Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro, se dispuso la implementación de un cordón sanitario en Lamarque y Luis Beltrán, a partir de las 8 horas del día 23 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo.
La medida (cuyos alcances se enumeran en la Resolución anexa) se fundamentan en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
La vigilancia epidemiológica en Lamarque y Luis Beltrán durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.
Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso la implementación de un cordón sanitario en esas localidades, debiendo aplicarse medidas restrictivas extraordinarias.
El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Gerente General del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Alejandro Hoc con quien analizó el avance de los proyectos presentados por el Municipio ante el organismo nacional. En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado del Senador Nacional Alberto Weretilneck y el secretario…
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. El escenario En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes:…
Este miércoles, Luis «Toto» Caputo buscó profundizar su guerra con los intendentes peronistas del conurbano con la publicación de un portal que expone a los municipios que más cobran tasas.
Sin embargo, en el tributo más cuestionado por el ministro de Economía, la tasa vial que se grava a la carga de combustibles, el mapa de calor lanzado por Caputo expone a uno de los principales aliados de Javier Milei durante estas legislativas en la provincia, el marplatense Guillermo Montenegro.
Sucede que, según las planillas publicadas por Economía, en la provincia de Buenos Aires el municipio que más cobra en concepto de tasa vial es General Pueyrredón (Mar del Plata). No solo eso, el rojo del mapa de calor es compartido por otro municipio aliado de los libertarios, Pinamar, gobernado por Juan Ibarguren.
Concretamente, el informe de Caputo muestra que Pinamar y Mar del Plata son los únicos dos municipios en rojo al alcanzar una base imponible del 3% por litro de combustible o fracción de GNC expendido.
«Me encanta que Tres de Febrero no esté en esta lista que hizo el MinEconomia_Ar de Municipios que cobran tasa vial», dijo el intendente en uso de licencia Diego Valenzuela al referirse a la planilla que expone a Montenegro.
Además, Mar del Plata figura dentro de los cinco municipios que más alto cobran la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, otro de los tributos fuertemente cuestionados por los libertarios.
Desde el año pasado, el conflicto central de Caputo con los intendentes fue por el cobro de la tasa vial a la carga de combustibles, por la que incluso demandó en la Corte al municipio de Lomas de Zamora, al mando del peronista Federico Otermín.
Concretamente, el informe de Caputo muestra que Pinamar y Mar del Plata son los únicos dos municipios en rojo al alcanzar una base imponible del 3% por litro de combustible o fracción de GNC expendido.
Ahora, con el lanzamiento del denominado «portal de Transparencia Tributaria Municipal» en Economía salieron a escrachar a las comunas que aplican gravamenes cuestionados por el gobierno libertario.
El lanzamiento de ese portal fue cuestionado de inmediato por intendentes y referentes del peronismo.
En Quilmes, la actual diputada provincial Mayra Mendoza, cruzó: «Pierden el tiempo con una web para «publicar las tasas municipales», atacando a quienes día a día contienen en el territorio los desastres que él y el presidente @JMilei hacen. Mafiosos e impresentables».
Antes de conocerse este mapa de calor de Caputo, el intendente de Pilar, Federico Achával, había cruzado al ministro: «Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA».
La séptima edición de la ya tradicional Expo Patagonia Universidad, la feria de carreras más relevante de la Patagonia, prepara novedades para este año: por un lado, un formato bimodal, que implicará la realización de dos exposiciones; una virtual, el 29 y 30 de junio; y otra presencial, en octubre, con fecha a confirmar. Entre las…
Marco Lavagna escala la guerra con Daniel Scioli y volvió a publicar datos que dejan muy mal parado al ex candidato presidencial.
El informe del INDEC marca que en noviembre ingresaron 2,7% de turistas menos que el año pasado y salieron 763 mil, un 15,3% más que en noviembre de 2024.
Como contó LPO, Scioli está enojado porque los números que publica el INDEC no le gustan. Por eso dejará de financiar los operativos del INDEC que sirven para medir cuántos turistas entran y salen del país y cuánto dinero gastan en la Argentina.
Antes de romper, Scioli puso en duda la metodología de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
Si bien desde el INDEC anunciaron que seguirán publicando las cifras de turismo, explicaron que lo harán con un «esquema reducido».
Marco Lavagna informó que los turistas que llegaron a la Argentina gastaron 324 millones de dólares, mientras que los viajes al exterior se comieron 550 millones de dólares del Banco Central, un rojo de 226 millones de dólares que conspira contra la intención de Toto Caputo de sumar reservas.
«En noviembre de 2025, ingresaron 795,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 491,4 miles fueron turistas y 303,9 miles fueron excursionistas», escribieron en el INDEC.
Las salidas al exterior incluyeron a 1.271,4 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 763,8 miles fueron turistas y 507,6 miles fueron excursionistas.
Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
