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Represa El Chocón: ¿qué sucederá al vencer el contrato?

La Represa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las construcciones hidroeléctricas más importantes de Argentina. Desde su inauguración en 1973, ha sido una fuente clave de energía para el país. Sin embargo, su contrato de concesión está próximo a vencer y esto ha generado preocupación acerca de lo que sucederá con la represa una vez que expire el acuerdo.

El contrato actual con la empresa concesionaria Hidroeléctrica El Chocón S.A. finaliza en octubre de 2023. A partir de ese momento, la administración de la represa deberá ser transferida al Estado, quien deberá decidir qué hacer con ella.

Una de las opciones que se barajan es que la represa sea administrada por la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA), que ya gestiona otras represas en el país. IEASA es una compañía de energía creada en 2017 con el objetivo de integrar y optimizar la generación y distribución de energía eléctrica en Argentina y en la región.

Una de las opciones que se barajan es que la represa sea administrada por la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA),

El gobierno nacional ha expresado en varias ocasiones su intención de tomar el control de la represa una vez que venza el contrato. En este sentido, el Ministro de Energía de la Nación, Darío Martínez, declaró recientemente que «la idea es que El Chocón vuelva a manos del Estado para poder planificar el futuro de la represa, su operación y su mantenimiento».

Otra opción que se ha mencionado es que la represa sea concesionada a otra empresa privada. Sin embargo, esto ha generado preocupación entre algunos sectores, que temen que una empresa privada pueda aumentar las tarifas de energía eléctrica y no garantizar el mantenimiento adecuado de la represa.

Además, hay quienes argumentan que el Estado debería tener un papel más activo en la generación y distribución de energía eléctrica en el país, y que la administración de la represa por parte de IEASA sería una buena oportunidad para avanzar en esa dirección.

«la idea es que El Chocón vuelva a manos del Estado para poder planificar el futuro de la represa, su operación y su mantenimiento».

Darío Martínez, Ministro de Energía de la Nación.

En cualquier caso, lo que está claro es que la Represa El Chocón es una fuente importante de energía para Argentina y su futuro es crucial para el país. Por lo tanto, es importante que se tomen decisiones responsables y bien pensadas acerca de su administración y mantenimiento una vez que venza el contrato de concesión.

En resumen, el futuro de la Represa El Chocón es incierto a medida que se acerca el vencimiento del contrato de concesión. Sin embargo, el gobierno nacional ha expresado su intención de tomar el control de la represa y gestionarla a través de IEASA, lo que podría ser una oportunidad para avanzar en la integración y optimización de la generación y distribución de energía eléctrica en Argentina. En cualquier caso, es importante tomar decisiones responsables y bien pensadas para garantizar el mantenimiento y la operación adecuados de la represa en el futuro.

¿Cómo se asegura IEASA que las represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente?

IEASA, como empresa estatal argentina dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, tiene la responsabilidad de asegurarse de que sus represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente. Para ello, cuenta con un enfoque en la gestión ambiental que se basa en tres pilares fundamentales: prevención, control y corresponsabilidad.

En primer lugar, IEASA se enfoca en la prevención de impactos ambientales negativos a través de la implementación de planes y programas de gestión ambiental. Estos programas incluyen medidas de prevención de la contaminación, el control de emisiones y la gestión de residuos, entre otros aspectos.

En segundo lugar, IEASA se enfoca en el control de los impactos ambientales a través de la monitorización y el seguimiento de los indicadores ambientales. Esto incluye la medición de la calidad del agua, del aire y del suelo, así como el seguimiento de la flora y la fauna de la zona.

En tercer lugar, IEASA promueve la corresponsabilidad ambiental a través de la participación de la comunidad en la gestión ambiental de las represas. Esto incluye la realización de consultas públicas y la promoción de la educación y la conciencia ambiental.

IEASA ha adoptado prácticas de gestión ambiental internacionalmente reconocidas, como la norma ISO 14001, que establece un marco para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental.

En resumen, IEASA se asegura de que sus represas sean sostenibles y no dañen el medio ambiente a través de la implementación de planes y programas de gestión ambiental, el control de los impactos ambientales y la promoción de la corresponsabilidad ambiental. Además, adopta prácticas de gestión ambiental internacionalmente reconocidas para garantizar su compromiso con la protección del medio ambiente.

