Con guardias mínimas y home-office funciona el Registro Civil

El Registro Civil de Río Negro cumple con guardias mínimas para cubrir servicios esenciales en todas las delegaciones de la provincia, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por Nación por la pandemia de COVID-19.

Si bien hay algunas limitaciones, en general la tarea del organismo no se detuvo. Desde que comenzó la cuarentena, a través de sistema de Gestión de Documentación Electrónica se generaron 1.554 documentos oficiales, 222 actas de registro y 37 resoluciones con firma digital, como expedientes de adición de apellido, rectificación y actualización de datos en actas, entre otras cosas.

Además, se contestan todas las consultas que ingresan a través de la Oficina Digital, disponible en los sitios rionegro.gov.ar/oficinadigital o registrocivil.rionegro.gov.ar. En cada caso, existen formularios para que el ciudadano haga sus consultas.

La implementación del sistema de Expediente Electrónico en el Registro Civil permitió que el personal trabaje en modalidad home-office o teletrabajo, sin moverse de sus casas. Esto permite avanzar en la gestión de los expedientes con los cuales se tramitan solicitudes de la ciudadanía y que no se resienta el trabajo.

El objetivo principal sigue siendo el resguardo del personal y de la ciudadanía, brindando soluciones ante la urgencia y las necesidades esenciales prevista en el Decreto que dispuso el aislamiento.

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    Tarjetas corporativas, lujo y opacidad: el “lado B” del informe de Manuel Adorni que expone gastos insólitos en una empresa estatal

     

    Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.

    El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.

    Consumos de lujo con fondos públicos

    Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.

    A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.

    Sin nombres propios, pero con responsabilidades políticas

    Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.

    El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.

    Ajuste hacia afuera, descontrol hacia adentro

    La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.

    La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.

    El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.

     

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