A través de los siglos la mujer fue adquiriendo derechos que no tenía, así empezó a ir a la Universidad, a votar, a casarse con quién eligiera, a llevar pantalones en público, a usar bikini, a tener propiedades, a tener la patria potestad de sus hijos, a no tener hijos, a trabajar, a opinar, a elegir la profesión que más le guste, entre muchas otras conquistas. Todas conquistas de luchas femeninas.
El #8M nos recuerda a aquellas mujeres quemadas vivas en una fábrica por protestar mejores condiciones de trabajo. Como si el tiempo no pasara, hoy nos siguen matando, en Argentina una mujer es asesinada por ser mujer cada 34hs, el promedio de vida de una persona trans es de 35 años, el Estado destina poco más de 10 pesos por mujer para combatir la violencia de género y hasta obligan a niñas a parir. Por lo tanto hoy, no es un día de rosas ni de regalos. No es un feliz día ni un día feliz, es un día de reflexión y un día más de lucha o un día de lucha más.
El mundo está cambiando la concepción de mujer, tanto por parte de los varones como de las propias mujeres. Estamos cuestionando las desigualdades, los privilegios de género, las formas en que se organizan las estructuras sociales. Por supuesto que aún hay resistencia, todavía hay muchas mujeres y varones machistas que no quieren reconocer esa desigualdad, aunque una mujer tenga que trabajar 419 días para ganar lo que gana un hombre en 365. Porque ser machista es una concepción de vida, no tiene que ver con el sexo que se lleve entre las piernas. Sin embargo, hace unos años atrás era impensado que este día se tome como lo hacemos hoy. Como un día de expresión, unión y sororidad.
La idea debe ser aceptar primero que todos nacimos y crecimos en un sistema patriarcal donde el lugar más inseguro para una mujer es su propia casa, en Argentina más del 60% de los femicidios (en 2018) fueron realizados en sus hogares. Todos debemos comenzar a cuestionar la forma en que pensamos e inclusive ir más atrás y reflexionar sobre el por qué de esas estructuras sociales injustas para poder empezar a deconstruirnos y de ese modo volver a construirnos.
Así que, SIGAMOS DECONSTRUYENDO❗❗❗
ESCRIBE MARIANA HERRERO EVANS
Datos: Revista Anfibia Portada: Germán Busin Colaboración: Emiliano Piccinini
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en el marco de los trabajos de remodelación de calle Libertad hoy jueves se comenzarán a romper el cordón cuneta de la “margen sur” desde calle José Hernández hasta Mariano Moreno.Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que…
Voy a compartir una advertencia*. Una alarma sobre los peligros de permitir que el poder estatal, esta vez utilizando herramientas tecnológicas y discursos de odio junto a estereotipos de género, se manifieste contemporáneamente como dispositivo de disciplinamiento, censura y violencia institucional.
Me voy a valer de una imagen que remite a un grabado europeo del siglo XVII. Allí se puede observar a una mujer sometida por un casco de hierro que lleva una tenaza del mismo material, con el que se le presionaba la lengua para humillarla públicamente y silenciar a las “lenguas afiladas”. Conocido como “Brida” o “Regañona”, se le colocaba a las personas que eran consideradas una molestia pública por sus opiniones (en general, emparentado con mujeres a las que se denominaba con el mismo nombre que el artefacto: regañonas). Este montaje de castigo humillante guardaba la clara intención de silenciarlas a través del escarnio público.
La imagen nos permite comprender el fenómeno que abordamos en los días que corren, porque aunque las tecnologías han cambiado, la historia del castigo de las disidencias muestra un continuum que nos lleva al motivo concreto que hoy nos vincula: el trato punitivo a aquellas personas que critican o disienten con el poder, que se torna especialmente humillante cuando se trata de la disidencia de una mujer, en razón de la sempiterna ligazón en el poder punitivo y el poder patriarcal.
El hecho concreto sufrido por nuestra colega Julia Mengolini, públicamente atacada por diversas cuentas en redes sociales, profundizada por la viralización de videos generados con inteligencia artificial, noticias falsas, las cuales fueron compartidas y/o avaladas a través de comentarios por distintos funcionarios estatales; la campaña de descrédito que sufre, el feroz ataque de que es blanco, no es en nada casual, ni aislado.
