A partir de este miércoles 17 y hasta el sábado 20 se desarrollará el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV).
En el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo se desplegará un programa de cuatro días de proyecciones cinematográficas.
La inauguración será este miércoles a las 21 horas. En el predio se instalará la pantalla inflable del Cine Móvil perteneciente a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro y se podrá asistir en un vehículo o simplemente llevar una reposera para disfrutar del cine al aire libre. La actividad es libre y gratuita.
El festival cuenta con categorías de competencia de cortometrajes a nivel nacional, cortometrajes de la Patagonia y videoclips de la Patagonia. En su programa también se proyectará “Ladrón de Bicicletas” de Vittorio de Sica, un clásico del neorealismo Italiano presentado por el profesor Rodoldo Tonini. Además, contará con la presencia del Director Artístico del Festival Audiovisual Bariloche que traerá una muestra de su material.
El sábado 20 se realizará la premiación.
Se podrá seguir el festival en sus redes Meta, Instagram y Youtube.
Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.
El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.
Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.
Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.
En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.
Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.
La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.
El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.
Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.
Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.
José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.
El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.
Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales.
La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica
Por Tomás Palazzo para NLI
La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.
Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur
Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.
Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.
La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.
La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político
En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.
La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:
encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.
Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.
Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur
La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.
Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:
Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.
Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.
Una redefinición peligrosa de soberanía
La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.
Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico
La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.
Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.
En el día de hoy, en el Polideportivo CUMELEN, se realizó el acto de entrega de Jerarquías a los oficiales y suboficiales de la Zona II, dependiente de la Unidad II, que fueron promovidos y que prestan servicios en las comisarías, subcomisarías y destacamentos desde Cervantes hasta Chichinales. El acto fue presidido por el Secretario…
La diputada libertaria volvió a quedar en el centro de la polémica tras una declaración aberrante contra Ian Moche, un niño con autismo que visibiliza el ajuste del Gobierno en discapacidad. Lejos de pedir disculpas, Lemoine profundiza una lógica de odio que ya es marca registrada del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un nuevo escándalo público al poner en duda la condición de autismo de un niño de 12 años y acusar a su madre de hacerlo “actuar” para obtener rédito político, en una declaración televisiva que generó repudio transversal y volvió a exponer el nivel de degradación discursiva que promueve el espacio que gobierna la Argentina.
Ian Moche, un niño autista que se convirtió en una voz visible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fue blanco directo de los dichos de la legisladora, quien sugirió que su madre lo manipula y lo expone deliberadamente. No solo se trata de una agresión personal, sino de una forma brutal de estigmatización y negacionismo, impropia de cualquier representante institucional.
El ajuste en discapacidad y la reacción violenta del oficialismo
Las declaraciones de Lemoine no son un exabrupto aislado. Se producen en un contexto donde el Gobierno de Milei enfrenta fuertes cuestionamientos por el ajuste salvaje en políticas de discapacidad, la demora en pagos, la falta de actualización de aranceles y el desfinanciamiento de prestaciones básicas.
Ante la incapacidad de responder con políticas públicas, el oficialismo parece optar por atacar a quienes visibilizan el problema, incluso cuando se trata de niños. En lugar de explicar por qué miles de familias están al borde del colapso, una diputada nacional elige cuestionar la condición neurológica de un menor, un límite ético que jamás debería cruzarse.
“Ian Moche finge tener autismo”
La trastornada mental de Lilia Lemoine dijo en vivo que un nene con autismo en realidad está ACTUANDO, los libertarios siguen teniendo de enemigo a un nene de 12 años, es impresionante pic.twitter.com/Wtnaie6NFe
Crueldad como método y provocación como estrategia
Lemoine ya cuenta con un extenso prontuario de declaraciones misóginas, violentas y provocadoras. Desde relativizar el acoso hasta justificar la represión estatal, su rol dentro del esquema libertario parece ser el de correr permanentemente los márgenes de lo decible, funcionando como una vocera del desprecio social que Milei legitima desde el poder.
En este caso, el ataque resulta aún más grave: se estigmatiza a la neurodivergencia, se desacredita a una madre y se expone a un niño a la violencia simbólica y digital, todo para sostener un relato que niega derechos básicos.
Cuando el odio reemplaza a la política
El episodio deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de democracia se construye cuando una diputada nacional usa su voz pública para humillar a un niño con discapacidad? La respuesta parece evidente. No se trata de libertad de expresión ni de debate político, sino de una estrategia de disciplinamiento y crueldad que busca silenciar reclamos legítimos.
Mientras el Gobierno ajusta y abandona, sus voceros atacan. Y cuando el blanco es un niño, queda claro que el problema no es Ian Moche ni su familia, sino un modelo político que necesita del odio para ocultar su fracaso.
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. “La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182…
La AFA confirmó que el #VAR recaerá en el fútbol argentino. El anuncio oficial confirma un proyecto que se trabaja hace varios meses y que encuentra en Tapia y Belligoy a dos de sus máximos promotores. «Lo que se está realizando es el desembarco del proceso que termina con la inclusión del VAR en Argentina. Es un proceso…
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