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Con el argumento de la “eficiencia” y la “falta de recursos”, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un convenio de más de 54 millones de pesos con la Fundación Maximiliano Kolbë —parte de la red CONIN— para que una ONG privada asuma tareas esenciales del área social. El acuerdo replica el modelo impulsado por Abel Albino y profundiza el vaciamiento del Estado local.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

En una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, el intendente Francisco Azcué (Juntos por el Cambio y aliado de La Libertad Avanza) decidió delegar la política social municipal en una organización privada. A través del Decreto N° 994/2025, Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, autorizaron un convenio con la Fundación Maximiliano Kolbë por más de 54 millones de pesos, para realizar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” dirigido a niños y embarazadas.

Del Estado al “franquiciado solidario”

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta junio de 2026 señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, prevé un pago mensual de $4.520.000 a la fundación presidida por Stella Maris Micucci, una entidad que integra la red de CONIN, la organización del pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza.

El modelo que ahora adopta Concordia reproduce la llamada “franquicia solidaria” de Albino: una trama de fundaciones y ONGs que, bajo un discurso asistencialista, reemplazan funciones del Estado y canalizan fondos públicos hacia estructuras privadas con fuerte impronta religiosa.

Mientras el municipio reduce personal, cierra comedores y suspende programas sociales por “falta de recursos”, el mismo presupuesto se destina a financiar una organización privada que asume las tareas abandonadas por el Estado.

Los comedores cerrados y el discurso del “ahorro”

En los barrios de Concordia, los comedores vacíos y los Centros de Desarrollo Infantil cerrados se transforman en el símbolo más visible del ajuste. Lo que antes hacían nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y equipos municipales, ahora queda en manos de una ONG sin control institucional ni auditorías externas claras.

La letra chica del decreto deja al descubierto el vacío de control: el artículo 2° se limita a ordenar el pago mensual “a condición de que la institución dé cumplimiento al convenio”, sin establecer mecanismos de evaluación o seguimiento.

En la práctica, el municipio se desentiende de su rol de garante de derechos y se transforma en una caja de transferencia de fondos públicos a manos privadas.

La lógica Milei aplicada en Concordia

Lejos de ser un hecho aislado, el caso se inscribe en una tendencia nacional que se profundizó con el gobierno de Milei: el reemplazo del Estado por ONGs, fundaciones o iglesias que operan como prestadoras de servicios públicos. Bajo el eufemismo de la “cooperación público-privada”, se consolida un modelo de retiro planificado del Estado y transferencia de recursos a entidades con intereses propios y orientación ideológica definida.

El argumento del ahorro resulta cada vez más insostenible: lo que se recorta en salarios públicos se gasta —y con creces— en convenios sin control ni transparencia. Se achican las instituciones locales, se debilitan los equipos técnicos y se abren las puertas a contratos opacos.

¿Quién gana y quién pierde?

La pregunta que resuena en Concordia es simple: ¿a quién beneficia esta política?
Las organizaciones “solidarias” acumulan poder, fondos y legitimidad, mientras los vecinos pierden la presencia del Estado en su barrio. En el corto plazo, el impacto se mide en menos raciones de comida y familias sin atención. En el largo plazo, en la erosión del tejido institucional que sostiene la democracia local.

Privatización encubierta

El convenio con la Fundación Kolbë no es un error administrativo, sino una decisión política coherente con la ideología de desmantelamiento estatal que Milei impulsa desde la Casa Rosada. En Concordia, se traduce en despidos, cierres y contratos a medida, con los niños y embarazadas como víctimas silenciosas del ajuste.

Mientras tanto, la retórica de la “eficiencia” sigue sirviendo de excusa para justificar lo injustificable: un municipio que dice no tener recursos para sostener comedores, pero sí los tiene para financiar a una ONG ligada al Opus Dei.