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El jueves 4 vence el plazo de preinscripción en los CDI

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que hasta el jueves 4 a las 13 horas se encuentra abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2021 en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los barrios El Sauce, 25 de Mayo y Matadero para las salas de 2 y 3 años.

Los interesados deberán acercarse a los CDI mencionados o a la sede de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169.

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    Los archivos desclasificados que desnudan una operación: la SIDE y la construcción planificada de la teoría de los dos demonios

     

    Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.

    Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.

    Una teoría construida desde el poder

    La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.

    Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.

    El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.

    Memoria en disputa, ayer y hoy

    La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.

    El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.

    La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.

    El sentido profundo de los archivos

    Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.

    En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.

    La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.

     

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  • Moodys afirma que el riesgo país debería ser aún mas alto

     

     La directora global de riesgo soberano de Moody’s, Marie Diron, lanzó una advertencia que golpeó de lleno sobre uno de los principales objetivos financieros del Gobierno: sostuvo que el mercado sigue percibiendo a la Argentina como un país más riesgoso de lo que indican sus calificaciones crediticias.

    «Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían», afirmó Diron en una entrevista con Bloomberg Línea. La declaración cayó en un momento sensible para el equipo económico, que esperaba que la mejora de nota de Fitch ayudara a consolidar una baja más pronunciada del riesgo país y una recuperación más firme de los bonos soberanos.

    La observación de Moody’s apareció además acompañada por los propios movimientos del mercado. Después de perforar los 500 puntos y tocar un piso de 496 unidades tras la mejora de Fitch, el riesgo país rebotó durante cuatro ruedas consecutivas hasta superar los 535 puntos, acercándose nuevamente a los valores previos al upgrade.

    En la City interpretan ese movimiento como una señal de que el mercado todavía no termina de comprar la idea de una normalización financiera acelerada. De hecho, los spreads argentinos continúan muy por encima de los que pagan países con calificaciones similares e incluso superiores a algunos soberanos con peores notas.

    En esa línea, Martín Burgos, director de la consultora Lado B, relativizó el impacto inmediato de las mejoras de calificación sobre los activos argentinos y sostuvo que el mercado todavía considera que el país sigue jugando «en otra liga». Según explicó, mientras Argentina permanezca en las categorías más especulativas, los cambios de nota tienen un efecto limitado sobre el flujo de inversiones.

    «Hay un montón de calificaciones que para el mercado son prácticamente iguales. Recién cuando pasás a Investment Grade eso tiene un efecto realmente importante, porque muchos fondos tienen reglas internas que les exigen tener determinado porcentaje de bonos de países con grado de inversión», explicó Burgos. En ese sentido, señaló que una mejora de esa magnitud sí podría generar un ingreso mucho más fuerte de capitales hacia los bonos argentinos.

    Para el economista, eso explica por qué el riesgo país no logró sostener la baja incluso después de la mejora de Fitch. «El mercado está esperando más. Por eso el riesgo país sigue estancado», afirmó. Según sostuvo, los inversores entienden que para empezar a discutir una reinserción financiera más sólida Argentina debería acercarse a niveles de riesgo país del orden de los 300 puntos, muy lejos todavía de los valores actuales.

    La comparación regional es una de las cuestiones que más inquietan al mercado. Ecuador, que comparte la calificación B- de Fitch y también arrastra antecedentes de defaults, opera con un riesgo país más de 100 puntos inferior al argentino. El Salvador, con la misma nota, directamente cotiza cerca de los 314 puntos.

    El Gobierno viene intentando explicar esa diferencia a partir del denominado «riesgo kuka». Luis Caputo sostiene desde hace semanas que los inversores siguen asignando una probabilidad relevante a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027 y que esa incertidumbre explica las tasas más altas que pagan los bonos argentinos.

    Esa lectura aparece reflejada especialmente en los títulos más largos. Los bonos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027 continúan operando con rendimientos significativamente más elevados que los de corto plazo, algo que para el mercado refleja dudas sobre la sustentabilidad política y financiera del programa económico.

    Sin embargo, otros analistas sostienen que el problema excede el calendario electoral. El ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la principal fragilidad sigue siendo el bajo nivel de reservas y el creciente peso de la deuda senior, es decir, compromisos que tienen prioridad de cobro sobre los tenedores tradicionales de bonos. «Eso al bonista le pone los pelos de punta», resumió el economista.

    Incluso economistas cercanos al mercado, como Hernán Lacunza, empezaron a plantear reparos sobre la dinámica financiera. El exministro de Economía advirtió que la Argentina no debería entrar en un año electoral con reservas netas tan bajas y sostuvo que el actual esquema todavía carece de «holgura».

    En paralelo, informes privados comenzaron a enfriar las expectativas de una baja rápida del riesgo país. Un reporte del Banco Comafi señaló que «resulta demasiado optimista» pensar que Argentina pueda comprimir otros 150 puntos en la parte larga de la curva antes de las elecciones.

    La discusión de fondo es que, aunque el Gobierno logró mostrar equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, el mercado todavía sigue mirando otras variables más sensibles: la acumulación de reservas, la posibilidad de recuperar acceso pleno al financiamiento voluntario y, sobre todo, qué margen político tendrá Milei para sostener el programa económico más allá de 2027.

     

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