CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN

Mientras Milei aplica con mano de hierro su ajuste libertario, destruye el sistema universitario, arrasa con derechos laborales y precariza hasta la esperanza, el foco mediático se corre hacia la figura de Cristina.

Por Nicolás Valdez para EnOrsai

El fallo de la Corte Suprema que sella el destino judicial de la expresidenta no es sólo una sentencia penal: es un mensaje político con olor a revancha. En un contexto marcado por el ajuste salvaje de Javier Milei, la ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner se convierte en cortina de humo para tapar la devastación social. Pero el operativo no sólo busca silenciar a una figura clave del peronismo: pretende reescribir la historia y vaciar de contenido la voluntad popular.

A las 01:00 del 11 de junio de 2025, mientras las calles de Buenos Aires aún resonaban con los ecos de la última protesta universitaria, se conoció una noticia que golpeó como un mazazo a la política argentina: la Corte Suprema había dejado firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una decisión unánime, veloz, quirúrgica. No hay más instancias nacionales a las que recurrir. Y lo más grave: no hay dudas de que lo que se juega aquí va mucho más allá del destino individual de una expresidenta.

La maquinaria judicial ya está en movimiento. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, notificó a Cristina y a los otros ocho condenados: tienen cinco días hábiles —hasta el miércoles próximo— para presentarse ante la Justicia. Si no lo hacen, la orden de detención será inmediata. El espectáculo está servido. Lo que en otros países sería un hecho jurídico, en Argentina se transforma en show político, en linchamiento mediático, en oportunismo judicial.

Pero ¿es justicia o escarmiento?

Mientras Milei aplica con mano de hierro su ajuste libertario, destruye el sistema universitario, arrasa con derechos laborales y precariza hasta la esperanza, el foco mediático se corre hacia la figura de Cristina. ¿Casualidad? Difícil de creer. En este momento de crisis estructural, la confirmación de la condena aparece como un gesto dirigido a consolidar el relato de la antipolítica: todos los políticos son corruptos, todos son parte del “sistema” a destruir. Todos… menos los que gobiernan ahora, claro. Los que se enriquecen en dólares mientras reparten miseria en pesos.

La estrategia judicial contra Cristina no es nueva. Lleva años de acumulación, de foros truchos, de jueces que almuerzan con espías y fiscales que operan desde sets de televisión. La llamada “Causa Vialidad”, origen de esta condena, fue emblemática en su construcción: desde la manipulación de pruebas hasta la selección selectiva de acusados. La condena, ahora firme, no sólo la excluye de la competencia electoral del 7 de septiembre en Buenos Aires: busca sepultarla políticamente. Borrar del mapa a una dirigente que, con aciertos y errores, representa un proyecto nacional, popular y democrático que incomoda profundamente al poder económico y mediático.

¿Dónde cumplirá la pena? El juez Gorini pidió al Ministerio de Seguridad que le asigne una dependencia adecuada. Se supone que habrá “consideración específica” por sus características personales. Cristina tiene 72 años y, en ese sentido, su defensa puede solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, algo previsto en la legislación argentina. Si se la otorgan, es probable que cumpla la condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución. Aunque, como todo en esta historia, ese detalle también será explotado para la estigmatización: si la encarcelan, será un “acto de justicia”; si va a su casa, será “un privilegio más”.

El mensaje está claro: quien ose disputar el poder real, paga caro. Y si lo hace desde una identidad popular, con apellido peronista, con peso electoral, peor aún.

La jugada del oficialismo judicial no es inocente ni aséptica. En plena campaña, mientras el Gobierno de Milei revienta los sueldos y hunde las universidades públicas, la escena de Cristina detenida o bajo arresto domiciliario funcionará como distracción y herramienta disciplinadora. Porque esto no se trata sólo de Cristina. Se trata de lo que representa. De una matriz de país que garantizó derechos, redistribuyó recursos y tuvo la osadía de enfrentar a las corporaciones. Un modelo que, con todos sus límites, todavía despierta esperanzas en amplios sectores populares.

En el terreno internacional, la expresidenta prepara una contraofensiva. Su abogado, Gregorio Dalbón, anunció que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tiene seis meses para presentar la denuncia. Pero el daño ya está hecho: la imagen de una líder política condenada por corrupción será usada hasta el hartazgo para equiparar a la militancia con el delito, al compromiso con el robo, a la política con la traición.

Mientras tanto, el escenario político se recalienta. El peronismo se queda sin su figura más potente para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La prohibición es categórica: la inhabilitación perpetua ya fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral. La intención de Cristina de postularse a diputada se estrella contra el muro del lawfare. ¿Qué puede hacer el peronismo ante esta avanzada? ¿Replegarse? ¿Resignarse? ¿Renovarse? El interrogante está abierto, pero la sensación dominante es que se está librando una batalla decisiva no sólo por un liderazgo, sino por la posibilidad misma de una alternativa política al ajuste feroz del oficialismo.

La Argentina de hoy está sitiada. Por la inflación, por el dólar, por el hambre. Por un gobierno que celebra el cierre de universidades y el desmantelamiento del Estado mientras garantiza aumentos salariales a las fuerzas de seguridad. En este clima asfixiante, donde se criminaliza la protesta y se deslegitima toda disidencia, la condena a Cristina Fernández de Kirchner aparece como una pieza más del engranaje represivo y disciplinador. No es casualidad, es método.

La democracia no se construye sobre sentencias dictadas entre bambalinas ni sobre operaciones judiciales ejecutadas con precisión quirúrgica. Se construye con debates abiertos, elecciones limpias y ciudadanía movilizada. Hoy, más que nunca, lo que está en juego no es el futuro de una persona. Es el alma de una nación.

Y mientras Milei avanza con motosierra en mano, Cristina, con sus luces y sombras, se convierte en un símbolo incómodo para quienes quieren refundar la Argentina sobre las ruinas del Estado y el silencio de la política. Silenciarla a ella es silenciar a millones. Pero la historia, ya lo sabemos, no siempre responde al capricho de los poderosos.

La designación de Francisco Jorge Adorni se realizó tras la renuncia de Betina Betsabé Surballe.

En una nueva muestra de «acomodo político», el ministro de Defensa, Luis Petri, designó al contador público Francisco Jorge Adorni como nuevo presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM), en reemplazo de la contadora Betina Betsabé Surballe, quien presentó su renuncia días atrás.

La medida fue oficializada hoy mediante la Resolución 543/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial. En el texto se aceptó la dimisión de Surballe, que hasta el 11 de junio se desempeñaba como directora representante del Ministerio en el Directorio del Instituto y titular del mismo, cargo para el cual había sido designada en noviembre del año pasado.

Adorni asumirá en su lugar a partir de la misma fecha, con mandato por dos años. Se trata del hermano del Vocero y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adroni.