Finaliza el ciclo ‘Cine en mi barrio’

El juez federal de Rosario Gastón Salmain está procesado por delitos de corrupción considerados de extrema gravedad institucional. Tiene prohibida la salida del país y el único motivo por el que no está preso es porque sus fueros como magistrado lo protegen. Pese a eso la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar un juzgado en la ciudad de Santa Fe, que se añade al tribunal de Rosario en el que sigue en funciones.

Salmain es juez civil y comercial en Rosario pero el camarista federal Aníbal Pineda le asignó la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente le habían puesto a cargo también en la misma ciudad del juzgado federal 1. Por lo que manejará tres juzgados.

El 26 de diciembre pasado Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenarle al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei mientras regía el cepo bancario. El juez le impuso también un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Le imputaron los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.

Ahora la Cámara Federal de Rosario, pese a esta situación, coloca a Salmain en un juzgado nuevo, por la cual además cobrará una remuneración adicional, con la función de definir conflictos empresariales y también del fuero contencioso administrativo, que trata los litigios donde participa el Estado. ¿Por qué motivos hace esto con un magistrado que tiene diversos trámites opacos con denuncias en el Consejo de la Magistratura?

Fuentes de tribunales dijeron a LPO que hay razones complejas que llevan a esta decisión. La primera es que la Cámara Federal tiene como tradición que no rompe hace más de 40 años asignar subrogancias al que está en la misma ciudad o en la más próxima y que solamente hay cuatro magistrados, ya cargados de trabajo extra, para cubrir once juzgados. Además el camarista Pineda, que firmó la resolución, tiene que resolver en semanas la apelación al mismo trámite por el cual Salmain está procesado por la coima en el fideicomiso.

«Si saltea el mecanismo usual de subrogancias o directamente no le da una subrogancia con toda seguridad Salmain va a alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo y que tiene que resolver el caso de los sobornos. Frente a ese dilema el camarista optó por asignarle la subrogancia y evitar ser apartado. Porque además Salmain de manera sistemática recusa a los jueces de cámara. En general con el argumento de que sufre un complot armado por magistrados y periodistas», le dijo a este medio un funcionario judicial.

Es una situación controvertida porque para evitar ser recusado un camarista habilitó a un magistrado con dos procesamientos y con un historial previo de corrupción a manejar los casos de un nuevo juzgado. ¿No era preferible que lo recusaran a que un juez con esos antecedentes controle un juzgado más? Es la pregunta que palpita en el caso.

A esta situación se llega por la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas rápidas contra un juez que tiene una secuencia de hechos viciados, de gravedad institucional, cuando hace más de ocho meses tiene denuncias diversas, incluso de una diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.

«Si el Consejo lo hubiera suspendido no habría que resolver ninguna subrogancia. Pero se tomaron cuatro años para empezar a actuar con Bailaque. Así que por ahí ocho meses para Salmain a los consejeros hasta les parece lógico», ironizó con bronca un funcionario de otro estamento de la Justicia Federal, en referencia a Marcelo Bailaque, magistrado de Rosario que está con prisión domiciliaria por hechos de extorsión y corrupción, que renunció como juez el año pasado pero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2020, que durmió los legajos cuatro años.

La estrategia de Salmain es ganar tiempo con argumentos descabellados contra los jueces de cámara. Todo el accionar de la Cámara Federal está orientado a no darle motivos para apartar camaristas a fin de que las causas tengan celeridad»

A fines de diciembre Vera Barros dio por válido el planteo fiscal de que Salmain gestionó un soborno para dictar una cautelar requerida por el financista Whpei, que alegaba tener que afrontar una deuda con una firma de Países Bajos en 2023. Le impuso al BCRA vender 10 millones de dólares en billetes. La sospecha de los fiscales, sustentadas en la declaración del arrepentido, es que era para llevarse 200 mil dólares, producto de la diferencia de cambio entre los billetes tomados a precio oficial y vendidos en el blue.

En 2002 la Corte Suprema de la Nación echó del Poder Judicial a Salmain, que por entonces era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria que manejaba los sorteos de expedientes, a fin de direccionar un caso al tribunal en el que se desempeñaba. Salmain es investigado porque omitió consignar esto en su curriculum al concursar en diversas ocasiones para ser juez, lo que logró en 2023, cuando lo designaron en Rosario y el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti asistió a su jura.

La crisis que desembocó en la salida de Paul Starc de la UIF esconde una compleja situación de la Argentina en materia de lavado y deja al país expuesto a sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

LPO anticipó en exclusiva que Starc era apurado por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que lo acusaban de demorar la adecuación de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley de Inocencia Fiscal que el gobierno necesita para que los ahorristas saquen los dólares del colchón.

En la UIF dijeron a LPO que como la inocencia fiscal va contra la ley de lavado, Starc no quería modificar las resoluciones porque tenía al GAFI encima.

En octubre del año pasado, Argentina estuvo cerca de caer en la lista gris del GAFI y si bien se salvó, quedó en estado de «seguimiento». Eso significa que marcaron una serie de puntos que el gobierno debía mejorar, pero se hizo muy poco.

En la UIF aseguran que va a ser difícil muy difícil defender la posición Argentina en el plenario que el GAFI tendrá en febrero y en el que se va a tratar el caso argentino.

