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Cordón sanitario para Beltrán y Lamarque

Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro, se dispuso la implementación de un cordón sanitario en Lamarque y Luis Beltrán, a partir de las 8 horas del día 23 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo.

La medida (cuyos alcances se enumeran en la Resolución anexa) se fundamentan en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.

La vigilancia epidemiológica en Lamarque y Luis Beltrán durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso la implementación de un cordón sanitario en esas localidades, debiendo aplicarse medidas restrictivas extraordinarias.

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    El primer encuentro ocurrió a mediados de marzo. En esa audiencia, los representantes de la Corte le preguntaron al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y respondieron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.

    La provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.

    En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 dejaron de recibir las transferencias.

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    Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. Los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero dejaron en claro que estaban dispuestos a volver a enviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 21 de abril.

    La convocatoria a la audiencia está a cargo de la secretaría de Juicios Originarios que controla Alejandro Daniel Rodríguez. Allí se presentaron por parte de la provincia Pablo López (Economía), Hernán Gómez (Fiscal de Estado), Santiago Pérez Teruel (asesor General de Gobierno) y Marina Moretti (IPS). En tanto, en representación de la ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.

    Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

    Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.

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    Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

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    Los dólares encepados se están agotando. En las últimas licitaciones, los montos ofrecidos quedaron por debajo de los límites que había fijado Economía. En el caso del AO27 se colocaron USD 97 millones y en el AO28 apenas USD 34 millones.

    En paralelo, los dólares empezaron a moverse. Subieron por segunda rueda consecutiva y reflejan esa tensión. El dólar blue cerró en $1.425, con un alza del 0,7%, el MEP en $1.434,33  con 0,5%) y el contado con liqui en $1.486,41. 

    Desde el otro lado del espectro ideológico, Ricardo Arriazu puso el foco en el mismo problema. «La palabra confianza es compro dólares o no compro dólares. Eso es todo Argentina», sintetizó. Y fue más allá: «En las universidades no enseñan cómo funciona una economía donde la unidad de cuenta no es su moneda nacional. En Argentina, cuando la gente tiene miedo, no demanda pesos: demanda dólares».

    Arriazu también dejó una definición incómoda para el Gobierno. «La confianza se define como la tasa de retorno ajustada por riesgo. Y el problema argentino es el riesgo. Un país que defaulteó nueve veces cantando el himno nacional es un estafador serial», lanzó. 

    Ese telón de fondo se ve con claridad en la cuenta corriente. En febrero registró un déficit de USD 115 millones y acumuló cinco meses consecutivos en rojo. Aunque el número fue menor que en meses previos, no cambió la tendencia. Desde junio de 2024, solo tres meses cerraron con superávit, todos asociados a liquidaciones extraordinarias del agro.

    La confianza se define como la tasa de retorno ajustada por riesgo. Y el problema argentino es el riesgo. Un país que defaulteó nueve veces cantando el himno nacional es un estafador serial.

    El problema es estructural. El superávit comercial no alcanza para cubrir el déficit en turismo ni los pagos de intereses de la deuda. A eso se suma la salida de capitales. La compra de dólares a la que se refería Arriazu. Solo en febrero, la fuga fue de USD 2.131 millones. Desde la flexibilización parcial del cepo, ya suma USD 37.732 millones. Es un drenaje constante, com

    Hacia adelante, el panorama se vuelve más delicado. El tipo de cambio real sigue apreciándose. El índice del BCRA cayó a 84,7 puntos, por debajo del promedio de 90,1 de febrero. Eso implica menor competitividad, justo cuando las monedas de los socios comerciales se deprecian. La economía, así, se encarece en dólares.

     

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