Complejo Hidroeléctrico

Los objetivos de su construcción en el año 1968 fueron controlar las crecidas del Río Limay, aumentar las superficies de riego y producir energía hidroeléctrica.

Forma parte del Sistema Argentino de Interconexión y lleva energía principalmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, actuando como central de punta ya que comienza a funcionar a demanda, cuando aumenta el consumo. La central de Arroyito funciona permanentemente para atender la base de la demanda de energía eléctrica.

El complejo cuenta con tres miradores, uno hacia el embalse, uno hacia el vertedero y otro hacia la central hidroeléctrica.

  • Altura máxima sobre el nivel de fundación: 86 metros. 
  • Nivel de coronamiento: 386 metros s.n.m 
  • Longitud total de coronamiento: 2.500 metros. 
  • Ancho de base: 380 metros. 

La construcción del complejo demandó el trabajo de 5000 obreros aproximadamente y se prolongó por 5 años aproximadamente.

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    Salió a la luz el contrato de Espert con Fred Machado: un millón de dólares y vuelos privados

     

    Quince días antes de presentarse como candidato presidencial en 2019, José Luis Espert firmó un contrato de un millón de dólares con Federico “Fred” Machado, hoy acusado de narcotráfico y lavado de dinero y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema. El documento —certificado por escribano— establece pagos mensuales en dólares, vuelos privados y asesoramiento “para refinanciar deuda” de una empresa fantasma de Guatemala.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable


    Un contrato incómodo en plena carrera electoral

    El 7 de junio de 2019, cuando faltaban apenas dos semanas para que se inscribiera como candidato presidencial, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, hoy detenido y próximo a ser extraditado a Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

    Según reveló La Nación en una investigación de los periodistas Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell, el acuerdo establecía un pago inicial de 100.000 dólares “en el acto de la suscripción”, seguido de nueve cuotas mensuales consecutivas de igual monto, todas en dólares, a ser abonadas mediante transferencias bancarias.

    Machado firmó el contrato en representación de Minas del Pueblo, una firma guatemalteca de su propiedad que hoy se encuentra bajo investigación y fue intervenida por la justicia estadounidense.


    Un financiamiento fuera de los registros

    Durante ese mismo año, Machado financió la campaña presidencial de Espert con vuelos en avión privado —al menos 36 según registros judiciales— y una camioneta a su disposición. También se mencionan otros gastos por “100 o 150 lucas” (dólares) en comidas y hoteles. Ninguno de esos aportes fue declarado oficialmente como gasto de campaña.

    La semana pasada, mientras aún figuraba como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert admitió haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020, aunque negó que el contrato fuera por un millón ni que tuviera pagos mientras estaba en campaña. Sin embargo, el documento al que accedió La Nación lo contradice: el convenio preveía desembolsos mensuales desde junio de 2019, cuando ya estaba lanzado políticamente.

    El propio Bank of America emitió una constancia oficial que confirma una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Machado hacia una cuenta de Espert en Nueva York.


    Asesor económico o fachada de campaña

    En los papeles, Espert fue contratado para “la realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento a tres años”. Esa descripción coincide parcialmente con la versión que el economista dio en un video grabado en las oficinas de Santiago Caputo, donde sostuvo que lo convocaron para asesorar “a una minera en la reestructuración de deuda”.

    El contrato, sin embargo, iba mucho más allá. Incluía directivas insólitas redactadas en primera persona, presuntamente por Machado, con frases como “debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación es siempre preferible al concurso de acreedores” o “considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, en un texto que alternaba entre consejos financieros y justificaciones personales.

    El acuerdo también fijaba un plazo de doce meses prorrogable y garantizaba los pagos “sin importar la ocurrencia de fuerza mayor o disposición estatal”, lo que blindaba a Espert contra cualquier contingencia económica o legal. Incluso, se sometía expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, una elección llamativa para un contrato entre un argentino y una empresa guatemalteca.


    Firmas, vuelos y omisiones

    El documento fue firmado de puño y letra por Espert y Machado, y las rúbricas fueron certificadas por un escribano porteño el 19 de junio de 2019, apenas tres días antes de que Espert se inscribiera oficialmente como precandidato presidencial. En esa elección, superó las PASO con el 1,5% de los votos y quedó sexto en las generales de octubre.

    Espert admitió luego que nunca devolvió el dinero pese a no haber completado el trabajo, alegando “razones de fuerza mayor” vinculadas a la pandemia. “La ruptura la decidí yo. Cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más’”, declaró el economista días atrás en una entrevista con Radio Mitre.

