El Registro Civil de Río Negro cumple con guardias mínimas para cubrir servicios esenciales en todas las delegaciones de la provincia, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por Nación por la pandemia de COVID-19.
Si bien hay algunas limitaciones, en general la tarea del organismo no se detuvo. Desde que comenzó la cuarentena, a través de sistema de Gestión de Documentación Electrónica se generaron 1.554 documentos oficiales, 222 actas de registro y 37 resoluciones con firma digital, como expedientes de adición de apellido, rectificación y actualización de datos en actas, entre otras cosas.
Además, se contestan todas las consultas que ingresan a través de la Oficina Digital, disponible en los sitios rionegro.gov.ar/oficinadigital o registrocivil.rionegro.gov.ar. En cada caso, existen formularios para que el ciudadano haga sus consultas.
La implementación del sistema de Expediente Electrónico en el Registro Civil permitió que el personal trabaje en modalidad home-office o teletrabajo, sin moverse de sus casas. Esto permite avanzar en la gestión de los expedientes con los cuales se tramitan solicitudes de la ciudadanía y que no se resienta el trabajo.
El objetivo principal sigue siendo el resguardo del personal y de la ciudadanía, brindando soluciones ante la urgencia y las necesidades esenciales prevista en el Decreto que dispuso el aislamiento.
La localidad de Villa Regina no es la excepción en las estadísticas municipales sobre la cantidad de infectados por covid-19, en cantidad de camas ocupadas de un hospital o en la cantidad de dosis de vacunas que se aplican; y que a la par, en este contexto de pandemia los sectores más vulnerables han agravado…
La crisis que desembocó en la salida de Paul Starc de la UIF esconde una compleja situación de la Argentina en materia de lavado y deja al país expuesto a sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
LPO anticipó en exclusiva que Starc era apurado por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que lo acusaban de demorar la adecuación de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley de Inocencia Fiscal que el gobierno necesita para que los ahorristas saquen los dólares del colchón.
En la UIF dijeron a LPO que como la inocencia fiscal va contra la ley de lavado, Starc no quería modificar las resoluciones porque tenía al GAFI encima.
En octubre del año pasado, Argentina estuvo cerca de caer en la lista gris del GAFI y si bien se salvó, quedó en estado de «seguimiento». Eso significa que marcaron una serie de puntos que el gobierno debía mejorar, pero se hizo muy poco.
En la UIF aseguran que va a ser difícil muy difícil defender la posición Argentina en el plenario que el GAFI tendrá en febrero y en el que se va a tratar el caso argentino.
Con la salida de Starc también se produjo la del director de Coordinación Internacional, Eduardo Nazareno Muñoz, una traba burocrática a semanas del plenario del GAFI.
Pocos meses atrás se cambió por tercera vez al representante ante el GAFI y no es un tema menor que el procedimiento complejo de designación de las nuevas autoridades les va a llevar no menos de tres semanas.
En la madrugada del sábado y del domingo, fueron sustraídas varias luces led que habían sido cambiadas en el marco de remodelación de espacio público. Esta obra gestionada a través del Intendente, Marcelo Orazi, cuenta con el aporte del gobierno provincial para llevar a cabo no sólo las luminarias, sino también los arreglos en las…
Marcelo Mindlin pinchó uno de los globos recurrentes de la industria del gas. Mientras el Gobierno festeja la exportación de gas a Brasil como un hito histórico, el dueño de Pampa Energía dijo en público lo que en privado muchos repiten: el negocio no cierra.
Mindlin puso en duda que tenga sentido invertir miles de millones de dólares en gasoductos, como la reversión del gasoducto norte, para vender gas apenas unos meses al año.
En una entrevista con El Cronista, Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que en años normales cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses, y aun así durante pocas horas de pocos días. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, hasta el litoral paulista.
Mindlin incluso reveló que del lado brasileño no aparece ningún comprador dispuesto a firmar contratos en firme por nueve meses al año, que es lo mínimo necesario para justificar la inversión.
El contraste es incómodo porque el Gobierno celebró la reversión del Gasoducto Norte como una obra emblemática. La presentó como la llave para reemplazar el gas boliviano, transportar hasta 15 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta y abrir la puerta a las exportaciones regionales.
Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta hasta el litoral paulista.
