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EDUCACIÓN: ENCRUCIJADA ENTRE LA AGONÍA Y LA SOLUCIÓN

La solución a la mayoría de los problemas sociales (desigualdad, violencia, corrupción) que nos aquejan en la vida moderna, tienen el inicio del proceso de evolución en la educación. Pero inentendible y lastimosamente, nuestra clase política logró con esfuerzo y dedicación que la misma sea, hace mucho tiempo, un problema en sí mismo. Por ende, lo que vendría a solucionar el problema, está roto. Una analogía sencilla sería la paradoja de intentar arreglar el motor de un auto con herramientas rotas.

El modelo con el que nos educamos casi todos nosotros es el instaurado en Prusia en el siglo XVIII, que estableció la educación primaria gratuita y obligatoria, entre otras cosas con el objetivo de crear una clase trabajadora dócil, respetuosa de la autoridad (padres, maestros, sacerdotes, rey) y cuyos integrantes se acostumbraran a cumplir horarios. Johan Gottlieb Fichte, el filósofo que impulsó este sistema educativo escribió “si quieres tener influencia sobre una persona, tienes que hacer más que tan solo hablarle, tienes que formarlo de tal manera que no haga otra cosa que lo que quieres que haga”. Bajo esa línea de pensamiento filosófico es como nos educaron.

Las clases ya se imponían con formas sutiles de moldear a los jóvenes: sentados en filas para escuchar a los profesores, materias que debían ser memorizadas sin estar relacionadas con las demás para no estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Dictadas en períodos sucesivos de 40 minutos para que los alumnos sufrieran constantes interrupciones que no les permitieran desarrollar ideas superadoras.

Las nuevas realidades económicas no requieren una clase trabajadora dócil y disciplinada, que solo tenga conocimientos básicos de lectura y escritura, matemáticas y humanidades. El mundo de hoy necesita gente creativa, emprendedora y exploradora, que se siga educando durante toda la vida y que sean capaces de concebir e implementar nuevas ideas. Desgraciadamente ese es el tipo de alumno que este viejo formato intentó desincentivar desde siempre. Más de la mitad de los chicos que hoy empiezan la escuela terminarán trabajando en empleos que todavía no se inventaron. Así de paradójico.

En 2017 una gran parte de la provincia instauró la nueva Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN). En el consejo escolar zonal alto valle este II (AVE II) que rige los colegios de Villa Regina, un sector de docentes nucleados en UNTER (Unión de trabajadores de Río Negro) que se oponían al cambio impidieron que se instale, pero solo lograron posponerlo. En 2018, la ESRN se implementa. El nuevo formato tiene infinidad de aristas para analizar, tantas que merecen una columna propia e inclusive solo una, sería poco. Lo impostergable es el cambio radical que necesita la educación, si es éste el indicado no resulta oportuno presagiarlo. Hay docentes que lo rechazan y otros que lo aceptan; aunque seguramente estas opiniones broten de la conveniencia y comodidad personal y no del pensamiento en beneficio del  alumnado.

En materia educativa lo que se percibe en el cambio es la intención de romper con el método antiguo en relación a la necesidad de atenciones individuales de cada alumno ante la aceptación de que no todos cuentan con las mismas capacidades y posibilidades: sociales, económicas e intelectuales.

Desde lo político se visibiliza el objetivo de manipular los números que los exponen ante el fracaso educativo en cuanto al nivel de repitencia y abandono, no solo a este gobierno en particular sino también a todos los que hacen sombra desde atrás. En la ESRN, el alumno sigue una trayectoria y no repite, sino que va posponiendo y recuperando materias a lo largo del ciclo. Y el límite de inasistencia, que en principio depende de un porcentaje predeterminado por materia, queda supeditado a un tribunal examinador que de seguro extenderá licencias inagotablemente.

En definitiva el ser humano se educa solo por medio de otros seres humanos, que también fueron a su vez, educados. Esto se convierte en una compleja variable coactiva si entendemos que, los encargados de educar a quienes son el futuro están impregnados de una conciencia educativa añeja, rudimentaria y atrasada que no va en paralelo con los avances tecnológicos, científicos y económico/comerciales de la sociedad. Y no hablo solo del presente, sino de lo que demore una purificación donde se imponga una mayoría que implante un nuevo formato pedagógico/educativo, que vaya más allá de lo dispuesto por el Estado (provincial o nacional), sino que dependa de un cambio interno del docente, en consonancia con una mejor lectura de la realidad social, cambio en sus metodologías de trabajo, y el logro fundamental y complejo de la generación de empatía interpersonal con los alumnos.

