Cordón sanitario para Beltrán y Lamarque
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Cordón sanitario para Beltrán y Lamarque

Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro, se dispuso la implementación de un cordón sanitario en Lamarque y Luis Beltrán, a partir de las 8 horas del día 23 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo.

La medida (cuyos alcances se enumeran en la Resolución anexa) se fundamentan en razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.

La vigilancia epidemiológica en Lamarque y Luis Beltrán durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19.

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso la implementación de un cordón sanitario en esas localidades, debiendo aplicarse medidas restrictivas extraordinarias.

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    El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada. 

    En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV. 

    La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas». 

    La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito. 

    Las tasas cortas ya son negativas en términos reales y vuelve el riesgo de dolarización

    Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque. 

    El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. 

    En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo. 

    La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

    La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó.  El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?». 

    La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

    El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda». 

    Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva. 

    La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones. 

    Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias. 

    Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial. 

     

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    El gobierno de Javier Milei venderá el 90% del paquete accionario de la empresa que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se estima que podría recaudar entre 450 y 500 millones de dólares, aunque todavía no se conocen las ofertas económicas ni hay precio base en el pliego.

    Lo que quedó confirmado es que sólo dos grupos podrán avanzar a la siguiente etapa de la licitación, cuando se presentará la oferta económica. 

    El primer oferente es el Grupo Roggio, que opera el servicio de agua en Córdoba a través de la firma Aguas Cordobesas. El grupo presidido por Aldo Roggio está asociado en este caso con la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, que proveerían asistencia técnica.

    Mauricio Filiberti

    Competirán contra un consorcio encabezado por Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti que es el mayor proveedor de AySA. Desde hace tiempo se descontaba que «El Rey del Cloro» sería uno de los jugadores de la licitación, aunque no estará asociado con José Luis Manzano como se suponía. Filiberti es socio de Manzano y Vila en Edenor.

    En este caso, Filiberti está asociado con Rowing SA,

    la constructora de Walter Román; el fondo de inversión neerlandés PHX y la brasileña Arcos que opera en Río de Janeiro.

    Según el ministro Luis Caputo, quien gane la licitación tendrá la obligación de invertir 2 mil millones de dólares en cinco años. Durante esa etapa, el gobierno garantiza que las tarifas se mantendrán en términos reales, es decir que aumentarán según la inflación.

    La Justicia bonaerense frenó la privatización de Aysa y la causa pasa al fuero federal

    En el camino quedaron varios grupos internacionales que se habían interesado en quedarse con AySA, sobre todo a partir de que el gobierno de Milei aplicó un feroz ajuste de tarifas que acomodó los números de la firma que actualmente preside Alejo Maxit.

    Desde un primer momento se había especulado con la posibilidad de una participación más fuerte de la israelí Mekorot (algo que incluso había celebrado el gobierno de Milei), aunque quedó afuera de la disputa por la cláusula «antichina» que impidió la participación de empresas controladas por otros Estados. De todos modos, Mekorot había aclarado que no podía comprar activos en el extranjero. Ahora, tendría un acuerdo de asistencia técnica a Roggio.

    Tampoco finalmente jugará la francesa Veolia, que en 2022 compró el grupo Suez que fue concesionario de AySA hasta la estatización en 2026. El rumor era que Veolia podía participar a través de alguna de sus controladas, como reveló LPO. Otro de los interesados que no presentó ofertas es la brasilera Sabesp, que opera el servicio de agua en San Pablo.

     

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