La Gobernadora Arabela Carreras encabezó una reunión virtual con los Intendentes e Intendentas de la provincia, a quienes les transmitió que las disposiciones que determinó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, son de cumplimiento obligatorio. Previamente, se había reunido con el Comité de Crisis.
Río Negro se encuentra en alto riesgo epidemiológico, por lo que los términos del decreto que aún no ha sido publicado, deberán cumplirse en toda la provincia. Por esta razón, no es necesaria ninguna adhesión provincial o municipal.
Junto a su Gabinete, la Mandataria además ratificó que habrá controles estrictos para el cumplimiento del nuevo confinamiento sanitario.
Confirmó que el Gobierno Provincial dispondrá una serie de medidas fiscales para acompañar a los sectores afectados por los cierres de actividades.
La Gobernadora requirió a los y las jefes comunales la mayor colaboración y esfuerzo para el control del cumplimiento de las restricciones con sus respectivos equipos de fiscalización. También remarcó que las clases serán en modalidad no presencial durante los tres días hábiles de la semana próxima.
Asimismo, Carreras confirmó que se mantendrá el servicio en la Administración Pública con tarea a través de teletrabajo y guardias mínimas en los lugares que así lo requieran, manteniendo el funcionamiento de todos los servicios e invitó a adherir a los Municipios para disminuir la circulación.
Durante el encuentro, el Ministro de Salud, Fabián Zgaib, brindó un detalle de la actual situación epidemiológica provincial y del avance del plan de vacunación contra el COVID-19, a través del cual hasta el momento se han aplicado 199.413 dosis.
Por su parte, la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, adelantó que continuará el trabajo conjunto con las fuerzas federales para el control en las distintas ciudades entre las 18 y las 06, al tiempo que adelantó algunos aspectos del plan operacional dispuesto.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.
Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.
Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo
La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.
Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.
El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.
En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.
La investigación sigue abierta
La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.
Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.
Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.
La vara de la moralidad
Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.
Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.
No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.
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