La Tapa-Emiliano Martín Piccinini

 

Sir Ken Robinson: «Las escuelas matan la creatividad»

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    ATUCHA II: Julia Strada desenmascara al discurso libertario

     

    La diputada desenmascaró una vez más a las mentiras del oficialismo.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno salió a festejar en redes sociales que Atucha II volvió a operar al 100% de su potencia, intentando presentarlo como un logro propio y como una muestra del supuesto “Plan Nuclear Argentino” que pregona La Libertad Avanza. Sin embargo, la diputada y economista de Unión por la Patria Julia Strada desarmó punto por punto el relato oficial y expuso lo que calificó directamente como humo libertario.

    La celebración oficial llegó de la mano de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y hombre de extrema confianza de Milei, quien publicó una imagen de un tablero de control que marcaba 100,2% de potencia. Ante las críticas y las burlas, el funcionario salió a explicar que el 100% es un valor nominal y que el reactor puede operar dentro de un margen técnico de tolerancia sin violar ninguna ley de la física.

    Un “logro” que no es del gobierno actual

    Strada fue tajante: Atucha II no llegó al 100% por decisiones del actual gobierno. Según explicó, se trata de un proceso operativo normal del sector nuclear que estaba previsto desde hace años. La central había estado detenida por un desperfecto técnico grave, cuya reparación se resolvió en 2023, con una inversión significativa y el desarrollo de un sistema robótico específico para intervenir dentro del reactor en una zona inaccesible para personas.

    Una vez solucionado el problema, el protocolo indica un arranque con potencia gradual creciente. En ese marco, ya estaba previsto que Atucha II alcanzara el 100% de potencia en 2025, independientemente de quién gobernara. No hubo milagro libertario ni giro de timón: hubo continuidad técnica y trabajo previo.

    El Plan Nuclear que no existe

    Para la diputada, el llamado “Plan Nuclear Argentino” que promociona Reidel no existe como política real, sino como consigna propagandística. El funcionario anuncia inversiones que no son de su gestión, se apropia de resultados construidos durante años y los usa para legitimar un discurso que, en los hechos, va en sentido contrario.

    Porque mientras se sacan fotos con tableros y slogans sobre el “futuro nuclear”, el Gobierno avanzó formalmente en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

    Privatizar lo que funciona

    Tal como ya había advertido NLI, el objetivo de Milei siempre fue avanzar sobre las empresas estratégicas del Estado, incluso aquellas que funcionan bien y son ejemplo a nivel internacional. Nucleoeléctrica es una de ellas.

    El Decreto 695/2025, firmado por Milei y Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante licitación nacional e internacional. El Estado conservaría el 51% y un 5% quedaría para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.

    El argumento es el mismo de los años noventa: supuesta ineficiencia estatal y necesidad de capital privado. Pero los datos desmienten el relato. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia a nivel internacional.

    Soberanía energética en riesgo

    Strada subrayó un punto clave que el Gobierno evita mencionar: Nucleoeléctrica demostró que puede reparar y volver a poner en funcionamiento una central nuclear compleja con recursos propios. Eso es soberanía tecnológica, capacidad estatal y planificación a largo plazo. Exactamente lo que Milei quiere desarmar.

    La energía nuclear no es un negocio cualquiera. Involucra seguridad nacional, desarrollo científico, control de información sensible y una política energética que no puede quedar librada a la lógica del mercado ni a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.

    El libreto noventista, otra vez

    La historia no es nueva. En los años ’90, bajo el menemismo, la generación nucleoeléctrica fue declarada sujeta a privatización. La resistencia política y social frenó ese avance. Con los gobiernos kirchneristas, el sector fue reimpulsado, se retomaron obras paralizadas y la energía nuclear volvió a ser una política de Estado.

    Hoy, Milei retoma ese libreto noventista, maquillado con discursos “tecnológicos” y posteos en redes. Se celebra lo que no hicieron, se oculta lo que quieren vender y se intenta convencer a la sociedad de que el problema es el Estado, incluso cuando los resultados muestran lo contrario.

    Mucho tablero, poco proyecto

    El caso Atucha II expone con claridad la contradicción central del gobierno libertario: se cuelga medallas ajenas mientras prepara la entrega de un sector estratégico. Julia Strada lo resumió sin vueltas: no hay plan, hay humo. Y detrás del humo, avanza la privatización.

    Atucha II volvió al 100%, sí. Pero no gracias a Milei ni a Reidel. Volvió por décadas de inversión pública, conocimiento acumulado y trabajadores altamente calificados. Justamente esos mismos pilares que hoy el Gobierno pone en riesgo.

     

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  • El gobierno logró aprobar el Presupuesto y el ajuste a la educación con la ayuda de los peronistas Jaldo, Jalil y Sáenz

     

    El gobierno logró aprobar el presupuesto con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.

    Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la cordobesa Alejandra Vigo, la ley se aprobó en general tras 10 horas de debate. Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el capítulo 1 de la ley, que iba del artículo 1° al 10°, y logró la misma cantidad de apoyos y rechazos.

