La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4005 del Ministerio de Salud de Río Negro, por lo cual desde hoy lunes y hasta el domingo 13 de junio se prorrogan las medidas que se habían dispuesto para la semana pasada:
*Circulación: Restricción de circulación entre las 20:00 horas y las 06:00 horas, quedando exceptuados:
a) Las personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional Nº 78/21
b) Los trabajadores de farmacias y estaciones de servicio para el expendio de combustibles.
c) Las personas que estén asistiendo o regresando a sus hogares procedentes de locales gastronómicos, con comprobante de reserva o consumición, siempre que se encuentren dentro del lapso temporal estipulado.
*Actividades suspendidas:
a) Las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.
b) Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de cinco personas.
c) La realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, tanto en lugares cerrados como al aire libre.
d) La actividad de clubes deportivos y cualquier otra actividad deportiva de carácter grupal o que implique aglomeración de personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre.
e) Las actividades de casinos, bingos y discotecas.
f) La realización actos públicos, protocolares, aniversarios y fiestas populares que puedan implicar afluencia de público.
g) La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, en espacios públicos o privados, sean éstos cerrados o al aire libre. Queda autorizada la realización de las competencias oficiales “Torneo Federal A” de fútbol y “Liga Argentina de Básquet”, de acuerdo a los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, sin asistencia de público.
h) La actividad de cines, teatros, museos, bibliotecas, centros culturales y establecimientos afines.
*Habilitaciones especiales:
a) Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 23:00 horas, con un máximo del 30 % del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar. En todos los casos deberá priorizarse la utilización de espacios al aire libre, instando en este sentido a las autoridades municipales a facilitar la utilización de espacios públicos al aire libre.
b) Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado, de acuerdo a los protocolos vigentes.
c) Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.
d) Los jardines maternales, sin dependencia del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, podrán funcionar en sus horarios habituales.
e) Los gimnasios y estudios de disciplinas deportivas podrán funcionar respetando el horario de circulación permitido, con un máximo del 30 % del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.
La historia de SIAM durante el peronismo y el cierre de Whirlpool bajo Javier Milei exponen dos estrategias económicas enfrentadas. Mientras el Estado peronista impulsó crédito, producción y consumo, Whirlpool abandonó la fabricación local y convirtió su negocio argentino en un esquema 100% importador.
Hay una imagen que permite resumir buena parte de la discusión económica argentina: una heladera SIAM fabricada en el país y una moderna planta de Whirlpool en Pilar que, apenas tres años después de su inauguración, terminó cerrada y puesta en venta.
No son historias idénticas ni pertenecen al mismo momento histórico. Pero permiten observar dos decisiones políticas y económicas radicalmente diferentes frente a la industria: qué hace el Estado cuando una empresa produce en Argentina y qué ocurre cuando las condiciones favorecen la importación por encima de la fabricación local.
La comparación adquiere particular fuerza porque ambas historias están vinculadas con bienes que ingresaron profundamente en la vida cotidiana de las familias: heladeras y lavarropas.
SIAM y Perón: cuando el Estado apostó a producir
Cuando Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia en 1946, SIAM ya era una empresa industrial importante. Sin embargo, durante el primer peronismo encontró un escenario en el que el crédito estatal, la protección industrial, el crecimiento del mercado interno y la expansión del consumo favorecieron su desarrollo.
El Banco de Crédito Industrial Argentino se convirtió en una herramienta fundamental para financiar la industria. SIAM estuvo entre las empresas que recibieron una participación particularmente importante de esos créditos durante el período 1946-1955.
La investigación citada en nuestra nota anterior registra que los préstamos destinados a SIAM-SIAT llegaron a representar aproximadamente el 10% en 1946, el 12% en 1947, el 13% en 1948, el 14% en 1951, el 18% en 1952 y el 19% en 1953 de los créditos considerados en los sectores correspondientes.
No se trató simplemente de regalar dinero a una empresa. El esquema combinó financiamiento estatal, protección industrial, regulación de importaciones y estímulo a la producción nacional.
El Estado también construyó mercado
La otra cara de esa política fue la expansión del consumo.
El crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas permitieron que sectores cada vez más amplios pudieran acceder a bienes durables. En el caso de las heladeras, la investigación histórica señala que la redistribución del ingreso, las restricciones a las importaciones y la generalización de los sistemas de venta a plazos impulsaron la demanda.
El resultado fue extraordinario. La producción argentina de heladeras eléctricas pasó de 6.967 unidades en 1946 a 151.200 en 1955.
SIAM fue una de las empresas centrales de esa expansión. Sus ventas de heladeras eléctricas pasaron de 11.693 unidades en 1948 a 73.928 en 1955.
La diferencia con el presente no está solamente en cuántas heladeras se fabricaban. Está en la concepción económica que había detrás: la industria debía producir, los trabajadores debían poder consumir y el Estado debía intervenir para que ambas cosas fueran posibles.
La heladera que cambió la vida cotidiana
El impacto no quedó encerrado en las estadísticas industriales.
