Este miércoles se dará inicio a los trabajos de restauración y reparación del skate park ubicado sobre el Paseo de la Avenida 9 de Julio.
Las tareas estarán a cargo de Marcos Ulloa, ‘Liso’, quien con una estética de graffiti intervendrá este espacio para dejarlo en condiciones de manera que pueda ser disfrutado por quienes se dedican a esta práctica.
La Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado, área que coordina el trabajo junto a la Secretaría de Obras y Servicios, solicitó que no se utilice el skate park mientras se esté llevando adelante el mantenimiento del mismo.
Marcos Ulloa, ‘Liso’, estará a cargo de los trabajos de restauración
El empresario financiero rosarino Fernando Whpei fue imputado este martes de haber actuado como intermediario, o negociador, en una extorsión presunta contra dos empresarios bursátiles, en una trama donde según la fiscalía actuaron también como partes necesarias el ex director de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna y el juez federal, Marcelo Bailaque.
Además, al financista dueño del grupo Unión le atribuyeron haber actuado en una colusión ilegal con el juez Bailaque en un caso donde éste resolvió pasar fondos inmovilizados de una cooperativa portuaria, cuyos directivos estaban acusados en una causa penal, hacia una mutual que controlaba Whpei. Eran mil millones de pesos en 2021. El juez y el financista tenían una relación de amistad admitida por ambos, que habían incluso viajado a Chile juntos en 2024.
Los fiscales pidieron embargos multimillonarios contra Whpei y uno de ellos, el jefe de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco, pidió 180 días de prisión preventiva.
Antes de que el juez resolviera habló escuetamente Whpei. Utilizó apenas dos minutos de una audiencia que ya iba durando siete horas. “Tengo un desafío personal, una hija discapacitada con síndrome de down y autismo, no puede comer sola, y a mi mujer inmunodeprimida”, dijo el financista. “Hace cuatro años que vivo en mi casa porque estoy a cargo de mi hija. Vivo por y para ella. Si yo no estoy en la casa ella tendría una situación que no sé cómo resolverla. Cuando se produjo el allanamiento a mi casa agradezco que la gente de seguridad me permitió higienizarla y darle de comer. ¿Cómo puedo huir de la Justicia con la responsabilidad que yo tengo con mi hija? Soy una persona que siempre estuve a derecho con la Justicia. No estar en casa implica todos estos problemas. Le voy a pedir que en caso que disponga prisión una opción de domiciliaria”.
Sin embargo, el juez a cargo de la audiencia, Eduardo Rodrigues Da Cruz, impuso a Whpei la prisión preventiva por sesenta días por la gravedad de los delitos y el riesgo procesal. Consideró la importancia de que el imputado esta acusado de participar en un acto de corrupción, con conductas extorsivas, donde interviene también un magistrado federal.
La pena en expectativa es de cinco años con lo cual puede haber prisión efectiva en caso de condena. Dijo que la pena domiciliaria no es de aplicación automática por lo que debe cumplirse la prisión en un establecimiento carcelario. Y pidió que en 48 horas se informe sobre la situación de salud de Sofía Whpei que es la hija con discapacidad del empresario.
También dispuso una inhibición general de bienes de Whpei hasta cubrir 1.500 millones de pesos.
Tengo un desafío personal, una hija discapacitada con síndrome de down y autismo, no puede comer sola, y a mi mujer inmunodeprimida. Si yo no estoy en la casa ella tendría una situación que no sé cómo resolverla.
La primera imputación, el supuesto apriete extorsivo a dos empresarios, tiene a tres actores principales según el planteo del fiscal federal Juan Argibay Molina que, para precisar con más detalle los roles, fueron imputados en audiencias separadas. Ya le tocó en noviembre pasado a Vaudagna, que reconoció haber intervenido en este chantaje en un trámite donde aceptó convertirse en imputado colaborador, informalmente conocido como “arrepentido”. Bailaque, en segundo término, fue imputado el 30 de abril pasado.
Antes del inicio de la audiencia los abogados de Whpei pidieron la recusación de todos los fiscales al considerar que los acusadores presentaron una teoría del caso con un recorte que omitía partes que derrumbaba la imputación. “La fiscalía omitió información relevante que desvincula al señor Whpei”, señaló su abogado defensor, Emiliano Díaz. Según dijo eso implicó falta de imparcialidad y un intento en los fiscales de generar una apariencia de peligrosidad de parte de Whpei para solicitar una medida de coerción personal, vale decir, prisión.
Los fiscales Federico Reynares y Juan Argibay Molina en la audiencia de este martes.
Desde ese momento se generó una disputa acalorada entre las partes. Los fiscales rechazaron el planteo diciendo que era totalmente impertinente pedir el apartamiento de los acusadores en base a una valoración de la prueba y que eso se hacía en otra etapa del trámite. El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz estuvo de acuerdo. Rechazó el pedido de Whpei por inadmisible, improcedente, con ánimo dilatorio y no ajustado a derecho. Le impuso además costas por plantearlo.
