El ensamble ‘Perla del Valle’ se presentará el próximo sábado 17 de julio a las 21 horas en el Galpón de las Artes.
Las entradas gratuitas y limitadas pueden retirarse en la Escuela Municipal de Arte en Brasil 91.
Luego de la exitosa presentación de la Filarmónica de Río Negro, se podrá disfrutar del ensamble que brindará un repertorio con un marcado ‘Sello Argentino’, compuesto por obras de raíz nacional de Julián Aguirre, José Carli, Mario Trejo y Astor Piazzolla.
El ensamble está formado por Nataly Bustamante en Flauta, Maia Pacheco Aoki en Oboe, Jose Luis Izaguirre en Clarinete, Jeremias Vertúa en Corno Francés y Aníbal Lagos en Fagot. En este concierto ‘Perla del Valle’ tendrá el privilegio de contar con la participación de Malen Marileo como cantante invitada.
‘Perla del Valle’, al igual que los otros 10 ensambles regionales distribuidos por toda la provincia, forman parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y dependen de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
Agustín Romo acordó con Sebastián Pareja su salida de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en Diputados de la provincia para pasar a ser vice de la Cámara, en lo que será un enroque con el platense Juan Osaba, alineado al armador de Karina.
Fuentes con llegada a la cúpula libertaria detallaron a LPO que ese cambio que se formalizará en la próxima sesión de mediados de mayo responde a las crecientes tensiones derivadas de la injerencia de Pareja en la operatividad de la bancada.
La derrota libertaria en las legislativas de septiembre pasado había parido, no obstante, un triunfo personal para Pareja, que logró meter en la Legislatura más de una docena de dirigentes propios. Con esos desembarcos, el bloque LLA en Diputados pasó a contar con 20 asientos, convirtiéndose en la segunda minoría.
Frente a la nueva fisonomía de la bancada con amplia mayoría parejista, en diciembre Romo había propuesto dejar la jefatura para alguien con mayor ascendencia en el grueso del bloque y, en su caso, pasar a ocupar una de las vicepresidencias destinadas a la oposición provincial.
En aquel entonces, Pareja se negó, mantuvo a Romo al frente de la bancada y puso a su hombre de confianza en Diputados, Osaba, como vice de la Cámara.
Pareja junto al nuevo jefe del bloque libertario, Juan Osaba
No obstante, reflotarían las fricciones internas cuando Pareja quiso poner a los secretarios Administrativo y Legislativo del bloque, encargados de controlar los contratos y la letra fina de los proyectos.
Romo resistió a esa avanzada argumentando que en esas cuestiones se juega su firma como cabeza de bloque. Poco después, el armador bonaerense de Karina Milei insistió en imponer su liderazgo y ordenó que tenían que pasar por él todos los proyectos y contrataciones. Ahí, el diputado con base en San Miguel dijo basta.
Dentro de la bancada libertaria admitieron a LPO las tensiones que ganaron volumen en la interna recientemente y advirtieron que en los últimos tiempos Osaba ya se estaba manejando «como si fuese el presidente del bloque».
Incluso, en las última actividad legislativa del bloque, referida a la implementación de la Boleta Única de Papel, tanto Romo como el diputado de Las Fuerzas del Cielo Nahuel Sotelo, estuvieron ausentes.
Dentro de la bancada libertaria admitieron a LPO las tensiones que ganaron volumen en la interna recientemente y advirtieron que en los últimos tiempos Osaba ya se estaba manejando «como si fuese el presidente del bloque».
Bajo ese clima, Romo le planteó a Pareja ir hacia el esquema que le había propuesto en diciembre. El armador de Karina dio el visto bueno pero le encomendó la negociación con el peronismo para avanzar en el reemplazo de Osaba en una de las vicepresidencias de la Cámara, algo que Romo cerró en las últimas horas.
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Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La trama oculta del “subsidio a los ricos”
El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.
Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.
Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal
Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.
En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.
El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.
La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.
Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida
Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.
En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.
La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.
El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.
El negocio financiero y la arquitectura del privilegio
El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.
En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.
Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.
El Estado como garante de la desigualdad
Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.
En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.
La ilusión del sacrificio compartido
El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.
Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.
Un modelo con beneficiarios definidos
Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.
Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.
La discusión de fondo
La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.
La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.
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