    El contrato, sin embargo, preveía que ante incumplimiento del prestador —Espert—, Machado podía exigir la devolución de las sumas entregadas y reclamar daños y perjuicios.


    El vínculo que no se corta

    Aunque Espert intenta reducir el caso a un vínculo profesional inconcluso, los documentos, los vuelos privados y las transferencias bancarias demuestran que hubo una relación económica directa y sostenida entre el hoy candidato liberal y un empresario con causas federales por narcotráfico.

    El caso se agrava por la coincidencia temporal: mientras Machado firmaba contratos y financiaba la campaña, la justicia estadounidense ya seguía sus movimientos por operaciones de lavado.

    Ahora, con la extradición del empresario aprobada por la Corte Suprema, el expediente puede reabrir interrogantes sobre los verdaderos alcances del financiamiento político de Espert y el posible uso de estructuras empresarias —como Minas del Pueblo— para canalizar dinero de origen incierto hacia la política argentina.

     

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  • El peronismo retiene la primera minoría en Diputados y los libertarios superan el tercio

     

    La Libertad Avanza logró en las elecciones de este domingo 63 bancas en la Cámara de Diputados y su bloque contará a partir de diciembre con 92 integrantes. De los 37 miembros que tiene en la actualidad, el oficialismo arriesgaba el lugar de 8 pero terminó redondeando una cifra que lo coloca como segunda minoría.

    Por encima de los libertarios solo queda la bancada peronista, que arriesgaba 46 de sus 98 diputados pero retuvo 45. De modo que el bloque de Germán Martínez tendrá después del recambio 97 integrantes.

    Con esta performance electoral, Javier Milei queda con fuerza suficiente para defender sus decretos y blindar sus vetos. El piso necesario para ese objetivo es el de 86 diputados, cifra que representa un tercio de las 257 diputados.

    El Presidente puede incluso escalar más allá si suma el apoyo de aliados radicales o provinciales, si la Casa Rosada recompone la relación con los gobernadores. 

    El quórum, de todos modos, se consigue con 129 diputados. Pero el saldo del escrutinio deja al gobierno mucho más cerca de ese número que al comienzo de su gobierno, cuando solo tenía 39 diputados propios.

    Por otro lado, Fuerza Patria perdió siete de las 46 bancas que arriesgaba pero compensó con la suma de otras seis en distritos donde superó sus marcas de 2021. En efecto, perdieron sus lugares legisladores kirchneristas como el cordobés Pablo Carro, la jujeña Leila Chaher y el salteño Emiliano Estrada, pero el peronismo aumentó en uno la cantidad de representantes por la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe.

    El batacazo de los libertarios estuvo sostenido por el triunfo de Diego Santilli en Provincia de Buenos Aires, que revirtió la diferencia de 14 puntos que el peronismo había sacado de ventaja en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado. Pero también fueron determinantes las victorias de LLA en Santa Fe y Córdoba, donde los candidatos de Provincias Unidas terminaron hundidos en un lejano tercer puesto.

    En el distrito bonaerense los libertarios solo debían renovar las bancas de Carolina Píparo y José Luis Espert, que terminó renunciando a la candidatura porque sus vínculos con Fred Machado perjudicaban al gobierno y lo arriesgaban a una dura derrota según los propios estrategas de Javier Milei.

    Sin embargo, LLA metió 17 diputados en representación de la provincia más densamente poblada, mientras que Fuerza Patria arriesgaba 15 y alcanzó 16.

    Con el recambio parlamentario, ingresarán por los violetas, además de Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Fligliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Florencia De Sensi, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera y Javier Sánchez Wrba.

    El peronismo, por su parte, contará con Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta y María Elena Velázquez.

    En Santa Fe, los libertarios metieron a Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Rivero, al tiempo que los peronistas sumaron a Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandra Borgata. El gobernadro Pullaro, inscripto en Provincias Unidas, tuvo que conformarse con dos bancas, una para su vice, Gisela Scaglia, y otra para Pablo Farías.

    Los cordobeses eligieron cinco candidatos de LLA: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Juan Schiaretti, apuesta central de Provincias Unidas, quedó en segundo lugar y solo consiguió un volumen de votos suficiente para que ingresen junto a él Carolina Basualdo y Miguel Siciliano. La banca restante quedó para Natalia De la Sota, por la lista de Defensamos Córdoba. 

     

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