Banfield: escrache al genocida Julio Yessi de la Triple A

Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

El Gobierno de Javier Milei acelera su plan de privatizaciones luego del resultado electoral de octubre, con el objetivo de que el sector privado asuma el control de servicios estratégicos en transporte y energía. El primer paso se concreta este mes con la concesión de la ruta del Mercosur, proceso que ya recibió siete ofertas y que tendrá preadjudicación antes de dos semanas, según estiman en Economía.

El ministro Luis Caputo aseguró que el modelo implicará mayor inversión y eficiencia: “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, resaltó al difundirse el interés de las empresas oferentes.

A la par, el 7 de noviembre se conocerán las propuestas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, con una expectativa de recaudación estatal de entre US$500 millones y US$700 millones. Entre los actuales operadores que presentarían ofertas figuran AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados).

El Gobierno planea además, para lo que resta de 2025, la segunda etapa de licitación de rutas nacionales hoy bajo la órbita de Corredores Viales, abarcando más de 4.400 kilómetros, incluidos accesos a los puertos del Paraná. Una tercera fase, con la ruta 9 como uno de los ejes, quedaría para comienzos de 2026.

Las empresas que se preparan para una posible venta

El Ejecutivo trabaja en el envío al nuevo Congreso de un listado con empresas que podrían privatizarse total o parcialmente, como parte de la “segunda ola” de reformas.

Entre las firmas con procesos ya en marcha o en preparación se destacan:

• Enarsa, cuyo programa de venta avanzará “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
• Transener, donde se prevé la venta antes de febrero de las acciones estatales.
• Aysa, en etapa de valuación para definir las condiciones de una futura privatización mayoritaria vía Bolsa.
• Belgrano Cargas, con llamado a licitación previsto entre fines de noviembre y principios de diciembre.
• Hidrovía, cuya adjudicación se proyecta para fin de año.
• Nucleoeléctrica, con avance hacia una privatización parcial en 2026.

En despachos oficiales también ya se analizan empresas que quedaron fuera de la Ley Bases aprobada en 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que podrían incorporarse más adelante al plan.

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El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad presentó un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas. «La reciente visita del presidente Milei al Estado genocida de Israel es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel», denuncian. Asimismo, señalan: «Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional». Por ANRed.

Con el N°3230-D-2025, las y los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Vanina Biasi, Vilma Ripoll, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas con el régimen liderado por Benjamín Netanyahu.

«Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios», señala el artículo 1° del proyecto.

Los palestinos se agolparon para obtener una comida gratis en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el mes pasado. Crédito: Fatima Shbair/Associated Press.

En tanto, en su artículo 2° dispone: «el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio«.

En tanto, en sus fundamentos, el proyecto del FIT remarca: «la reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel, que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025, es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel«.

El 80% de la ciudad de Gaza ha sido destruida por los ataques aéreos israelíes.

En la misma línea las y los legisladores de izquierda agregan: «efectivamente, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)».

«Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama – suma el proyecto en sus fundamentos – Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria«.

En cuanto al denominado «Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo«, firmado por Milei, el FIT recuerda que «no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá«. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná».

Norita Cortiñas, acompañando a «Fuera Mekorot». Foto: David Paoli Testa.

«Se trata de fortalecer los negociados, como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas – denuncia el FIT – También ‘apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios’. Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)», detalla el proyecto del FIT.

Milei recibió el «Premio Génesis», conocido como el “Nobel Judío”, en una ceremonia especial en el Knesset.

Asimismo, el proyecto señala: «la Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio».

Finalmente, con respecto al acuerdo de pensiones y jubilaciones con Israel, remarcan: «es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional».

La jueza Julieta Makintach denunció el lunes por la noche a su par Maximiliano Savarino «por falso testimonio» tras haber declarado en el jury de enjuiciamiento contra ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que la medida la tomó la defensa de Makintach, luego de que Savarino señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente le habián avisado de esas presencias.

«No observé el primer día de la audiencia, cuando empezó el juicio oral, a las personas que después de la investigación aparecen filmando a escondidas, de donde estoy yo, en el lado izquierdo, al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo (…) «, afirmó el magistrado.

Y añadió: «No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora  Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro».

Estos dichos fueron tomados por Makintach y se impulsó una denuncia por falso testimonio, luego de que se ratificara la presencia de una cámara dentro del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

«El día 11 de marzo de 2025, en la causa 5628 del TOC Nro. 3 de San Isidro donde se debatía la muerte del señor Diego Armando Maradona, jornada de primer audiencia del debate, donde se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos, al punto que el día 19 de agosto de 2025, la señora Laura Soledad Minici, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, ratificó la existencia de una cámara», señaló.

«En la primer jornada hubo una situación que Barrionuevo inicialmente me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público. No se habían acreditado con Ezequiel Klass (subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Daniela Barrionuevo quevenían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes», precisó Minici.

Y agregó: «Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Verónica Di Tomasso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que sí, que después lo veían entre ellos. Cuando luego surge el tema de la grabación, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y me dijeron ‘luego lo vamos hablar con Ezequiel Klass’».

Asimismo, detalló que dentro de la sala «sólo estaban algunos periodistas gráficos en esa primera jornada, en la sala, porque no podía haber cámaras«.

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte. Creo que Barrionuevo me transmitió que estaban grabando en algún cuarto intermedio y ahí yo se lo transmití a los jueces, no recuerdo bien cuando, fue muy extensa la primer jornada”, precisó.

Y cerró: «No recuerdo haber visto a esa persona grabando, yo lo transmití a mis superiores y me desentendí de eso (…) La respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass, yo ese día no volví a hablar del tema con ellos y luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando».

El juicio continúa este martes

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada. Además, la magistrada solicitó volver a declarar.

Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.

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Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este domingo nuevos movimientos dentro de su gabinete provincial, a través de su cuenta de «X».

Confirmando los cambios que ya había anticipado antes de las elecciones legislativas, a través de sus redes sociales, comunicó que Leticia Esteves — actual secretaria de Ambiente y Recursos Naturales — asumirá como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. El cambio forma parte de una reestructuración más amplia que busca optimizar la gestión provincial en áreas clave para el desarrollo económico y sustentable.

Con esta decisión, Figueroa fusiona las carteras de Turismo y Ambiente bajo una misma conducción, lo que apunta a fortalecer la coordinación de políticas vinculadas al desarrollo sostenible y la promoción turística de Neuquén. En el mismo anuncio, el gobernador agradeció la labor de Gustavo Fernández Capiet, quien deja su cargo como ministro de Turismo para asumir la presidencia de Neuquentur, la empresa estatal encargada de la promoción turística provincial.

La designación de Esteves, dirigente del PRO neuquino con amplia experiencia política y en materia ambiental, se interpreta como un gesto de apertura y de impulso a una segunda etapa de gestión más enfocada en la eficiencia y la integración de políticas públicas. Su nuevo rol combinará dos áreas estratégicas: la protección ambiental y el crecimiento turístico, ambas con fuerte impacto en la economía regional.

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