FANTASMAS DE UN DESEMPLEADO PÚBLICO

Es llamativo que los derechos del empleado público sean defendidos principalmente por los gremios y no así por el Estado. Ser un trabajador público implica estar al servicio de la comunidad con todo lo que ello conlleva…

Valorar la atención gratuita en los Hospitales y el esfuerzo de todo funcionario de la Educación es un baluarte que se destaca en este país, y no sabemos hasta cuándo…

Ahora, el desempleo crece aquí y en otros países del mundo. No se celebra un día por estar desocupado. Estar desocupado implica un estigma social, y sobre todo un riesgo para sostener las necesidades básicas. El desempleo trae como consecuencia el aumento de la pobreza y el malestar individual y social, así como también un aumento en la morbilidad y mortalidad de la población.

Los países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El desempleado público acaba por ser el vocero de las desigualdades sociales, e inclusive el de la explotación de los trabajadores.

El discurso restrictivo de los organismos internacionales de aparente ayuda monetaria impone medidas concretas para maltratar a las personas con menos recursos, y así generar el desempleo público.

Hoy es el día del empleado público, lo cual trasciende las disciplinas, celebrándose la disposición de las personas que ponen el cuerpo para el otro. Parece un día más pero no lo es, ya que en este día se conmemora el esfuerzo cotidiano, a pesar de que en este país hay más prejuicios que valorizaciones al respecto.

El desempleado público aparece como alguien al que no se quiere ver, lo latente amenazante, aquello que parece que está pero no está tal cual un fantasma, como al abuelo enfermo depositado en un Geriátrico, o el «loco» marginalizado, o el que el vive en la calle y es quemado en todo sentido.

Celebramos el día del empleado público pero también revalorizamos el que perdió su trabajo y busca desesperadamente como mantener a su familia ante tanta indiferencia e hipocresía de los gobernantes o aquellos que detentan el poder.

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  • Monteoliva desmintió que haya levantado custodias de entidades judías, pero en la comunidad lo confirman

     

    Alejandro Monteoliva desmintió la primicia de LPO sobre el levantamiento de custodias a las entidades judías, pero desde la comunidad lo confirman y aseguran que hay templos que siguen sin la protección de la Policía Federal.

    Este medio reveló que la ministra de Seguridad sacó la custodia de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA. El traslado de los custodios se hizo con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.

    «A las noticias falsas y la desinformación, les respondemos con la verdad. La custodia en los establecimientos de la comunidad judía no se redujo: fue reforzada y se mantiene activa», dijo Monteoliva mediante un comunicado de su ministerio.

    La desmentida se choca con la realidad. Por caso, desde un templo de Once, que dejó de ser custodiado desde días atrás hasta el cierre de esta nota, se quejaron ante las autoridades nacionales en reiteradas ocasiones y no pudieron tener una respuesta de Monteoliva.

    Fuentes de la DAIA dijeron a LPO que esa falla se debe a internas dentro de la propia Policía Federal. De hecho, hay una preocupación creciente en el gobierno porque Monteoliva no ejerce el mando real sobre la fuerza. Tampoco tiene ascendencia en las fuerzas Martín Ferlauto, el joven secretario de Seguridad Nacional.

    Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

    La ministra enfrenta un incipiente reclamo de parte de los efectivos que exigen una recomposición salarial como la que obtuvo Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich, muy cercana a los gendarmes.

    Monteoliva ya había padecido una situación similar en 2013 cuando fue ministra de Seguridad de Córdoba y tuvo que renunciar por el acuartelamiento de la policía. En ese momento fue considerada una de las responsables políticas del motín de la fuerza, que desembocó en muertos, heridos y saqueos.

     

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  • Para alinear al peronismo, Llaryora suma intendentes al Gobierno

     

    Martín Llaryora sumará al Gobierno provincial un pelotón de intendentes con la misión de relanzar la gestión y calmar las ansiedades del peronismo, que ve una amenaza cierta de perder la elección del año que viene tras el mal paso que dio el proyecto «cordobesista» con la derrota de Provincias Unidas.

    La principal incorporación se dio este viernes, con la asunción como ministro de Desarrollo Social de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia y hermano de Facundo, el jefe de bloque en la Legislatura. Así, Llaryora blinda con los hermanos Torres el departamento Santa María, un territorio que puede volverse clave en la disputa del año que viene. Torres reemplazó a la schairettista Laura Jure.

    Se espera que en las próximas horas se incorpore como secretario en el Ministerio de Seguridad Agustín González, intendente de Cruz Alta y ahijado (de bautismo y político) de Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba. Passerini y el padre de Agustín forjaron en la Facultad de Medicina una amistad inquebrantable. La relación del intendente capitalino y el nuevo funcionario provincial trasciende la política.

    En paralelo, Agustín González ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y desde ese lugar apuntaló la candidatura de Natalia de la Sota en octubre. Ahora, González deberá trabajar bajo las órdenes de Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad que cultiva un altísimo perfil.

    Apuntalar una gestión en crisis con intendentes no es una fórmula nueva: lo hizo José Manuel de la Sota en 2013, cuando el acuartelamiento policial puso en jaque a su gobierno. En esa oportunidad, Llaryora, quien ocupaba la intendencia de San Francisco, fue designado ministro de Comercio e Industria. Dos años después, Juan Schiaretti lo llevó como vicegobernador.

    La incorporación de suboficiales del PJ al gabinete no terminaría con Torres y González. Todos los convocados tienen dos características: están impedidos de ser reelectos y su sucesión está resuelta.

    En este marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, suena para ocupar la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A primera vista, parece un cargo administrativo. Sin embargo, esta cartera concentrará la ejecución de la obra pública en el interior cordobés, incluyendo tendido de la red de gas natural. A Cooperativas la comanda un ex intendente, Gustavo Brandan; y uno de los secretarios es Gabriel Frizza, ex intendente de Jesús María y ex dirigente del PRO.

    También el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, sería convocado en Cooperativas, confirmando que la ejecución de la obra pública a través de las cooperativas del interior se concentrará en esta cartera.

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