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El Parque Industrial Reginense está inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales

A partir de hoy, el Parque Industrial de Villa Regina se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI). La noticia fue confirmada por el Intendente Marcelo Orazi, quien destacó la importancia de la terminación de un trámite que lleva aproximadamente 7 años y que traerá importantes beneficios para las empresas que están radicadas. A la vez despertará el interés de otras para instalarse en el lugar.

El Parque Industrial reginense fue fundado en el año 1974 y actualmente cuenta con 59 empresas en actividad, 2 en ejecución y 3 en proyecto.

A través de la Resolución 266/2014 de la Provincia de Río Negro, la hasta entonces Fundación Centro Industrial Reginense pasó a denominarse Parque Industrial Reginense, lo cual favoreció el inicio del trámite ante el RENPI.

“Después de muchos años que demandaron completar el expediente, finalmente hoy tenemos la Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales”, confirmó el Intendente Orazi.

Asimismo manifestó que esto permitirá al Parque Industrial local acceder a Aportes No Reintegrables (ANR) para la ejecución de obras intra y extramuros, además de facilitarle a las empresas radicadas el acceso a líneas crediticias a tasas subsidiadas o a los beneficios impositivos que otorga la ley provincial 4618.

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    En efecto, un legislador del interbloque Unidos, que reúne a los de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los radicales de Martín Lousteau y Facundo Manes, más Miguel Pichetto y Nicolás Massot, confesó que «los votos están finitos para la votación en particular».

    La fragilidad de ese fondo, que es un pergeño de Luis «Toto» Caputo para fondear entidades financieras registradas en la CNV, radica en la oposición de los gobernadores con cajas previsionales no transferidas. Por caso, la cordobesa Alejandra Vigo, pareja del diputado Juan Schiaretti, votó contra ese artículo la semana pasada en el Senado y se especula que el exgobernador y el resto de los legisladores cordobeses se plantarán de la misma forma este jueves.

    En los hechos, esas financieras funcionarían como minis AFJP controladas por el Estado, lo que reduciría en un 3 por ciento la contribución de las empresas al SIPA, el sistema de jubilaciones. Esos recursos pasarían del pago de pensiones al financiamiento de los despidos.

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    Por eso, la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, trabaja en un proyecto alternativo con el rionegrino Sergio Capozzi, lo que indica que no acompañarán al oficialismo en la votación en particular.

    Esa bancada reúne 18 legisladores y sumaría en la misma dirección los votos de los lilitos Ferraro y Frade y los de Pichetto y Massot.

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    Los misioneros y los salteños de Innovación Federal tampoco estaban convencidos de apoyar el FAL hasta este martes. «Está en discusión, porque es el régimen que está en la actividad de la construcción pero es difícil de aplicar a otras actividades», comentó un miembro de esa bancada a LPO.

    Con el rechazo irreductible del peronismo y la izquierda, que juntan 98 votos, más la veintena del interbloque Unidos y los legisladores que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, la oposición se acerca peligrosamente a las 129 manos necesarias para voltear el FAL.

     

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    El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos.

    «Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.

    Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.

    Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.

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    En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.

    El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.

    «Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.

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