Debido al corte de energía programado por la distribuidora Edersa para mañana jueves y que afectará el sector donde se encuentra el edificio central de la Municipalidad de Villa Regina (Avenida Rivadavia 220), se informa que la atención al público relacionada con el cobro de tasas y trámites que impliquen la utilización del sistema eléctrico comenzará a partir de las 9 horas.
La interrupción del suministro eléctrico, según lo informado por la empresa, se debe a obras de mantenimiento en la zona céntrica de la ciudad y se extenderá desde las 7 y hasta las 9 horas.
Llegamos al refugio canino APAN (asociación protectora de animales), cuando las colaboradoras ya habían terminada con la jornada de trabajo. Estaban en el refugio desde las 6:30 am, principalmente en verano se intenta ir bien temprano ya que durante la tarde el calor es sofocante, la atención para los refugiados es de lunes a lunes,…
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
El caso argentino: justicia social como pacto democrático
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
Una consigna más ideológica que aplicable
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
Los gobernadores aliados de la Casa Rosada dejaron trascender que no están dispuestos a acompañar el proyecto de eliminación de las PASO que pretende impulsar Javier Milei desde el Congreso.
Aunque todavía no se conocen los detalles de la iniciativa parlamentaria, los jefes provinciales piensan en las primarias obligatorias como una herramienta para ordenar la oferta electoral sin perder volumen político ante el oficialismo.
Los libertarios ya lograron suspender las PASO para el turno electoral anterior, bajo el argumento del carácter oneroso para la administración pública. Pero esta vez irían por su eliminación, con el claro objetivo de quitarles a sus adversarios cualquier chance de armar una opción competitiva para el 2027.
Sin embargo, una ley electoral requiere mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Es decir la mitad más uno de los legisladores del cuerpo, no de los presentes el día de la sesión. O sea, Milei precisa el respaldo de 129 diputados y 37 senadores, que constituyen la mitad más uno de los miembros en cada cámara.
Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores y el PRO o una combinación de ambos. En el partido de Macri tampoco están de acuerdo con derogar las PASO.
Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei.
En Diputados, los votos de los gobernadores están repartidos entre los bloques de Innovación Federal, que responden al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Carlos Rovira, los catamarqueños de Raúl Jalil y los tucumanos de Osvaldo Jaldo. Además habría que contemplar la conducta de los cordobeses, los radicales y otras expresiones provinciales aglutinadas en Provincias Unidas o sueltas en monobloques.
«Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei», afirmó a LPO uno d elos gobernadores que participó de esa experiencia política.
Bullrich y Martín Menem.
La otra pata del problema que enfrenta Milei para eliminar las PASO es el El PRO. Por ahora el partido de Macri no emitió una opinión pública, pero importantes dirigentes de esa fuerza confirmaron a LPO que se inclinan por rechazar su eliminación.
Un diputado de ese espacio respondió a la consulta de LPO con prudencia, escudándose en que todavía no se sabe cuál será el contenido de la norma y tampoco hay información sobre la modificación al financiamiento de los partidos que dejaron trascender desde el Gobierno.
Desde el peronismo también se motraron cautelosos a la hora de opinar, pero existe un consenso sobre la ventaja de mantener las PASO para ordenar una interna cruda, entre Cristina Kirchner y La Cámpora contra Axel Kicillof, por un lado, y gobernadores del PJ, por otro.
Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo de eliminar las PASO sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores.
Como sea, a Martín Menem le faltarían 35 votos para superar los 129 y, por el momento, parece una empresa difícil de alcanzar. Pero no sería la primera vez que los gobernadores aliados dejen trascender que rechazan una iniciativa de la Casa Rosada y la terminen votando.
El caso del Senado, a los 21 que conduce Patricia Bulrich, habría que agregar 16 más.
La cuenta apunta a la pesca de los votos del correntino Carlos «Camau» Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los dos misioneros, los dos santacruceños y los 10 radicales.
El gobierno deberá atender también lo que considere el trío de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, el grupo de senadores que se fue del interbloque peronista.
Si bien Bullrich reunió hasta 42 votos para aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias, la oposición y los gobernadores ya avisaron que ese número no es automeatico y es necesario construirlo votación por votación. «No hay una mayoría automática», concluyó un senador aliado en diálogo con LPO.
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