PorMunicipalidad Villa Regina
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El próximo sábado 28 las actividades en el marco del ‘Mes de la Niñez’ se desarrollarán en los siguientes barrios:
*Pulmón Ecológico, CGT y Tierra del Fuego: concentración en Pulmón Ecológico
*Gardín y Progreso: concentración en Gardín
*25 de Mayo
*Don Rodolfo
Habrá juegos, sorpresas y refrigerio en los diferentes sectores entre las 15 y las 17 horas, al aire libre, respetando los protocolos vigentes.
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La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.
Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.
La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.
El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.
La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.
La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.
Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.
Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.
El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.
La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?
Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.
El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.
La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.
Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.
En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.
Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.
La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.
Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.
En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.
Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.
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La escalada que registraron el oro y la plata en los mercados internacionales durante el último año comenzó a reflejarse con fuerza en las cuentas externas argentinas. Si bien ambos metales corrigieron desde los máximos alcanzados entre enero y marzo, continúan cotizando en niveles históricamente elevados respecto del año pasado, lo que disparó el valor de las exportaciones mineras aun cuando la producción y los volúmenes embarcados no crecieron al mismo ritmo.
El efecto ya se observa en la balanza comercial minera. Durante el primer semestre, los principales proyectos del sector acumularon un superávit de USD 4.265 millones, un 84,8% más que en el mismo período de 2025 y una cifra que prácticamente equivale al saldo positivo obtenido durante todo el año pasado. Se trata del mejor desempeño para un primer semestre en décadas y consolida a la minería como una fuente cada vez más importante de ingreso de divisas.
El buen resultado responde principalmente a la mejora de los precios internacionales. El oro llegó a superar los USD 5.300 por onza durante marzo y, aunque actualmente ronda los USD 4.000, continúa muy por encima del promedio registrado durante 2025 que fue de USD 2.801. La plata recorrió un camino similar: tras alcanzar valores cercanos a los USD 115 por onza, hoy cotiza alrededor de USD 60, lejos de los máximos pero todavía en niveles elevados en términos históricos.
Ese comportamiento explica por qué las exportaciones crecieron incluso sin un aumento de las cantidades comercializadas. De acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, las ventas externas de oro alcanzaron USD 2.905 millones durante el primer semestre, un incremento interanual del 51,2%. Sin embargo, los volúmenes exportados cayeron 25,5% en el mismo período. En otras palabras, Argentina vendió menos oro al exterior, pero obtuvo muchos más dólares gracias al fuerte aumento de la cotización internacional.
En el caso de la plata, el fenómeno fue similar. Las exportaciones semestrales ascendieron a USD 562 millones, con un crecimiento interanual del 87,9%. Allí la mejora respondió tanto al nuevo escenario de precios como a una mayor estabilidad de los volúmenes exportados, aunque el factor determinante siguió siendo la valorización del metal.
Los datos de junio muestran además la elevada capacidad del sector para generar divisas netas. Los principales proyectos mineros exportaron USD 713 millones e importaron apenas USD 65 millones. Esto significa que por cada cien dólares vendidos al exterior sólo fueron necesarios nueve dólares en importaciones de insumos y equipos, una relación muy superior a la que presentan otros complejos exportadores.
El contexto resulta especialmente favorable para el Gobierno porque coincide con el período en que comienza a disminuir el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. Finalizada la cosecha gruesa, la oferta de dólares del campo pierde intensidad durante el segundo semestre. En ese escenario, el mayor aporte de la minería ayuda a sostener el superávit comercial y contribuye a aliviar una de las principales restricciones de la economía argentina: la disponibilidad de divisas.
El fenómeno no es homogéneo dentro de la minería. Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señala que mientras el litio combina un aumento de la producción con una recuperación de los precios internacionales, en el caso del oro y la plata ocurre lo contrario: el menor volumen producido viene siendo compensado por el fuerte incremento de las cotizaciones. De esa manera, el crecimiento de las exportaciones de los metales preciosos responde principalmente al efecto precio y no a una expansión de las cantidades exportadas.
Esa dinámica explica por qué la minería gana cada vez más peso en el comercio exterior argentino. Según las proyecciones de CAEM, las exportaciones del sector podrían superar los USD 9.000 millones en 2026, con un crecimiento superior al 50% respecto del año anterior. De cumplirse ese escenario, la minería pasaría de representar alrededor del 7% a más del 10% de las exportaciones nacionales, consolidándose como un componente cada vez más relevante de la balanza comercial.
Para Amílcar Collante, de Profit Consultores, el actual contexto internacional se convirtió en un aliado para la estrategia cambiaria del Gobierno. Explicó que las tres principales exportaciones mineras de la Argentina -oro, plata y litio- registraron fuertes aumentos de precios en el último año, del 26%, 38% y 160%, respectivamente, un escenario que fortalece el ingreso de divisas y favorece la política oficial de acumulación de reservas.
El economista recordó que a comienzos de año las proyecciones del sector apuntaban a superar los USD 10.000 millones en exportaciones mineras durante 2026. Sin embargo, la corrección que experimentaron las cotizaciones del oro y la plata en los últimos meses llevó a revisar esas estimaciones y hoy el escenario más probable ubica las ventas externas cerca de los USD 9.000 millones. «El resultado final dependerá de cómo evolucionen los precios de acá a fin de año», sostuvo.
En ese sentido, Collante explicó que la evolución de las cotizaciones estará estrechamente vinculada con la política monetaria de Estados Unidos y el comportamiento de los bancos centrales. Según señaló, cada vez que aumenta la incertidumbre en los mercados, los inversores suelen refugiarse en el oro, mientras que la demanda también se mantiene sostenida por las compras que realizan China y otros países para fortalecer sus reservas internacionales al mismo tiempo que reducen su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense.
