Una independencia que no quería cambiar de dueño: Malvinas, Milei y la paradoja de enfrentar a Londres bajo el paraguas de Washington
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Una independencia que no quería cambiar de dueño: Malvinas, Milei y la paradoja de enfrentar a Londres bajo el paraguas de Washington

 

Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.

Por Roque Pérez para NLI

Bandera de Estados Unidos flamenado en Ushuaia (2024)

En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.

Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.

La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda

La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.

La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.

Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?

No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.

Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.

En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.

La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.

Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina

El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.

El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.

Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.

Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.

¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?

El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.

Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.

Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.

Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.

La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?

Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.

En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.

 

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    El día que cerraron 11 ingenios: cómo una decisión de Onganía cambió para siempre la vida de Tucumán

     

    El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios de Tucumán y provocó una profunda crisis social, económica y demográfica que todavía perdura.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hay decisiones de gobierno que pueden medirse en decretos, estadísticas o balances económicos, pero existen otras cuya verdadera dimensión solamente aparece cuando se observa qué ocurre con las personas que quedan del otro lado de una medida administrativa. El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía dispuso la intervención y el cierre de numerosos ingenios azucareros de Tucumán, una decisión presentada entonces como parte de un programa destinado a ordenar una actividad considerada ineficiente y a reducir una supuesta sobreproducción, pero que terminó provocando una transformación económica y social de enormes proporciones en una provincia cuya historia estaba íntimamente ligada a la caña de azúcar. La medida no significó simplemente que algunas fábricas dejaran de funcionar: en un territorio donde el ingenio constituía alrededor del cual se organizaban pueblos enteros, empleos directos e indirectos, comercios, escuelas, clubes y redes comunitarias, cerrar una fábrica significaba alterar la vida completa de una región. A seis décadas de aquella decisión, la memoria tucumana continúa asociando el 22 de agosto con uno de los grandes quiebres sociales de su historia contemporánea.

    Una industria que era mucho más que azúcar

    Para entender por qué el cierre de los ingenios tuvo semejante impacto hay que retroceder mucho más allá de 1966. La producción azucarera había adquirido una importancia decisiva en Tucumán desde el siglo XIX y se había convertido progresivamente en el eje de una estructura económica que articulaba a productores, trabajadores rurales, obreros industriales, transportistas, comerciantes y familias enteras vinculadas directa o indirectamente con la actividad. La caña no representaba únicamente una mercancía destinada a convertirse en azúcar: constituía un modo de organización territorial, porque alrededor de los ingenios se desarrollaban poblaciones y se consolidaban relaciones sociales que excedían largamente las paredes de las fábricas. La propia provincia reivindica una tradición azucarera de más de dos siglos y señala que ya existen registros históricos de plantaciones de caña en Tucumán desde el siglo XVII, mientras que durante el siglo XIX la actividad adquirió una escala industrial que terminó convirtiéndola en una de las principales bases económicas del norte argentino.

    El problema era que hacia mediados del siglo XX la industria atravesaba dificultades reales, entre ellas una estructura productiva desigual, problemas de rentabilidad y una relación conflictiva entre productores, industriales y trabajadores. El diagnóstico de la dictadura, sin embargo, partió de una premisa que tendría consecuencias mucho más profundas de las que sugería su lenguaje técnico: para reorganizar el sector era necesario reducir drásticamente la cantidad de establecimientos. El gobierno de Onganía intervino entonces la actividad y ordenó el cierre de 11 ingenios tucumanos, una política que buscaba disminuir la producción y concentrar el negocio azucarero en las empresas consideradas viables. Lo que desde Buenos Aires podía aparecer como una operación de racionalización productiva adquirió en Tucumán una dimensión completamente distinta, porque detrás de cada establecimiento había comunidades cuya subsistencia dependía de que esas chimeneas continuaran funcionando.

    La decisión tampoco puede separarse del carácter político del régimen que la tomó. Onganía había llegado al poder mediante el golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al presidente Arturo Illia y estableció una dictadura que había eliminado los mecanismos institucionales de representación política. En ese contexto, los trabajadores afectados por el cierre de los ingenios no contaban con los canales democráticos habituales para disputar una política pública que modificaba radicalmente sus condiciones de vida. La intervención estatal no surgía de un debate parlamentario ni de una negociación política abierta, sino de la lógica de un gobierno militar que concebía la reorganización económica como una cuestión que podía resolverse desde el poder central.

    Cuando una fábrica que cierra se lleva un pueblo entero

    La dimensión humana del proceso comenzó a hacerse visible rápidamente. Los ingenios intervenidos dejaron de funcionar o redujeron drásticamente sus actividades, mientras miles de trabajadores quedaron sin su fuente habitual de ingresos. Pero el impacto no terminó en los trabajadores fabriles: la crisis se extendió hacia los pequeños comerciantes, los trabajadores temporarios de la cosecha, los transportistas y todos aquellos que dependían del movimiento económico generado durante la zafra. Cuando una economía local tiene una actividad dominante, el cierre de una planta industrial produce un efecto multiplicador en sentido inverso: el desempleo de un trabajador se transforma en la caída de las ventas de un almacén, la reducción del transporte, el deterioro de los servicios y la pérdida de población.

