Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas.
Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de las restricciones establecidas como parte de las medidas de prevención de COVID-19, este dato es alentador y se suma a que la principal actividad que motoriza la economía local, la fruticultura, continuó desarrollándose en los meses más críticos de la pandemia durante el año pasado.
Los datos fueron dados a conocer por el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16 e indican que actualmente se registra un total de 1637 actividades comerciales activas en Regina.
La merluza es uno de los recursos principales de la economía regional por excelencia del Golfo San Matías y constituye para el pueblo argentino el producto de mar de mayor consumo. La gobernadora Arabela Carreras declaró la Emergencia Pesquera en el Golfo de San Matías por el término de un año, con el objetivo de…
El próximo lunes asumirá una nueva funcionaria en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Comunicación, Ceremonial y Protocolo será la periodista Angie López Fernández. Con más de 10 años de trayectoria en la Televisión Pública Rionegrina, actualmente se desempeña como productora y conductora del programa “Tres al Medio”. También desarrolla tareas de comunicación para…
El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.
La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.
El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.
Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.
La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.
El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular.
Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.
La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.
En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador.
«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.
Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.
La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.
El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado.
El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.
El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización.
Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.
Podríamos intentar aplicar la lucha de clases a la zoología mientras el gato persigue al ratón y el perro al gato. Pero, ¿quién persigue al perro? ¿Otro perro? Quizás tengamos que adentrarnos en el silogismo ondulatorio de un delfín mientras los plásticos se transforman en inertes peces flotando a la deriva, y el surfista escala…
A las pocas horas de que la Municipalidad adjudique la obra por más de $12.600 millones para la construcción de un parque acuático en la Costanera Norte de Rosario, la Justicia ordenó la suspensión de la obra a partir de la presentación impulsada por el bloque que lidera Juan Monteverde.
La resolución dispuso una medida precautelar que suspende el Decreto 715/26 y todos los actos administrativos hasta que se defina qué juzgado será competente para tramitar las distintas demandas contra la iniciativa.
La decisión representa un revés para el intendente que venía de superar el principal obstáculo político que enfrentaba el proyecto. La semana pasada, el peronismo y Ciudad Futura habían intentado convocar una sesión especial en el Concejo Municipal para suspender la obra, pero el intento fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza decidió no bajar al recinto y evitó quedar alineada con la estrategia opositora de Monteverde.
Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal
Tras ese revés político, el municipio avanzó con la adjudicación de la obra a la unión transitoria de empresas integrada por Obring S.A. y Depaoli & Trosce Constructora. En el Palacio de los Leones consideraban que el proyecto había logrado superar la etapa más conflictiva y que sólo restaba el inicio de los trabajos.
Sin embargo, la disputa se trasladó a los tribunales. Ciudad Futura presentó un recurso de amparo cuestionando la legalidad del proceso y reclamando la suspensión de la licitación. En paralelo, los libertarios encabezados por Juan Pedro Aleart también impulsaron una acción judicial propia, aunque por carriles distintos.
El juez destacó en su resolución que actualmente existen al menos cuatro expedientes judiciales distintos que cuestionan el mismo proyecto con un denominador común: anular el decreto y el proceso licitatorio.
Entre los principales cuestionamientos aparece la presunta omisión de un «Plan de Detalle» debería ser aprobada previamente por el Concejo Municipal para habilitar una intervención de estas características sobre un área de reserva de la costa rosarina. También se objeta el impacto sobre el espacio público y la eventual privatización de sectores del borde ribereño.
El magistrado consideró que existe riesgo de que la discusión judicial se vuelva abstracta si las obras continúan avanzando mientras se resuelve la disputa de competencia entre juzgados. Según señaló, ya se habían iniciado tareas en el predio y la adjudicación de la obra se encontraba formalmente concretada, lo que justificaba adoptar una medida urgente para evitar eventuales daños irreversibles.
Render del proyecto original que luego fue modificado por las críticas opositoras
A pesar de ello, el juez se declaró incompetente para definir en el amparo de Monteverde, pero consideró que todas las causas deberían acumularse en un mismo expediente explicando que todo nacen de un único hecho generador: el decreto y adjudicación del Parque.
Como el titular del Juzgado de la 7ma Nominación rechazó hacerse cargo del expediente, el conflicto será ahora resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que deberá determinar qué juzgado continuará con el trámite.
Hasta que eso ocurra, la medida precautelar seguirá vigente y mantendrá suspendido el decreto de Javkin y lo que la oposición no logró conseguir en el Concejo Municipal lo hizo en tribunales.
El Municipio de Villa Regina, invita a todos y a todas las habitantes nuestra localidad y alrededores a un nuevo aniversario del barrio Villa Alberdi. Organizado por su Junta Vecinal, las celebraciones por el cumpleaños se realizarán el domingo 8 de diciembre a partir de las 18 horas en el Parque Temático Villa Alberdi, ubicada…
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