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EMBARAZADAS DE CESÁREA

Durante el mes de mayo se conmemoró en todo el mundo la “Semana del Parto Respetado” bajo el lema: «Menos intervenciones, más cuidados». Se intenta sensibilizar para promover la modalidad del parto humanizado ante prácticas que son antinaturales y que violentan a la mujer y al bebé. También, se busca visualizar la ley 25.929 (aprobada en Argentina en 2004) sobre la cual la mujer tiene derecho a un parto natural, a recibir información necesaria para decidir, a ser acompañada por la persona elegida, a transitar su embarazo y parto respetados en todo sentido y a ser protagonista activa. También menciona el respeto por los tiempos biológicos y evitar prácticas invasivas innecesarias.

 

El fuerte crecimiento de las cesáreas innecesarias es el principal llamado de atención, y por eso el lema de la campaña. Las cesáreas son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos. Los profesionales de la salud consideran que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el cerca del 15%. En Argentina se practican en un 55% en hospitales públicos y superan el 70% en clínicas privadas. Villa Regina supera las dos medias. Una, ampliamente.

 

La medicina dejó de ser una vocación para algunos profesionales, la medicina asistencial es opción poco frecuente entre los profesionales. «El arte de curar», hoy es básicamente una técnica.  Los obstetras, en su mayoría, no desean disponer del tiempo para esperar el proceso natural y también consideran que la cesárea es de menor riesgo (cuestionable).  La formación de los médicos parece alejada de una visión integral de la persona, y los cambios en la relación médico-paciente colaboran a que la cesárea no sea desalentada, aún en aquellos casos en los que no hay una justificación médica.

 

 

El parto humanizado respeta a la mujer y al niño. Evita nacimientos traumáticos o irrespetuosos. Cada mujer tiene derecho a dar a luz en las mejores condiciones posibles y tener un parto sugestionado a su condición natural. Se trata de la calidad humana que debe rodear la atención médica de una mujer embarazada, la consciencia de que un embarazo no es una patología ni un trámite, tampoco una emergencia. Esta idea debe trabajarse tanto en la formación de profesionales como en la educación de la sociedad.

 

Hay que escuchar a las mujeres embarazadas, darles su espacio y su tiempo.¿Por qué eligen cesárea? ¿Cómo se informan? ¿Conocen sus capacidades y posibilidades físicas?.  Los médicos tienen el deber de informar con la verdad por sobre las conveniencias personales y las creencias sociales. El miedo se combate con educación e información. Escucharlas y dialogar con ellas, enseñar acerca de sus posibilidades y difundir la Ley Nº 25.929 es importante para que la mujer junto al bebé retomen su protagonismo en el proceso del nacimiento.

 

La mayoría de las parejas no se informan y dejan en manos de su médico la determinación sobre el nacimiento de su hijo. Algunos obstetras directamente aclaran que no llevan a cabo partos naturales, y otros suelen aprovechar la situación de vulnerabilidad de la mujer y desinterés del hombre, para utilizar cualquiera de los mitos pro cesárea (tenés las caderas chicas, el bebé es muy grande, sos muy delgada, no dilatás) sin dar información precisa o explicar el por qué del caso particular. 

 

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

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  • Santiago jefe de Gabinete, Sturzenegger Economía, Francos canciller, Santilli Interior y Ritondo por Menem: falta el ok de Karina

     

    En el gobierno hablan de un nuevo gabinete para después de las elecciones que sería encabezado por Santiago Caputo e incluye cambios en todos los ministerios, incluido el de Economía, que podría ocupar Federico Sturzenegger. La suba del dólar que no logró frenar ni el masivo salvataje de Donald Trump empuja una conclusión en el gobierno: «La credibilidad de Toto Caputo está terminada».

    El propio Javier Milei confirmó este martes que habrá cambios, más allá del resultado del domingo. En ese marco, LPO puedo armar en base a distintas fuentes del gobierno los nombres y las posiciones que se están discutiendo en la Casa Rosada, pero todo supeditado a la aprobación final de Karina Milei, que quiere esperar el resultado de las elecciones para terminar de definir los cambios. 

    Sturzenegger ya está preparando un plan económico en caso que sea convocado a reemplazar a Caputo.

