Milei nombra en Salud al funcionario macrista que se «olvidó» un sobre con 10.000 dólares en su escritorio
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Milei nombra en Salud al funcionario macrista que se «olvidó» un sobre con 10.000 dólares en su escritorio

 

El Gobierno oficializó este martes el ascenso de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Se trata de un exfuncionario de Mauricio Macri cuyo nombre quedó asociado a uno de los episodios más llamativos de aquella gestión: el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en efectivo dentro de un escritorio de su despacho, dinero que aseguró haber «olvidado».

Por Roque Pérez para NLI

La designación de Rodrigo Alberto Sbarra quedó formalizada mediante el Decreto 579/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco de la reestructuración de la cartera que conduce Mario Lugones tras la salida de Guido Giana. Hasta ahora, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y pasó a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura administrativa del ministerio.

El nombramiento vuelve a colocar en el centro de la escena a un funcionario cuya trayectoria política quedó marcada por un escándalo que estalló durante el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre de 2018, cuando se desempeñaba como subsecretario de Coordinación del entonces Ministerio de Producción, una empleada encontró un sobre con 10.000 dólares guardado dentro de un escritorio que había pertenecido a Sbarra. El episodio dio lugar a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.

El sobre con dólares que nunca pudo explicar del todo

Tal como informó oportunamente NLI en 2020, Sbarra sostuvo ante la Justicia que el dinero era de su propiedad y que simplemente se lo había «olvidado» dentro del mueble al dejar el cargo. Sin embargo, esa explicación no disipó las dudas, ya que los dólares no figuraban declarados en su patrimonio y la causa avanzó para determinar si existía un posible delito vinculado a la omisión de bienes.

La investigación judicial puso bajo la lupa la consistencia de su patrimonio, empresas y offshores y abrió interrogantes sobre el origen de ese dinero en efectivo. Aunque el exfuncionario intentó justificar la existencia de los dólares como un ahorro personal, el caso quedó instalado como uno de los símbolos de las contradicciones del discurso anticorrupción que Cambiemos exhibía durante su gestión.

Un viejo funcionario del PRO reciclado por Milei

Lejos de quedar relegado tras el cambio de gobierno, Sbarra fue reincorporado a la administración nacional por Milei. Primero ocupó cargos en la Jefatura de Gabinete y posteriormente desembarcó en el Ministerio de Salud, donde ahora fue promovido para administrar una de las áreas más sensibles de la cartera sanitaria.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio responde a una reorganización administrativa y que Sbarra continuará impulsando las políticas de modernización y desburocratización del ministerio. Sin embargo, su designación inevitablemente reactiva el recuerdo de un episodio que nunca dejó de generar cuestionamientos públicos y que, para muchos, simboliza las inconsistencias de una dirigencia que hizo bandera de la transparencia mientras algunos de sus funcionarios debían explicar la aparición de miles de dólares sin declarar.

Con este nuevo nombramiento, Milei vuelve a apoyarse en cuadros provenientes del macrismo para ocupar puestos estratégicos de la administración nacional. En este caso, la decisión adquiere una carga política adicional porque recae sobre un funcionario cuyo nombre quedó asociado a una causa judicial que puso en duda la transparencia patrimonial de uno de los hombres de confianza del gobierno de Mauricio Macri.

 

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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