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Cuatro días a puro cine con el Festival Regina Audiovisual

A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV).

En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas.  

La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del Cine Móvil perteneciente a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro y se podrá asistir en un vehículo o simplemente llevar una reposera para disfrutar del cine al aire libre. La actividad es libre y gratuita.

El festival cuenta con categorías de competencia de cortometrajes a nivel nacional, cortometrajes de la Patagonia y videoclips de la Patagonia. En su programa también se proyectará “Ladrón de Bicicletas” de Vittorio de Sica, un clásico del neorealismo Italiano presentado por el profesor Rodoldo Tonini. Además, contará con la presencia del Director Artístico del Festival Audiovisual Bariloche que traerá una muestra de su material.

El sábado 20 se realizará la premiación.

Se podrá seguir el festival en sus redes Meta, Instagram y Youtube.

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  • Las ART al borde del colapso, temen quiebras masivas por la industria del juicio

     

    En las principales aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) hablan de un colapso inminente del sistema y apuntan a la maquinaria de juicios laborales que superan los 130 mil por año.

    Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores en todo el país, denuncian un abuso de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales.

    En las ART advierten que el Poder Judicial no hace cumplir una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que creó los Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Estos cuerpos no fueron aplicados ni en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, que concentran alrededor del 80% de los juicios laborales del país.

    «Los peritos son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados al resultado del juicio», denunciaron desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Si se aplicara la ley, los peritos serían seleccionados por concurso, y recibirían un sueldo, es decir que los honorarios no se cobrarían en proporción al valor del juicio, lo que para las ART desemboca en sentencias multimillonarias que hacen el sistema inviable. 

    Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar. En ese sentido, hablan irónicamente de la epidemia de la lumbalgia. «Es el accidente más común que encuentran los abogados», dijeron. 

    Entre las aseguradoras advierten que la industria del juicio terminará atentando contra la generación de empleo, puesto que si las ART colapsan serán los empleadores quienes se tengan que hacer cargo del pago de las indemnizaciones.  

    Desde una de las ART líderes dijeron a LPO que hay juicios que superan los 300 millones de pesos por una lesión lumbar 

    La Uart, que es la cámara de la ART, advirtió que la intervención sin control de los peritos judiciales está haciendo colapsar al sistema. «Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país», aseguró Mara Bettiol, titular de la UART.

    Argentina registra uno de los índices más altos de litigios por riesgos del trabajo, con una tasa de judicialidad que es 15 veces la de España y 21 veces la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. «Es paradójico que, mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad crece exponencialmente, proyectándose más de 130 mil juicios en 2025», dicen en la cámara.

    Este año algunas de las ART más importantes se tuvieron que capitalizar por medio de los accionistas. Las aseguradoras de peso tienen otras unidades de negocios como sucede con Prevención ART, una de las líderes en el ránking en volumen de primas, que pertenece al Grupo Sancor Seguros. Experta ART, otra de las grandes, pertenece al Grupo Werthein.

    Tras salvar a la ART este año, los accionistas de ese grupo ya avisaron que el año que viene no volverán a capitalizarla. En esa situación ya está Galeno, que en los últimos meses inició un proceso de liquidación y podría dejar a más de 400 trabajadores en la calle.

    Entre las ART no ven con entusiasmo la reforma laboral que impulsa el gobierno porque creen que el sistema seguirá en la misma situación si no se hace cumplir la ley de 2017. «Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medidas que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo», dijeron en la cámara de ART.

    Desde una de las ART líderes se contactaron con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad.

     

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    Pullaro, los pastores evangélicos y $4.000 millones evaporados: el escándalo que Santa Fe intenta tapar

     

    Un informe de TN encendió todas las alarmas: $4.000 millones destinados a combatir el consumo problemático habrían sido desviados desde la APRECOD hacia organizaciones evangélicas sin antecedentes y alineadas políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro y con Milei. El entramado involucra asociaciones creadas hace meses, convenios millonarios sin controles y vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un desvío millonario hacia asociaciones recién nacidas

    La noche del informe de TN, encabezado por Luciana Geuna, dejó una estela de preguntas que el gobierno santafesino todavía no se anima a contestar. Según la investigación, alrededor de $4.000 millones salieron de la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político que sostiene a Pullaro.

    Lo más llamativo: muchas de esas entidades fueron creadas entre febrero y marzo de 2025, es decir, ¡hace apenas unos meses! Aun así, obtuvieron montos millonarios por medio de convenios directos, firmados sin los controles administrativos básicos que exige la ley provincial.

    El caso más escandaloso, señalan desde EnOrsai, es el de Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo de este año y que, según la documentación revelada, recibió más de $900 millones. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, mantiene lazos directos con el partido evangélico UNO, estructura política que integra la coalición del oficialismo santafesino.

    Ghione, UNO y el armado político-religioso bendecido por Pullaro y Milei

    El informe también expone la centralidad del pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como de Milei, en la distribución de los fondos.
    Según la denuncia, el esquema de convenios habría concentrado recursos públicos en manos de este armado político-religioso, desviando dinero originalmente destinado a campañas de prevención del consumo problemático.

    Para completar el cuadro, en redes sociales volvió a circular material documental sobre asignaciones previas que ya habían generado polémica: entre ellas, $1.000 millones otorgados a una organización vinculada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez. Un patrón que, visto en perspectiva, deja de parecer casualidad.

    La doble vara mediática y el silencio oficial

    El tema explotó nuevamente gracias a un posteo de la cuenta @ArrepentidosLLA, que aludió a la “doble vara” del tratamiento mediático:
    mientras en otras provincias —o bajo otros signos políticos— un monto así hubiera generado un escándalo nacional, aquí la reacción se diluye con rapidez porque se trata de un gobernador aliado del Gobierno nacional.

    Desde la administración santafesina afirman que todas las transferencias corresponden a “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque todavía no ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias que muestra el informe de TN: contratos sin controles, asociaciones sin experiencia y cifras que desbordan cualquier estándar razonable.

    Lo que viene: auditorías, pedidos de informes y una trama que recién empieza

    A medida que avanza la discusión pública, crecen las probabilidades de que el caso escale a nivel institucional. Distintos sectores políticos de la provincia ya trabajan en posibles pedidos de auditorías, requerimientos de documentación a la APRECOD e incluso citaciones formales para que funcionarios expliquen en qué se usaron los fondos.

    Por ahora, Pullaro no dijo una sola palabra. Y en Santa Fe todos saben que cuando el silencio es tan prolongado, no suele ser buena señal.

    Mientras tanto, los $4.000 millones que debían fortalecer las políticas públicas contra el consumo problemático siguen envueltos en sombras, y la provincia más golpeada por la violencia narco suma un nuevo capítulo de discrecionalidad y favoritismos políticos en áreas donde cada peso malgastado cuesta vidas.

     

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