A partir de hoy, el Parque Industrial de Villa Regina se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La noticia fue confirmada por el Intendente Marcelo Orazi, quien destacó la importancia de la terminación de un trámite que lleva aproximadamente 7 años y que traerá importantes beneficios para las empresas que están radicadas. A la vez despertará el interés de otras para instalarse en el lugar.
El Parque Industrial reginense fue fundado en el año 1974 y actualmente cuenta con 59 empresas en actividad, 2 en ejecución y 3 en proyecto.
A través de la Resolución 266/2014 de la Provincia de Río Negro, la hasta entonces Fundación Centro Industrial Reginense pasó a denominarse Parque Industrial Reginense, lo cual favoreció el inicio del trámite ante el RENPI.
“Después de muchos años que demandaron completar el expediente, finalmente hoy tenemos la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales”, confirmó el Intendente Orazi.
Asimismo manifestó que esto permitirá al Parque Industrial local acceder a Aportes No Reintegrables (ANR) para la ejecución de obras intra y extramuros, además de facilitarle a las empresas radicadas el acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas o a los beneficios impositivos que otorga la ley provincial 4618.
Patricia Bullrich anunció este martes que el proyecto de reforma laboral mantiene la eliminación de la ultraactividad, invierte la prelación de las negociaciones colectivas colocando los acuerdos por empresa encima de los que se hagan por rama y deroga los estatutos. Esos tres puntos formaban parte del listado de artículos que la CGT pretendía voltear, pero la jefa del bloque libertario los expuso, entre otros, como «un cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas».
En conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la «prelación de convenios de empresa». «Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional», explicó.
Ese cambio debilita a los sindicatos en las negociaciones paritarias por salario y condiciones laborales, acrecentando el peso de la patronal sobre las comisiones internas.
Bullrich aclaró también que se mantendrá tal como está previsto en el dictamen firmado en diciembre el artículo referido a la ultraactividad, el concepto que garantiza la continuidad de los convenios hasta que aparezca uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA peleaban porque no cayera esa cláusula porque, tal como informó LPO, la necesidad de volver a conveniar todos los años se torna inoperativa en términos administrativos y productivos hasta para los dueños de las firmas.
La argumentación de la senadora fue que «en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso», una manera ingeniosa de habilitar la disolución del instrumento salvo que empresarios y delegados pacten sistemáticamente la vigencia de los convenios.
Por otro lado, se pavoneó con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio. «Los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno», dijo con tono marcial.
Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y LLA.
Alrededor suyo se ubicaron senadores aliados en representación de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza. Estaban los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, Martín Göerling en representación del partido amarillo y Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, entre otros, por los libertarios.
Las únicas dos concesiones a la CGT anunciadas por Bullrich fueron la continuidad de las patronales como «agentes de retención» de los aportes para la «cuota sindical», con un tope de 2 por ciento, y el sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, cuando el dictamen original reducía esa cifra a 5 puntos y le comía a los sindicatos alrededor de 800 millones de pesos. «Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante», dijo la senadora.
Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.
Los anuncios de Bullrich contra las conquistas del movimiento obrero no fueron conversados con representantes de la central de la calle Azopardo, pese a que fuentes del gobierno le anticiparon a LPO que el gobierno no daría el brazo a torcer en esos puntos. «Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado», contestaron desde la CGT en medio de los preparativos para la marcha de este miércoles al Congreso.
La exministra había dicho que «una ley no es la imposición de una parte sobre la otra sino un acuerdo», cuando tuvo que explayarse sobre las razones que llevaron al gobierno a declinar el capítulo de ganancias por la resistencia de los gobernadores. «No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas», abundó para justificar un entendimiento que no se estaría produciendo con la CGT.
No asistieron los senadores provinciales que comprometieron su respaldo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, los dos misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores determinantes para que salgan los artículos durante la votación en particular o no pero, al cierre de esta nota, el oficialismo confiaba que rondaría los 40 votos por la afirmativa.
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