En el marco de la cadena nacional anunciada para hablar de las Islas Malvinas, Javier Milei anunció la firma de un DNU para dotar de mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base militar en Tierra del Fuego.
El anuncio se produce en medio de una profunda crisis en donde las Fuerzas Armadas no cuentan con salarios, equipamiento y presupuesto para cumplir con la misión que el Presidente le está encomendando. Además, cabe recordar que Milei eliminó la obra pública y compró unos aviones que, por una restricción de Inglaterra que él mismo aceptó, no tienen radar ni alcance para operar en el Atlántico Sur.
LPO habló con el presidente de la Liga Naval, el marino Fernando Morales quien planteó que «si se analiza fuera del contexto que el que lo dice es Javier Milei, el discurso es correcto porque habla de usurpación, remarca la importancia de la Antártida y de la necesidad de una base naval fuerte en el sur, que no se pueden explotar recursos mientras dure el conflicto como plantea la ONU y que tenemos para penalizar administrativa y penalmente a los empresarios que lo hagan es cierto».
Sin embargo, Morales planteó que «o el señor Milei cambió 180 grados su pensamiento histórico o le cambiaron libreto. Ayer nomás, Federico Sturzenegger, seguía sosteniendo que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que tiene muchos hombres para los recursos que tienen, es decir, al sentido inverso: no faltan recursos, sobran».
«El razonamiento es: ¿Para que queremos 21 aviadores si tenemos 10 aviones o para que queremos 24 mil marinos si hay cuatro barcos? Esto no solamente lo dice el ministro sino que lo sostiene todos los afiles mediáticos», agregó.
Por otro lado, Morales asegura que «difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16».
Difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16
Otro militar en actividad consultado por LPO dijo que «el reequipamiento que necesitan las Fuerzas Armadas están totalmente fuera del alcance presupuestario. El gasto en Defensa es el 0,6 del PBI y debería pasar, por lo menos, al 2 por ciento para que sea un reequipamiento medianamente rápido». «Este gobierno quitó el Fondef, que garantizaba una suma importante de dinero para reequipamiento y lo sacaron».
«Podaron 40 mil millones de pesos en horas de entrenamiento. Esto es menos vuelos, menos navegación, menos inmersión para los buzos, tienen congelado los proyectos de submarinos y le ordenaron al jefe de la Armada cerrar la base de Punta Indio con el pretexto de una renovación de la doctrina aeronaval cuando no prevista ninguna compra de caza sino que solo de aviones de reconocimiento pesquero», continuó.
Por último, un militar retirado remarcó que «tenemos en venta media base naval y ahora estas vendiendo los terreno de la base naval. Entre el discurso y la realidad y el futuro cercano hay una disociación muy grande».
«Lo que se sospecha es que es la antesala para anunciar una fuerte presencia militar en Estados Unidos para defender el Atlantico Sur y hacerse cargo de una base militar en Ushuaia para que sea como las bases estadounidenses, como la que tienen en Cadiz, en donde los norteamericanos se hacen cargo del mantenimiento, operan la base y los españoles manejan un pedacito», concluyó.
Karina Milei busca centralizar la organización de los actos del Papa León XIV y hay temor en Ciudad y Provincia porque quiere delegar las tareas en una persona sin experiencia. «Propuso hacer la misa en Tecnópolis, pero hay entran 200 mil personas y se esperan entre dos y cuatro millones», explicó un funcionario porteño.
Por el momento, la única actividad confirmada es la conferencia que León XIV dictará en la Universidad Católica, organizada por el Arzobispado de la Ciudad. El resto de su agenda aún no está cerrada.
El Teatro Colón y la cancha de River ya fueron descartados como sede de eventos, ya que la intención es que no haya limitaciones de espacio para recibir a los fieles. Tampoco se haría ninguna actividad en la 9 de Julio.
La Ciudad propuso el Monumento a los Españoles en Palermo, la sede de Fadea en Córdoba es la principal opción para la visita de León XIV a la Docta y la Basílica de Luján podría albergar el encuentro más importante, la misa.
«En el gobierno no quieren darle a la Provincia, y menos a un municipio kirchnerista, el evento más memorable de la recorrida del Papa. Pero objetivamente es el mejor lugar para una misa. En la esplanada de la basílica entran tranquilamente más de 2 millones de personas», le dijo a LPO un productor que fue consultado por Nación para trabajar en la organización de la agenda.
Nación tiene a cargo la seguridad del pontífice y por eso Monteoliva ya se reunió con las tres jurisdicciones que visitará León XIV. Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, que junto a su mano derecha, Mara Gorini, busca absorber tareas. Hay tensión porque ni la Ciudad, ni Córdoba ni la Provincia quieren dejar en manos de la hermana presidencial y sus colaboradores la organización de la visita.
Karina y Monteoliva durante la reunión con Ciudad, Provincia y Córdoba para organizar la logística de la visita papal.
«A las reuniones llevan a una tal Florencia que tiene como experiencia la organización de casamientos y bar mitzvah. Y le quieren delegar el armado de la logística. Acá estamos hablando de 30 o 40 canchas de River en simultáneo», graficó la fuente. Se calcula que todos los eventos podrían costar entre 15 y 20 millones de dólares.
Lo cierto es que Gorini armó Foggia junto con su pareja, Marcelo Dionisio, y formalmente se alejó cuando asumió como funcionaria. Conoce bien el mundo de la producción. Pero los antecedentes de Florencia, su ayudante, son inexistentes en eventos de gran escala.
Se especuló con que Foggia fuera la productora que manejara la visita del Papa, pero eso no sucederá. «Ellos no entran, pero van a ser los que negocien con los proveedores. Como hay poco tiempo va a salir por contratación directa y no por licitación, habrá que estar atentos», dijo una fuente del sector de la organización de espectáculos.
Los eventos tendrán tal magnitud que la visita del Papa posiblemente necesite el stock completo de pantallas y sonido que existen en la Argentina. «Para hacer los demorados que se instalan cada 50 metros para que la gente pueda ver y escuchar, tenés que traer por lo menos 80 pantallas», explicó a este sitio un ex productor.
El miércoles, Karina y Monteoliva se reunieron con Carlos Bianco, Manuel Blanco y Gabriel Sánchez Zinny, jefes de gabinete de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad.
«El operativo que hay que armar para la misa es enorme. Va a hacer mucho calor y vas a necesitar muchas postas de hidratación, hospital de campaña, kilómetros de vallado, seguridad. Y necesitás organizar que los fieles lleguen. Es algo demasiado grande para la gente de Karina», reflexionó el funcionario porteño.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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