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El Ejecutivo aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, indagado en una causa por contratos sospechados de corrupción, y designó al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como nuevo titular del Registro Nacional de las Personas. El recambio, firmado por Milei, vuelve a exponer la lógica de reciclaje de cuadros del macrismo porteño en áreas sensibles del Estado.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno nacional oficializó este lunes cambios en la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un organismo clave para la identificación de millones de argentinos y argentinas. A través del Decreto 33/2026, Milei aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, que se hará efectiva a partir del 1° de febrero, y designó en su reemplazo a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

La salida de Santos no es un dato menor. El ahora ex director del RENAPER fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa conocida como Securitas, una investigación que analiza contratos de seguridad sospechados de encubrir el pago de coimas en distintos organismos del Estado, entre ellos el Ejército, el Senasa, la Anmac y Aeropuertos Argentina 2000. Pese a ese contexto, el decreto presidencial se limita a “agradecer los servicios prestados”.

Santos no era un recién llegado al Estado: fue funcionario del Registro Nacional de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, lo que grafica una continuidad administrativa que atravesó gobiernos de distinto signo político y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa judicial.

Un reemplazo con sello PRO

El nuevo titular del RENAPER, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Administrativo. Su carrera se desarrolló casi íntegramente en la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en 2005 y fue ocupando cargos de mayor jerarquía.

Entre otros antecedentes, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control. En ese rol impulsó reformas normativas como la Ley 6.101, marco de regulación de actividades económicas en la Ciudad.

Sin embargo, su paso por la AGC está lejos de ser neutro. En 2016 ocupaba ese cargo cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas adulteradas. Un año después, fue procesado por el juez Sebastián Casanello, en una causa que puso en cuestión los controles estatales sobre ese evento.

De la Ciudad al Estado nacional

Entre 2019 y 2023, Pérez Lorgueilleux se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, con responsabilidad sobre la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, los Bomberos y el conjunto del ministerio.

Desde diciembre de 2023 y hasta su designación en el RENAPER, ocupaba el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su llegada al organismo nacional refuerza el desembarco de cuadros provenientes del macrismo porteño en áreas estratégicas del Estado, en sintonía con la alianza política que Milei sostiene con Diego Santilli, uno de los referentes de ese espacio.

Un organismo sensible, sin explicaciones políticas

El RENAPER no es una dependencia más: administra el sistema de documentos de identidad, padrones y datos personales de la población. El decreto presidencial, amparado en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución, no ofrece explicaciones políticas ni administrativas sobre el criterio del recambio, más allá de la formalidad institucional.

Mientras se acepta la renuncia de un funcionario bajo investigación judicial y se designa a otro con antecedentes controvertidos, el Gobierno avanza en su reconfiguración del Estado sin rendir cuentas públicas. Una vez más, los organismos sensibles quedan atrapados entre causas judiciales, reciclaje de funcionarios y silencios oficiales.