Los estatales bonaerenses le subieron el tono al reclamo por reapertura «urgente» de paritarias al gobierno de Axel Kicillof y, en una carta enviada al Ministerio de Trabajo de la provincia, advirtieron que «hay mucho malestar» en los trabajadores del sector por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En ATE señalaron que el compromiso del Ejecutivo provincial era que esta semana iban a convocar a la negociación salarial, pero este viernes cerró la liquidación mensual sin resolver nuevos incrementos.
«Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.
El primer acuerdo paritario del año implicó un aumento del 9,3% en tres tramos, el último de ellos otorgado en mayo. Frente a ese panorama, Arévalo adelantó que en la próxima negociación, ATE reclamará «un aumento de dos dígitos».
«Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente», señala la carta girada a Provincia.
Actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil.
En ATE enmarcan el panorama crítico «entendiendo el contexto nacional» en el que la Provincia viene «siendo asfixiada por la Nación con la quita de coparticipación».
Más allá de eso, aumentaron la presión a la Provincia para que convoque a paritarias ya que -señalaron- «la situación del trabajador estatal en la provincia en general es crítica, no llegan al 10 de cada mes».
Así, detallaron que actualmente existen auxiliares que cobran 650 mil pesos y trabajadores con becas de capacitación que perciben 550 mil.
Además del aspecto salarial, en ATE también reclaman la efectivización de pases a planta permanente pendientes.
«Perdimos este año 2,9% con el último cierre y 2,1% con la última inflación de mayo. En lo que va de Milei, perdimos entre un 25 y un 27%, sin contar los nuevos datos inflacionarios», dijo a LPO el secretario General de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.
Ahí, advierten que quedan 300 monotributistas en IOMA, 111 en la cartera educativa bonaerense y alrededor de 8.000 trabajadores que perciben becas y que cumplen funciones en el Patronato de Liberados , Niñez, IOMA, Justicia, IPS, entre otras áreas.
Por otro lado, exigen la derogación de la resolución 293 del gobierno de María Eugenia Vidal, que en ATE denuncian que «precariza a los auxiliares de Educación» y que, a pesar de que se había acordado derogarla con la actual gestión, al momento no se hizo.
También, tienen previsto discutir un convenio colectivo de trabajo «que dignifique la tarea de los estatales de la provincia», además de una mesas técnicas para discutir bonificaciones en áreas como Niñez, Patronato, Mujeres, Justicia y Cultura, entre otras.
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El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central.
La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.
El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.
También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».
El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».
La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.
El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.
El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.
En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.
El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo.
La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.
En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.
En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza».
Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.
El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».
La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.
El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».
Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.
El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».
En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.
El Gobierno quiere que las tasas bajen para que el crédito vuelva a mover la rueda de la economía. Pero los bancos no parecen dispuestos a acompañar esa hoja de ruta al ritmo que espera el equipo económico. La explicación que dan en las entidades es simple: nadie puede garantizar que el año que viene vuelva la volatilidad por las elecciones y el Ministerio de Economía suba abruptamente las tasas, dejándolos descalzados.
El factor político es el que más ruido mete, en voz baja. «Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden», dijo a LPO una fuente de una importante entidad bancaria.
La frase resume el cortocircuito. Caputo necesita que los bancos bajen la tasa para que el plan muestre actividad. Los bancos necesitan que el Gobierno les garantice que no habrá otro volantazo monetario. En el medio quedan las familias endeudadas y los ahorristas con tasas negativas.
El problema no es menor para Luis Caputo. Si las tasas no aflojan, el consumo queda corto de nafta. También se frena el crédito personal, se enfría la venta de bienes durables y se achica el margen para mostrar recuperación en la calle. El Gobierno necesita que el sistema financiero funcione como motor. Pero los bancos van con pie de plomo.
El dato duro muestra la brecha. La tasa promedio para préstamos personales se ubica en 71,27% nominal anual, según el promedio que publica el Banco Central. Pero ese número es apenas la puerta de entrada. El costo final depende del perfil crediticio, de si el cliente cobra el sueldo en la entidad y de los cargos asociados. Por eso el número que realmente importa es el Costo Financiero Total, que suma impuestos, comisiones, seguros y gastos administrativos.
