El ensamble ‘Perla del Valle’ se presentará el próximo sábado 17 de julio a las 21 horas en el Galpón de las Artes.
Las entradas gratuitas y limitadas pueden retirarse en la Escuela Municipal de Arte en Brasil 91.
Luego de la exitosa presentación de la Filarmónica de Río Negro, se podrá disfrutar del ensamble que brindará un repertorio con un marcado ‘Sello Argentino’, compuesto por obras de raíz nacional de Julián Aguirre, José Carli, Mario Trejo y Astor Piazzolla.
El ensamble está formado por Nataly Bustamante en Flauta, Maia Pacheco Aoki en Oboe, Jose Luis Izaguirre en Clarinete, Jeremias Vertúa en Corno Francés y Aníbal Lagos en Fagot. En este concierto ‘Perla del Valle’ tendrá el privilegio de contar con la participación de Malen Marileo como cantante invitada.
‘Perla del Valle’, al igual que los otros 10 ensambles regionales distribuidos por toda la provincia, forman parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y dependen de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.
Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.
Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.
El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.
En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.
Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.
Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.
En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.
Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.
Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.
También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.
Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.
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Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.
Por Roque Pérez para NLI
El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.
Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.
El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.
La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.
Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica
Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.
En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.
El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.
Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.
Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.
El dato que Milei omite cuando habla de Lula
En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.
Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.
Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.
Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.
La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.
Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina
La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.
El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.
Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.
La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.
Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.
Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.
Milei parece haber elegido otro camino.
El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump
Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.
La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.
El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.
Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.
La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.
Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.
Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.
La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.
Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.
El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.
La confirmación de la visita del papa León XIV a nuestro país en noviembre despertó una expectativa en todo el arco político, particularmente en Córdoba, la única escala que el sumo pontífice realizará en el interior del país. Visita que, de confirmarse la intención del gobernador Martín Llaryora de poner la fecha de la elección provincial en el primer cuatrimestre del 2027, se dará en el marco de una campaña ya comenzada.
Se sabe, la estrategia del cordobesismo es convocar a elecciones entre marzo y abril del año próximo porque entienden que la gestión de Javier Milei no tendrá los brotes verdes, la paciencia de la gente estará al límite y, particularmente en Córdoba, probablemente el arco opositor mantenga diferencias que lleven a ese esquema a un escenario de división.
Con ese escenario, la visita del papa asoma como un bálsamo en el que entrarán Llaryora y el arzobispo cordobés Ángel Rossi en tándem. El referente de la iglesia católica en Córdoba es uno de los ochos cardenales que hay en la Argentina -y uno de los cuatro con derecho a voto en el Vaticano- y está muy vinculado con la política local. Sin embargo, Rossi trató de ponerle paños fríos a la cuestión política y circunscribió la visita de León XIV a la cuestión pastoral.
Situación que atiende el cordobesismo pero que, igualmente, sabe que el condimento político puede ser un espaldarazo. «Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones», dijo un funcionario de la primera línea a LPO.
En el llaryorismo estaban al tanto de la visita del papa desde el viernes, aunque decidieron aguardar la confirmación de la Iglesia.
Si se maneja bien, nos puede servir y mucho. Pero tenemos que estar atentos, no puede haber ninguna falla y estamos trabajando desde ahora. El mundo católico hablará de Córdoba y la Ciudad debe estar en condiciones
Asimismo, en Córdoba también entran en la comparación con la última visita de un papa, cuando en 1987 vino Juan Pablo II y el gobernador era el radical Eduardo Angeloz. «Son visitas similares. O como la Cumbre del Mercosur del 2006 con ‘el Gallego’ (José Manuel de la Sota», señaló un funcionario de la Provincia.
En la ocasión de la visita de los presidentes, en Córdoba estuvieron los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Fidel Castro, Evo Morales y Tabaré Vázquez. Cumbre en la que se selló la incorporación de Venezuela al bloque y De la Sota fue el anfitrión de ese fin de semana de julio.
Por último, el capítulo papal en Córdoba tendrá un condimento extra: la carrera por la intendencia 2027 tiene a dos espadas del gabinete llaryorista involucradas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el de Vinculación, Miguel Siciliano, son los que interactuarán con el Vaticano por cuestiones relacionadas con la visita de León XIV.
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