El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans

La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero.

El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido: el cordobés Ernesto Martínez lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo (San Juan), Julio Cobos (Mendoza), Silvia Elías de Pérez(Tucumán), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones) y María Belén Tapia (Santa Cruz) se abstuvieron.

La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.

La sesión de hoy del Senado fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” el de hoy por la discusión de esta ley.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley «produce una hermosa y estupenda sensación» ya que «después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género».

«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros».

Durango señaló que se busca con la norma «establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional».

También subrayó que se discute «algo más que el cupo laboral» y afirmó que es un debate sobre «derechos humanos».

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que “este paso que estamos dando como Estado para establecer un piso de dignidad para ingresar al sistema formal del trabajo, es un piso de esperanza”, y agregó que “es un desafío cultural y el puntapié inicial lo debe dar el Estado”.

“Cuando se trata de resolver desigualdades, hay que tener una mirada integral. Es muy difícil encontrar respuestas abarcativas para los problemas del conjunto. Pero Argentina en los últimos años, por la madurez de su dirigencia, hizo del reconocimiento de derechos, un Estado que estuvo a la vanguardia”, sentenció.

Su compañera de bancada, la bonaerense Gladys González, sostuvo que la dirigencia argentina “llega tarde” y pidió reconocer a las provincias que “llevan la delantera” en este sentido, entre las que mencionó a la provincia de Buenos Aires, cuya ex gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó una ley similar en 2019.

Que dice el artículo 5

En su artículo 5, la ley establece que el Estado nacional comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Publicos, los organismos descentralizados o autarquicos, los entes publicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

También sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales,»

La nueva ley prevé incentivos para el sector privado que contrate personal trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

Fuente: Telam

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     El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos. 

    La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.

    El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval. 

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    «¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación. 

     La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad. 

    ¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido

    El fallido decreto impulsado por Sturzenegger  trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna. 

    Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.

    En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema. 

    La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.

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    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función. 

    El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.

    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.

    En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO. 

    Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado. 

    La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales». 

    Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».

    «Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.

     

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  • El 52 por ciento de los chilenos rechaza la gestión de Kast en Chile

     

    José Antonio Kast no logra recuperar imagen en Chile. La última encuesta publicada por la consultora Criteria muestra que el 52% desaprueba su gestión, mientras que el 35% la aprueba, un punto más que en la medición anterior. 

     Sin embargo, el dato más relevante del sondeo excede la evaluación personal del mandatario y muestra un deterioro de las expectativas sobre el rumbo del país. 

    Ante la consulta sobre el camino que está tomando el gobierno frente a la situación de emergencia planteada por Kast al comienzo de la gestión, el 42% considera que es incorrecto, el 35% que lo evalúa como correcto y un 23% no tiene una posición definida. 

    Entre marzo y agosto, quienes creen que Chile está retrocediendo pasaron del 31% al 47% mientras que la percepción de que el país avanza cayó del 28% al 20%, mientras que quienes consideran que se mantiene igual bajaron del 41% al 33%. 

    Furia de Kast con su ministro de Hacienda por poner en riesgo la aprobación de la mega reforma tributaria 

    El deterioro también aparece en el estado de ánimo de la población. La esperanza, que en febrero era mencionada por el 53%, cayó a 36%, una pérdida de 17 puntos. Al mismo tiempo, el miedo aumentó del 22% al 26% y la tristeza pasó del 5% al 17%. 

    El deterioro también aparece en el estado de ánimo de la población. La esperanza, que en febrero era mencionada por el 53%, cayó a 36%, una pérdida de 17 puntos. Al mismo tiempo, el miedo aumentó del 22% al 26% y la tristeza pasó del 5% al 17%

    La encuesta también muestra un fuerte deterioro de las expectativas económicas. Solo 22% cree que la economía chilena estará mejor dentro de seis meses, frente a un 42% que anticipa que estará peor. En marzo, esas cifras eran 41% y 23%, respectivamente. 

    La percepción sobre la economía de los hogares también empeoró: quienes esperan estar mejor pasaron del 38% al 26%, mientras que quienes creen que estarán peor subieron del 18% al 28%. En materia laboral, 40% considera que dentro de seis meses será más difícil encontrar o mejorar un empleo, mientras que apenas 21% espera una mejora. 

    Se dispara el desempleo en Chile y Kast profundiza su crisis 

     El clima político se completa con una opinión dividida sobre la denominada megarreforma impulsada por el gobierno: 37% considera que será negativa para el país, mientras que 33% cree que será positiva y un 30% no tiene una posición definida. 

    Respecto de la ley de reconstrucción, el 48% considera que está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 33% cree que apunta a generar empleo para la población general. 

     

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