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Represa El Chocón: ¿qué sucederá al vencer el contrato?

La Represa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las construcciones hidroeléctricas más importantes de Argentina. Desde su inauguración en 1973, ha sido una fuente clave de energía para el país. Sin embargo, su contrato de concesión está próximo a vencer y esto ha generado preocupación acerca de lo que sucederá con la represa una vez que expire el acuerdo.

El contrato actual con la empresa concesionaria Hidroeléctrica El Chocón S.A. finaliza en octubre de 2023. A partir de ese momento, la administración de la represa deberá ser transferida al Estado, quien deberá decidir qué hacer con ella.

Una de las opciones que se barajan es que la represa sea administrada por la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA), que ya gestiona otras represas en el país. IEASA es una compañía de energía creada en 2017 con el objetivo de integrar y optimizar la generación y distribución de energía eléctrica en Argentina y en la región.

Una de las opciones que se barajan es que la represa sea administrada por la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA),

El gobierno nacional ha expresado en varias ocasiones su intención de tomar el control de la represa una vez que venza el contrato. En este sentido, el Ministro de Energía de la Nación, Darío Martínez, declaró recientemente que «la idea es que El Chocón vuelva a manos del Estado para poder planificar el futuro de la represa, su operación y su mantenimiento».

Otra opción que se ha mencionado es que la represa sea concesionada a otra empresa privada. Sin embargo, esto ha generado preocupación entre algunos sectores, que temen que una empresa privada pueda aumentar las tarifas de energía eléctrica y no garantizar el mantenimiento adecuado de la represa.

Además, hay quienes argumentan que el Estado debería tener un papel más activo en la generación y distribución de energía eléctrica en el país, y que la administración de la represa por parte de IEASA sería una buena oportunidad para avanzar en esa dirección.

«la idea es que El Chocón vuelva a manos del Estado para poder planificar el futuro de la represa, su operación y su mantenimiento».

Darío Martínez, Ministro de Energía de la Nación.

En cualquier caso, lo que está claro es que la Represa El Chocón es una fuente importante de energía para Argentina y su futuro es crucial para el país. Por lo tanto, es importante que se tomen decisiones responsables y bien pensadas acerca de su administración y mantenimiento una vez que venza el contrato de concesión.

En resumen, el futuro de la Represa El Chocón es incierto a medida que se acerca el vencimiento del contrato de concesión. Sin embargo, el gobierno nacional ha expresado su intención de tomar el control de la represa y gestionarla a través de IEASA, lo que podría ser una oportunidad para avanzar en la integración y optimización de la generación y distribución de energía eléctrica en Argentina. En cualquier caso, es importante tomar decisiones responsables y bien pensadas para garantizar el mantenimiento y la operación adecuados de la represa en el futuro.

¿Cómo se asegura IEASA que las represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente?

IEASA, como empresa estatal argentina dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, tiene la responsabilidad de asegurarse de que sus represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente. Para ello, cuenta con un enfoque en la gestión ambiental que se basa en tres pilares fundamentales: prevención, control y corresponsabilidad.

En primer lugar, IEASA se enfoca en la prevención de impactos ambientales negativos a través de la implementación de planes y programas de gestión ambiental. Estos programas incluyen medidas de prevención de la contaminación, el control de emisiones y la gestión de residuos, entre otros aspectos.

En segundo lugar, IEASA se enfoca en el control de los impactos ambientales a través de la monitorización y el seguimiento de los indicadores ambientales. Esto incluye la medición de la calidad del agua, del aire y del suelo, así como el seguimiento de la flora y la fauna de la zona.

En tercer lugar, IEASA promueve la corresponsabilidad ambiental a través de la participación de la comunidad en la gestión ambiental de las represas. Esto incluye la realización de consultas públicas y la promoción de la educación y la conciencia ambiental.

IEASA ha adoptado prácticas de gestión ambiental internacionalmente reconocidas, como la norma ISO 14001, que establece un marco para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental.

En resumen, IEASA se asegura de que sus represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente a través de la implementación de planes y programas de gestión ambiental, el control de los impactos ambientales y la promoción de la corresponsabilidad ambiental. Además, adopta prácticas de gestión ambiental internacionalmente reconocidas para garantizar su compromiso con la protección del medio ambiente.

Complejo Hidroeléctrico

Los objetivos de su construcción en el año 1968 fueron controlar las crecidas del Río Limay, aumentar las superficies de riego y producir energía hidroeléctrica.

Forma parte del Sistema Argentino de Interconexión y lleva energía principalmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, actuando como central de punta ya que comienza a funcionar a demanda, cuando aumenta el consumo. La central de Arroyito funciona permanentemente para atender la base de la demanda de energía eléctrica.

El complejo cuenta con tres miradores, uno hacia el embalse, uno hacia el vertedero y otro hacia la central hidroeléctrica.

