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  • El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

     

    La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.

    Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida. 

    El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.

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    Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.

    Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que

    ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.

    Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».

    Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida

    Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.

     

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  • Picardi citó a indagatoria a un empresario vinculado a los Menem por sospechas de lavado en Andis

     

    El fiscal Franco Picardi citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de junio al empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado en la causa Andis, y su testimonio podría complicar a Martín y Lule Menem.

    Fuentes de Comodoro Py comentaron a LPO que Pocovi, medio hermano del hijo de Zulemita Menem, formó parte en el entramado de operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

    Desde el gobierno niegan contacto con Pocovi. «Alan Pocovi es hermano de Kevin Pocovi. Kevin Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita. No tiene relación con Martín ni Lule, jamás la tuvieron», aseguran.

    La investigación de la causa Andis tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene a maltraer al gobierno, y un camarista al tanto del caso admitió que Pocovi también aparece en maniobras sospechosas con contratos de Vialidad Nacional. En los tribunales de Retiro miran de reojo la facilidad del hombre de Calvete para aplicar a distintos rubros.

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    En efecto, una investigación del portal El Disenso reveló que el titular de Vialidad, Marcelo Campoy, habilitó el otorgamiento de obras por 1292 millones de pesos en mayo de 2025 para la familia Pocovi. Campoy está unido al clan del ex presidente Carlos Menem desde la década del 90 y, de hecho, ocupó el mismo cargo que ahora en 1999, cuando todavía gobernaba el riojano.

    El registro de visitas a la Casa Rosada arroja que, en los últimos dos años, Campoy se reunió con Lule Menem en más de 30 ocasiones. «Se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias», dice El Disenso.

    Ariel Lijo.

    Para colmo, el cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en la firma Damg Producciones Deportivas SRL. El emprendimiento de Martín Menem habría surgido en 2008 y está vinculado a la organización y publicidad de eventos deportivos.

    Con el arribo de Campoy a Vialidad Nacional, Pocovi logró convertirse en proveedor del Estado para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025». La empresa que logró la adjudicación se llama He Vras SRL y es una constructora formada entre las PASO de 2023 y el ballotage que Javier Milei le ganó a Sergio Massa.

    El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.

    La propiedad de la firma está registrada a nombre de Pocovi y Cipriano Arriola Cabrera. Aunque se lo define como «empresario paraguayo», su domicilio fiscal está fijado en un barrio popular de Quilmes y hasta habría cobrado el IFE (ingreso familiar de emergencia) durante la pandemia.

    El hallazgo periodístico del portal indica que, lejos de abortar la contratación de esa empresa, por el compromiso de su dueño en la causa Andis, Campoy le extendió en diciembre pasado la exclusividad del contrato hasta junio de este año. Solo habría tenido la astucia de no firmar la prórroga, acción que delegó en Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional.

    Otro detalle de la jugada es que mientras que el servicio original fue valuado en $1.292 millones, en diciembre se fijó un precio de $2.584 millones para la misma función. Se trata de una suma que duplica el contrato anterior, acaso un acuerdo que mina la confianza en los índices económicos que defiende el gobierno.

     

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