Se trata de un acto de violencia punitiva, y también política, dirigido contra una mujer crítica, con la clara intención de silenciarla, de modo de dar un mensaje a otras y otros que se sienten disidentes: “Mirá lo que te puede pasar si hablás”, «Ojo, tené miedo», “No te metas”.
A propósito de los usos del poder punitivo
Desde siempre se utilizó el poder punitivo para homogeneizar, eliminar por distintos medios las voces disidentes; claro está, desde que su origen fue la propia persecución de –principalmente- brujas y herejes.
A veces opera con mecanismos formales -persecución penal oficial, es decir, criminalización conspicua y estricta-, en tanto otras con mecanismos informales -difamación, desacreditación, aplicación de violencias directas que, tal como enseñan Zaffaroni, Alagia y Slokar, lo que también constituye trato punitivo.
La violencia que se canaliza punitivamente no es sólo individual sino también colectiva: cualquiera que ingrese a ese grupo (el disidente) podrá sufrirlas. Y siempre es importante recordar que la violencia a la que se recurre para alcanzar dicho objetivo es una violencia ilícita, que suele valerse de mecanismos informales o incluso agencias del sistema penal formal, pero mediante prácticas ilegales.
¿Por qué el Estado recurre a la violencia ilícita para sancionarla? Porque cuando no alcanza el poder punitivo legal (que también se utiliza, como sabemos en el transcurso de los últimos días), la violencia ilícita, que infunde un terror mayor sobre el sujeto en concreto y sobre el resto del grupo de disidentes, siempre resulta más efectiva. En estos casos produce un proceso de represivización – que opera a través de un sistema penal informal o subterráneo – porque le da ventajas al poder, que lo hace a través del ejercicio de una pedagogía del miedo.
Por eso, al agredir a Julia, se procura disciplinar a muchas, y también muchos. La violencia que viene del Estado busca una función ejemplificadora: castigar para que otras/os observen y callen. No se trata de otra cosa que de un dispositivo de control social. Y por eso es parte del poder punitivo. Pero es ilícito porque utiliza medios no legales, hasta humillantes, crueles y odiantes para constituir ese castigo.
Sobre el poder patriarcal
Pero el caso en análisis reúne un componente más en este cúmulo de violencias punitivas: El poder punitivo se une a su complementario: el poder patriarcal. ¿Cómo lo hace? Jerarquizando vidas o inferiorizándolas: en las vidas y cuerpos a quienes busca domesticar/dominar.
La tácticas utilizadas para inferiorizar en el caso testigo son agresiones denigrantes, pero que se constituyen además atacando los roles que el propio patriarcado y la sociedad han impuesto a las mujeres: la sexualización, el cuestionamiento de las maternidades, la lisa y llana difamación ¿Por qué? Porque si primero la inferioriza, luego se puede construir un ser a quien ver como otredad, a quien se puede odiar.
Estas técnicas sirven al poder punitivo y al poder patriarcal para castigar o disciplinar a cualquier grupo al que se señale como enemigo. Si es por motivos raciales, culturales o políticos, siempre lo hace del mismo modo: primero denigrándolos, luego maximizando el ataque y finalmente habilitando la violencia explícita. Los ejemplos son múltiples y nos vienen rápidamente a la vista.
Esa violencia resulta, precisamente, por la modalidad disciplinante y atemorizante, una forma de mordaza (brida) encubierta. El mensaje que está detrás parece prístino: no se prohíbe cuestionar, pero se castiga a quien cuestiona. Y eso alcanza para generar miedo, luego silencio y censura. La pedagogía del miedo opera disciplinarmente obturando, entre otras cosas, el básico presupuesto democrático de comunicar e informar.
El odio algoritmizado
La novedad de este tiempo es que ahora esa violencia no necesita de regañonas ni bridas. Basta con una red social, una cuenta (mejor, oficial) y un software de inteligencia artificial.