En 1947 apenas el 3,4% de los hogares argentinos tenía una heladera eléctrica. El 20,4% utilizaba todavía heladeras alimentadas con barras de hielo.
La llegada de la refrigeración eléctrica modificó las rutinas familiares. Permitió conservar durante más tiempo carne, leche, verduras y otros alimentos perecederos, redujo la necesidad de realizar compras cotidianas y transformó la organización del trabajo doméstico.
La heladera pasó así de ser un objeto excepcional a convertirse progresivamente en un bien asociado al confort y a una nueva calidad de vida.
Según la investigación sobre la evolución de los bienes durables, en 1946 había una heladera por cada 28 familias. En 1950 era una por cada 14 y en 1955 una por cada seis.
La industrialización podía medirse entonces también dentro de las cocinas.
Whirlpool: tres años después, la fábrica cerró
La historia de Whirlpool en Pilar presenta un recorrido muy diferente.
En 2022, la multinacional estadounidense inauguró una fábrica de lavarropas en Fátima, Pilar, después de invertir 52 millones de dólares. La planta tenía una superficie de 30.453 metros cuadrados cubiertos y había sido concebida como una de las instalaciones más modernas de la compañía a nivel mundial y como plataforma regional de producción.
El proyecto contemplaba una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, con aproximadamente el 70% de la producción destinada a la exportación, principalmente hacia Brasil.
En 2023, primer año completo de funcionamiento, Whirlpool incorporó incluso un segundo turno y retomó las exportaciones de lavarropas hacia Brasil después de más de dos décadas.
Pero el escenario cambió con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Del segundo turno al cierre definitivo
Durante 2024, Whirlpool comenzó a reducir turnos y personal. Según la información publicada por El Modelo, la empresa enfrentó una caída del consumo interno, mayores dificultades para competir con productos importados y la necesidad de revisar su estructura regional de producción.
Finalmente, en noviembre de 2025, comunicó el cierre definitivo de la planta y la interrupción de la fabricación de lavarropas en Argentina.
Ahora, en septiembre de 2026, la compañía puso en venta el complejo industrial.
La operación completa una transformación profunda: Whirlpool mantiene su presencia comercial en Argentina, pero abandonó la fabricación local y funciona bajo un esquema 100% importador. Los lavarropas provienen principalmente de Brasil, mientras accesorios, electrodomésticos y repuestos llegan desde plantas ubicadas en otros países.
De producir para el mundo a importar para el mercado
El contraste resulta difícil de ignorar.
En 2022, Whirlpool llegó a Argentina con una planta concebida para producir 300.000 lavarropas por año, exportar el 70% y utilizar al país como plataforma regional. Tres años después, esa fábrica estaba cerrada.
La propia información sobre la empresa establece una relación temporal directa entre el cambio de escenario y la llegada de Javier Milei: durante 2024 comenzaron las reducciones de turnos y personal y en noviembre de 2025 se produjo el cierre definitivo.
No corresponde afirmar, sin embargo, que el Gobierno haya ordenado el cierre de Whirlpool. Lo que sí permite establecer la fuente es que la empresa tomó la decisión en un contexto que cambió después de la llegada de Milei y que terminó adoptando un modelo completamente importador.
Y esa precisión es fundamental.
Porque la discusión no debería reducirse a si Whirlpool es responsable de cerrar una fábrica o si el Gobierno es responsable directo de la decisión. La cuestión de fondo es qué tipo de estructura productiva favorecen las reglas económicas vigentes.
Dos modelos frente a una misma pregunta
La comparación entre SIAM y Whirlpool no consiste en idealizar una empresa privada del pasado ni en afirmar que toda industria puede sobrevivir indefinidamente bajo cualquier circunstancia.
La diferencia aparece en otro lugar.
Durante el primer peronismo, el Estado utilizó crédito, protección industrial y herramientas económicas para fortalecer la producción local, mientras el crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas ampliaban el mercado interno.
En el caso de Whirlpool, una inversión industrial de 52 millones de dólares terminó con la fábrica cerrada, la producción interrumpida y el inmueble puesto en venta, mientras la compañía conserva su actividad comercial mediante importaciones.
Una Argentina buscaba fabricar el electrodoméstico que entraba en la casa de una familia. La otra terminó importándolo.
Y ahí aparece la pregunta incómoda para el presente: ¿qué sucede con el trabajo, los proveedores, las capacidades productivas y el conocimiento industrial cuando una economía deja de necesitar que esos productos se fabriquen dentro del país?
La heladera, el lavarropas y una discusión que vuelve
La historia de SIAM demuestra que una política industrial puede tener consecuencias que exceden ampliamente a una fábrica. Cuando una heladera llegaba a una vivienda, detrás había una cadena que involucraba trabajadores, máquinas, crédito, producción y consumo.
La historia de Whirlpool muestra el movimiento contrario: una planta moderna, con una inversión millonaria y capacidad exportadora, dejó de fabricar y pasó a formar parte de un esquema importador.