Al empresario Whpei, un influyente empresario de vínculos con sectores encumbrados y transversales de la política rosarina, se le imputó haber realizado de manera coordinada junto a Bailaque y Vaudagna, una extorsión contra los agentes de bolsa Claudio Iglesias y Jorge Oneto. La acusación sostiene que su rol fue exigirles dinero a ambos, a cambio de influir sobre el proceso judicial en su contra.
El fiscal Argibay afirmó que Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a partir de una denuncia anónima en la AFIP que se radicó el 14 de agosto de 2019 en el juzgado federal 4 de Rosario. La denuncia, genérica y sin datos, indicaba que los acusados lavaban dinero del narcotráfico y tenían vínculos con Los Monos.
La denuncia en la AFIP por el escrito anónimo la realizó a las 12.55 del día mencionado Vaudagna sin seguir los procedimientos administrativos previstos. Luego radicó una denuncia en el juzgado omitiendo denunciar que era una acción tramada con el mismo juez según dijo el fiscal Argibay. La denuncia en el juzgado de Bailaque se inscribió a las 12.35 del mismo día. Curiosamente veinte minutos antes que se registrara en la AFIP donde empezó el trámite.
Al empresario Whpei se le imputó haber realizado de manera coordinada junto a Bailaque y Vaudagna, una extorsión contra los agentes de bolsa Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
El juez Bailaque ordenó pedidos para obtener información sobre Iglesias y Oneto. Whpei se conectó con Iglesias a través de un empresario amigo de éste, supuestamente para exigir dinero al denunciado. “Tenés un tema grave de gente que es anónima pero no tanto. Pero tenés una alternativa para que esto se solucione. Soy amigo personal del juez que tiene la causa”, dijo Iglesias que le señaló Whpei. Quien según el fiscal le exigió 200 mil dólares. Ante la intimidación, según reconoció Iglesias, accedieron a entregarle el dinero a Whpei.
Iglesias declaró que esas entregas se hicieron todas en la oficina de Fernando Whpei y en su domicilio particular. Luego de la entrega inicial de 40 mil dólares le pidió que aportara más dinero. En total, según el fiscal Whpei recibió 160 mil dólares.
La imputación contra Whpei fue por los delitos de extorsión y concusión. También el fiscal le atribuyó participación necesaria en prevaricato, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Al financista le atribuyeron una acción con cuatro ejes. El primero fue haber participado de la orquestación de una causa penal contra los empresarios bursátiles Iglesias y Oneto. El segundo fue hacer saber a Iglesias de la existencia de una causa penal en su contra para proponerle una solución. El tercer paso fue forzar el pedido de dinero mientras avanzaba la investigación. El cuarto fue consumar el cierre de la investigación cuando se encontrara hecho el pago.
A dos años de la apertura de la causa penal, en agosto de 2021, Bailaque citó a ambos imputados a indagatoria y les atribuyó lavado de activos. Pero 21 días después, sin que se haya agregado elementos de prueba a la causa, se les dictó la falta de mérito.
Fernando Whpei llega a los tribunales de Rosario.
El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió 300 mil dólares de cautelares por daño material y moral de Whpei contra Iglesias y Oneto. También 40 mil dólares para hacer frente a las costas del proceso. En total mencionó 1.216 millones de pesos de embargo. Contra Whpei hay una investigación patrimonial para determinar los bienes, que hasta ahora no cubren el valor de lo embargado. Por eso se pidió contra él la inhibición general de bienes.
La segunda acusación contra Whpei la formuló el fiscal federal Federico Reynares Solari. Lo imputaron por haber organizado junto al juez federal Bailaque la recepción de mil millones de pesos inmovilizados de una cooperativa bajo investigación judicial por la compañía financiera Unión.
Bailaque y Whpei son amigos. Ambos hicieron un viaje juntos a Chile en abril de 2024 según constató en fiscal en la Dirección Nacional de Migraciones. En 2021 el magistrado autorizó que fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín, bloqueados por una investigación judicial contra sus directivos gremiales, fueran invertidos el grupo Unión, que controlaba el financista. El magistrado argumentó el pase de fondos de una cuenta en el Banco Nación a una mutual en que era la mejor forma de mantener el valor de los montos inmovilizados por el mejor retorno que ofrecía. Los fiscales señalan que es inusual que depósitos bloqueados en una causa penal no se radiquen en la cuenta de una entidad oficial. Y que hayan terminado en la entidad administrada por un amigo del juez.
Los fiscales hablaron en este caso de maniobras desplegadas con una finalidad lucrativa y adjudicaron a Whpei tráfico de influencias y participación necesaria en el prevaricato.
El fiscal de Procelac Velasco había señalado que había peligrosidad procesal en Whpei. Sostuvo que este podía generar entorpecimiento probatorio y recordó que había adquirido ocho teléfonos encriptados. Refirió que tiene patrimonio oculto derivado a terceros e inversiones en sociedades en zonas de bajo control fiscal como Uruguay y las Islas Vírgenes.
