En detrimento del desamor de los medios hegemónicos hacia sus pueblos surgen sociedades débiles, mediocres e infantilizadas; que prefieren creerse cualquier insensatez a tener que enfrentarse a una realidad que genera malestar emocional y se siente hasta en los huesos. La cíclica crisis argentina hermanada con los medios hegemónicos, revela el nivel de desconexión con la realidad que algunas personas inconscientemente tienen por estar sumergidas en el mundo que ellos proponen, el mundo de sus negocios e intereses. Si lo sumamos a la crisis educacional, sistema público vapuleado hace más de 3 décadas, tenemos un combo que hace relamer a quienes controlan el ¿4to poder?.
Lo socio/cultural se comunica en su perfil más violento porque vende. Porque genera odio (sensación sobrevalorada), que se traduce en rechazo, que a su vez se transforma en distanciamiento y antagonismo, crea dos polos. Hete aquí, tu grieta. Ante tratamientos importantes en el Congreso, de real interés social, lo que pasa en el recinto es menos que secundario (aunque allí decidan por nosotros). Paga lo que pasa afuera. Y de eso, solo un perfil como los girasoles. De qué lado viene la piedra (para ellos desde afuera), para mi siempre desde el recinto, donde nos representan indefectiblemente a todos. (No está en mi juzgar las acciones de los ciudadanos, sí la de nuestros representantes por ser funcionarios públicos).
No hay agenda mediática que priorice los recursos naturales del país, que los proteja; a la agenda la movilizan otros recursos. En nuestra región patagónica, hay temas claros donde los medios allanan el camino y esconden el polvo. Megaminería, energía nuclear, derrame de petróleo, pesca ilegal. Aquí es la movilización ciudadana, las ONGs y el periodismo alternativo quienes levantan las banderas y cuidan nuestro futuro. Los grandes medios, callan.
Hoy la cotidianeidad devastadora de ciudadanos que luchan día a día por una vida digna son reflejados y reconocidos como ejemplos de esfuerzo para maquillar la desidia y el abandono del Estado a lo largo de la historia. Que el 40% de la población Argentina no tenga cloacas es una muestra clara de ello.
El clásico circuito de la comunicación que todos conocemos nos expresa como frente a la televisión o mejor dicho frente a los medios de comunicación en sus formatos clásicos, nos situamos como simples receptores, antiplurales y monótonos. No existe feed back alguno. Son correos en Spam.
Sin embargo, en la era de la comunicación las nuevas tecnologías convierten al ciudadano en algo más que un simple receptor. Este resurgir tiene su génesis en el propio interés del ciudadano de no ser subvalorado y menospreciado, podemos (debemos) convertirnos en los directores de nuestra propia programación. Tenemos la posibilidad de buscar e indagar, dándonos la posibilidad de encontrar diferentes posturas, afines o no.
Podemos adentrarnos en la “locura de leer a quien opine diferente”, sobre lo que no estamos de acuerdo para, al menos, confirmar nuestra postura. En este país (mundo) fanatizado, donde en ocasiones la realidad es un estorbo, un obstáculo, el enriquecimiento personal viene ligado a la diversidad informativa, así se genera el pensamiento crítico sin convertirse en un repetidor serial, vacío de ideas y con formato de subtítulos.
Crear consciencia propia y dejar de leer los primeros 10 links que te tira google cuando navegás podría ser un cambio (casi) tan importante como presionar a gobernantes y legisladores para crear consciencia social e influir sobre la toma de decisiones para que estén volcadas favorablemente hacia el colectivo social.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
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