Paul Starc rechazó las presiones de Caputo para sacar la «Inocencia Fiscal» y renunció a la UIF 

Con la salida de Starc también se produjo la del director de Coordinación Internacional, Eduardo Nazareno Muñoz, una traba burocrática a semanas del plenario del GAFI.

Pocos meses atrás se cambió por tercera vez al representante ante el GAFI y no es un tema menor que el procedimiento complejo de designación de las nuevas autoridades les va a llevar no menos de tres semanas. 

El líder del sindicato del Vidrio y cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, aseguró este jueves que la reforma laboral no saldría «tal como está». La concesión semántica acaso refleja el clima de derrota entre los senadores opositores, que ya en la tarde de este jueves reconocían que el oficialismo estaba holgado para conseguir el quórum, y la apertura de los sindicalistas a negociar apenas modificacines.

En declaraciones a Radio Con Vos, Jerónimo expresó: «no vamos a permitir que este proyecto avance tal como está». Esa frase da cuenta de una táctica defensiva de los sindicalistas, que habrían comentado a senadores y diputados del peronismo que se conformaban con la defensa de la ultraactividad de los convenios, la vigencia de las negociaciones por rama -y no por empresa como aspira el gobierno- y la continuidad de la cuota sindical, entre otros temas organizativos que hacen a la acumulación de poder gremial. Para eso, necesitan 37 senadores que volteen los artículos que disuelven esas conquistas.

Fuentes del gobierno, sin embargo, dijeron a LPO que Javier Milei se mantiene inamovible en esos temas. 

El repliegue táctico de la CGT provoca en los legisladores de Fuerza Patria y los gobernadores peronistas una queja por la falta de vigor. «Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada», dijo un diputado kirchnerista a LPO en reproche a los dirigentes del movimiento obrero.

Llaryora suspendió la reunión con la CGT y se desarma la cumbre de gobernadores del CFI

En las últimas horas, los tres triunviros de la CGT, el propio Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, tuvieron dos encuentros relevantes, por separado, con los cinco gobernadores vinculados al peronismo y la bancada de Convicción Federal, integrada por ahora al bloque de José Mayans. Además, se preparaban al cierre de esta nota para el Consejo Directivo de este viernes, donde se esperaba que convoquen a un paro para el día de la sesión.

Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada.

Para la primera cita, los sindicalistas se encontraron en la sede porteña del Bapro con Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella. Allí exploraron la chance de trabajar para que el oficialismo no llegue al quórum el próximo 11 de febrero, cuando se abra el recinto del Senado, y se frustre el tratamiento de la ley.

Dos senadores del peronismo descartaron que fuera posible evitar que Patricia Bullrich lograra sentar menos de 37 senadores a sus bancas. «Están sobrados», confesó uno con pesimismo.

Capitanich y Corpacci en el Senado.

Quintela, por su parte, conminó a Jerónimo, Sola y Argüello a «pasar a la acción», que «pateen las puertas» de los senadores y que fuercen a los gobernadores aliados del gobierno. Uno de los legisladores al tanto de lo conversado deslizó que había senadores «tratando de convencer a los que responden a los gobernadores para que no bajen» a la sesión, algo que desmintieron cuatro de los que votan en el Senado como mandan sus jefes provinciales.

De todas maneras, el gobierno aún no tendría garantizados los votos para el capítulo de Ganancias, pese a las concesiones que evalúa Luis Toto Caputo desde hace algunos días. Cerca de un gobernador radical, confesaron a LPO que «puede pasar como el Capítulo 11 del Presupuesto, que cuando nadie se lo esperaba los gobernadores mandaron a votar en contra», aunque la Casa Rosada había regado las provincias con ATN en la previa.

Además, estaría comprometida la vigencia del artículo 194, que establece la derogación del Estatuto del Periodista. Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que «el miedo» penetró en senadores aliados cuando vieron que se plegó al rechazo de los trabajadores de prensa un grupo de periodistas consagrados, con pantalla y minutos de aire en los medios más importantes del país. «Hay más de 40 votos contra la derogación del Estatuto del Periodista», desizaron dos legisladores de distinto signo político.

No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está.

Como sea, el gobierno apuesta todo a una media sanción holgada para que los diputados no se animen a introducir modificaciones o rechazar la ley, pero hasta los libertarios admiten que por el recambio parlamentario el oficialismo tiene ahora más facilidades en el Senado y una tarea más ardua para aprobar leyes polémicas en la otra cámara.

Dentro del bloque peronista, por caso, hay cinco legisladores de extracción gremial. Más allá de su unidad en la acción, cada cual expresa líneas distintas. 

Vanesa Siley, que tiene línea directa con Cristina Kirchner, terminó concentrando la articulación de los diferentes proyectos alternativos a la reforma laboral de Javier Milei. Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, Mario Paco Manrique, dirigente del SMATA, y Hugo Moyano, hijo del homónimo referente camionero, pertenecen al espectro de los que considerarían un triunfo que se mantengan la ultraactividad, las negociaciones por rama y la cuota sindical.

Y por último, el titular de la CTA, Hugo Yasky, que estuvo en la marcha del sindicalismo en Córdoba este jueves. Allí, su colega de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de «cagones» a los gobernadores.

Siley, Palazzo, Moyano y Yasky.