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Se espiraliza la crisis en los municipios y son cada vez más los intendentes que declaran la emergencia económica, lo que implica un shock de medidas que abarca el congelamiento de salarios, ingresos de personal y horas extra, panorama que abre interrogantes sobre el próximo aguinaldo.
Intendentes de todos los espacios señalaron a LPO que esta situación extrema tiene como desencadenante la contracción de la actividad económica que impacta en la merma de la coparticipación, el desplome de la cobrabilidad de las tasas y los insumos que siguen en aumento.
Aunque se trata de un proceso que ya se venía advirtiendo desde el año pasado, en los últimos días comenzaron a salir intendentes a exponer el rojo de sus cuentas y la necesidad de encarar medidas drásticas.
Como contó LPO, en Saavedra, Matías Nebot redujo 13% los sueldos de funcionarios y concejales y tiene una propuesta similar para los trabajadores municipales. En Guaminí, José Nobre Ferreira congeló salarios y suspendió subsidios sociales.
Ahora, el déficit también se expuso en municipios como Villa Gesell, Pinamar y Nueve de Julio. La crisis pega más fuerte en el interior, donde los recursos coparticipables llegan a representar en algunos casos el 75% del presupuesto. Sin embargo, en algunas comunas del Conurbano empiezan a tener problemas para el pago de algunos proveedores.
“Los números son cada vez más justos. Puede que de cara al aguinaldo, se presente alguna dificultad”, admitieron en el Foro de Intendentes UCR
“Percibimos en términos de coparticipación 500 millones de pesos menos en estos meses y bajó la cobrabilidad de tasas un 10%, con respecto a la media histórica del municipio, pasó del 60 al 50”, dijo a LPO el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que decretó la emergencia, que congelar salarios a funcionarios y el ingreso de personal nuevo.
También, analiza un tope de horas extras, reducción de alquileres de inmuebles y el monitoreo y reducción del gasto en combustible. “Se está empezando a sentir la crisis”, dijo.
Además de los factores transversales a todos los municipios, en Gesell vienen de una temporada magra, sobre todo en términos de consumo, lo que repercute directo en la suba del desempleo y de la demanda social a la comuna.
“El turismo se está cayendo a pedazos. Si esto sigue así y el Gobierno no toma ninguna medida con respecto al turismo, va a ser caótico”, agregó.
En Nueve de Julio, la intendenta del PRO María José Gentile pidió al Concejo declarar la emergencia económica con medidas similares a las tomadas en Gesell y a lo que agrega la reducción de bonificaciones y la revisión de convenios, subsidios y contratos vigentes.
“Nueve de Julio atraviesa una crisis hídrica importante que nos obliga a redireccionar recursos para garantizar la conectividad rural y urbana, sin contar con el presupuesto necesario”, dijo Gentile, además de las causas relativas a la recesión nacional.
La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile (PRO), al anunciar el pedido de emergencia económica.
En el primer trimestre de 2025, la coparticipación federal a las provincias cayó un 19,4% en términos reales con relación a 2024. A eso, en Nueve de Julio se suma una contracción del 15% en la cobrabilidad de las tasas.
No es el único distrito del PRO en crisis. En Pinamar, el municipio que gobierna Juan Ibarguren analiza medidas de ese tenor por el derrumbe de ingresos de coparticipación.
En Arrecifes, fuentes del municipio que comanda el rintondista Fernando Bouvier, señalaron a LPO que “la situación económica es preocupante” y en Pergamino, cerca del intendente Javier Martínez inquieta la merma en la recaudación de tasas, que ahí ya alcanza al 10%.
Hay casos donde la caída de la recaudación por tasas alcanza el 15% y los recursos que llegan por coparticipación registran un derrumbe más profundo aún
Dentro del Foro de Intendentes de la UCR señalaron que “los números son cada vez más justos”. “Puede que de cara al aguinaldo, se presente alguna dificultad”, admitieron.
En la Provincia también expusieron el avance de las crisis sobre las finanzas locales. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, dijo Carlos Bianco, que planteó una “situación tremendamente preocupante”.
Percibimos en términos de coparticipación 500 millones de pesos menos en estos meses y bajó la cobrabilidad de tasas un 10%, con respecto a la media histórica del municipio
En ese contexto, Barrera, uno de los intendentes más cercanos a Kicillof, empujó por la aprobación del proyecto que ingresó el gobierno bonaerense la semana pasada a la Legislatura para tomar deuda por más de 1.000 millones de dólares. Con el 8% de lo que tome de esa deuda, el Ejecutivo proyecta conformar un fondo para municipios.
“La Provincia está en la misma situación de nosotros. Veremos si en estos meses aprueban el endeudamiento, si se puede revertir algo con respecto a esos fondos”, dijo Barrera, que también alertó sobre el incesante crecimiento de la demanda en hospitales municipales.
“Todas las cuestiones que se resolvían con Desarrollo de Nación, pediatras, prótesis, medicamentos costos que eran difíciles de conseguir, todo eso lo tenemos que salir a cubrir nosotros ahora”, dijo.
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