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SIN AGUA NO HAY UNIÓN

Desde que la pandemia llegó al país, o más bien desde que comenzó la primera etapa de confinamiento el Estado en todos sus escalafones, viene reforzando el concepto de unión ciudadana, de empatía, de cuidarse uno para cuidar al otro, “si te cuidás vos, nos cuidás a todos”. También los mensajes de normas de cumplimiento para evitar contagios se repiten a diario en todos los posteos oficiales: distanciamiento social, quedate en casa y lavado de manos efectivo y continuo, los más enunciados. Este último consejo pierde sentido en sí mismo cuando el Estado municipal y provincial deja a la deriva, con escasez de agua, durante toda la pandemia a un barrio entero. Ese barrio es La Unión.

¿Cómo cumplir con las demandas oficiales sin acceso al derecho humano esencial?

El barrio La Unión tiene problemas de agua hace más de 20 días. Amanecen sin agua, se duermen sin agua. Solo por la tarde tienen la fortuna de contar con un poco.

Este barrio está sobre el final del parque industrial, se llega por calle Bartolo Pasín hasta la intersección con Domingo Colletti zona de parque industrial, allí conviven aproximadamente 90 familias, entre ellos abuelos con diabetes y niños con afecciones respiratorias, gente que trabaja en el basural juntando aluminio, cobre, bronce y necesita (como todos) higienizarse cuando regresan de sus jornadas de trabajo. Un barrio de gente humilde y trabajadora al que a fines del año pasado se le sumaron 35 familias más.

El agua es un derecho esencial, un servicio básico. El agua es dignidad. El agua es salud más allá del contexto pandémico que requiere su uso constante para la higiene. La agenda de DDHH en el 2000 demanda que todo ciudadano cuente con los servicios esenciales, entre ellos el agua. Pero si hacemos hincapié en la pandemia, el no contar con agua en un barrio entero refleja un abandono del Estado no a un grupo de familias sino a toda la comunidad. Están generando un caldo de cultivo ideal para que el virus (si llega) haga lo suyo.

Hoy la realidad del país en cuanto a sanidad se refiere nos muestra claramente que el mayor de los cuidados debe estar en las zonas más vulnerables, más humildes; CABA y Bs  As tienen en sus zonas más humildes casi el 90% de los contagios del país. La muerte de Ramona quien había denunciado la falta de agua en la Villa 31, puso en evidencia lo que los medios hegemónicos no te querían mostrar, el abandono de los más necesitados. A veces los políticos necesitan ejemplos reales para entrar en acción. A veces ante la indiferencia, ni eso alcanza. Llamado para el intendente Orazi y la gobernadora Carreras.

Me obligo a insistir en el concepto que en el 2000 no pueden existir personas que no tengan libre acceso a un servicio tan esencial como lo es al agua (5 millones de personas no cuentan con agua en la Argentina). Es cierto que Regina tiene graves problemas con su red de agua, principalmente es un sistema precario en parte obsoleto que sufre diariamente el crecimiento demográfico de la ciudad y su falta de inversión.

Problemas intermitentes con soluciones paliativas aguantamos, dejar sin agua y no dar respuestas a 90 familias es inconcebible.

“Cuando yo llegué hace 12 años atrás ya había agua con la dificultad que de una sola manguera se compartía para todos a 56 familias. Hace 5 años que formamos una junta vecinal provisoria y empezamos a pelear por el tema del agua y que cada vecino tenga su propia red. Durante la gestión de Rayó fuimos escuchados y tuvimos visibilidad en el ejecutivo, recibimos algunas ayudas para solucionar la problemática del agua”, cuenta Marcelo Cisneros quien es presidente de la junta vecinal de La Unión.

Una junta vecinal que es provisoria ya que todavía no está reconocida oficialmente por el municipio pero cuenta con todo lo demandado por el estatuto de las juntas vecinales. Para que se reconozca la junta primero se debe reconocer el bario “La Unión”, trámites que están iniciados desde el año pasado en el CD.

“Hace un tiempo logramos que nos pongan el alumbrado  público, también que pase el camión recolector de basura porque antes no pasaba, hoy en día pasa 3 veces por semana” explica Cisneros y agrega decepcionado nos sentimos como que no pertenecemos a Regina, que no somos escuchados. A parte con el tema de la pandemia necesitamos el agua urgente, tenemos abuelos con diabetes, chicos con problemas respiratorios, hay mucha gente en el barrio por ejemplo que trabaja recolectando residuos en el basural y vive juntando aluminio, cobre, bronce, y toda esa gente necesita higienizarse (como todos) y al no tener agua estamos expuestos continuamente a algún contagio y por supuesto que queremos evitar todo esto”.

El presidente de la Junta Vecinal explica que “este verano por suerte lo pasamos bien, sin falta de agua ni presión y ahora con el frio llegaron los problemas, hace un mes más o menos. No hay agua durante la mañana hasta las 6 de la tarde, por ahí vuelve sale un chorrito, en la madrugada no hay nada de agua. Y así va pasando todos los días, hemos hecho reclamos en algunos medios y a razón de esto elevamos un reclamo al Concejo Deliberante y se la enviamos al Presidente para que intervenga pero hoy en dÍa seguimos sin agua. Hoy mismo desde anoche que no tenemos agua”.