Hubo actos, fotos y comunicados que hablaron de un «antes y un después». Ese relato se reforzó cuando se anunciaron las primeras exportaciones a Brasil, vía Bolivia, en operaciones calificadas como «históricas». En los hechos, fueron envíos interrumpibles, de prueba, atados a ventanas de oportunidad y a que el mercado interno no demande ese gas.
Lo más llamativo es que el propio gasoducto que se exhibió como logro sigue en obra. Fue la única gran obra pública que inauguró el gobierno libertario, pero se cortó la cinta sin que estuviera terminada. Faltan completar y poner plenamente en funcionamiento las plantas compresoras clave para que el sistema opere a capacidad. Todavía hay cuadrillas trabajando en el trazado.
Daniel González, responsable de la política energética del gobierno de Milei.
Las demoras no son menores. Las empresas contratistas reclamaron pagos atrasados y advirtieron que sin financiamiento regular es imposible cumplir los plazos. Sin compresoras funcionando a pleno, la promesa exportadora queda condicionada.
El escepticismo de Mindlin adquiere otra densidad cuando se mira su estructura empresaria. No es solo productor de gas. Controla Pampa Energía, es dueño de TGS, participa en generación térmica y maneja Transener, la columna vertebral del sistema eléctrico.
Para un empresario integrado, quedarse con ese paquete completo sería un negocio redondo. Tan redondo que la ley lo prohíbe: el marco regulatorio impide que quien genera energía controle también el transporte eléctrico.
En un sector donde la integración vertical suele ser el gran premio, Mindlin se esfuerza en negar que sus piezas encajen entre sí. Pero el mapa muestra otra cosa: gas, transporte, generación, construcción y ahora cemento. Un entramado que, lejos de la épica de la integración regional, pone el foco en otra integración, más silenciosa y doméstica.
En ese contexto, no parece casual otra respuesta de Mindlin. Cuando le preguntaron por la reciente compra de Loma Negra, descartó cualquier sinergia. Dijo que no sumaba valor para Pampa, que era «todo lo contrario» de lo que necesita la empresa, porque la cementera puede parar sus plantas en invierno, justo cuando el gas es más caro, y operar los nueve meses en que es más barato.
La negación fue todavía más tajante cuando le mencionaron a Sacde, la constructora del grupo, habitual jugadora en grandes obras de infraestructura. «Cero sinergias», insistió. Ni con la cementera, ni con la constructora, ni con el resto de los activos.
En un sector donde la integración vertical suele ser el gran premio, Mindlin se esfuerza en negar que sus piezas encajen entre sí. Pero el mapa muestra otra cosa: gas, transporte, generación, construcción y ahora cemento. Un entramado que, lejos de la épica de la integración regional, pone el foco en otra integración, más silenciosa y doméstica.
Mediante el proyecto elevado por el ejecutivo local al concejo deliberante de la ciudad sobre la rescisión del contrato y acuerdo, entre adjudicatario y municipio reginense, para hacer inmediata entrega del edificio, y a partir de la opinión pública estimulada por los medios de comunicación, profesionales independientes, partidos políticos y la sociedad misma; el debate…
La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación por presunto dumping en lavarropas importados desde China. Aunque el expediente se apoya en datos técnicos sólidos, la decisión despierta una pregunta inevitable: ¿protección de la industria nacional o señal política hacia Estados Unidos en medio de la presión de Donald Trump para aislar a Beijing?
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.
Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.
Dumping probado y una amenaza en ascenso
Desde el punto de vista técnico, el expediente es consistente. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó la existencia de un margen de dumping del 10,43 % en las exportaciones chinas de lavarropas hacia la Argentina. En términos simples, los productos ingresan al país a precios más bajos que los considerados normales, incluso por debajo de los valores del propio mercado chino.
Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.
El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.
Precios bajos, stocks acumulados y presión futura
China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.
La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.
Más inquietante aún es otro dato del informe: más del 60 % de los lavarropas importados desde China en 2025 no se vendieron, sino que quedaron acumulados como stock. Esto sugiere una presión latente sobre el mercado interno, con riesgo de caída de precios y deterioro de la producción nacional en el corto plazo.
Milei, Trump y el trasfondo geopolítico
Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.
La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.
La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.
La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.
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