El femicidio ocurrido en Luis Beltrán pone en alerta a la comunidad rionegrina. La provincia se encuentra entre las regiones con tasas más altas de femicidios.
A 48 horas del asesinato la Justicia está investigando el femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en la localidad de Luis Beltrán ubicada en el Valle Medio de la provincia de Río Negro.
Según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hubo un total de 252 femicidios, entre ellos 26 vinculados y 7 trans-travesticidios en el país durante el 2022, lo que promedia un crimen por motivos de género cada 35 horas y representa casi la misma cifra que la de 2021.
La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2022 fue 0,961. Rio Negro se encuentra entre las 14 jurisdicciones que supera la media nacional con 1,04 femicidios sobre 100mil mujeres que habitan la provincia. Cabe destacar que en algunas de ellas sucedieron pocos casos, sin embargo, las tasas son, en comparación, elevadas por su escaso peso poblacional.
Si bien el informe de la OM confirma 4 femicidios en la provincia, que están lejos por ejemplo de los 82 casos en Buenos Aires o los 32 en Santa Fe; justamente estar por encima de la media es lo que hace poner la lupa sobre el gobierno provincial, sus organismos de seguridad y políticas de género.
La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2022 fue 0,961. Rio Negro se encuentra entre las 14 jurisdicciones que supera la media nacional con 1,04 femicidios sobre 100mil mujeres que habitan la provincia.
También existen organizaciones No gubernamentales o cooperativas que brindan información y herramientas para el análisis, el debate, talleres y acciones concretas como lo es lavaca.org creadora del Observatorio Lucía Perez que en este caso también tiene su registro de datos sobre femicidios del 2022 mediante el primer padrón autogestivo y público de violencia patriarcal.
Los datos contrapuestos difieren, como también su manera de recabarlos. En el caso de la CSJN los datos son pedidos directamente a organismos provinciales y por ejemplo Chubut acusó 0 femicidios en 2022, sin embargo con una mínima búsqueda en medios provinciales podemos encontrar al menos dos casos inmediatamente.
La cifra que expone el observatorio sobre casos de femicidio y trans-travesticidios en 2022 asciende a 332, lo que promedia un crimen cada 27hs aproximadamente.
MÁS DATOS QUE SE DESPRENDEN DEL REGISTRO DEL OBSERVATORIO LUCÍA PEREZ
Hasta el momento son 180 los femicidios registrados en el padrón autogestivo del observatorio durante este 2023. El saldo que deja la violencia patriarcal durante la gestión del presidente Alberto Fernandez es de 1.172 femicidios.
OTROS DATOS QUE ARROJA EL INFORME DE LA OFICINA DE LA MUJER (CSJN)
Son 14 jurisdicciones tuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 0,96 para el año 2022. Dichas jurisdicciones fueron, en orden decreciente: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2,24), Chaco (1,93), Santa Fe (1,74), La Pampa (1,63), Jujuy (1,51), La Rioja (1,48), Catamarca (1,42), Santiago del Estero (1,40), Salta (1,36), Misiones (1,24), Santa Cruz (1,07), Río Negro (1,04), Formosa (0,97) y Mendoza (0,97).
En 2022 en todo el país, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio al momento del hecho fue de 40,8 años, esto implica que subió en 3,5 años el promedio de edad respecto del año 2021 que fue de 37,3 años. En cuanto a su distribución por grupo etario, 14 eran niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), esto es 6% del total, y 5 de ellas eran menores de 13 años. Luego, 13% de las víctimas tenían entre 18 y 24 años; más de 1 de cada 4 víctimas (26%) tenía entre 25 y 34 años, rango etario más frecuente; 17% tenía entre 35 y 44 años; 18% tenía entre 45 y 59 años, y 19% tenía 60 años o más al momento del hecho.
El 59% de los femicidios fue perpetrado por parejas o ex parejas de la víctima, el 13% por un familiar y un 16% por personas con otro tipo de vínculos.
Línea 144
Para recibir información, contención y orientación ante situaciones de violencia basada en género en Argentina se encuentra disponible un servicio especializado las 24hs, los 365 días del año a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463
Arrancó las amarras que lo adherían al suelo, cansado de injusticias, mezquindades y violencia. Alzó la voz para anunciar su partida: ¡Quienes quieran venir conmigo los llevaré con todo gusto! El Pueblo no podía creer lo que estaba sucediendo. Una parálisis generalizada se había expandido desde su piel de reglas hasta sus entrañas de pasión….
El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque…
No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia Paul B. Preciado El pasaje del escrúpulo al placer. Un placer misterioso que se encuentra antes del pensamiento. La sexualidad femenina ha sido tapada, y censurada…
A partir del lunes próximo, se procederá a la colocación de divisores de carriles en la Avenida General Paz, entre Azcuénaga y Belgrano, frente a la Ciudad Judicial. Las tareas estarán a cargo del personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina y se extenderán hasta el jueves de…
El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck sumó un capítulo más a la peculiar y disparatada novela cuasi cómica con tintes dramáticos que tuvo como trama el proyecto de la central nuclear, durante el 2017. Por fortuna, fue con final feliz para los rionegrinos. No así para determinados actores políticos, tal es el caso del…
Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
