, el debate pasa por explicar por qué conservaron durante años un pendrive con activos equivalentes a cientos de miles de dólares.

    La historia del «pendrive trofeo» probablemente quede como una de las explicaciones más llamativas de la política reciente. Pero detrás de la anécdota hay una discusión mucho más profunda: si el gobierno que prometía terminar con los privilegios y construir una nueva ética pública no terminó creando un sistema que permite regularizar fortunas mientras exige sacrificios permanentes al resto de la sociedad.

     

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