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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Los senadores libertarios no ganan para susto. Ahora fueron convocados en grupos pequeños de dos a cuatro legisladores a la Casa Rosada porque Manuel Adorni les quiere hablar. Las reuniones se realizarían el martes, un día antes de la sesión prevista para tratar el proyecto de interpelación del jefe de Gabinete.
«¿Qué nos va a decir, que es inocente, que hizo todo bien? ¿Quien es el genio que piensa estas cosas?», se quejó indignado uno de ellos.
Es que los senadores libertarios ya están bastante tensionados por el doble comando entre su jefe de bloque, Patricia Bullrich, que quiere liquidar a Adorni a toda velocidad y la Casa Rosada que pide defenderlo a como de lugar.
«Nos van a hacer ir a la Rosada a juntarnos con Adorni, nos van a sacar fotos entrando, van a salir más noticias, no tienen ningún se ntido esto», se lamentó una legisladora libertaria.
Las diferencias entre el bloque de senadores libertarios y la Casa Rosada por el escándalo interminable de Adorni son cada vez más difíciles de disimular. En la reunión de labor parlamentaria de la semana pasada, Bullrich fue a fondo contra el jefe de Gabinete, en total sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente provisional, Bartolomé Abdala.
Lo que hizo Adorni está mal y hay que sacarlo.
La jefa de bloque libertaria propuso que se trate su interpelación este miércoles y dejó en claro que se aprueba por simple mayoría. Es abrir la puerta para que también se vote la moción de censura y hasta su juicio político.
Cuando los hermanos Milei se enteraron montaron en furia y ahora presionan al bloque para que haya una nueva reunión de labor parlamentaria que deje en claro que la interpelación debe aprobarse por dos tercios. Un senador libertario que interpeló a Bullrich por su agresividad hacia Adorni se quedó mudo ante la contundencia de su respuesta: «Lo que hizo Adorni está mal y hay que sacarlo».
El artículo 101 de la Constitución Nacional que ordena la moción de censura del jefe de Gabinete no dice nada sobre las mayorías necesarias. Y nunca se aprobó una ley reglamentaria. Bullrich sostiene que el artículo es operativo y simple mayoría alcanza.
Los Menem están buscando un antecedente de cierta reglamentación supuestamente tratada en Diputados que habla de dos tercios, con la idea de hundir en la Cámara baja la destitución del jefe de Gabinete.
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El Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti cuenta con la curiosidad de ser el más antiguo del país. Con su próxima 36° edición en este 2020. Lo sigue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con 35° Ediciones
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