La biblioteca al aire libre de la Isla 58 continúa recibiendo visitas en este verano. Además de ser un espacio elegido por quienes asisten al balneario municipal a diario, durante esta semana niños del Hogar Niño Jesús pueden disfrutar de juegos y actividades coordinados por las bibliotecarias.
En este lugar tienen la posibilidad de desplegar su imaginación y creatividad con las herramientas que ofrece este espacio que, desde su puesta en marcha, es disfrutado por grandes y chicos.
Recordemos que la biblioteca funciona de martes a viernes de 14 a 20 horas y los domingos de 16 a 22 horas.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.
Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.
No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.
«No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
El juez federal Ariel Lijo.
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.
La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.
No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.
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