Con guardias mínimas y home-office funciona el Registro Civil

El Registro Civil de Río Negro cumple con guardias mínimas para cubrir servicios esenciales en todas las delegaciones de la provincia, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por Nación por la pandemia de COVID-19.

Si bien hay algunas limitaciones, en general la tarea del organismo no se detuvo. Desde que comenzó la cuarentena, a través de sistema de Gestión de Documentación Electrónica se generaron 1.554 documentos oficiales, 222 actas de registro y 37 resoluciones con firma digital, como expedientes de adición de apellido, rectificación y actualización de datos en actas, entre otras cosas.

Además, se contestan todas las consultas que ingresan a través de la Oficina Digital, disponible en los sitios rionegro.gov.ar/oficinadigital o registrocivil.rionegro.gov.ar. En cada caso, existen formularios para que el ciudadano haga sus consultas.

La implementación del sistema de Expediente Electrónico en el Registro Civil permitió que el personal trabaje en modalidad home-office o teletrabajo, sin moverse de sus casas. Esto permite avanzar en la gestión de los expedientes con los cuales se tramitan solicitudes de la ciudadanía y que no se resienta el trabajo.

El objetivo principal sigue siendo el resguardo del personal y de la ciudadanía, brindando soluciones ante la urgencia y las necesidades esenciales prevista en el Decreto que dispuso el aislamiento.

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     La industria volvió a caer con fuerza en febrero. Y esta vez no hubo rebote que amortigüe el golpe. El número es contundente: la actividad se desplomó 8,7% interanual y retrocedió 4% frente a enero en la medición desestacionalizada. Es el octavo mes consecutivo en baja. La serie ya no muestra oscilaciones. Marca una tendencia.

    El dato confirma lo que venían señalando los relevamientos privados y ahora oficializó el Indec: la caída de la industria no encuentra piso. El leve repunte de enero fue apenas un espejismo. Febrero volvió a mostrar una caída extendida en casi todos los rubros, con fuerte impacto en sectores vinculados al consumo interno y la construcción.

    La baja no es homogénea, pero sí generalizada. Metalmecánica, textiles y materiales para la construcción lideraron las caídas. También la industria automotriz sintió el golpe, en un contexto de demanda doméstica debilitada y exportaciones que no alcanzan para compensar. El crédito sigue bajo, los salarios rezagados y la actividad se ajusta por cantidad.

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    Pero hay un dato que encendió alertas en el sector: el desempeño de la agroindustria. Tradicional refugio en tiempos de crisis, esta vez mostró signos de fatiga. Y no por falta de cosecha, sino por un conjunto de factores que revelan tensiones más profundas.

    Un dato que encendió alertas en el sector: el desempeño de la agroindustria. Tradicional refugio en tiempos de crisis, esta vez mostró signos de fatiga.

    El primero es el comportamiento de los productores. En febrero, las fábricas de aceite y harina de soja tuvieron dificultades para conseguir mercadería física. La razón es simple: los precios internacionales de la soja cayeron y muchos productores decidieron no vender. Prefirieron retener los granos a la espera de una mejora en las cotizaciones.

    Ese movimiento, que en el lenguaje del sector se llama «retención de cosecha», tuvo impacto directo en la industria. Sin grano, no hay molienda. Y sin molienda, cae la producción de aceite y harina, que son los productos de mayor valor agregado del complejo exportador.

    A eso se sumó un segundo factor, menos visible pero igual de relevante: la menor importación temporaria de soja desde Paraguay. En condiciones normales, cuando la oferta local escasea, las plantas argentinas recurren a soja paraguaya para sostener el ritmo de producción. En febrero, ese flujo fue menor.

    El resultado fue un doble estrangulamiento: menos grano local por retención y menos grano importado para compensar. Las plantas trabajaron por debajo de su capacidad.

    El problema no terminó ahí. Febrero también fue un mes corto en términos productivos. El calendario jugó en contra. Los feriados de carnaval redujeron los días hábiles y, además, hubo un paro sindical que paralizó puertos y plantas durante varios días. En algunos complejos, la actividad efectiva se redujo a apenas 15 jornadas.

    Pero incluso dejando de lado estos factores coyunturales, el sector enfrenta un problema más estructural: los márgenes. Los costos de energía, combustibles e insumos subieron por encima de los precios de exportación. Esa brecha empezó a erosionar la rentabilidad.

    Mientras la molienda cae, las exportaciones crecen. En el primer bimestre del año subieron 7%. Pero ese aumento se explica por mayores despachos de grano sin procesar, principalmente trigo y girasol. El valor agregado, en cambio, retrocede. Es un cambio de calidad. Menos industria, más primarización. 

    La consecuencia es una paradoja. Mientras la molienda cae, las exportaciones crecen. En el primer bimestre del año subieron 7%. Pero ese aumento se explica por mayores despachos de grano sin procesar, principalmente trigo y girasol. El valor agregado, en cambio, retrocede. Es un cambio de calidad. Menos industria, más primarización. Menos empleo y menos encadenamientos productivos.

