El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans

La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero.

El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido: el cordobés Ernesto Martínez lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo (San Juan), Julio Cobos (Mendoza), Silvia Elías de Pérez(Tucumán), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones) y María Belén Tapia (Santa Cruz) se abstuvieron.

La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.

La sesión de hoy del Senado fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” el de hoy por la discusión de esta ley.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley «produce una hermosa y estupenda sensación» ya que «después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género».

«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros».

Durango señaló que se busca con la norma «establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional».

También subrayó que se discute «algo más que el cupo laboral» y afirmó que es un debate sobre «derechos humanos».

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que “este paso que estamos dando como Estado para establecer un piso de dignidad para ingresar al sistema formal del trabajo, es un piso de esperanza”, y agregó que “es un desafío cultural y el puntapié inicial lo debe dar el Estado”.

“Cuando se trata de resolver desigualdades, hay que tener una mirada integral. Es muy difícil encontrar respuestas abarcativas para los problemas del conjunto. Pero Argentina en los últimos años, por la madurez de su dirigencia, hizo del reconocimiento de derechos, un Estado que estuvo a la vanguardia”, sentenció.

Su compañera de bancada, la bonaerense Gladys González, sostuvo que la dirigencia argentina “llega tarde” y pidió reconocer a las provincias que “llevan la delantera” en este sentido, entre las que mencionó a la provincia de Buenos Aires, cuya ex gobernadora María Eugenia Vidal reglamentó una ley similar en 2019.

Que dice el artículo 5

En su artículo 5, la ley establece que el Estado nacional comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Publicos, los organismos descentralizados o autarquicos, los entes publicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

También sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales,»

La nueva ley prevé incentivos para el sector privado que contrate personal trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

Fuente: Telam

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    Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal.

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    También hablaron Tolosa Paz; el intendente de Pilar, Federico Achaval; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan, Ernesto «Pipi» Alí; el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin; y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix.

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    En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en el juzgado que subrogó Sebastián Casanello hasta el último verano y ahora retomó Ariel Lijo. El argumento utilizado era que todo se había originado a partir de la obtención de los audios de Diego Spagnuolo de forma ilegal, lo que se conoce como la teoría del fruto prohibido.

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    De hecho, Irurzun jugó a fondo y convenció a Roberto Boico de votar a favor para que esa denuncia se sostuviera en la cámara y condicionara el trabajo de Picardi, dejando a Eduardo Farah con un pronunciamiento en contra. El problema es que Mahiques jamás aceleró el trámite para garantizarle a Irurzun su continuidad más allá de su próximo cumpleaños y el juez empezó a inquietarse.

    Un viejo adversario del ministro consideró que «Mahiques tuvo un grave error de cálculo sobre la situación del expediente y se sobregiró por su capacidad política para reacomodar los tantos en la Cámara, en medio de la tensión con Lijo» en la carrera hacia la Procuración General de la Nación, una puja que ya publicó LPO.

    En efecto, Irurzun integra el eje de poder al interior de Tribunales que comandan entre Lijo y Ricardo Lorenzetti, quien a su vez decidió urdir mayoría con Carlos Rosenkrantz en la Corte para atormentar a Horacio Rosatti con la acordada del cambio de reglas para la selección de magistrados. La iniciativa es un pedido de las cámaras empresarias, como las que se agrupan en el G6.

    Para colmo, LPO reveló en exclusiva que Lorenzetti se reunió con Mauricio Macri y pactaron el desplazamiento de Rosatti de la presidencia del máximo tribunal, mientras que el ex presidente especula con limar a Milei con fallos judiciales que lo debiliten políticamente antes de las elecciones de 2027.

    Una reunión de Lijo con los gobernadores Sáenz y Jalil encendió la paranoia de Karina

    En Casa Rosada se activaron las alarmas con la furia de Irurzun porque un operador judicial le habría enviado un mensaje a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, para que dé aviso a su jefa sobre el «descuido» de Mahiques. El cierre eventual de la causa sobre la legitimidad de los audios disolvería la única estrategia defensista del gobierno y dejaría el camino allanado para que Picardi profundice la investigación, apuntando a los responsables políticos de la trama.

    Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre otro juez poderoso de Comodoro Py y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó. «Juan vendió que resolvía todo pero se movió solo, eso cayó mal en ‘Py’ y la hipotética liberación de Irurzun de cualquier compromiso por el incumplimiento con él, es el punto ciego que estaría por arrastrar a Karina y los Menem a una profundización de sus problemas judiciales», explicó alguien que conoce al ministro desde hace tiempo.

    Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó.

    Tanto en Comodoro Py como en el Congreso observan que Mahiques actúa con «indolencia» y que habría convencido a los Menem que «dejar caer a Irurzun no tendría costo». Sus detractores cuentan entre las dotaciones del camarista el respaldo de Lijo en los tribunales de Retiro y Lorenzetti en el Palacio Talcahuano, razón por la cual suponen que la jubilación forzada abriría una seguidilla de pedidos de indagatorias contra Karina.

    En rigor, Irurzun ya inició una cuenta regresiva que se le agota en menos de 90 días y es una pieza clave para resolver la causa Andis. Un cambio de criterio del juez puede convertir el 2 a 1 a favor del argumento defensista del gobierno en un 1 a 2 en contra, pero incluso se especula con que el voto que acompañó a Irurzun por solidaridad con su situación, el de Boico, también cambie de orientación debido al destrato a su colega.

    Como sea, el fallo que permitió hasta ahora discutir la legitimidad de los audios funcionó como un compás de espera de los jueces, atentos a la complejidad del contexto político. Esa pausa puede cortarse con la recepción de los argumentos que propician la nulidad de la causa o como una indicación al fiscal Picardi para que profundice la investigación y que la densidad de los hallazgos desmonten el cuestionamiento de los audios.

    El cumpleaños de Irurzun, que marca el deadline de este conflicto, cae justo un día antes de la final del Mundial.

     

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