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Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas.

Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de las restricciones establecidas como parte de las medidas de prevención de COVID-19, este dato es alentador y se suma a que la principal actividad que motoriza la economía local, la fruticultura, continuó desarrollándose en los meses más críticos de la pandemia durante el año pasado.

Los datos fueron dados a conocer por el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16 e indican que actualmente se registra un total de 1637 actividades comerciales activas en Regina.

El informe mes por mes es el siguiente:

*Enero: 15 altas, 29 renovaciones, 15 bajas.

*Febrero: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Marzo: 14 altas, 11 renovaciones, 8 bajas.

*Mayo: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Junio: 18 altas, 21 renovaciones, 9 bajas.

*Julio: 22 altas, 27 renovaciones, 18 bajas.

*Agosto: 19 altas, 44 renovaciones, 13 bajas.

*Septiembre: 24 altas, 36 renovaciones, 19 bajas.

*Octubre: 24 altas, 40 renovaciones, 12 bajas.

*Noviembre: 22 altas, 33 renovaciones, 11 bajas. *Diciembre: 20 altas, 31 renovaciones, 7 bajas.

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    La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.

    Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.

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    La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.

    Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei. 

    Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.

    Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas  «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.

    El diputado peronista Guillermo Michel.

    En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.

    De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.

    En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.

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    El Estado que ajusta a los de abajo y subsidia a los de arriba: quiénes ganan con el modelo que se impone

     

    Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La trama oculta del “subsidio a los ricos”

    El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.

    Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.


    Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal

    Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.

    En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.

    El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.

    La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.


    Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida

    Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.

    En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.

    La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.

    El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.


    El negocio financiero y la arquitectura del privilegio

    El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.

    En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.

    Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.


    El Estado como garante de la desigualdad

    Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.

    En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.


    La ilusión del sacrificio compartido

    El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.

    Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.


    Un modelo con beneficiarios definidos

    Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.

    Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.


    La discusión de fondo

    La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.

    La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.

     

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