Salarios de las empleadas domésticas en Neuquén y Río Negro: “no cubrimos lo básico”

Salarios de las empleadas domésticas en Neuquén y Río Negro: “no cubrimos lo básico”

 

La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

Falta de seguridad laboral

Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

“Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

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  • Otorgaron 210 millones de pesos a 15 emprendimientos productivos

     

    El gobierno neuquino y la empresa Pluspetrol oficializaron la entrega de financiamiento a 15 emprendimientos seleccionados a través del programa Impacta Neuquén, una iniciativa que impulsa proyectos con triple impacto —económico, social y ambiental— en distintas localidades. Cada propuesta recibirá un aporte de 14 millones de pesos, totalizando una inversión de 210 millones destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor.

    El acto realizado este lunes contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder, y autoridades de Empretec.

    El programa forma parte de Emplea Neuquén y es una articulación entre el ministerio de Trabajo, Pluspetrol Argentina y Empretec. Más de 360 personas participaron del proceso, que incluyó instancias formativas en modelos de negocios sostenibles. De los 97 proyectos presentados, 25 accedieron a capacitación intensiva y certificación internacional avalada por Naciones Unidas; finalmente, 15 quedaron seleccionados para recibir financiamiento.

    Durante el acto, Castelli destacó la dimensión humana detrás de cada iniciativa. “Vi el esfuerzo que pusieron. Me llevé un aprendizaje de esta capacitación: son personas con un sueño muy grande”, expresó y afirmó que el cierre del proceso “fue un éxito”. Remarcó que Impacta Neuquén “es una política pública dentro de Emplea Neuquén, algo que ha diseñado nuestro gobernador al inicio de la gestión”, además de ratificar la necesidad de darle continuidad: “Hay muchos neuquinos y neuquinas esperando una segunda oportunidad”.

    Castelli también subrayó el compromiso con la transparencia. “Estamos convencidos, en este gobierno, que debemos trabajar políticas públicas sin amiguismos. Se acabaron las políticas públicas para los amigos. Lo único que nos importa es que sean neuquinos y neuquinas”, aseguró. “Cuando nos juntamos el sector público y el sector privado se concretan hechos muy importantes”, remarcó.

    Por su parte, Escuder agradeció la participación de los más de 350 emprendedores que formaron parte del proceso. “Nos enorgullece mucho poder contribuir a las sociedades donde operamos”, manifestó, y destacó que Impacta Neuquén contempla no solo el crecimiento económico, sino también “el desarrollo social, la inclusión y el medioambiente”. Agregó que detrás de cada emprendimiento “hay un sueño de hacer algo distinto, de proveer un servicio de una manera diferente y, así contribuir a la comunidad”.

    En tanto, el líder de Responsabilidad Social de Pluspetrol, Santiago Sarachian, señaló que Impacta Neuquén “implicó un proceso largo de capacitación para emprendedores que orientan sus proyectos al triple impacto”, y consideró que el programa “vino para quedarse”, dada la respuesta positiva en toda la provincia. También resaltó la articulación entre sectores: “Esta es la forma en la que nos gusta trabajar: sector privado, sector público y sociedad civil, alineados a lo que es política pública”.

    Desde el ministerio de Trabajo se reiteró que el acompañamiento continuará con asistencia técnica, articulación institucional y herramientas para el fortalecimiento de cada iniciativa.

    Los proyectos seleccionados

    Entre los proyectos seleccionados se encuentran Abeja Dorada Patagonia, Amigos de la Naturaleza, Fardo, Gran Mate, Kallpa, Punto Gráfico, Página 804, Reciclaje Electrónico Neuquén, Tomato, Chacra 42 Zucchini, Ecotípica, Cali Textil, Dell Vonet, Afrodita y Abrazando Culturas / Ruca Choroy, representando a distintas regiones de la provincia.

    El acto contó además con la presencia del coordinador general de Empretec, Gustavo Fernández Gorelo, y la decana de la facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, Mariela Martínez.

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  • Venezuela acusó a EE.UU. de “provocación militar” tras el envío de un buque al Caribe

     

    Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos, el USS Gravely, arribó este domingo a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares con el ejército local. La llegada del destructor se produce en medio de un aumento de la presión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

    El arribo del buque fue visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España, y permanecerá atracado allí hasta el jueves. La operación había sido anunciada días antes por el gobierno de Trinidad y Tobago, que confirmó la participación de una unidad de marines estadounidenses.

    Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “provocación militar coordinada con la CIA” y aseguró que busca generar un conflicto en el Caribe. En paralelo, Washington mantiene desde agosto una ofensiva naval y aérea en la región, con más de cuarenta muertos en ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

    Caracas denunció una “provocación militar” en el Caribe

    El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó como una “provocación militar” la llegada del buque lanzamisiles estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago.

    En un comunicado oficial, Caracas acusó al gobierno trinitense de actuar “en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe” y anunció la captura de “un grupo de mercenarios” presuntamente vinculados con la agencia de inteligencia norteamericana.

    Según la declaración, las maniobras militares impulsadas por Washington “no son ejercicios defensivos, sino una operación colonial de agresión que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

    El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves. Venezuela y Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en su punto más cercano, lo que permite la visibilidad de las costas vecinas desde ambos países.

    Escalada militar en la región

    Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe y realiza ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, decisión que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de “inventar una nueva guerra”.

    Washington sostiene que Maduro encabeza redes de narcotráfico vinculadas al denominado Cartel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano rechaza tajantemente. Caracas afirma que estas acciones responden a una estrategia para justificar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas petroleras del país.

    Tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago

    La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es considerada una aliada política de Trump y ha adoptado un discurso crítico hacia la inmigración venezolana y el aumento de la criminalidad. El gobierno de Maduro acusa a su administración de alinearse con los intereses de Washington.

    Muertes y cuestionamientos legales

    La campaña militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

    Familias trinitenses denunciaron además la muerte de dos ciudadanos de ese país en esos ataques, aunque las autoridades locales no lo confirmaron ni lo desmintieron.

    Expertos en derecho internacional advirtieron sobre la posible ilegalidad de estas operaciones, al realizarse contra sospechosos que no fueron interceptados ni sometidos a procesos judiciales.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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  • Neuquén confirmó el pago de haberes de octubre con suba salarial para estatales y jubilados

     

    El Gobierno neuquino informó que los sueldos de octubre estarán disponibles el viernes 31 de octubre, tanto para los trabajadores activos de la administración pública como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

    El depósito se realizará en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y abarcará a los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados.

    “Ese mismo día también estarán acreditados los haberes para los beneficiarios del ISSN”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.

    El aumento será del 6,96% en los salarios de octubre

    Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la actualización salarial será del 6,96%, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último trimestre.

    El incremento se suma a los ya otorgados durante el año en curso:

    • 9,73% en el primer trimestre,
    • 6,56% en el segundo trimestre,
    • y 6,96% en el tercero, correspondiente a este pago de octubre.

    El esquema de actualización responde al acuerdo paritario 2025, que estableció la actualización automática de los haberes conforme a la variación del IPC, mecanismo que el gobierno mantiene vigente para los distintos gremios estatales.

    Política salarial con actualización por inflación

    La provincia de Neuquén continúa aplicando el mecanismo de ajuste trimestral, que permite acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

    El gobernador y su equipo económico reiteraron que el esquema “garantiza previsibilidad y estabilidad en los ingresos”, tanto para el personal activo como para los jubilados.

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  • Caso Andrés Nuñez: niegan la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados

     

    Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).


    A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

    A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

    «Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

    Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

    La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

     

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