La Gobernadora Arabela Carreras encabezó una reunión virtual con los Intendentes e Intendentas de la provincia, a quienes les transmitió que las disposiciones que determinó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, son de cumplimiento obligatorio. Previamente, se había reunido con el Comité de Crisis.
Río Negro se encuentra en alto riesgo epidemiológico, por lo que los términos del decreto que aún no ha sido publicado, deberán cumplirse en toda la provincia. Por esta razón, no es necesaria ninguna adhesión provincial o municipal.
Junto a su Gabinete, la Mandataria además ratificó que habrá controles estrictos para el cumplimiento del nuevo confinamiento sanitario.
Confirmó que el Gobierno Provincial dispondrá una serie de medidas fiscales para acompañar a los sectores afectados por los cierres de actividades.
La Gobernadora requirió a los y las jefes comunales la mayor colaboración y esfuerzo para el control del cumplimiento de las restricciones con sus respectivos equipos de fiscalización. También remarcó que las clases serán en modalidad no presencial durante los tres días hábiles de la semana próxima.
Asimismo, Carreras confirmó que se mantendrá el servicio en la Administración Pública con tarea a través de teletrabajo y guardias mínimas en los lugares que así lo requieran, manteniendo el funcionamiento de todos los servicios e invitó a adherir a los Municipios para disminuir la circulación.
Durante el encuentro, el Ministro de Salud, Fabián Zgaib, brindó un detalle de la actual situación epidemiológica provincial y del avance del plan de vacunación contra el COVID-19, a través del cual hasta el momento se han aplicado 199.413 dosis.
Por su parte, la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, adelantó que continuará el trabajo conjunto con las fuerzas federales para el control en las distintas ciudades entre las 18 y las 06, al tiempo que adelantó algunos aspectos del plan operacional dispuesto.
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Con el argumento de la “eficiencia” y la “falta de recursos”, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un convenio de más de 54 millones de pesos con la Fundación Maximiliano Kolbë —parte de la red CONIN— para que una ONG privada asuma tareas esenciales del área social. El acuerdo replica el modelo impulsado por Abel Albino y profundiza el vaciamiento del Estado local.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Francisco Azcué firmó la entrega
En una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, el intendente Francisco Azcué (Juntos por el Cambio y aliado de La Libertad Avanza) decidió delegar la política social municipal en una organización privada. A través del Decreto N° 994/2025, Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, autorizaron un convenio con la Fundación Maximiliano Kolbë por más de 54 millones de pesos, para realizar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” dirigido a niños y embarazadas.
Del Estado al “franquiciado solidario”
El acuerdo, que tendrá vigencia hasta junio de 2026 señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, prevé un pago mensual de $4.520.000 a la fundación presidida por Stella Maris Micucci, una entidad que integra la red de CONIN, la organización del pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza.
El modelo que ahora adopta Concordia reproduce la llamada “franquicia solidaria” de Albino: una trama de fundaciones y ONGs que, bajo un discurso asistencialista, reemplazan funciones del Estado y canalizan fondos públicos hacia estructuras privadas con fuerte impronta religiosa.
Mientras el municipio reduce personal, cierra comedores y suspende programas sociales por “falta de recursos”, el mismo presupuesto se destina a financiar una organización privada que asume las tareas abandonadas por el Estado.
Los comedores cerrados y el discurso del “ahorro”
En los barrios de Concordia, los comedores vacíos y los Centros de Desarrollo Infantil cerrados se transforman en el símbolo más visible del ajuste. Lo que antes hacían nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y equipos municipales, ahora queda en manos de una ONG sin control institucional ni auditorías externas claras.
La letra chica del decreto deja al descubierto el vacío de control: el artículo 2° se limita a ordenar el pago mensual “a condición de que la institución dé cumplimiento al convenio”, sin establecer mecanismos de evaluación o seguimiento.
En la práctica, el municipio se desentiende de su rol de garante de derechos y se transforma en una caja de transferencia de fondos públicos a manos privadas.