En el Banco Nación, por ejemplo, los préstamos personales para quienes adhieren al paquete de servicios tienen una tasa fija del 74% nominal anual y un CFT efectivo anual de 171,76%. Para la cartera general, sin paquete o sin relación salarial más favorable, la tasa sube al 91% nominal anual.
En Banco Provincia, las líneas para empleados de la administración pública rondan el 79% nominal anual, con un CFT efectivo anual de 114,92%.
En los privados, la foto es más áspera: líneas tradicionales de consumo de BBVA o Galicia para clientes preaprobados online pueden ubicarse en torno al 129% nominal anual, con un costo efectivo anual de 240,51%.
Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden.
La diferencia entre tasa y costo total no es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. La TNA marca el interés puro que cobra el banco. La TEA muestra cuánto pesa ese interés cuando se capitaliza durante el año. El CFT es el número completo: incluye IVA sobre intereses, gastos, comisiones y seguros. Es decir, lo que sale del bolsillo. La letra chica, en este caso, no es tan chica.
Del otro lado del mostrador, los bancos pagan bastante menos por quedarse con los pesos de los ahorristas. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece 19,5% nominal anual para plazos fijos; Nación, 19%; BBVA, 18,75%; Macro, 18%; ICBC y Credicoop, 17,5%; Ciudad, 17%; Galicia, 16,25%; Patagonia, 16%; y Santander, 15%. La distancia entre lo que pagan por captar fondos y lo que cobran por prestarlos ronda los 50 puntos porcentuales en términos nominales.
Esa brecha luce desproporcionada frente a una inflación que el mercado proyecta en 30,5% interanual para diciembre, según el REM del Banco Central. Los plazos fijos pagan tasas reales negativas si se los compara con una inflación mensual que se mueve en torno al 2% o 2,3%. Los préstamos personales, en cambio, viajan varios pisos por encima de los precios esperados.
En las entidades aseguran que el principal componente de esa diferencia es el riesgo de incobrabilidad. El argumento es que cuando aumenta la mora, el banco cubre la posible pérdida encareciendo la tasa para quienes sí cumplen. Esta en el ADN del sistema financiero: socializa el riesgo dentro de la propia cartera y lo transforma en precio.
El último Informe sobre Bancos del BCRA confirma que el problema viene creciendo. En marzo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió al 7% para el conjunto de entidades. Fue 0,3 puntos más que en febrero y 5 puntos más que un año atrás. Pero el promedio general disimula la fractura: la mora de las familias llegó al 11,5%, mientras que la de las empresas alcanzó el 3,1%.
La diferencia es clave. Las empresas todavía muestran un comportamiento de pago mucho más sólido. Los hogares, en cambio, aparecen como el eslabón débil de la cadena. El deterioro de los ingresos, el uso del crédito para llegar a fin de mes y el arrastre de cuotas caras hicieron subir la irregularidad familiar al nivel más alto en dos décadas. El BCRA marcó que la suba en hogares estuvo impulsada sobre todo por préstamos personales.
Cuando la mora se mide en personas y no sólo en pesos, el cuadro se vuelve más incómodo. Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Desde los bancos remarcan que la morosidad no está bajando. Al contrario, dicen que acumula más de 16 meses consecutivos de suba. En las mesas de riesgo hay una frase que se repite: no se puede prestar a largo plazo con tasas de corto plazo si la macro todavía no despejó la niebla.
Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Pero la mora no explica todo. Las entidades también apuntan a las regulaciones y a los encajes del Banco Central. Los bancos no pueden prestar todo el dinero que reciben de los depositantes. Deben mantener una parte inmovilizada como garantía de liquidez. Ese dinero queda congelado y no genera ganancias comerciales directas. Según la lectura bancaria, ese costo se compensa en los créditos que sí salen a la calle.
A eso se suma la falta de escala. El mercado de crédito formal argentino es chico en relación con el PBI. Hay pocos tomadores de largo plazo, poca profundidad financiera y una historia de crisis que dejó cicatrices. En ese ecosistema, cada préstamo carga con más costos operativos, más estructura y más margen unitario.
También pesan los impuestos y el costo de fondeo. Los bancos mencionan salarios indexados, gastos administrativos, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos y cargos asociados a cada operación. Además, el bajo atractivo de los plazos fijos tradicionales obliga a cuidar la liquidez con cuentas a la vista. Esa dinámica encarece el fondeo y vuelve más difícil trasladar al crédito una baja fuerte de tasas.
