PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar del último encuentro del ‘Cine en mi barrio’ con la proyección de la película ‘El príncipe olvidado’, según el siguiente cronograma:
*Viernes 26: Isla 58
*Sábado 27: La Unión
La convocatoria en ambos casos es a las 21 horas.
El Poder Judicial dispuso el receso judicial y administrativo invernal de doce días, entre el 12 y el 23 de julio. La Resolución de presidencia establece también cuales son los organismos que deberán tener el personal necesario para cumplir las funciones de feria, con los temas urgentes, aquellos que por sus características no tienen suspensión…
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
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Javier Milei y su par paraguayo Santiago Peña esperan que Donald Trump les perdone la cuota de 1000 millones de dólares para formar parte de la nueva «Junta de la Paz» que inventó el presidente de Estados Unidos para reconstruir la franja de Gaza.
El «Board for Peace» fue creado por Trump como un espacio para promover soluciones pacíficas en zonas de conflicto, una competencia que tiene la ONU, cada vez más críticada por el republicano.
La semana pasada Trump puso en funcionamiento la junta que había anunciado en septiembre y la novedad fue la exigencia del pago de un canon para aquellos países que quieran sumarse para la reconstrucción de Gaza.
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano leyó la letra chica de la carta de lanzamiento de la Junta de Trump y dijo que, si bien el documento menciona una contribución de USD 1.000 millones, la cifra no es un requisito exigible para la membresía general.
El artículo 2.2 inciso c de la carta establece que el período rotativo de tres años para los países miembro no aplicaría para aquellos que aporten más de USD 1.000 millones durante los primeros doce meses, una cláusula que sugiere la posibilidad de una membresía permanente ligada a una contribución extraordinaria.
Los paraguayos interpretaron que esta disposición está vinculada a un tipo de participación especial y no a la suscripción básica. Por eso el gobierno de Santi Peña aclaró que no realizará desembolso alguno. Se conforman entonces con ser miembros estándar de la Junta.
En el gobierno de Milei dijeron a LPO que esperan que Trump no quiera cobrarle a un aliado como la Argentina. Pagar la friolera de 1000 millones de dólares en un año en el que el país enfrenta vencimientos multimillonarios. Como anticipó este medio, Argentina arrancó el 2026 con un saldo a pagar de USD 57.000 millones de deuda para el próximo año y medio.
«Nos deberían eximir a nosotros», dijeron a este medio en el Ejecutivo. No descartan, de todos modos, ser beneficiados con una promoción exclusiva, como la de una línea de créditos para gozar de la suscripción premium al club de la paz de Trump. Si eso sucede, la Argentina tendría acceso a todo el material disponible para los miembros permanentes.