Cuando el Estado -o sus funcionarios- replican, masifican, se valen de la IA para fabricar o reproducir falsedades, y lo hace desde un lugar privilegiado de poder. No es una broma, no es un error, no es un exceso: se trata de una planificada estrategia de hostigamiento algorítmico. Y cuando ese hostigamiento se dirige a mujeres, o disidentes en términos políticos, estamos hablando de violencia tecnológica institucional.
Aunque obvio, hoy presenciamos lo que Byung-Chul Han llama un régimen de «infocracia»: una forma de gobierno basada en el exceso de información, en el que los datos sustituyen a la verdad -la posverdad- y donde la comunicación pública ya no promueve el pensamiento crítico, sino la polarización emocional. Las redes sociales y sus algoritmos no favorecen el debate democrático, sino la viralización del escándalo y la erosión del juicio colectivo. En la infocracia, la información se fragmenta, se acelera, se simplifica y termina por sustituir el razonamiento por reacción.
Así, el disciplinamiento promovido desde el poder se vuelve casi inevitable: es el algoritmo el que hace circular el odio, lo alimenta, y lo convierte en poder punitivo informal. Este régimen de información promueve una nueva tecnología para el control social, ya no solo sobre los cuerpos sino sobre la psique a través de una aparente libertad: compartir en redes sociales.
Suele decirse que el dataismo de la infocracia no necesita ideología. Aunque debemos advertir que eso no significa que no sea utilizada por ideologías con sesgos autoritarios para señalar con sus mensajes: los relatos pueden ser sustituidos por los recuentos algorítimicos, pero la creación de la falsedad o el odio es realizado por alguien hasta su viralización reproductora.
En ese universo la lengua del odio encuentra el terreno perfecto para multiplicarse. No porque sea verdadera, sino porque es rentable, porque genera likes, viralidad. Y cuando ese discurso proviene o es reproducido por el Estado, se vuelve doblemente peligroso. Primero porque es performativo por esencia, y porque además no encuentra resistencias cognitivas en una sociedad saturada de información, aunque vaciada de verdad.
Y los discursos de odio tienen una función precisa en la maquinaria del castigo: preparan el terreno para la violencia real, a veces hasta letal.
Como señalamos previamente, primero se deshumaniza, se niega que esa persona tenga valor, derechos, voz. Se transforma en “enemiga”, en “anómala”, en “mentirosa”. Después, ya no cuesta tanto investigarla, amenazarla, callarla, agredirla, o incluso eliminarla.
El Estado necesita justificar para castigar. Por eso los perpetradores utilizan las técnicas de neutralización de valores, al trivializar el daño, culpar a la víctima y apelar a lealtades superiores.
Responder a las violencias, responsabilizar a las violencias
Frente al escenario gruesamente simplificado, cabe preguntar acerca del rol del Derecho (con mayúscula), y qué consecuencias conllevan estas prácticas violentas.
Necesitamos una respuesta urgente. Jurídica en tanto el derecho debe ser constitutivo de paz y verdad. Por ello debemos preguntarnos por la respuesta: el responder, en términos de responsabilidad.
En primer término, podemos decir que existirá frente a toda violencia institucional -formal o ilícita- una responsabilidad que debe ventilarse en el plano político partidario.
En segundo lugar, sin dudas, de acuerdo al marco normativo supranacional internacional, en especial los instrumentos de DD HH y los compromisos asumidos en el orden universal y regional, estas prácticas y acciones concretas constituyen un ilícito del orden internacional.
Finalmente, basta repasar – al menos- el art. 3 segundo párrafo de la Ley Antidiscriminatoria N.º 23.592, para verificar que nuestro sistema penal criminaliza especialmente “a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Los estándares legales y jurisprudenciales permiten considerar que la acción estatal que se examina —desde el momento en que reproduce desde cuentas oficiales, con contenido falso y elementos estigmatizantes de género y políticos— no sólo repugna a un entendimiento democrático básico, sino que puede encuadrarse típicamente como incitación al odio político, prohibido por la legislación vigente.
El rol del Estado
No puede haber neutralidad institucional frente al odio.
