Debido al corte de energía programado por la distribuidora Edersa para mañana jueves y que afectará el sector donde se encuentra el edificio central de la Municipalidad de Villa Regina (Avenida Rivadavia 220), se informa que la atención al público relacionada con el cobro de tasas y trámites que impliquen la utilización del sistema eléctrico comenzará a partir de las 9 horas.
La interrupción del suministro eléctrico, según lo informado por la empresa, se debe a obras de mantenimiento en la zona céntrica de la ciudad y se extenderá desde las 7 y hasta las 9 horas.
El vaciamiento del INTI sensibilizó al empresariado industrial que contaban con el instituto público una cantidad de servicios, asesoramientos y sistemas de certificaciones casi privativo si tuviesen que ir a contratar empresas privadas para desarrollar nuevos productos o materiales.
Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios pyme industriales y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto.
La actividad, convocada por mandos medios del INTI bajo el lema «Argentina productiva, con el INTI de pie», terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de cien empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de manera virtual.
Trabajadores del organismo contaron a LPO que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado, «excede cualquier posición ideológica» por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones y los sistemas de certificación técnica, como en este caso.
«La gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro previsto en la puerta», señalaron desde la organización, que denunció un operativo con «decenas de gendarmes» rodeando el auditorio del instituto.
El encuentro se realizó en medio de la crisis que atraviesa el organismo luego de la eliminación de servicios técnicos, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y el desmantelamiento del sistema de Metrología Legal. Además, las autoridades anunciaron más de 700 despidos que se sumarían al recorte del 30% del personal que ya sufrió el instituto desde la llegada de Javier Milei al gobierno.
Durante el acto hablaron empresarios de distintos sectores industriales que defendieron el rol estratégico del INTI para la producción y las exportaciones. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que «los países que admiramos crecen porque están apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social».
En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación Pro Tejer, advirtió que «sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación» y cuestionó que el gobierno pretenda reemplazar los controles públicos por laboratorios privados «más caros» y que muchas veces ni siquiera existen en la Argentina.
También hubo advertencias sobre el impacto en áreas sensibles como seguridad, salud y comercio. Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, alertó que la disolución del área de Metrología Legal afecta controles sobre balanzas, etilómetros y cinemómetros utilizados en todo el país.
Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales.
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El diputado Manuel Passaglia le mete presión al PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense con un proyecto que supone compactar las motos con caño de escape adulterado.
La oposición -donde libertarios y amarillos son mayoría- tiene la llave para llevar el proyecto al recinto y aprobarlo, aún con la negativa de todos los sectores del peronismo y las dos bancas de la Izquierda.
«Así como se unieron para repartirse los cargos de directores millonarios en el BAPRO esperamos que ahora sigan trabajando juntos, pero en esta oportunidad para beneficio de los bonaerenses», escribió el diputado en las redes.
El proyecto nació primero como una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de San Nicolás y autorizaba al intendente Santiago Passaglia a compactar las motos con escape libre, una práctica ilegal -sobre todo en adolescentes- que supone un fuerte malestar en los vecinos.
El tema genera controversia en particular en las ciudades del interior. El problema era que la normativa vigente no alcanzaba. El municipio le secuestraba la moto, pero los dueños pagaban una multa y a los pocos días volvían con los ruidos.
No espero que el peronismo nos acompañe porque ellos viven en Puerto Madero y ahí no hay ruidos molestos. Pero sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o que presenten una solución superadora.
Secuestrar las motos tampoco era sencillo. A través de grupos de WhatsApp, los adolescentes avisaban donde estaban los controles y los evitaban.
Por eso, los Passaglia pensaron en una encerrona. En los días previos a la aprobación de la ordenanza el gobierno municipal retiró todos los controles y dejó a los pibes la ciudad liberada. Luego -ya con la ordenanza aprobada- dispusieron un vallado sorpresa en la plaza principal y quedaron atrapados 130 adolescentes con motos con escape libre.
Muchos intendentes pidieron copia de la ordenanza para bajarla a sus municipios. En el interior varios jefes municipales ven con buenos ojos un proyecto de mano dura contra los ruidos molestos.
«Acá no es un problema de ideologías. Es una solución de convivencia a un problema real que existe en el interior», dijo el diputado Manuel Passaglia y agregó que no espera nada del peronismo porque los legisladores «viven en Puerto Madero». «Sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o una solución superadora».
Los Passaglia vienen dejando el PRO y a los Libertarios en una posición incómoda. El intendente y el diputado de San Nicolás fueron los primeros en bajarse del acuerdo electoral que los amarillos cerraron con los libertarios. Y lanzaron un armado provincial que hizo una buena elección en el norte de la provincia. Esos votos fueron clave en la derrota de la alianza entre el PRO y los libertarios durante la elección de septiembre pasado.
Toto Caputo mandó al Congreso el proyecto para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021, y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.
La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y, en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de «la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables».
Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.
Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.
Actualmente, rige la ley 27637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución. Con la propuesta de Caputo, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».
Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».
Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes.
Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».
Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.
No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.
La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado».
La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó.
En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.
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