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«Digo un acuerdo social porque debemos cumplirlo entre todos»

En una nueva conferencia de prensa del comité de crisis esto es lo más sobresaliente:

En cuanto a las nuevas actividades que empiezan a regir hoy en la ciudad el intendente dijo Villa Regina dejó de estar en situación de observada, 30 municipios flexibilizaron desde la semana pasada nosotros entramos hoy a esta nueva etapa donde se van a habilitar casi todas las actividades comerciales de la ciudad. Cada actividad va a tener su protocolo especial de estricto cumplimiento  y sus cronogramas”.

Lo que dejó en claro y recalcó el intendente que esto es un “acuerdo social”, invitó a todos a no desaprovechar la oportunidad,es un acuerdo social que es muy endeble, limitado, en su funcionamiento porque si nos va mal y no aplicamos los protocolos como se debe, esto puede ser de carácter provisorio y volver a una etapa anterior donde solo abrían los comercios que venden alimentos. Pero también puede pasar que volvamos a una etapa más anterior que es la que tiene Valle Medio, que es el cordón sanitario. Y ahí no sale nadie y cierran todos los comercios”.

“Digo un acuerdo social porque debemos cumplirlo entre todos, la cláusula del acuerdo social es cuidémonos entre todos”.

Una de las preguntas realizadas fue un traslado de incertidumbre del personal de salud del hospital expresado la semana pasada en conferencia abierta ¿Por qué no se realizan testeos masivos a los efectores de salud?, la Dra Ross contestó “Las normas de vigilancia epidemiológica están colgadas en la página del ministerio de salud de la provincia, son públicas, son accesibles y  las indicaciones de hacer PCR (testeo disponible) son dos: aquellas personas que cumplen la definición de caso (definición bastante amplia) y en el personal de salud que tuvo que hacer aislamiento de 14 dias antes de volver a su puesto de trabajo, se le hace el estudio para que no vuelva en el período de incubación asintomático. Esa son las dos indicaciones para hacer el estudio”.

El director del hospital Ruiz Diaz agregó, “es de igual impacto el aislamiento obligatorio que corresponde al personal de salud que se define como contrario estrecho, es una medida de impacto importante porque desglosado ese listado de personal que ha contactado con un caso positivo, más allá de que el testeo pueda resultar negativo no significa que tenga que volver a trabajar, sino lo que se hace es proceder al aislamiento de 14 días y a los 14 dias de cumplido su aislamiento se hace el testeo para reintegro en el trabajo. Y eso también es una medida de impacto bien importante que merece ser resaltado”.

Sobre la limitación taxativa que con este nuevo decreto tiene la ordenanza 15/20, la idea es suspenderla aclaró el intendente de la ciudad “no condice la aplicación de la ordenanza con la apertura de lunes, miércoles y viernes de los comercios en esta nueva etapa, estamos viendo como la suspendemos o dejamos sin efecto”

“Caminatas no, ciclismo si. Las caminatas se aprobaron para los municipios que no tiene casos positivos y ciclismo a todas las ciudades. Regina va a adherir a ese decreto provincial y estamos estableciendo los días y los lugares por los cuales se va a poder practicar ciclismo de forma individual” confirmó Orazi. Los lugares seguramente serán aledaños al parque industrial, anfiteatro y arriba de la barda.

La semana pasada el Concejo Deliberante rechazó el proyecto del Frente de Todos para destinar los fondos  correspondientes al ATN proveniente de Nación recibidos como coparticipación por parte del gobierno provincial, a salud y desarrollo social. El intendente hizo hincapié en que cualquier uso que se les de hoy, estará ligado a consecuencias del covid “Aquellos  que entienden que ese dinero debe ser destinado a covid, les puedo decir que casi todas las actividades están relacionadas a covid, la parte financiera del municipio está muy endeble por el covid, entonces podríamos utilizar ese dinero para equilibrar deudas municipales. Los ingresos son destinados a todo lo que ha producido la aparición de este virus”.

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    La discapacidad bajo ajuste: qué esconde el decreto 942/2025 de Milei

     

    Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para NLI

    La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

    La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

    El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

    Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

    Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

    En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

    Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

    Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

    “el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

    La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

    La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

    El decreto habilita legalmente ese escenario.

    El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

    El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

    Esto puede traducirse en:

    • Trámites más lentos
    • Mayor discrecionalidad administrativa
    • Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

    Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

    Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

    La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

    En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

    • Retrasos en los pagos a prestadores
    • Revisión de convenios
    • Reducción de coberturas
    • Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

    No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

    Mucha Convención, poca participación real

    El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

    Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

    Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

    La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

    Menos Congreso, menos control, menos garantías.


    Un cambio de paradigma peligroso

    El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

    Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

    En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

     

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