En el gobierno de Kicillof advierten que más del 10% de los bonaerenses están en situación de mora

 

En el gobierno de Axel Kicillof revelaron que el nivel de endeudamiento familiar crece a un ritmo preocupante y que en el caso de las billeteras virtuales «la situación es más alarmante».

Según expuso el ministro de Economía provincial, Pablo López, «más del 10% de la población bonaerense se encuentra en situación de mora».

El funcionario señaló que, por su escala, la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de las personas morosas del país, con una irregularidad del crédito total cercana al 18%.

Dentro de esee cuadro de morosidad, López sostuvo que, en el segmento de billeteras virtuales y otros proveedores de crédito, «la situación es más alarmante» ya que el 32,5% de la deuda está en mora.

«En cuanto a la cantidad de personas afectadas, este tramo es el más problemático: afecta a más del 70% de los deudores morosos del sistema», agregó.

Al detallar que 6 millones de argentinos no pueden afronar sus deudas, López sostuvo: «El cuadro es grave. En el sistema bancario, según datos preliminares de julio, la mora alcanzó un nuevo récord de 12,9%».

En ese sentido, citó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que muestra que la mora bancaria está afectando seriamente la operatoria normal de los bancos.

«Por si quedaba alguna duda: no es un asunto entre privados, se trata de un drama social y un problema macroeconómico con riesgos sistémicos», apuntó López al cruzar la postura que tiene el gobierno libertario ante el tema.

La oración contra Mercado Pago llegó a las Iglesias: «Galperín, la Virgen te condena»

En ese estudio se expone que, en el acumulado 2025-2026, el sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: 16,1 billones de pesos.

Cómo contó LPO, el peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.

La Cámpora quiere concentrar en la Defensoría la negociación entre los endeudados y las Fintech

El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.

La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

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    La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

    De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

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    Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

    El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.

    En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

    «Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers. 

    «El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .