Tras la llegada del material, después del mediodía comenzaron los trabajos tendientes a normalizar el servicio de cloacas, luego de la rotura de uno de los caños de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano.
La tarea que lleva adelante el personal de la Secretaría de Obras y Servicios se concentra a la altura de barrio Don Bosco y tienen como fin la realización de un by pass. Esta obra evitará romper la cinta asfáltica ya que el caño que sufrió el desperfecto pasa por debajo de la ruta nacional 22 y se encuentra a una profundidad de 2,5 metros.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad se indicó que se prevé que las tareas terminen mañana sábado ya que se deberá colocar hormigón elaborado en las curvas y reconectar donde se desvió la cañería para el vuelco de los líquidos cloacales.
En horas del mediodía de hoy viernes arribarán a la ciudad los materiales necesarios para proceder a realizar el by pass, obra que permitirá la reparación del caño de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano que sufrió una rotura a la altura de barrio Don Bosco. Una vez que se cuente con los…
Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.
La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.
El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.
Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.
El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso.
La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares.
Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.
El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.
El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González.
Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay.
Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos.
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Escribe Paula Cesari La Nutrición se entiende como el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos sólidos y líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. He estado cuestionándome este significado hacia esta palabra. No digo que no comprenda la asimilación de los alimentos, pero en…
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los planteos del lobista Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial, en la que sus defensores solicitaron el apartamiento del equipo de fiscales federales que lo investigan en Rosario. El mismo tribunal también no le hizo lugar al pedido de recusar al juez federal de la misma ciudad que los había procesado tanto a él como al magistrado federal Gastón Salmain por la gestión del cobro de un soborno.
Los planteos de los jueces de Casación confirman que las causas contra Busaniche siguen en curso bajo el control de los mismos fiscales. Busaniche es un escribano santafesino vinculado a la política que se estableció en Buenos Aires hace 25 años y se convirtió en un importante operador judicial de sectores de la cúpula de la Justicia Federal.
Los fiscales federales lo cuestionan en diferentes causas. Una de ellas es por haber sido instigador de una extorsión contra dos empresarios bursátiles de Rosario, que fueron víctimas del armado de una causa penal por lavado de dinero, con la cual les pidieron un soborno a fin de dormirla y desvincularlos. Los que tramaron este chantaje, ya bajo imputación, son el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
El segundo hecho es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el empresario Fernando Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Hace tres semanas la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa resolución.
Este jueves la sala de Casación que integran los vocales Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma rechazaron los planteos de los abogados Diego Pirotta y Debora Lichtmann que representan a Busaniche. Señalaron básicamente que en los pedidos de recusación se basan en «meros juicios discrepantes» con las resoluciones dictadas previamente. Los camaristas consideraron inadmisibles los planteos y les cargó las costas a los defensores.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustin Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti. En la resolución los camaristas remarcan que la recusación había sido rechazada dos veces, en primera instancia y por la Cámara Federal de Rosario, por lo que había doble conforme para ellos.
Los defensores también objetaron ante otra sala de la Cámara de Casación los mismos procesos judiciales llevados adelante contra Busaniche. Aducen que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dicen que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.
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