Con guardias mínimas y home-office funciona el Registro Civil

El Registro Civil de Río Negro cumple con guardias mínimas para cubrir servicios esenciales en todas las delegaciones de la provincia, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por Nación por la pandemia de COVID-19.

Si bien hay algunas limitaciones, en general la tarea del organismo no se detuvo. Desde que comenzó la cuarentena, a través de sistema de Gestión de Documentación Electrónica se generaron 1.554 documentos oficiales, 222 actas de registro y 37 resoluciones con firma digital, como expedientes de adición de apellido, rectificación y actualización de datos en actas, entre otras cosas.

Además, se contestan todas las consultas que ingresan a través de la Oficina Digital, disponible en los sitios rionegro.gov.ar/oficinadigital o registrocivil.rionegro.gov.ar. En cada caso, existen formularios para que el ciudadano haga sus consultas.

La implementación del sistema de Expediente Electrónico en el Registro Civil permitió que el personal trabaje en modalidad home-office o teletrabajo, sin moverse de sus casas. Esto permite avanzar en la gestión de los expedientes con los cuales se tramitan solicitudes de la ciudadanía y que no se resienta el trabajo.

El objetivo principal sigue siendo el resguardo del personal y de la ciudadanía, brindando soluciones ante la urgencia y las necesidades esenciales prevista en el Decreto que dispuso el aislamiento.

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    Hoy, la ley 10.342 de 1985 le da a los municipios la potestad de arrendar las franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero excluye a las banquinas. Además, lo recaudado no es de libre disponibilidad, sino que debe ser afectado al Consejo Escolar (60%), Bomberos (20%) y caminos rurales (20%).

    La iniciativa más reciente, presentada por la diputada massista Ayelén Rasquetti busca incluir a las banquinas, al advertir que su actual exclusión genera «el desperdicio de recursos productivos» y «priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación».

    Para la diputada del Frente Renovador, la puesta en valor de esa tierra «no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma».

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    El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.

    En la actualidad, varios municipios aplican el sistema de arrendamientos de franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero intendentes consultados por LPO dieron cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de hacer uso de los recursos.

    «Son momentos donde necesitamos que los fondos que llegan sean de libre disponibilidad», sintetizó un jefe comunal consultado que recordó también la discusión en torno al Fondo de Fortalecimiento que llega de la provincia y que los intendentes piden que estén encorsetados a destinos afectados. 

    El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.

    Por su parte, también dentro del bloque de Fuerza Patria, el diputado y ex intendente de Daireaux Alejandro Acerbo presentó un proyecto para modificar las condiciones de arrendamiento de las tierras adyacentes a las rutas provinciales.

    En este caso, Acerbo elimina las pautas de distribución de los recursos que contempla la ley vigente y estipula que las sumas percibidas por este concepto deberán «destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza» y que, «al menos un tercio del total de esos recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas».

    También, ese proyecto amplía los plazos de explotación, que pasaría de un año a tres y con posibilidad de renovación. 

     

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