PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que hasta el jueves 4 a las 13 horas se encuentra abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2021 en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de los barrios El Sauce, 25 de Mayo y Matadero para las salas de 2 y 3 años.
Los interesados deberán acercarse a los CDI mencionados o a la sede de la Secretaría ubicada en Uspallata Sur 169.
Imaginemos si mañana Reinaldo Rueda (DT de la selección chilena) levantara el teléfono y se comunicara con Lionel Messi. La conversación sería mas o menos así: RR: Hola Leo, ¿cómo andas? Leo: Bien… Quién habla?RR: Reinaldo Rueda, no se si te acordas de mi, pero soy el DT del seleccionado chileno…Leo: ahh si si. Que…
Desde la Campaña #VacunateVillaRegina queremos dar a conocer puntos de cercanía a los fines de que quienes por distintas razones no hayan podido inscribirse para la vacunación contra el COVID-19 puedan realizarlo: Barrio El Sauce: quienes vivan en el barrio y puntos cercanos podrán inscribirse en el Comedor Pancito Solidario situado en calle Las Jarillas…
La Fórmula 1 podría desembarcar en Buenos Aires en 2028 y el Moto GP se correrá en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez el año próximo. El secretario de Deportes porteño Fabián Turnes y el empresario Orly Terranova se reunieron con ejecutivos de Liberty Media en Miami dos semanas atrás.
Treinta años después de la última carrera, el gran circo de la Fórmula 1 está muy cerca de regresar a la Argentina. Para acortar la espera, La Ciudad organizó junto a los sponsors de Franco Colapinto una exhibición en Palermo el próximo 16 de abril. La preventa de entradas se agotó en pocas horas.
La máxima categoría ganó popularidad en los últimos años, Durante la pandemia y gracias a la serie de Netflix Drive to Survive, la Fórmula 1 sumó millones de fanáticos.
Liberty Media le compró a Bernie Ecclestone la Fórmula 1 en 2016 por 4400 millones de dólares, una cifra que incluyó deudas por más de 4000 millones. La inversión resultó más que redituable: el año pasado Liberty Media duplicó el valor que recibe por la venta de derechos en EEUU.
La Ciudad apuesta al Moto GP para traer a la Formula 1: Invertirán 130 mil millones en el Autódromo
Ocho años más tarde Liberty Media también cerró la compra del Moto GP. Allí comenzó la relación con Orly Terranova, que organizó las carreras de la máxima categoría en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El corredor y empresario quedó a cargo de las negociaciones junto a Fabián Turnes, el secretario de deportes porteño. De hecho, la Ciudad lo autorizó a gastar más de 50 millones de dólares para asegurarse de que el Moto GP se corra en Buenos Aires entre 2027 y 2030.
Pero el principal interés de la Ciudad es que llegue la Fórmula 1, una especie de pequeño mundial y no pasa desapercibido en ningún país. Esponsoreo de marcas de lujo y espectadores de alto poder adquisitivo agotan reservas en hoteles y restaurantes durante la semana del gran premio son la principal característica de la F1.
Además del dinero para comprar la fecha, la Ciudad invirtió cerca de 100 millones de dólares en la renovación del circuito Oscar y Alfredo Gálvez. Hace más de un año, la sugerencia de Liberty Media fue que el gobierno contratara a Hermann Tilke.
El ingeniero civil Hermann Tilke es quien tiene a cargo el proyecto del nuevo circuito. Se trata del diseñador más reconocido de la era moderna, que modeló las pistas de Shanghai, Singapur y Abu Dhabi.
Cuando lo contactaron para ofrecerle el proyecto del autódromo porteño, le advirtieron que la Argentina no tenía el poder económico de los países petroleros. El ingeniero respondió que tenía lazos sentimentales con el país y que uno de sus sueños era rediseñar el Gálvez.
Los trabajos en el autódromo estarán listos para albergar el Moto GP y habrá más de un año para seguir con las remodelaciones que permitan recibir a la Fórmula 1 en 2028.
El Día Mundial del Agua se celebra cada año el día 22 de marzo. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que es una fecha creada para reflexionar y discutir acerca de la importancia vital que posee este recurso para nuestra supervivencia como habitantes de este planeta. El…
“Quienes tienen el privilegio de saber, tienen el deber de actuar” Albert Einstein Sabemos que existen infinitas formas de colaborar con pequeños cambios para mejorar en lo inmediato, nuestro ambiente. Llevar una vida más sustentable es posible y somos nosotros quienes debemos comenzar a actuar. Ahora bien, ante el panorama ambiental complicado que tenemos creo…
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
