El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans

La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero.

El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido: el cordobés Ernesto Martínez lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo (San Juan), Julio Cobos (Mendoza), Silvia Elías de Pérez(Tucumán), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones) y María Belén Tapia (Santa Cruz) se abstuvieron.

La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.

La sesión de hoy del Senado fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” el de hoy por la discusión de esta ley.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley «produce una hermosa y estupenda sensación» ya que «después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género».

«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros».

Durango señaló que se busca con la norma «establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional».

También subrayó que se discute «algo más que el cupo laboral» y afirmó que es un debate sobre «derechos humanos».

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que “este paso que estamos dando como Estado para establecer un piso de dignidad para ingresar al sistema formal del trabajo, es un piso de esperanza”, y agregó que “es un desafío cultural y el puntapié inicial lo debe dar el Estado”.

“Cuando se trata de resolver desigualdades, hay que tener una mirada integral. Es muy difícil encontrar respuestas abarcativas para los problemas del conjunto. Pero Argentina en los últimos años, por la madurez de su dirigencia, hizo del reconocimiento de derechos, un Estado que estuvo a la vanguardia”, sentenció.

Su compañera de bancada, la bonaerense Gladys González, sostuvo que la dirigencia argentina “llega tarde” y pidió reconocer a las provincias que “llevan la delantera” en este sentido, entre las que mencionó a la provincia de Buenos Aires, cuya ex gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó una ley similar en 2019.

Que dice el artículo 5

En su artículo 5, la ley establece que el Estado nacional comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Publicos, los organismos descentralizados o autarquicos, los entes publicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

También sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales,»

La nueva ley prevé incentivos para el sector privado que contrate personal trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

Fuente: Telam

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    El rearmado silencioso en Salud: más poder administrativo, menos política sanitaria y un modelo que ya cuesta vidas

     

    Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio

    La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.

    Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.

    Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.

    Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.


    Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables

    La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.

    • Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
    • Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
    • Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
    • Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.

    Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.


    Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones

    El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.

    Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.

    El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:

    • logística sanitaria,
    • compra de insumos,
    • infraestructura hospitalaria,
    • almacenamiento y distribución,
    • y parte de los programas nacionales.

    En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.

    La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.


    Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema

    La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.

    En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento.
    En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.

    El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.


    ¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado

    El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:

    • Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
    • Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
    • Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
    • Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
    • Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
    • Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
    • Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.

    Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.


    La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado.
    Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.

     

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