La Dirección de Comunicación Institucional, Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Villa Regina, en cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 042/16, convoca a inscripción en el Registro Municipal de Medios de Comunicación (RMMC) a todos los medios locales de difusión, comunicación, agencia y empresas de publicidad, productoras y programas que estén interesados en emitir publicidad oficial.
Los medios ya inscriptos deberán actualizar la documentación requerida por el Artículo 7 de la citada ordenanza: inscripción en AFIP debidamente encuadrados, Licencia Comercial al día, constancia de Administración de Recaudación Tributaria. Los inscriptos no podrán tener deudas con el Estado Municipal.
El plazo para realizar el trámite de inscripción será desde el 1 y hasta el 15 de diciembre, en la oficina de la Dirección de Comunicación, ubicada en Avenida Rivadavia 220, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
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El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
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Las ventas caen, y, aun así, los precios vuelven a subir. Es un mecanismo defensivo. En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.
Sectores clave como alimentos muestran caídas de la demanda de hasta 20% interanual. Sin embargo, desde el 1° de enero varias fábricas anunciaron aumentos superiores al 5%. Empujaron las decisión los costos fijos, que subieron fuerte: tarifas, combustibles, alquileres.
Esa estructura deja en evidencia un problema más profundo. La teoría oficial sostiene que con emisión contenida y disciplina fiscal la inflación debería apagarse sola. Pero la práctica muestra otra cosa. Con la demanda en caída y sin expansión monetaria, los precios igual suben.
Las remarcaciones vienen empujadas por el nuevo techo del dólar que empieza a descontar el mercado. La recalibración de las bandas cambiarias funciona como una señal de precio adelantada: si el techo se corre, el dólar de mañana vale más que el de hoy. En una economía bimonetaria indexada al tipo de cambio, ese mensaje se traduce rápido en los precios.
Las empresas ajustan ahora para no quedar atrapadas con costos dolarizados, energía, insumos, reposición, alquileres atados a un tipo de cambio más alto. No es especulación abstracta, es cobertura. El techo del dólar sube en los papeles y los precios se mueven en la góndola
El problema no es solo monetario. Es estructural. Y está del lado de los costos y de la oferta. Los números de tarifas lo explican mejor que cualquier discurso. Según la consultora Economía y Energía, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada la luz subió 344% y el gas 617%. Pero igual hay cortes masivos. En el mismo período, la inflación acumulada rondó el 200%. Los salarios crecieron 229%.
En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.
Es decir, los costos fijos de producir y vivir le ganaron por goleada tanto a los precios generales como a los ingresos. Y eso sin contar el transporte, que subió más de 900%, ni la medicina prepaga, que atraviesa a buena parte de la clase media y trabajadora.
El panorama no mejora hacia adelante. El 2026 arranca con nuevos aumentos de tarifas en todo el país. Luz, gas, agua y cloacas vuelven a ajustarse. Las subas previstas van del 2,5% al 4% promedio, antes de la quita de subsidios que anunció el Gobierno y que puede llevar esos incrementos a dos dígitos, sobre todo en gas.
En el AMBA, donde operan Edenor y Edesur, la suba de la electricidad será de 2,5%. A nivel nacional, el precio mayorista de la electricidad sube 3,2% y luego cada provincia traslada ese impacto a la distribución.
En gas natural por red, los aumentos rondan entre 2% y 3%. Pero la verdadera incógnita es qué pasará cuando el precio mayorista salte de los actuales USD 2,95 a USD 3,79 por millón de BTU, tras la quita de subsidios. Para los usuarios de Metrogas y del resto del país, ese cambio puede sentirse con fuerza en la boleta.
Ese efecto se potencia por los cotos de la energía, que tienen un componente muy alto dolarizado. Gas y electricidad no no sólo suben por tarifa, sino porque su estructura de precios responde a valores en dólares que impactan de lleno en los costos fijos de producción. El resultado es un combo conocido: expectativa de dólar más alto, energía más cara, costos que se recalculan y una inflación que se anticipa antes de ocurrir.
A esto se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados, producto de la apertura irrestricta. Lejos de disciplinar precios, las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto.
Ahora resta ver cómo ese fenómeno impacta en el IPC, donde alimentos explican buena parte del índice y la carne tiene una ponderación decisiva.
Se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados Las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto.
Pero las remarcaciones impactan en todos los segmentos. En la primera semana de diciembre, las grandes cadenas registraron subas promedio del 0,7%, con mayor presión en bebidas y alimentos de góndola. En carnicerías, el ajuste fue más brusco: aumentos de hasta 35% en menos de un mes y la posibilidad de otro 10% antes de cerrar diciembre.
Las grandes marcas lideran las subas. Coca Cola aumentó 5% en la última semana. Bimbo aplicó el mismo ajuste en panificados. La Virginia pasó listas con subas del 8%. Arcor acumuló un 8% en el mes.
Las consultoras coinciden en que la inflación de alimentos se aceleró. Se ubica entre 3,7% mensual y 4% en la medición punta a punta. A eso todavía hay que sumarle los aumentos de servicios, que en diciembre rondaron el 2,8%, y los combustibles, que se actualizan casi a diario.
«Con ventas que no repuntan y costos que no aflojan, muchas empresas remarcan para no cerrar», resume en off un empresario industrial. No es una lectura aislada. El propio diagnóstico de la UIA apunta en la misma dirección: la presión sobre los precios viene desde la oferta, desde los productores, y no solo desde expectativas o factores estadísticos, como suele sostener el Gobierno, tal como reveló el periodista Leandro Renou.
La foto final es la de la estanflación. Ventas en baja. Consumo retraído. Empresas que suben precios en lugar de competir por volumen o ajustar márgenes. Precios que suben con actividad en retroceso.
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