A partir de hoy, el Parque Industrial de Villa Regina se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La noticia fue confirmada por el Intendente Marcelo Orazi, quien destacó la importancia de la terminación de un trámite que lleva aproximadamente 7 años y que traerá importantes beneficios para las empresas que están radicadas. A la vez despertará el interés de otras para instalarse en el lugar.
El Parque Industrial reginense fue fundado en el año 1974 y actualmente cuenta con 59 empresas en actividad, 2 en ejecución y 3 en proyecto.
A través de la Resolución 266/2014 de la Provincia de Río Negro, la hasta entonces Fundación Centro Industrial Reginense pasó a denominarse Parque Industrial Reginense, lo cual favoreció el inicio del trámite ante el RENPI.
“Después de muchos años que demandaron completar el expediente, finalmente hoy tenemos la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales”, confirmó el Intendente Orazi.
Asimismo manifestó que esto permitirá al Parque Industrial local acceder a Aportes No Reintegrables (ANR) para la ejecución de obras intra y extramuros, además de facilitarle a las empresas radicadas el acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas o a los beneficios impositivos que otorga la ley provincial 4618.
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El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.
La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.
La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.
Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei.
Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.
Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.
El diputado peronista Guillermo Michel.
En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.
De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.
En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.
El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.
Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.
El Gobierno nacional acelera su estrategia de financiamiento externo mientras desde la oposición se consolida una crítica cada vez más frontal al rumbo económico. En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebra acuerdos con organismos internacionales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof advierte que “es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina” y denuncia un modelo que no genera producción ni empleo.
La escena sintetiza dos proyectos en tensión: uno basado en el endeudamiento y la refinanciación financiera; otro que vuelve a poner en el centro la economía real.
Deuda, organismos internacionales y el regreso al crédito externo
Caputo cerró una semana de negociaciones en Washington con una batería de anuncios que el oficialismo presenta como un respaldo internacional. Según explicó el propio ministro, los acuerdos con el Banco Mundial y el BID permitirán “refinanciar la deuda a tasas sustancialmente más bajas que las de mercado”, reduciendo el costo financiero del país.
El esquema incluye una garantía de hasta 2.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial para afrontar vencimientos, junto con nuevas líneas del Banco Interamericano de Desarrollo que también apuntan a reemplazar deuda cara por financiamiento más barato.
Detrás del discurso oficial, el objetivo es claro: conseguir dólares para cumplir con compromisos inmediatos, en un contexto donde el acceso al mercado voluntario de crédito sigue condicionado por el riesgo país y la fragilidad macroeconómica. De hecho, el propio Caputo admitió que la Argentina busca alternativas porque las tasas que obtendría en el mercado siguen siendo elevadas.
La estrategia no es nueva. Se inscribe en una lógica de administración de la deuda que prioriza el rollover permanente, es decir, tomar nueva deuda para pagar la anterior. Un mecanismo que, históricamente, condicionó la soberanía económica del país.
Kicillof: “no hay sector de la economía que le vaya bien”
Desde el otro lado del mostrador, Kicillof expuso una crítica contundente durante su participación en la cumbre progresista internacional realizada en Barcelona. Allí sostuvo que “es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina” frente al modelo que impulsa el Gobierno nacional.
El gobernador fue aún más directo al describir la situación actual: afirmó que Caputo repite argumentos como “un disco rayado” y remarcó que “no hay sector de la economía que le vaya bien”, en referencia a la caída de la actividad, el deterioro del consumo y el freno a la inversión productiva.
Según Kicillof, el esquema económico vigente está basado en un proceso de “saqueo de los recursos naturales” y negocios financieros, sin impacto positivo en el empleo, la producción o la calidad de vida.
El planteo no es aislado: forma parte de una construcción política que busca posicionar una alternativa al modelo libertario, con eje en el desarrollo industrial, la inversión pública y la recuperación del mercado interno.
Dos modelos en disputa
El contraste es cada vez más nítido. Mientras el oficialismo apuesta a recomponer la confianza de los mercados a través del ajuste fiscal y el financiamiento externo, desde el campo nacional y popular se insiste en que la salida no puede ser más deuda ni más especulación financiera.
Los acuerdos con organismos multilaterales pueden aliviar tensiones en el corto plazo, pero también consolidan una dependencia estructural que condiciona las decisiones económicas futuras. En paralelo, las críticas de Kicillof reflejan una preocupación creciente: la desconexión entre la macroeconomía celebrada por el Gobierno y la realidad cotidiana de la mayoría de la población.
En ese cruce se juega algo más profundo que una discusión técnica. Se trata, en definitiva, de dos formas de entender el país: una orientada a los mercados financieros y otra que vuelve a poner en el centro la producción, el trabajo y la soberanía económica.
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