  • Altura máxima sobre el nivel de fundación: 86 metros. 
  • Nivel de coronamiento: 386 metros s.n.m 
  • Longitud total de coronamiento: 2.500 metros. 
  • Ancho de base: 380 metros. 

La construcción del complejo demandó el trabajo de 5000 obreros aproximadamente y se prolongó por 5 años aproximadamente.

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  • En medio de un escándalo, el peronismo consiguió los votos y aprobó el endeudamiento de Kicillof

     

    Sobre la madrugada del jueves, el peronismo consiguió los votos de la oposición para llegar a los dos tercios y aprobó en la Legislatura la autorización de endeudamiento de Axel Kicillof por USD 3.035 millones.

    Pero además, se negoció durante todo el día un enorme reparto de cargos tanto para el peronismo como para la oposición. Los lugares más jugosos tienen que ver con el poderoso directorio del Banco Provincia, pero también se distribuyeron asientos en el Consejo de Educación y el Tribunal fiscal de Apelación.

    Como suele suceder en las últimas sesiones del año, el diputado camporista Facundo Tignanelli enumeró una serie de proyectos que puso eb votación. En segundos se aprobaron y eso fue todo. El endeudamiento pasó rápidamente al Senado en una práctica cuestionada por algunos legisladores que consiste en primero votar y luego ceder la palabra a los legisladores.

    El endeudamiento fue votado en general por todos los bloques menos La Libertad Avanza y los monobloques de izquierda. Como adelantó LPO, el PRO decidió votar en contra del artículo 1 que solicita un endeudamiento por USD 1.045 millones sin detallar el destino de eso fondos.

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    Sin embargo, respaldó el artículo 2 que establece un rollover de la deuda contraída por gobiernos anteriores y el punto que destina un fondo para fortalecer las alicaídas cajas de los municipios.

    Respecto del endeudamiento, quienes acompañaron ese proyecto explicaron las modificaciones que se hicieron al fondo para los intendentes a lo largo de la negociación y en favor de los municipios. En el proyecto original que envió Kicillof el fondo se constituía por el 8% de la deuda que podía tomar el gobierno. Los intendentes pedían un monto fijo y eso se logró en parte con unos 250.000 millones de pesos que estarán garantizados.

    En el tramo inicial de la sesión transcurrió en escándalo y polémica. Fue cuando el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, ingresó al recinto para ocupar su banca.

    Apenas ingresó Passaglia, también lo hizo la diputada radical María Belén Malaisi y ocupó la banca en disputa. El intendente permaneció a un costado esperando que el presidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera, lo convoque a ocupar el sillón.

    Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

    Sin embargo, pidió la palabra Tignanelli y preguntó a las autoridades si efectivamente había ingresado a la Legislatura el pedido de licencia de Passaglia aprobado en el Concejo Deliberante. Guerrera contesto por la negativa y ahí fue cuando Passaglia a los gritos reclamó que lo dejen ocupar su banca.

    El intendente y el presidente de Diputados se transaron en una discusión que duró unos minutos. «Retirese. No me haga llamar a la Seguridad», le dijo Guerrera, mientras el intendente de San Nicolás pedía ocupar su sillón. Toda la escena era observada por el pleno de los diputados hasta que Tignanelli logró cortar la discusión pidiendo un cuarto intermedio.

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    Allí fue cuando Passaglia subió al estrado y siguió discutiendo con Guerrera frente a frente. Enseguida ingresó la seguridad de la Cámara Baja quienes siguieron de cerca los hechos aunque no fue necesaria la intervención.

    La negociación más difícil fue lograr una síntesis en los cargos del directorio del Banco Provincia. Se trata de uno de los asientos más preciados en el Ejecutivo al que puede acceder la oposición: supone una caja importante para la política y la posibilidad de intervenir en créditos.

    La salida para lograr un acuerdo fue crear más cargos en el directorio del Bapro. A los ochos asientos que conformaban el directorio se sumaron nuevos cargos. Sin embargo, la rosca para cerrar los nombres complicó la negociación.

    Por eso se decidió un esquema con nueve asientos con poder de votación y otros cinco que tendrán status de vicedirector sin votación en las reuniones de directorio.

    La nueva conformación del directorio del Banco Provincia tendrá a cuatro directores que responden directamente a Kicillof. Allí están Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher.

    El massismo logró ubicar a Javier Osuna, y La Cámpora a Rodrigo ‘Rodra’ Rodriguez. También se suma Fernando Rozas por el bloque aliado Unión y Libertad. Por último, el PRO sumó a Matías Ranzini y el radicalismo a Marcelo Daletto.

    En tanto, otro grupo sin poder de voto estará integrado por Gabriela Demaría que llega por el lado de Martín Insaurralde y Laura González (La Cámpora) serán síndicos de la entidad. Por último el massista Sergio Bordoni, Adrián Urreli (PRO) y el radical Fernando Pérez serán directores asociados.

     

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  • Ritondo presentó el amparo contra la designación de auditores que acordaron Máximo y Menem

     

    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

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    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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