Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas.

Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de las restricciones establecidas como parte de las medidas de prevención de COVID-19, este dato es alentador y se suma a que la principal actividad que motoriza la economía local, la fruticultura, continuó desarrollándose en los meses más críticos de la pandemia durante el año pasado.

Los datos fueron dados a conocer por el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16 e indican que actualmente se registra un total de 1637 actividades comerciales activas en Regina.

El informe mes por mes es el siguiente:

*Enero: 15 altas, 29 renovaciones, 15 bajas.

*Febrero: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Marzo: 14 altas, 11 renovaciones, 8 bajas.

*Mayo: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Junio: 18 altas, 21 renovaciones, 9 bajas.

*Julio: 22 altas, 27 renovaciones, 18 bajas.

*Agosto: 19 altas, 44 renovaciones, 13 bajas.

*Septiembre: 24 altas, 36 renovaciones, 19 bajas.

*Octubre: 24 altas, 40 renovaciones, 12 bajas.

*Noviembre: 22 altas, 33 renovaciones, 11 bajas. *Diciembre: 20 altas, 31 renovaciones, 7 bajas.

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    Milei descubre las Malvinas justo cuando necesita una bandera: el volantazo de un Gobierno que busca escapar de sus propios problemas

     

    Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.

    Por Roque Pérez para NLI

    Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.

    Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.

    La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.

    De Margaret Thatcher a la bandera argentina

    Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.

    Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.

    Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.

    La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.

    Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.

    El cambio no es menor. Tampoco parece casual.

    Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.

    Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.

    Una causa nacional convertida en salvavidas político

    Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.

    No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.

    Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.

    El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.

    Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.

    Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.

    El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.

    El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.

    El riesgo de confundir soberanía con marketing

    Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.

    La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.

    Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.

    Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.

    La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.

    Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.

    Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.

    Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.

    Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei

    El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.

    Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.

    Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.

    Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.

    Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.

    Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.

    Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.

    Malvinas merece algo mucho más serio que eso.

    Merece una política de Estado.

    Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.

     

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    FELIZ DÍA: El salario docente en su peor momento de los últimos 20 años

     

    La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.

    El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.

    De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno

    Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.

    En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.

    Gentileza C5N

    El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.

    Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.

    Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.

    El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida

    El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.

    La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.

    Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.

    No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.

    Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.

    Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso

    La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.

    A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.

    La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.

    Y entonces llegó 2024.

    Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6

    El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.

    La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.

    Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.

    La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

    En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.

    Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.

    Veinte años después, el salario volvió al punto de partida

    La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.

    La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.

    Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.

    El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.

     

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