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En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.

Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.

Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.

Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.

Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.

Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.

En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.

La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.

En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.

Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.

Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.

Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.

¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.

Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública. 

Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público. 

La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.

Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.

En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.

El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.

¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.

Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.

El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.

El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.

Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.

Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran. 

Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.

La entrada Un nuevo ejército de reserva se publicó primero en Revista Anfibia.

 El empresario de salud Carlos Tita será llamado a declarar en la causa que el juez federal de Rosario Gastón Salmain está imputado de haber pedido un soborno de 100 mil dólares al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para quedarse con las causas penales que implicaban a este en hechos de corrupción.

Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad. Lo que la Justicia Federal trata de establecer es si Tita fue quien aportó el dinero solicitado a Vaudagna para que el juez Salmain reclamara la competencia y se quedara con múltiples expedientes que implicaban al ex alto funcionario de la entonces AFIP por múltiples delitos. Cosa que efectivamente Salmain hizo en diciembre de 2024.

 Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad 

La relación entre Vaudagna y Tita está acreditada en los contenidos de un teléfono secuestrado al primero en una causa ligada a la empresa Vicentin que impulsó una decena de causas penales, al descubrirse que el ex director de AFIP cobraba a empresarios legales para ayudarlos a evadir dinero, hacer colocaciones en paraísos fiscales y persiguió a contribuyentes para extorsionarlos. Esos contenidos indican que Vaudagna, que entonces era máximo jefe en Santa Fe del organismo recaudatorio, hacía trabajo de asesor contable para Tita, algo del todo incompatible con sus funciones públicas.

Hace diez días, en la audiencia en que Salmain fue imputado por el intento de cohecho, el fiscal federal Federico Reynares Solari reveló en audiencia que el intermediario para cobrar ese soborno fue el abogado Diego Feser, que integra el plantel de un destacado estudio jurídico y es director del diario La Capital de Rosario.

 [Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP]

Hace ocho días el fiscal Reynares imputó al juez Salmain que «a través de la intermediación del doctor Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16727/2023, donde Vaudagna estaba denunciado como alto funcionario de la AFIP por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». El motivo, según el fiscal, fue para que estas causas «quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares».

Los indicios que volcaron la atención hacia el empresario de salud rafaelino, que ahora según supo LPO sería convocado a declarar, es que en una de las comunicaciones que Feser mantiene con Vaudagna le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el momento en que Salmain intenta sin éxito quedarse con las causas que implican al directivo de AFIP, que estaban claramente no solo fuera de su competencia territorial sino de la materia en la que entiende, ya que es magistrado civil y estos temas son de índole penal.

La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido.

La alusión a Carlos Tita fue en la audiencia del pasado 31 de julio que presidió el juez de Garantías Román Lanzón. Allí Salmain, al defenderse, apuntó de una manera algo desconcertante por igual a la Corte Suprema. Primero dijo que las causas penales en las que está imputado -dos de ellas por pedidos de coimas- eran un armado que atribuyó «al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos».

 La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido. 

Pero después de eso, al ampliar su descargo en el que defiende con vehemencia ser inocente, inesperadamente puso en la mira a otro ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al que mencionó explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística.

 [Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción] 

Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que Salmain parecía haber en la alusión a Lorenzetti el envío de un mensaje cifrado. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

En la primera audiencia en la que Salmain fue imputado de un caso de cohecho resultó coimputado el escribano santafesino Santiago Busaniche, un conocido lobista de la Justicia Federal, muy conocido en Comodoro Py. Busaniche fue señalado como intermediario de un intento de soborno para que Salmain aceptara una demanda, como hizo, para que un fideicomiso comprara dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario.

En otra audiencia donde a Busaniche se lo acusó de gestionar una extorsión contra empresarios bursátiles, la abogada de Busaniche, Débora Lichtmann, habló de que esa causa penal era una construcción que atribuyó a una interna en la Corte Suprema de la Nación. Poco tiempo después la misma defensa de Busaniche citó a declarar al ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, sin la toma de juramento que es de práctica a los testigos, por si surgieran ulteriores responsabilidades penales.

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