El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial en respuesta al VIH-Sida.
Todos los año en esta fecha el mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida. En nuestra ciudad el Hospital Área programa Villa Regina en conjunto con «El Garage» consejería en salud de VIH, SIDA e ITS van a estar realizando testeos gratuitos de respuesta inmediata en la «Plaza de los próceres» a partir de las 18hs. A su vez también se testeará sifilis.
En este día también se pone de relieve la necesidad urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el sida y otras pandemias en todo el mundo.
A 40 años de los primeros casos, el #VIH sigue #VIHgente. La respuesta es hoy
Sin poner remedio a las desigualdades mediante acciones audaces, se corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de acabar con el sida, además de sufrir la prolongada pandemia de la COVID-19 y una crisis socioeconómica en aumento.
Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Estamos lejos de cumplir el compromiso compartido de acabar con el sida, pero no por la falta de conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH.
Acabar con el sida requiere poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales subyacentes, ha quedado claro que no superaremos la crisis hasta que no abordemos las desigualdades.
El mundo se comprometió en 2015 a acabar con las desigualdades y la urgencia no ha dejado de aumentar. Los países prometieron reducir la desigualdad, dentro y fuera de sus fronteras, mediante la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La “Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner Fin a las Desigualdades y al Sida” y la “Declaración Política sobre el Sida” tienen como objetivo acabar con las desigualdades.
Después de varios días con problemas de falta de agua en Villa Regina, el municipio solicita a los vecinos realizar un uso adecuado del agua, e informa que se está trabajando en el sistema en general como también continuamente en la reparación de las bombas que fallan por el uso cotidiano (funcionan las 24hs del…
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Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
La Madre Tierra nos pide que actuemos pero por estos lares la clase política pareciera no captar el mensaje. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones, el modelo de producción y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Los cambios provocados…
Mientras la política nacional discute el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y cuando hasta incluso los propios libertarios decidieron pedir la cabeza del protegido de Milei y Karina, el gobernador cordobés Martín Llaryora decidió desmarcarse de su antecesor, Juan Schiaretti, y no avanzará en el pedido de remoción del funcionario nacional.
Sobre todo, porque entienden en el gabinete llaryorista eso se contrapone con las encuestas en Córdoba. «Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no», dijo un funcionario de primera línea del llaryorismo en la mañana de este miércoles.
De esta manera, Llaryora tomo distancia de Schiaretti, quien el viernes pasado salió a exigir en redes la salida de Adorni, en plena sintonía con lo que pide el PRO y, particularmente, Mauricio Macri.
Sin embargo, cuando Adorni estuvo haciendo su presentación en la Cámara baja los diputados del schiarettismo decidieron no interpelar al jefe de Gabinete. Situación con la que Natalia de la Sota, quien sí cruzó al funcionario de Milei en Diputados, marcó la cancha en las últimas semanas.
Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no.
«Natalia lo hace porque le rinde putearlo a Milei y porque le habla a un peronismo más duro», dijo un llaryorista y agregó en referencia a la decisión de Schiaretti de cruzar al jefe de Gabinete: «‘el Gringo’ lo hace por la relación con (Mauricio) Macri».
Decisión la de Schiaretti que también arrastra a su mujer, la senadora Alejandra Vigo cuando se discuta el devenir de Adorni.
Con lo cual, en el llaryorismo sostienen que no se pliegan al pedido de remoción del funcionario porque «a pesar de la caída de Milei en las encuestas, la gente le pide a Llaryora otra cosa», agregó una fuente.
En esa línea, el gobernador cordobés sí cruzó a la Nación por no ocuparse de un delito federal como es el narcotráfico. «El narcotráfico es un delito federal, en las 427 comunas y localidades de la provincia, ¿cuántas tienen una dependencia de la Policía Federal?», dijo y agregó el reclamo por las cárceles federales: «tenemos 5.000 presos por delitos federales en Córdoba y no hay una cárcel federal».
En simultáneo con la queja de Llaryora a la Nación, a esa hora en Casa Rosada, el ministro del Interior, Diego Santilli mantenía una reunión con intendentes cordobeses que fueron llevados a Balcarce 50 por el diputado Gabriel Bornoroni, la radical Soledad Carrizo y la bullrichista Laura Rodríguez Machado.
En esa reunión, Santilli les dijo a los alcaldes cordobeses que no hay acuerdo entre La Libertad Avanza y Llaryora para el 2027: ni explícito ni implícito.
El Intendente Marcelo Orazi firmó el convenio mediante el cual el Poder Judicial cede a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para el funcionamiento de la Comisaría de la Familia, que, de esta manera, contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones…
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