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Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas.

Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de las restricciones establecidas como parte de las medidas de prevención de COVID-19, este dato es alentador y se suma a que la principal actividad que motoriza la economía local, la fruticultura, continuó desarrollándose en los meses más críticos de la pandemia durante el año pasado.

Los datos fueron dados a conocer por el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16 e indican que actualmente se registra un total de 1637 actividades comerciales activas en Regina.

El informe mes por mes es el siguiente:

*Enero: 15 altas, 29 renovaciones, 15 bajas.

*Febrero: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Marzo: 14 altas, 11 renovaciones, 8 bajas.

*Mayo: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Junio: 18 altas, 21 renovaciones, 9 bajas.

*Julio: 22 altas, 27 renovaciones, 18 bajas.

*Agosto: 19 altas, 44 renovaciones, 13 bajas.

*Septiembre: 24 altas, 36 renovaciones, 19 bajas.

*Octubre: 24 altas, 40 renovaciones, 12 bajas.

*Noviembre: 22 altas, 33 renovaciones, 11 bajas. *Diciembre: 20 altas, 31 renovaciones, 7 bajas.

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    Acorralado por las denuncias, Adorni dejó la Jefatura de Gabinete y profundiza la crisis del Gobierno de Milei

     

    La renuncia de Manuel Adorni puso fin a meses de creciente desgaste político y judicial para uno de los funcionarios más cercanos a Milei. El ahora exjefe de Gabinete presentó una carta en la que negó las acusaciones en su contra, pero su salida expone una crisis que el oficialismo ya no pudo contener.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Después de semanas de sostener públicamente que no pensaba abandonar el cargo, Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete, una decisión que sacudió al Gobierno y confirmó el fuerte impacto que tuvieron las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y el creciente aislamiento político dentro del oficialismo. La salida se produjo luego de varios meses de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, incompatibilidades y utilización de recursos públicos, un escenario que terminó erosionando incluso el respaldo que hasta hace pocos días le brindaba Milei.

    La carta de renuncia, difundida por el propio funcionario, insistió en que es inocente y sostuvo que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia. Sin embargo, el gesto político tuvo una lectura inevitable: el Gobierno perdió a quien había sido durante más de dos años la principal cara de su estrategia comunicacional y luego el coordinador de todo el gabinete nacional.

    De vocero blindado a funcionario insostenible

    El recorrido de Adorni sintetiza buena parte de la evolución del gobierno libertario. Llegó a la administración nacional como vocero presidencial, luego concentró el manejo de la comunicación oficial y, tras el recambio político de fines de 2025, fue promovido a la Jefatura de Gabinete como uno de los hombres de mayor confianza de Milei.

    Pero ese ascenso comenzó a desmoronarse cuando distintas investigaciones periodísticas revelaron gastos, viajes, adquisiciones patrimoniales y movimientos económicos difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario. Las denuncias derivaron en expedientes judiciales que fueron sumando presión política y pedidos de explicaciones desde la oposición. Según trascendió, Adorni terminó reconociendo la existencia de fondos que inicialmente no habían sido incluidos en sus declaraciones patrimoniales, aunque insistió en que su origen era lícito.

    Un golpe político para Milei

    La renuncia representa un golpe político de magnitud para Milei. Durante meses el Presidente sostuvo públicamente a su jefe de Gabinete, denunció una supuesta persecución política y mediática y rechazó los pedidos para desplazarlo. Sin embargo, la acumulación de cuestionamientos judiciales, la pérdida de respaldo dentro del propio oficialismo y el costo institucional terminaron haciendo inviable su continuidad.

    La crisis también volvió a poner sobre la mesa una de las principales contradicciones del discurso libertario. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con «la casta» y combatir los privilegios terminó atravesado por denuncias que involucran a uno de sus funcionarios más emblemáticos. Mientras desde la Casa Rosada intentan presentar la salida como una decisión personal de Adorni para defenderse en los tribunales, la oposición sostiene que se trata de una renuncia forzada por la magnitud del escándalo.

    Con la salida de Adorni se abre además una nueva etapa de incertidumbre política. La búsqueda de un reemplazante para coordinar el gabinete ocurre en un contexto de fuerte tensión parlamentaria y de creciente desgaste del Gobierno, que deberá afrontar las consecuencias políticas de uno de los episodios más delicados desde la llegada de Milei al poder.

     

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    Cinco mil millones bajo sospecha: la fundación de Agustín Laje que ahora debe rendir cuentas

     

    La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.

    No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.

    De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria

    Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.

    Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.

    La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.

    Una interna libertaria que asoma detrás del expediente

    La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.

    La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.

    Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?

    La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.

     

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