    Pero al momento de votar el capítulo 2, que contenía el polémico artículo 30, el chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación por separado de ese fragmento del proyecto, que promovía un ajuste en educación, ciencia y defensa. Bartolomé Abdala contestó que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo y lo propio sostuvo el jujeño Ezequiel Atauche.

    Ante la negativa, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio, un recurso para realizar una diatriba que no tiene efectos prácticos sobre el debate parlamentario en curso, y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad. «No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología», expresó.

    Abdala quería apurar la votación pero Capitanich planteó cambiar varios artículos de ese capítulo, entre otros el 30. Atauche, como miembro inform ante, declinó ese planteo y se activó el tablero electrónico para emitir el voto. El resultado fue de 42 votos a favor, 28 en contra y las abstenciones de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.

    Como anticipó LPO, el gobierno logró fracturar al interbloque peronista para compensar los tres votos que perdía por el lado de la UCR, que sufrió la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger para votar contra el artículo 30. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, que responden a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, aportaron sus tres voluntades para abultar más la diferencia del oficialismo con la oposición. Sin sus votos, el gobierno igual se hubiese impuesto por 39 a 28.

    También acompañaron a los libertarios la salteña Flavia Royón, que estaba en contra del artículo 30 pero votó a favor de todo el capítulo por instrucción de Sáenz, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque con el nombre Independencia recientemente, en sintonía con Jaldo y los diputados suyos en la Cámara Baja. Sin ellos tres y sin los tres peronistas de Convicción Federal, el gobierno quedaba más comprometido: esos seis legisladores, más las abstenciones de Vigo y Corroza, contuvieron cualquier efecto cascada opositor.

    Santiago Caputo se mete en la negociación del Presupuesto para tratar que no volteen el capítulo de Educación

    Al cierre de esta nota, los libertarios peleaban por atribuirse las gestiones en la victoria parlamentaria. Como anticipó LPO, Santiago Caputo se había metido en la negociación, según fuentes del Congreso y la Casa Rosada, cuando parecía que flaqueaban los respaldos para el capítulo 2 y Patricia Bullrich reclamaba que los que estuvieran para votar contra el gobierno, al menos, se abstuvieran para no hundir la ley.

    Diego Santilli, Martín y Lule Menem y Carlos Guberman se habían instalado en el despacho de la exministra de Seguridad para terminar de urdir acuerdos que salvaran el presupuesto de cualquier modificación que exigiera un retorno a la cámara de Diputados, una preocupación que atormentaba sobre todo a Luis Caputo por el frente financiero.

    Cuando llegó el momento del cierre del debate, Bullrich dio un discurso que mezcló conceptos del coaching y frases de autoayuda con planteos dogmáticos del gobierno sobre la inflación y el déficit, aduciendo que en Argentina se había instalado la idea de que «el esfuerzo no valía la pena». «Hoy no estamos acá simplemente discutiendo números, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma porque este presupuesto no es solo una herramienta económica sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina», expresó. Desde los palcos seguían su intervención el ministro del Interior y el secretario de Hacienda.

    Santilli con los Menem

    Según la presidenta del bloque de LLA, «gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele». «La pobreza, aquellos que hablan tanto de justicia social no lo van a poder creer, se redujo a la mitad», planteó Bullrich antes de agregar que la baja de la inflación permite planificar.

    El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de contar con un presupuesto y reivindicó la importancia del «equilibrio fiscal». «Entró», dijo como una idea que finalmente calzó en los distintos espacios políticos. Sin embargo, el argumento del correntino para no rechazar el ajuste en educación previsto en el artículo 30 fue que nunca se alcanzó el 6 por ciento del PBI para la inversión en ese área, tal como establecía la ley de financiamiento educativo de 2005.

    La peronista Juliana di Tullio, por su parte, cargó contra los artículos 55 y 56, que flexibilizan el marco para la toma de deuda o las renegociaciones por parte del gobierno. «Estos dos artículos derogan parte de la ley Guzmán. Entonces ni Toto ni nadie van a tener que respetar tasa, monto y plazo. ¿Quién va a garpar la joda de Toto? El pueblo argentino. Con los votos de ustedes, ¿eh?», explicó.

    Gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele.

    La senadora bonaerense advirtió que «esto se va a rajar en algún momento», en referencia a la situación económica y social.»Si Cristina tenía que saber cuánto salía el metro de la ruta de no sé dónde, imagínense: Toto se va a ir de vacaciones pero Milei va a terminar preso», vaticinó.

    En el arranque del debate, el jujeño Ezequiel Atauche señaló que «el objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero», aunque lamentó que la proyección tiene «una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación». Sin embargo, pretendió que lo que se votaba este viernes era un «punto de quiebre», por tratarse de un presupuesto «sin déficit fiscal».

    Los Menem con Santilli.