    Fue entonces cuando comenzó una transformación demográfica que marcaría durante décadas a Tucumán. Familias que habían vivido durante generaciones vinculadas a la industria azucarera tuvieron que buscar alternativas en otras provincias, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras muchos trabajadores rurales se desplazaron hacia las grandes ciudades en busca de empleo. La migración no fue únicamente un movimiento estadístico: significó la ruptura de comunidades, la separación de familias y la pérdida de una trama social construida alrededor del trabajo. Pueblos que habían tenido una actividad económica relativamente intensa comenzaron a experimentar un proceso de deterioro que modificó su paisaje urbano y su vida cotidiana.

    La paradoja es particularmente fuerte cuando se observa la distancia entre los objetivos oficiales y las consecuencias sociales. La política pretendía corregir desequilibrios económicos mediante una reducción de la capacidad productiva, pero el costo de esa reorganización recayó de manera especialmente intensa sobre quienes dependían de la industria para vivir. El cierre de los ingenios no fue simplemente una modificación de la estructura productiva nacional: fue también una redistribución territorial de las oportunidades, porque mientras algunas empresas y regiones podían beneficiarse de la concentración de la actividad, otras quedaron sometidas a un largo proceso de decadencia.

    La respuesta social no tardó en aparecer. Los trabajadores azucareros organizaron protestas y resistencias frente a los cierres, y el conflicto se incorporó a una tradición de movilización obrera que tendría un papel fundamental en la historia política tucumana de las décadas siguientes. La resistencia no puede entenderse solamente como una reacción sindical frente a una medida económica, porque para los trabajadores estaba en juego algo más profundo: el derecho a continuar viviendo en los lugares donde habían construido sus familias y sus comunidades. El reclamo por el ingenio era, simultáneamente, un reclamo por el trabajo, el territorio y la posibilidad de permanecer.

    El precio de una política pensada desde arriba

    La historia del cierre de los ingenios tucumanos obliga a discutir una cuestión que continúa siendo central en cualquier debate sobre desarrollo económico: qué ocurre cuando la eficiencia de una actividad se mide exclusivamente desde sus números y no desde el entramado social que la sostiene. Es indudable que la industria azucarera atravesaba problemas y que necesitaba transformaciones, pero una política de reconversión puede producir consecuencias muy diferentes según la forma en que se implemente, la existencia de alternativas laborales y la participación de quienes serán afectados. En Tucumán, la ausencia de una transición capaz de absorber semejante shock convirtió una reorganización productiva en una crisis social de largo alcance.

    También resulta significativo que la medida haya sido adoptada por una dictadura. La falta de representación política no fue un detalle secundario, porque permitió que una decisión de semejante magnitud se ejecutara sin el proceso de discusión pública que habría obligado a confrontar sus costos sociales. El caso tucumano muestra así una de las características más problemáticas de los gobiernos autoritarios que intentan imponer transformaciones estructurales desde arriba: pueden tomar decisiones con una velocidad que un sistema democrático difícilmente permitiría, pero esa misma velocidad puede impedir que se escuchen las voces de quienes soportarán las consecuencias.

    Con el paso de los años, algunos de aquellos ingenios desaparecieron físicamente o quedaron reducidos a estructuras abandonadas, mientras que otros fueron reconvertidos y la actividad azucarera sobrevivió en establecimientos que continuaron produciendo. Pero la provincia nunca volvió a ser exactamente la misma. La huella de 1966 quedó grabada en los pueblos que perdieron población, en las familias que emigraron y en una memoria colectiva que todavía identifica aquella fecha como el comienzo de una transformación traumática. En ese sentido, el 22 de agosto no pertenece solamente a la historia de la industria azucarera: pertenece a la historia de cómo las decisiones económicas pueden modificar la geografía humana de un país.

    Sesenta años después, cuando se habla de productividad, competitividad, reconversión o reducción de costos, la experiencia tucumana ofrece una lección que conserva plena vigencia: detrás de cada fábrica existe una comunidad y detrás de cada puesto de trabajo hay una cadena de relaciones que no aparece en ninguna planilla contable. El cierre de los ingenios de 1966 demuestra que una economía puede ser reorganizada desde un despacho, pero sus consecuencias se viven en las casas, en las escuelas, en los comercios y en las calles. Por eso aquella decisión de Onganía permanece como una de las grandes heridas sociales de Tucumán: porque no solamente cerró fábricas, sino que modificó el destino de miles de personas y obligó a una provincia entera a reconstruirse después de que el poder político decidiera que una parte de su economía ya no era necesaria. La historia del azúcar tucumano, en definitiva, permite comprender que el desarrollo no consiste solamente en determinar cuánto produce una región, sino también en preguntarse qué sucede con quienes viven de esa producción cuando alguien decide, desde lejos, que ha llegado la hora de apagar las máquinas.

     

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