El Estado debe abstenerse de discriminar, pero también prevenir y sancionar las conductas que así lo realicen, incluyendo las violencias en redes sociales.
El Estado no puede ser un emisor de odio ni convertirse en un agresor que utiliza herramientas tecnológicas para disciplinar. Porque cuando lo hace, no sólo ataca a una persona o un grupo de personas, sino que erosiona el soporte democrático. Peor: convierte la expresión libertad en un acto peligroso.
Hoy, más que nunca, debemos defender el derecho a hablar, disentir y ocupar el espacio público sin miedo a ser destruidas. No hay democracia posible si el precio de la mera disidencia es la humillación pública.
No puede haber retorno a la regañona.
*Este texto es la adaptación de la participación de la autora en la conferencia “Inteligencia Artificial y violencia estatal: el caso testigo de Julia Mengolini” en la Facultad de Derecho de la UBA, el 15 de julio de 2025.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio para la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ que contempla la obra de infraestructura básica para 107 terrenos del loteo Barazzutti con una inversión $21.615.872,05. De esta manera se dotará de los servicios de red de agua, eléctrica y alumbrado público a este sector…
En medio de los desafíos globales en la lucha contra el cáncer, CIMAVAX-EGF, la vacuna terapéutica desarrollada en Cuba, sigue destacando como una alternativa innovadora para pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Recientes colaboraciones internacionales y ensayos clínicos están ampliando su alcance, aunque su disponibilidad aún es limitada fuera de la isla. ¿Qué es CIMAVAX-EGF y cómo…
El gremio del Hospital Garrahan y legisladores alertan que 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador fueron a un fondo de inversión ligado a Luis Caputo, en lugar de destinarse a salarios y obras de infraestructura. La comunidad sanitaria exige explicaciones y medidas inmediatas.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Fondo de inversión polémico
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, solicitó un informe de auditoría sobre los bienes administrados por el Consejo de Administración del hospital. Norma Lezana, secretaria general del gremio, señala que parte de la recaudación se destinó a un “fondo de inversión de Luis Caputo”, lo que generó conmoción entre los empleados.
Según señalan desde la Agencia Noticias Argentinas, Lezana calificó la situación como un “escándalo” y señaló que todos los trabajadores del Garrahan están “conmocionados”. Por su parte, las autoridades del hospital recomendaron que, si las denuncias son ciertas, se “haga un juicio”.
40.000 millones desviados
Lezana explicó que se están guardando 40.000 millones de pesos correspondientes al tercer pagador, es decir, el 35% de las prácticas que se realizan en el hospital, dinero que debería destinarse a obras de infraestructura y al ítem de recursos genuinos, que impacta directamente en los salarios de los trabajadores.
Según el balance presentado recientemente, los fondos fueron dirigidos al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, administrado por Banco Nación y gestionado por Pellegrini S.A.S.G.F.C.I., cuyo accionista mayoritario es el propio banco (99,103%), mientras que Nación Seguros de Vida S.A. posee el 0,897% restante.
Lezana afirmó: “Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe”. Además, solicitó explicaciones al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez sobre por qué esos fondos no llegaron a los trabajadores.
Diputada Tolosa Paz se suma a la denuncia
La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la denuncia del gremio y aseguró que el Gobierno de Javier Milei destinó el dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”, desviándolo de su función original: financiar el hospital y los sueldos del personal.
Tolosa Paz remarcó que “todo ese dinero, que corresponde como recursos genuinos, debe ir al bolsillo de los trabajadores y a las obras de infraestructura que corresponden”, y advirtió que la Ley de Emergencia Pediátrica debe reparar la pérdida salarial del 70% que sufrieron desde noviembre de 2023.
Movilización y reclamo social
En respuesta a la situación, la dirigente anticipó: “Hoy vamos a inundar la calle junto a la comunidad, la familia y las organizaciones sociales y de derechos humanos porque los trabajadores no pueden ser estafados”.
Los fondos del Fondo Común de Inversión Pellegrini continúan generando polémica, y el gremio insiste en que se esclarezcan los destinos del dinero que legítimamente debería fortalecer al hospital y garantizar mejores salarios.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