    En ese contexto, la caída del 8,7% adquiere otra dimensión. No es solo una baja en la producción. Es una señal sobre el tipo de crecimiento que se está configurando.  El Gobierno apuesta a que la estabilización macroeconómica termine derramando sobre la actividad. Pero por ahora ocurre lo contrario. La estabilidad convive con caída productiva.

    Y el dato final termina de poner el cuadro en perspectiva. La última vez que la industria registró una caída mensual más profunda que la actual fue en abril de 2020, cuando el confinamiento por la pandemia paralizó las fábricas y la producción se desplomó 19,2% en un solo mes. La diferencia es que aquella fue una caída abrupta y excepcional. La actual es persistente. Y, por eso mismo, más difícil de revertir.

     

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     La economía cayó en febrero y el Gobierno chocó de frente con los datos duros. Mientras  insisten con una narrativa de crecimiento sostenido, el último informe del INDEC dejó una señal clara: la actividad expuso los límites de la recuperación.

    El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 2,1% interanual y un desplome de 2,6% respecto de enero en términos desestacionalizados. La serie tendencia-ciclo, que suele usarse para suavizar los movimientos, mostró apenas un avance de 0,1%, un dato que no alcanza para compensar la caída del mes.

    El detalle sectorial confirma que el problema no es marginal. Ocho sectores crecieron, pero siete cayeron, y lo hicieron en áreas clave. La industria manufacturera se hundió 8,7% interanual y el comercio retrocedió 7%. Entre ambos explican la mayor parte del deterioro del índice. Es una escena conocida: los sectores que dependen del mercado interno siguen en rojo.

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    En contraste, el empuje volvió a concentrarse en pocos motores. Minería y agro crecieron cerca de 10% interanual y explicaron buena parte de los aportes positivos. Pero el mapa es desigual: dos o tres sectores tiran del carro mientras el resto viaja como puede, atado a una economía que no logra traccionar de forma homogénea.

    El informe de ACM pone el foco en esa heterogeneidad. Señala que más del 67% del crecimiento se explica por sectores muy puntuales, mientras las ramas vinculadas al consumo interno siguen rezagadas. En otras palabras, hay expansión, pero no alcanza a convertirse en recuperación generalizada.

    Desde LCG, el diagnóstico es más crudo. La consultora advirtió que la actividad «se desplomó» en febrero y volvió a niveles de julio de 2025. También remarcó que la demanda interna no logra consolidarse, golpeada por la caída del poder adquisitivo y la retracción del crédito. El consumo, además, se desplaza hacia importados en un contexto de apertura y tipo de cambio apreciado. 

    Frente a estos datos, el ministro Luis Caputo buscó relativizar la caída. Argumentó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y que estuvo atravesado por un paro general. También destacó que la tendencia-ciclo se mantiene en terreno positivo y acumula casi dos años de expansión. La explicación intenta correr el foco del dato puntual hacia una lectura más larga, aunque el número mensual marca un freno evidente.

    El contraste con el relato oficial quedó aún más expuesto por el posteo de Javier Lanari en la víspera a conocerse el dato. El funcionario celebró que la economía habría crecido 4,4% en 2025 y proyectó otro año de expansión, destacando incluso máximos históricos del PBI. El problema es que ese optimismo chocó con la caída concreta del nivel de actividad. 

     

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  • Los intendentes quieren que los nuevos jueces de la Corte bonaerense volteen la ley que limita las reelecciones

     

    Una idea que circula en los intendentes -tanto del conurbano como del interior de la provincia- es que los cuatro jueces de la Corte bonaerense lleguen al Palacio de Justicia con el mandato de voltear la ley que limita las reelecciones.

    El tema se discutió en algunas reuniones de las que incluso participó la cúpula del peronismo. Los intendentes saben que tal como está conformado el tribunal (con tres de sus siete asientos ocupados) no hay chance de pedirle a los jueces que declaren inconstitucional la ley aprobada en 2016.

    En definitiva, los jueces llegan a la Suprema Corte designados por el poder político. El acuerdo sellado en diciembre establece tres magistrados para el peronismo y uno para el radicalismo. De modo que esa eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.315 supone una especie de devolución de favores a la política.

    El envío de los pliegos al Senado se dilata. En diciembre deberían haberse votado tres jueces designados por los tres sectores del peronismo: kirchnerismo, axelismo y massismo. El cuarto se acordó que se vote antes de la feria judicial de julio de este año.

    Fuerte reclamo de los jueces a Kicillof para que complete la Suprema Corte bonaerense

    Todo indica que la votación de los pliegos ocurrirá durante 2026 o a más tardar en los primeros meses del año próximo.

    Por lo pronto, el martes los jueces de la Corte lanzaron un fuerte reclamo a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. «Somos tres, cuando debiéramos ser siete», dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte «se encuentra inéditamente desintegrada».

    Hilda Kogan.

    Torres no estaba solo. A su lado estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario en la sala de audiencias del Máximo Tribunal, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.

    Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. «El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática», planteó.

    Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.

    Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. «Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales», dijo. 

     

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