De las promesas al ajuste: dos años y medio de Milei y un modelo que hizo exactamente lo contrario de lo que prometía
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De las promesas al ajuste: dos años y medio de Milei y un modelo que hizo exactamente lo contrario de lo que prometía

 

A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

La casta: un relato que se volvió en contra

“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

Estado: del “afuera” al uso selectivo

El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

Libertad económica: para quiénes

La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

El impacto social: la variable de ajuste

Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

Modelo, no error

A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.

 

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    El gobierno de Axel Kicillof realizó la apertura de sobres para la licitación del último tramo del dragado del río Salado, una de las obras de movimiento de suelo más importantes de Argentina.

    Las etapas 1 y 2 del tramo 5 atraviesan distritos del noroeste de la provincia, puntualmente Alberti, Bragado y Chacabuco, y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas.

    Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas las obras en el tramo 2 (trabajos que corresponden a Nación). Se trata de una extensión de 33 kilómetros en una zona del río que atraviesa Roque Pérez y Lobos.

    Las obras suponen una inversión de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. En la apertura de sobres que se realizó este jueves en el ministerio de Infraestructura se recibieron siete ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.

    «Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva», dijo el ministro Gabriel Katopodis.

    El Tramo V es el segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

    El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

    Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva. Son 138 millones de dólares, que invertimos y ejecutamos a pesar de la asfixia económica del Gobierno Nacional.

    Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión bonaerense, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.

    El dragado del río Salado es la obra hidráulica más emblemática de la provincia, toda vez que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones sobre una cuenca que abarca una superficie 170.000 kilómetros cuadrados y posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba).

    Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.

    Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.

    Mientras tanto, en el gobierno provincial preocupa la paralización de los trabajos que corresponden al gobierno nacional. La no continuación de esas obras afectan aproximadamente a unas 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024.

    El Estado Nacional venía financiando esta obra a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.

    La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.

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    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».

    Aumentan la electricidad hasta un 67% y le meten presión a la inflación 

    Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».

    Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes. 

    Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.

    Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.

    De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».

    Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.

    No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.

    La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado». 

    La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó. 

    En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.

     

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