El femicidio ocurrido en Luis Beltrán pone en alerta a la comunidad rionegrina. La provincia se encuentra entre las regiones con tasas más altas de femicidios.
A 48 horas del asesinato la Justicia está investigando el femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en la localidad de Luis Beltrán ubicada en el Valle Medio de la provincia de Río Negro.
Según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hubo un total de 252 femicidios, entre ellos 26 vinculados y 7 trans-travesticidios en el país durante el 2022, lo que promedia un crimen por motivos de género cada 35 horas y representa casi la misma cifra que la de 2021.
La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2022 fue 0,961. Rio Negro se encuentra entre las 14 jurisdicciones que supera la media nacional con 1,04 femicidios sobre 100mil mujeres que habitan la provincia. Cabe destacar que en algunas de ellas sucedieron pocos casos, sin embargo, las tasas son, en comparación, elevadas por su escaso peso poblacional.
Si bien el informe de la OM confirma 4 femicidios en la provincia, que están lejos por ejemplo de los 82 casos en Buenos Aires o los 32 en Santa Fe; justamente estar por encima de la media es lo que hace poner la lupa sobre el gobierno provincial, sus organismos de seguridad y políticas de género.
La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2022 fue 0,961. Rio Negro se encuentra entre las 14 jurisdicciones que supera la media nacional con 1,04 femicidios sobre 100mil mujeres que habitan la provincia.
También existen organizaciones No gubernamentales o cooperativas que brindan información y herramientas para el análisis, el debate, talleres y acciones concretas como lo es lavaca.org creadora del Observatorio Lucía Perez que en este caso también tiene su registro de datos sobre femicidios del 2022 mediante el primer padrón autogestivo y público de violencia patriarcal.
Los datos contrapuestos difieren, como también su manera de recabarlos. En el caso de la CSJN los datos son pedidos directamente a organismos provinciales y por ejemplo Chubut acusó 0 femicidios en 2022, sin embargo con una mínima búsqueda en medios provinciales podemos encontrar al menos dos casos inmediatamente.
La cifra que expone el observatorio sobre casos de femicidio y trans-travesticidios en 2022 asciende a 332, lo que promedia un crimen cada 27hs aproximadamente.
MÁS DATOS QUE SE DESPRENDEN DEL REGISTRO DEL OBSERVATORIO LUCÍA PEREZ
Hasta el momento son 180 los femicidios registrados en el padrón autogestivo del observatorio durante este 2023. El saldo que deja la violencia patriarcal durante la gestión del presidente Alberto Fernandez es de 1.172 femicidios.
OTROS DATOS QUE ARROJA EL INFORME DE LA OFICINA DE LA MUJER (CSJN)
Son 14 jurisdicciones tuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 0,96 para el año 2022. Dichas jurisdicciones fueron, en orden decreciente: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2,24), Chaco (1,93), Santa Fe (1,74), La Pampa (1,63), Jujuy (1,51), La Rioja (1,48), Catamarca (1,42), Santiago del Estero (1,40), Salta (1,36), Misiones (1,24), Santa Cruz (1,07), Río Negro (1,04), Formosa (0,97) y Mendoza (0,97).
En 2022 en todo el país, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio al momento del hecho fue de 40,8 años, esto implica que subió en 3,5 años el promedio de edad respecto del año 2021 que fue de 37,3 años. En cuanto a su distribución por grupo etario, 14 eran niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), esto es 6% del total, y 5 de ellas eran menores de 13 años. Luego, 13% de las víctimas tenían entre 18 y 24 años; más de 1 de cada 4 víctimas (26%) tenía entre 25 y 34 años, rango etario más frecuente; 17% tenía entre 35 y 44 años; 18% tenía entre 45 y 59 años, y 19% tenía 60 años o más al momento del hecho.
El 59% de los femicidios fue perpetrado por parejas o ex parejas de la víctima, el 13% por un familiar y un 16% por personas con otro tipo de vínculos.
Línea 144
Para recibir información, contención y orientación ante situaciones de violencia basada en género en Argentina se encuentra disponible un servicio especializado las 24hs, los 365 días del año a través de un llamado al 144, por WhatsApp al 1127716463
Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
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