La comparación no permite borrar las diferencias entre 1946 y 2026. Pero sí deja planteada una discusión que el discurso libertario suele presentar como una cuestión puramente contable: ¿qué pierde una sociedad cuando producir deja de ser un objetivo económico y comprar afuera pasa a ser la alternativa dominante?
Porque una fábrica no es solamente un edificio.
Es trabajo. Es conocimiento. Es capacidad productiva. Es una cadena de proveedores. Y, sobre todo, es la posibilidad de que un país no quede condenado a ser simplemente el lugar donde se venden productos fabricados por otros.
La vieja heladera SIAM todavía puede servir para recordar algo que hoy parece incómodo: la industria nacional alguna vez fue pensada como una herramienta para transformar la vida de las familias. La fábrica de Whirlpool, vacía y en venta, obliga a preguntarse qué lugar ocupa esa idea en la Argentina de Milei.
Fuentes
Aisenberg, I., & Rein, R. (2024). Las vidas paralelas de dos emprendedores inmigrantes: Torcuato Di Tella y Ezra Teubal. Temas de Historia Argentina y Americana, 32(2), 109-128.
Belini, C. (2010). La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la ley de industrias de interés nacional (1944-1958). Temas de Historia Argentina y Americana, 16, 59-97.
Rocchi, F. (2022). La transformación de la vida cotidiana: la evolución de los bienes durables en Argentina, 1920-1970. Historia Crítica, 84, 29-55.
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2021). Los primeros gobiernos peronistas. Continuemos Estudiando.
El Modelo. (3 de septiembre de 2026). Se va: Whirlpool ya no fabrica en Argentina y vende su planta de Pilar.
No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es la violencia, que las normas de masculinidad y feminidad, tal y como las conocemos, producen violencia Paul B. Preciado El pasaje del escrúpulo al placer. Un placer misterioso que se encuentra antes del pensamiento. La sexualidad femenina ha sido tapada, y censurada…
“No hay nada encubierto que no vaya a ser descubierto, nada oculto que no vaya a ser revelado. Así pues, puedes dar por sentado que todo lo que has dicho en la oscuridad se oirá a plena luz del día, y lo que has susurrado a puerta cerrada se gritará desde las azoteas”.Mateo 10: 26–27….
Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.
Por Roque Pérez para NLI
Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.
No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.
El Estado que quería prestar $52.600 millones
El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.
Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.
Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.
Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.
También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.
Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.
Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
El gerente dijo que no y después llegó el traslado
La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.
El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.
Pourrere se negó a firmar.
Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.
Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?
El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.
El discurso libertario frente a la caja del Estado
Y acá aparece el problema político para Milei.
El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.
Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.
El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.
Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.
El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.
Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.
Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.
Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?
Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.
Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?
En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.
La ex diputada Soledad Carrizo publicó este viernes una foto del homenaje de los dirigentes peronistas a José Manuel De la Sota retocada con IA, para que Sergio Massa, Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Juan Manuel Olmos y Cecilia Moreau, entre otros, aparezcan disfrazados de cucarachas.
Actual directora del INAES, la legisladora cordobesa posteó junto a la imagen una frase alusiva. «Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía», tipeó, y agregó que «podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos».
La respuesta contra la ex diputada radical no tardó en llegar. El presidente de la bancada peronista en la Cámara Baja, Germán Martínez, le recordó sus coincidencias con el peronismo en el trabajo parlamentario: «Qué feo esto, Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios. Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces logramos acuerdos importantes», escribió en X.
De hecho, un tuitero le recordó a Carrizo su apoyo a Cristina Kirchner en 2011. «¡Pero Soledad! Si vos militaste la campaña de Cristina presidenta en 2011, aliada con esos mismos de siempre y haciéndote la boluda con tu partido», dijo un tal Primo Louis.
Les quieren hacer creer que la derecha y ultraderecha son diferentes. Pues no, hace décadas que nos vienen afanando los mismos. Andá pallá boba!
En efecto, la actual funcionaria del INAES ganó aquel año en la pelea por la intendencia de Quilino, en Córdoba, para el mandato 2011-2015. Sin embargo, renunció al municipio para asumir su banca como diputada por la UCR en 2013.
Cuando asumió Javier Milei, Carrizo integraba el bloque de 34 legisladores radicales en Diputados, bajo la conducción de Rodrigo De Loredo, pero en 2024 la bancada empezó a desgranarse: primero pegaron el salto los seis radicales con peluca que defendieron los vetos presidenciales contra los aumentos jubilatorios y el presupuesto universitario y después se partió en tres.
De un lado quedaron los que se agruparon bajo la figura de Facundo Manes y Pablo Juliano y, en otro costado, los que siguieron a De Loredo, mientras que el santafecino Mario Barletta prefirió armarse un monobloque. Carrizo quedó del lado de De Loredo.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás impuso a la empresa productora de herbicidas el pago de 150 millones de pesos por la contaminación irreparable del río Paraná a través del vuelco de los efluentes líquidos industriales. El fallo se conoció, luego de que la Cámara de Apelación en lo…
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