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Convocatoria a inscripción en el Registro Municipal de Medios de Comunicación

La Dirección de Comunicación Institucional, Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Villa Regina, en cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 042/16, convoca a inscripción en el Registro Municipal de Medios de Comunicación (RMMC) a todos los medios locales de difusión, comunicación, agencia y empresas de publicidad, productoras y programas que estén interesados en emitir publicidad oficial.

Los medios ya inscriptos deberán actualizar la documentación requerida por el Artículo 7 de la citada ordenanza: inscripción en AFIP debidamente encuadrados, Licencia Comercial al día, constancia de Administración de Recaudación Tributaria. Los inscriptos no podrán tener deudas con el Estado Municipal.

El plazo para realizar el trámite de inscripción será desde el 1 y hasta el 15 de diciembre, en la oficina de la Dirección de Comunicación, ubicada en Avenida Rivadavia 220, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

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    La crisis de la construcción está complicando los planes de Marcelo Mindlin en Loma Negra. Las acciones de Loma Negra atraviesan un momento delicado, marcado por el cambio en su conducción, fundamentos complicados y la caída de la construcción que condiciona su desempeño en el mercado.

    Durante más de dos décadas, la compañía estuvo bajo la órbita de capitales brasileños, primero con Camargo Correa y luego a través de InterCement. Esa relación se convirtió en un factor de incertidumbre creciente en los últimos años, a medida que la controlante acumulaba una deuda superior a los USD 2.000 millones y entraba en un proceso de recuperación judicial en Brasil en 2024. El riesgo latente era una eventual venta de activos para hacer frente a sus compromisos.

    Ese capítulo se cerró el 6 de abril de 2026, cuando el empresario Marcelo Mindlin, a través de Latcem y junto a Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, tomó el control de InterCement tras la homologación de su reestructuración.

    Bruno Bonacina Rogliano, asesor financiero en Bull Market Brokers, tiene una mirada positiva del desembarco de Mindlin. «Es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida», afirmó Rogliano.

    Caputo admite el freno de la economía y debaten medidas para reactivar

    El nuevo esquema accionario, con Latcem controlando el 38,7%, trajo un cambio clave en la percepción del mercado. No solo se despejó el riesgo financiero de la controlante, cuya deuda fue reprogramada hasta 2031 sin vencimientos relevantes en el corto plazo, sino que además ingresó un perfil inversor con experiencia en ciclos largos de infraestructura.

    Para Loma Negra, desaparece el «overhang» que pesaba sobre la acción y se suma un refuerzo de capital de USD 110 millones para sostener la operación. Pero eso no implica que el camino esté despejado. Bonacina lo resumió con claridad al señalar que «todo esto ocurre sobre un balance operativo que todavía muestra las cicatrices de 2025», marcando que el cambio financiero convive con desafíos operativos vigentes.

    Mindlin es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida.

    En términos operativos, la compañía todavía arrastra las secuelas de un 2025 débil. El EBITDA cayó a USD 146 millones desde los USD 198 millones del año anterior, con márgenes presionados y una recuperación de volúmenes más lenta de lo esperado. La demanda de cemento creció apenas 5,6%, reflejando un sector de la construcción que nunca terminó de despegar.

    Aun así, hubo algunos indicios de piso. En concreto, el negocio de hormigón creció 62% interanual en volúmenes y el segmento ferroviario mejoró su rentabilidad. Además, la empresa mantiene una estructura financiera razonable, con deuda neta de USD 183 millones y un apalancamiento de 1,47x.

    En el mercado, esa combinación de señales se traduce en cautela. El ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza a cerca de USD 11 y acumula un año y medio de lateralización.

    En este punto, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, indicó que la situación «no es casualidad» porque «la compañía cementera cuyo negocio depende en buena medida de la obra pública pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura».

    A esto se sumó el encarecimiento de los costos de construcción, que frenó proyectos privados y postergó decisiones de inversión.

    «Loma Negra presenta fundamentos operativos sólidos y una estructura financiera relativamente robusta. Sin embargo, la dinámica del precio de la acción refleja su elevada exposición al ciclo económico y, en especial, al de la construcción, que aún muestra signos de debilidad y alta volatilidad», comentó Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria.

    El negocio de Loma Negra depende en buena medida de la obra pública y pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura

    «La compañía ha evidenciado presión sobre márgenes en un contexto de costos crecientes y cierta limitación en la capacidad de trasladarlos a precios. Hacia adelante, el potencial de apreciación está condicionado a una recuperación más sostenida de la actividad, tanto en obra privada como, en especial, pública. En este marco, la tesis de inversión luce más dependiente del ciclo macro que de drivers idiosincráticos», añadió.

    Sin embargo, empiezan a aparecer factores que podrían cambiar el escenario. Por un lado, el Gobierno habilitó a varias provincias (como Córdoba, Santa Fe y Mendoza) a licitar y gestionar rutas bajo esquemas de concesión con peaje.

    Por otro lado, la construcción privada mostró señales de recuperación: en el primer trimestre de 2026, los metros cuadrados registrados crecieron cerca de un 20% interanual.

    En este marco, el consenso de analistas proyecta un crecimiento de ventas de Loma Negra del 25% para 2026, con recomendación de compra y un precio objetivo cercano a USD 15 por acción, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 30%.

     

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  • Mahiques cedió a la presión de Comodoro Py y postergó otro año la reforma que pasa el poder a los fiscales

     

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

    Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

    Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

    Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

    El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

    Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

    Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

    En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

    Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

    Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

    «La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

    Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

    El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

    En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

    Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

    Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

    El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

    Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

    «Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

    En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

    Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

    Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

    En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

    Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

    La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

    Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

    Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

    «Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

    Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

    Los jueces Borinsky y Hornos.

    El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

    Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

    «Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».

     

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