La lógica Milei aplicada en Concordia
Lejos de ser un hecho aislado, el caso se inscribe en una tendencia nacional que se profundizó con el gobierno de Milei: el reemplazo del Estado por ONGs, fundaciones o iglesias que operan como prestadoras de servicios públicos. Bajo el eufemismo de la “cooperación público-privada”, se consolida un modelo de retiro planificado del Estado y transferencia de recursos a entidades con intereses propios y orientación ideológica definida.
El argumento del ahorro resulta cada vez más insostenible: lo que se recorta en salarios públicos se gasta —y con creces— en convenios sin control ni transparencia. Se achican las instituciones locales, se debilitan los equipos técnicos y se abren las puertas a contratos opacos.
¿Quién gana y quién pierde?
La pregunta que resuena en Concordia es simple: ¿a quién beneficia esta política? Las organizaciones “solidarias” acumulan poder, fondos y legitimidad, mientras los vecinos pierden la presencia del Estado en su barrio. En el corto plazo, el impacto se mide en menos raciones de comida y familias sin atención. En el largo plazo, en la erosión del tejido institucional que sostiene la democracia local.
Privatización encubierta
El convenio con la Fundación Kolbë no es un error administrativo, sino una decisión política coherente con la ideología de desmantelamiento estatal que Milei impulsa desde la Casa Rosada. En Concordia, se traduce en despidos, cierres y contratos a medida, con los niños y embarazadas como víctimas silenciosas del ajuste.
Mientras tanto, la retórica de la “eficiencia” sigue sirviendo de excusa para justificar lo injustificable: un municipio que dice no tener recursos para sostener comedores, pero sí los tiene para financiar a una ONG ligada al Opus Dei.
También lo hizo el ministro del Interior, Lisandro Catalán
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
Guillermo Francos presentó este viernes por la noche su renuncia como jefe de Gabinete, en el primer movimiento interno tras la victoria legislativa del oficialismo. Lo reemplazará Manuel Adorni, actual secretario de Comunicación y vocero presidencial. La decisión se conoció mientras Milei mantenía una reunión con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, un dato que no pasó desapercibido en el tablero político.
Francos difundió su dimisión a través de su cuenta de X, después de varias negativas y versiones cruzadas sobre su salida. En su carta de renuncia señaló: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.
El exfuncionario también agradeció “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, en un tono de despedida que buscó evitar cualquier lectura de conflicto. Sin embargo, su partida deja expuesto el reacomodamiento interno del mileísmo tras la avanzada macrista, que viene ganando peso en los ministerios clave.
Del diálogo al desplazamiento
Francos había asumido el 3 de junio de 2024, tras reemplazar a Nicolás Posse en un intento por darle al gobierno libertario una cara dialoguista. Su última gestión como jefe de Gabinete fue la reunión con 18 gobernadores y dos vicegobernadores, el jueves pasado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, apenas un día después de los comicios.
Con tono casi de balance, Francos afirmó: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.
Su salida coincidió además con la renuncia de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior, lo que sugiere un recambio completo en las áreas políticas del Gobierno, tradicionalmente encargadas de tender puentes con las provincias y el Congreso.
Un cierre con aroma a desplazamiento
Desde la Oficina del Presidente, el comunicado oficial destacó su rol en las llamadas “reformas estructurales”: la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, todas iniciativas con fuerte resistencia opositora y cuestionamientos judiciales. “La Nación estará siempre en deuda con él”, concluyó el texto difundido por el entorno presidencial.
Pero la elección de Adorni, un funcionario sin experiencia en gestión y con perfil estrictamente mediático, refuerza la idea de un Gabinete cada vez más concentrado en la comunicación antes que en la gestión.
Mientras Milei y Macri definen los nuevos equilibrios de poder, el desplazamiento de Francos marca el fin de la etapa “dialoguista” del Gobierno y el comienzo de una fase donde el discurso libertario se fusiona con la estrategia política del PRO.
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