A partir de hoy, el Parque Industrial de Villa Regina se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La noticia fue confirmada por el Intendente Marcelo Orazi, quien destacó la importancia de la terminación de un trámite que lleva aproximadamente 7 años y que traerá importantes beneficios para las empresas que están radicadas. A la vez despertará el interés de otras para instalarse en el lugar.
El Parque Industrial reginense fue fundado en el año 1974 y actualmente cuenta con 59 empresas en actividad, 2 en ejecución y 3 en proyecto.
A través de la Resolución 266/2014 de la Provincia de Río Negro, la hasta entonces Fundación Centro Industrial Reginense pasó a denominarse Parque Industrial Reginense, lo cual favoreció el inicio del trámite ante el RENPI.
“Después de muchos años que demandaron completar el expediente, finalmente hoy tenemos la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales”, confirmó el Intendente Orazi.
Asimismo manifestó que esto permitirá al Parque Industrial local acceder a Aportes No Reintegrables (ANR) para la ejecución de obras intra y extramuros, además de facilitarle a las empresas radicadas el acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas o a los beneficios impositivos que otorga la ley provincial 4618.
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer. En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios….
Te invitamos a participar de la Encuesta Inédita que preparamos desde La Tapa.Este contenido se propone para ayudar a visualizar el comportamiento y la información del segmento digital de la población.Se considera información de utilidad abierta para toda la población. Difunde esta nota
La primer compe del año fue para Leñakingos. El «Play-On» tuvo su primer torneo de verano y la familia acompañó, un excelente marco familiar disfrutó de la «Copa JM Estudio Jurídico». El domingo 6 de febrero fue la fecha en que el «PLAY-ON» del río Negro abrió sus puertas, o mejor dicho tranqueras, para recibir…
Axel Kicillof trabaja en silencio para seducir al radicalismo y sumarlos a su carrera para la presidencia. Todo es muy incipiente, pero en la provincia de Buenos Aires apunta a un acercamiento con el sector que lidera Miguel Fernández, mientras que en el resto del país busca tender puentes al menos con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.
Armadores de Kicillof sostienen que los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes podrían concretar un cierre electoral con Axel, antes que firmar un acuerdo con Javier Milei. Parte de esa premisa tiene que ver con el reciente viaje del bonaerense a Corrientes donde mantuvo un encuentro público con Valdés.
Sin embargo, a pesar del optimismo del axelismo, los movimientos de Pullaro y Valdés no parecen tan claros. Por caso, el correntino tuvo que salir a decir, tras la foto con Kicillof, que está en contra de las PASO. Una manera de mantener abiertos los puentes con los libertarios.
Pullaro en tanto, parece más reticente todavía a un acuerdo electoral con el peronismo. Este viernes, el gobernador de Santa Fe se mostró en la capital junto a Mauricio Macri recorriendo obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
Las intenciones del gobernador de sumar al radicalismo a su armado político no son nuevas. Se sabe que en 2023 Kicillof le ofreció a Fernández -ex presidente del Comité Provincia- la vicegobernación. Fernández rechazó la oferta, en una decisión que hoy todavía se discute en algunos sectores del radicalismo.
Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro.
En la provincia, pese a la lista de unidad que se logró semanas atrás, el radicalismo está fracturado. El senador Maximiliano Abad recuperó la conducción del Comité Provincia y busca un acuerdo con La Libertad Avanza o con un eventual resurgimiento de Juntos por el Cambio. Abad sostiene que el radicalismo debe ir a 2027 en un frente electoral.
La elección de 2025 fue desastrosa para todo el radicalismo bonaerense. La alianza con Somos Buenos Aires lo llevó a perder nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
El radicalismo siempre tuvo un nicho de poder en la provincia: los intendentes que controlan distritos importantes del verde interior bonaerense. Sin embargo, en septiembre pasado 17 de los 28 intendentes perdieron la elección.
A fines de mayo, un grupo de intendentes radicales se mostraron junto a Kicillof en un acto enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia. La foto disparó versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.
Lo cierto es que esos puentes siempre estuvieron abiertos. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.
Como sea, las versiones obligaron una desmentida. En un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei». Esa movida, también forzó la candidatura de Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos) en la carrera por la Gobernación.
La Secretaria de Obras y Servicios comenzó los trabajos de colocación de caños sobre el desagüe de calle Antártida entre 11 Marzo y Avenida Mitre. Esta obra corresponde a tareas de reparación y entubado y así posibilitar el normal funcionamiento del mismo. Desde el área recomiendan a los vecinos transitar con precaución teniendo en cuenta…
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