    El plan tiene un eje obvio: el ministro de Desregulación dijo en un encuentro organizado por Bloomberg, mientras Caputo se reunía con Bessent en Washington, que la Argentina se encamina a abandonar el sistema de bandas para pasar a una flotación libre. Esa declaración enfureció a Caputo y obligó a Sturzenegger a sacar un tuit «aclaratorio». Pero no fue un desliz, es lo que piensa y empezó a filtrar ante el agotamiento del esquema actual.

    Gracias Trump, no me ayudes tanto 

    Esa es la línea del Tesoro de EEUU y el FMI para luego de las elecciones. Sturzenegger tiene buena consideración de Kristalina Georgieva, que lo nombró en su Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento.

    En el gobierno no están convencidos de entregarle a Guillermo Montenegro la relación con los jueces de Comodoro Py, la Policía Federal, la SIDE y todas las fuerzas de seguridad.

    Como adelantó LPO, quienes participan de las conversaciones con el FMI aseguran que Sturzenegger recibe el trato de un profesor emérito, mientras que a Caputo lo tratan como un financista rudimentario, por decirlo con un eufemismo.

    El asesor Santiago Caputo estaría dispuesto a asumir la Jefatura de Gabinete.

    Otro de los cambios fuertes sería el ingreso de Santiago Caputo como jefe de Gabinete y por estas horas se analiza mandar a Guillermo Francos a la Cancillería, al lugar que dejará vacante Gerardo Werthein, como anticipó LPO. Sería una manera de contener a Francos, con quien Milei no quiere pelearse. Se sabe que es el hombre de Eduardo Eurnekian en el gabinete. Carlos Ruckauf había sonado en un principio, a tal punto que entre los libertarios aseguran que el ex vicepresidente de Menem fue a la sastrería para encargarse un traje.

    La llegada de Francos a Cancillería sería entonces una manera suave de correrlo de la Jefatura de Gabinete, un movimiento que podría tener réplicas en otras áreas como el Ministerio del Interior. Allí se habla de mandar a Diego Santilli en reemplazo de Lisandro Catalán, que viene acumulando fracasos en el intento de reconstruir la relación con los gobernadores aliados.

    Menem está pidiendo ir al lugar de Adorni para seguir cerca de Karina, pero el vocero quiere mantener el control del área desde la Legislatura.

    Santilli no sería el único dirigente que viene del PRO que podría escalar posiciones. Cristian Ritondo vuelve a sonar como reemplazo de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados. El riojano está pidiendo ir en el lugar de Manuel Adorni para seguir bajo la órbita de Karina. Sin embargo, Adorni quiere seguir siendo vocero sin hablar desde Casa Rosada, pero manteniendo el contacto con los medios.

    A Guillermo Montenegro se lo menciona para un ministerio unificado de Justicia y Seguridad, pero en el gobierno no están muy convencidos de entregarle semejante porción de poder sensible: un ministerio unificado controlaría la relación con los tribunales federales de Comodoro Py, la Policía Federal, la SIDE y las fuerzas de seguridad.

    El presidente de la Cámara de Diputados, martín Menem.

     Santiago Caputo pretende mantener la interlocución con la justicia a través del viceministro Sebastián Amerio y Patricia Bullrich no quiere entregar Seguridad, lugar para el que propone a Alejandra Monteoliva, su actual viceministra.

    En Defensa aún no encuentran el reemplazo para Luis Petri y no porque el mendocino sea irreemplazable sino porque nadie se quiere hacer cargo del conflicto con los militares por los sueldos bajos y el vaciamiento de la obra social.

    Por último, un funcionario importante  del gobierno confirmó a LPO que el ex Syngenta, Antonio Aracre, llamó a Milei para recuperar su puesto de jefe de asesores de la Rosada con el que se lució durante dos meses en el gobierno de Alberto Fernández. 

     

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    Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.

    Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

    Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.

    Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.

    Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.

    «Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.

    Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.

    Armando Traferri

    El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.

    El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.

    Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».

    En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.

    El senador Traferri la pasó mal en su indagatoria: los nuevos fiscales lo acusaron de ser el jefe de una asociación criminal

    «Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».

    La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».

    Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.

    El fiscal que acusó a los fiscales

    Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.

    Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».

    Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»

    Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.

    Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.

     

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