Sobre la respuesta del Estado municipal ante la situación Cisneros cuenta que con el único que tuvieron contacto del municipio fue con Manuel Hernandez que es el encargado de juntas vecinales y que él les dijo que cualquier problema que tengan se lo derivara a él (no tienen agua Hernandez, no es ese un problema?), para que él eleve el informe a obras públicas, “una sola vez estuve con este hombre el 5 de mayo y prometió una solución, nunca más pudimos volver a comunicarnos, la verdad que sentimos que nos vino a biciletear”.

Durante la visita de Hernandez al barrio hace casi 20 días Cisneros narra que se acercó a charlar, que no tenía idea donde se encuentra el pozo ni el bombeo, “lo que ellos dicen es que la gestión anterior no les dejó informes sobre esta cuestión. Entonces yo me ofrecí a hacerles un recorrido para mostrarles donde está ubicada la bomba hacia donde bombea, donde están las llaves de corte, donde va la distribución de agua ya que nosotros compartimos el agua con el parque industrial. Me dediqué a hacerle un recorrido e indicarle por donde pasa  la red de agua que pasa para el barrio, incluso le mostré dos pérdidas grandes que hay (una atrás del acerradero de Prietto y otra es pasando el barrio donde está el loteo de los caños amarillos) pero nunca se repararon, al día de la fecha no han hecho nada. Intente comunicarme nuevamente con Hernandez pero no logré ubicarlo. En la guardia hasta me han dicho que no saben dónde queda el barrio la unión”.

Carta enviada al Concejo Deliberante

Desde el ejecutivo lo que se le explicó por intermedio del Director de Obras Públicas Ing. Alberto Guglielmin (ante la imposibilidad de comunicarse con Rubén Pojer director de obras sanitarias) al bloque de Concejales del Frente de Todos que se movilizó inmediatamente la carta de la junta del barrio dirigida a Edgardo Vega ingresó en mesa de entrada del CD: que el ejecutivo tiene conocimiento del tema, que han enviado cuadrillas para arreglar y que han tomado conocimiento de la pérdida que tienen algunos caños que hacen que se pierda la presión, la bomba instalada en el barrio se regula por horarios para que no sufra desperfectos. Es la única información oficial que conseguimos.

Soluciones demasiado efímeras para una problemática tan grave, todavía no se vislumbra oficialmente una solución real y definitiva. El problema y el contexto sanitario así lo exigen.

El acceso al agua potable es el derecho humano esencial que atraviesa a todos los demás derechos. Es la posibilidad fundamental de todas las otras posibilidades, el Estado municipal y provincial deben restituir inmediatamente ese servicio al barrio. Es su obligación con las 90 familias y es una cuestión de salud pública para toda la comunidad.

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    La hidrovía de Milei: una privatización bajo sospecha que terminó exactamente como se había denunciado

     

    La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

    Por Roque Pérez para NLI

    La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

    Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

    Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

    El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

    Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

    En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

    Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

    La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

    Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

    Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

    Mucho más que una obra pública

    La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

    En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

    La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

     

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  • Monteoliva sobre el policía que disparó en la marcha: «Era un arma de estruendo, lo único que hace es ruido»

     

    La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva pasó por Córdoba, donde encabezó el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Y allí, frente al Círculo rojo mediterráneo salió a bancar el accionar de Gustavo Gauna, el comisario de la Federal que disparó, de civil, en la marcha contra la Ley de Tierras del pasado jueves.

    Monteoliva respaldó la portación de arma por parte del efectivo de civil al decir que «es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada». «Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», dijo la cordobesa Monteoliva en la disertación en la Bolsa de Comercio.

    Situación, la del comisario Gauna que derivó en una denuncia y una citación a la integrante del Gabinete nacional al Congreso por parte de la oposición.

    «Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves», dijo Monteoliva, visiblemente molesta.

    Tensión que se hizo más notoria cuando le preguntaron en el recinto, y frente al empresariado cordobés, por la polémica de la bandera de Malvinas en el Mundial. «Lo aclaro una vez más: las recomendaciones no fueron mías. Quien define los parámetros es la FIFA», dijo e insistió con «el dibujito de las banderas», frase que repitió este mediodía en Córdoba.

    «Lo que hicimos fue comunicar para que la gente no se quedara con la entrada en la mano y la camiseta puesta. Este es el Gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas. Hay otros que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada», afirmó Monteoliva.

    La bandera

    De los líderes de la oposición, particularmente de ese eje que componen el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez, quien estuvo fue el referente libertario. No así el integrante de la Cámara alta, muy crítico de Monteoliva por su pasado como funcionaria de De la Sota en el acuartelamiento policial en el 2013 y muy cercana, ahora, al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Quien se sentó en la mesa central junto a Bornoroni y al presidente de la entidad, Manuel Tagle.

     

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