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Durante el 2020, la actividad comercial mantuvo un ritmo constante en Regina

Durante el 2020 la actividad comercial de Villa Regina no se detuvo de acuerdo a un informe del Departamento de Bromatología de la Municipalidad que indica que se registró un total de 204 altas de licencias comerciales, 296 renovaciones y 143 bajas.

Si bien hay rubros que no pudieron retomar su actividad como consecuencia de las restricciones establecidas como parte de las medidas de prevención de COVID-19, este dato es alentador y se suma a que la principal actividad que motoriza la economía local, la fruticultura, continuó desarrollándose en los meses más críticos de la pandemia durante el año pasado.

Los datos fueron dados a conocer por el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16 e indican que actualmente se registra un total de 1637 actividades comerciales activas en Regina.

El informe mes por mes es el siguiente:

*Enero: 15 altas, 29 renovaciones, 15 bajas.

*Febrero: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Marzo: 14 altas, 11 renovaciones, 8 bajas.

*Mayo: 13 altas, 12 renovaciones, 13 bajas.

*Junio: 18 altas, 21 renovaciones, 9 bajas.

*Julio: 22 altas, 27 renovaciones, 18 bajas.

*Agosto: 19 altas, 44 renovaciones, 13 bajas.

*Septiembre: 24 altas, 36 renovaciones, 19 bajas.

*Octubre: 24 altas, 40 renovaciones, 12 bajas.

*Noviembre: 22 altas, 33 renovaciones, 11 bajas. *Diciembre: 20 altas, 31 renovaciones, 7 bajas.

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    El caso de la nutria cruelmente asesinada en Bahía Blanca derivó en un escándalo en el Concejo Deliberante cuando varios concejales recibieron amenazas de muerte y agresiones por negarse a declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron al animal en el Barrio Universitario mientras se filmaban.

    Fue la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), quien presentó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez.

    El proyecto de Caputo generó revuelo de inmediato y pareció exagerado. Quienes se negaba a acompañarlo recordaron que la última persona que fue declarada como no grata en Bahía Blanca fue el represor Alfredo Astiz en 1998.

    De modo que la decisión de equiparar, en términos simbólicos e institucionales, el caso Astiz con el accionar de los jóvenes que mataron el animal abrió una polémica que generó una grieta en la ciudad del sur bonaerense.

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    Los concejales consideraron un exceso el proyecto de la concejal del PRO y pidieron avanzar con una disposición similar a la que utilizó la Universidad Nacional del Sur, que repudió el accionar de los jóvenes, pero no tomó medidas al respecto.

    Sin embargo, Caputo insistió e impuso el proyecto en la última sesión. La iniciativa estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias (necesitaba 16 votos, y sólo consiguió 10). Sin embargo, generó una serie de repudios, agresiones y amenazas de muerte contra los concejales que votaron en contra.

    El clima de tensión y de escarnio público que se generó a partir del proyecto reavivó la polémica sobre el rol de Caputo al frente del Concejo. Ella llegó al organismo como cuarta integrante de la lista de La Libertad Avanza en 2025, pero a comienzos de este año generó una fractura entre los sectores del PRO y los libertarios a nivel local al desplazar de la presidencia del cuerpo a su compañero de lista, Mauro Reyes.

    Según sostuvieron en aquel entonces desde el bloque libertario, la jugada de Caputo fue «una doble traición a los votantes de La Libertad Avanza que la votaron y también a Reyes, por haberse quedado ella con la presidencia del cuerpo tras un acuerdo con el peronismo, a pesar de que estaba él había sido designado para ocupar ese cargo».

    El caso de la nutria conmovió a Bahía Blanca justo en un momento en el que la opinión pública estaba centrada en la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de la ciudad tras caer al vacío por una pared falsa.

    Se trata de un caso delicado para el gobierno de Federico Susbielles por las versiones sobre posibles fallas en las inspecciones realizadas por el área de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.

     

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