    El primero en salirle al cruce había sido Capitanich, que consideró que el presupuesto en debate es «una «violación sistemática del reglamento y la Constitución». Tras una larga intervención, se manifestó contra el ajuste en educación que promueve el artículo 30.

    De eso también se agarró el radical Maximiliano Abad. «Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo». Por eso, denominó al artículo 30 como ‘el artículo escoba’, porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia».

    La tucumana Ávila, senadora del monobloque Independencia, admitió que el proyecto «no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad». «Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura», completó.

     

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    EEUU admite que el “cártel de los soles” no existe y deja expuesta la obsecuencia de Bullrich

     

    La propia justicia estadounidense reconoció en las últimas horas que el llamado “Cártel de los Soles” nunca fue una organización real. La admisión dinamita uno de los pilares con los que Washington justificó la captura de Nicolás Maduro y deja en evidencia el seguidismo acrítico del Gobierno argentino, que llegó a declarar “terrorista” a un ente que hoy EE.UU. reconoce como inexistente.

    Por Roque Pérez para NLI

    Durante años, Estados Unidos construyó una narrativa judicial y mediática alrededor del supuesto Cártel de los Soles, presentado como una estructura narcoterrorista organizada, jerárquica y liderada por Nicolás Maduro. Esa figura fue utilizada para imponer sanciones, escalar la confrontación con Venezuela y, finalmente, respaldar la detención del mandatario venezolano.

    Sin embargo, esa construcción empezó a derrumbarse desde adentro. En una acusación judicial revisada y difundida tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real, reconociendo de manera tácita lo que especialistas vienen señalando desde hace décadas.

    Un invento periodístico reciclado como causa judicial

    Según expertos en crimen organizado y narcotráfico en América Latina, el “Cártel de los Soles” nunca describió una organización concreta, sino que fue un término coloquial surgido en Venezuela en los años 90, utilizado por medios locales para aludir de manera genérica a funcionarios militares o civiles sospechados de corrupción vinculada al narcotráfico.

    La nueva acusación estadounidense abandona la idea de un cartel estructurado y pasa a definirlo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, sostenida por el dinero de las drogas. Ya no hay jefes, ni organigrama, ni comando criminal: solo una descripción política y difusa, muy lejos de la figura de organización terrorista que se vendió durante años.

    El contraste es brutal: donde antes el expediente mencionaba decenas de veces al Cártel de los Soles como entidad real, ahora apenas aparece como una referencia secundaria, sin entidad jurídica ni criminal autónoma.

    El silencio incómodo tras la detención de Maduro

    La rectificación llega después de la detención de Maduro, lo que expone la fragilidad del andamiaje legal con el que se justificó la operación. Aunque los fiscales estadounidenses mantienen acusaciones por narcotráfico y conspiración, el eje central que presentaba a Maduro como líder de una organización terrorista directamente se desmoronó.

    En otras palabras: primero capturaron al presidente venezolano y después admitieron que la organización terrorista que decían combatir no existía.

    Bullrich y el seguidismo automático

    En este contexto, el papel del Gobierno argentino roza el bochorno. En 2025, la Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en su registro oficial de organizaciones terroristas, siguiendo casi de manera calcada la línea discursiva de la administración Trump.

    La decisión fue impulsada por Patricia Bullrich, que se subió sin matices a la narrativa estadounidense y declaró terrorista a un “cartel” que hoy EE.UU. admite que nunca fue tal. No hubo investigación propia, ni evaluación independiente, ni fundamentos jurídicos sólidos: solo copia y obediencia.

    Con la admisión del Departamento de Justicia estadounidense, la designación argentina queda completamente vaciada de sustento, dejando expuesta una política exterior subordinada, más preocupada por agradar a Washington que por sostener criterios legales serios.

    Un precedente peligroso

    El episodio abre interrogantes graves. ¿Cuántas decisiones en materia de seguridad, terrorismo y política internacional se toman en la Argentina replicando construcciones ajenas sin verificación propia? ¿Qué valor tienen las listas de “organizaciones terroristas” si se basan en conceptos que ni siquiera el país que los impulsó sostiene?

    Mientras algunos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, siguen repitiendo el libreto viejo, los propios documentos judiciales desmienten esa narrativa. La contradicción es evidente y deja al descubierto el uso político del derecho penal internacional.

    Cuando la realidad alcanza al relato

    La admisión de que el “Cártel de los Soles” no existe como organización real no limpia las acusaciones que EE.UU. mantiene contra dirigentes venezolanos, pero sí desnuda una construcción discursiva inflada, funcional a la geopolítica y carente de rigor.

    Para la Argentina, el saldo es claro: otro papelón internacional, otra muestra de alineamiento automático y otra decisión que hoy queda en ridículo por haber seguido, sin chistar, una ficción que ya ni sus propios autores sostienen.

     

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