Comenzaron los trabajos para reparar el caño de impulsión de cloacas

 

A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

La casta: un relato que se volvió en contra

“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

Estado: del “afuera” al uso selectivo

El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

Libertad económica: para quiénes

La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

El impacto social: la variable de ajuste

Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

Modelo, no error

A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.

 

 

El castigo a los consumidores es la marca en el orillo de una administración anclada en la fechoría y plagada de contradicciones.

Por Nerio Corello para NLI

Fuerte caída del consumo masivo, aumentos “fantasma” en servicios, desconfianza creciente de los consumidores y endeudamiento familiar delinean un combo que amenaza hacerse cada vez más arduo para el bolsillo ciudadano.

En la era Milei, los combustibles, que arrastran otros precios sin solución de continuidad, sufrieron un aumento que, en el acumulado, supera el estratosférico 500%. La gota que rebasó el tanque fue el impuestazo de este año, justificado desde el oficialismo por un atraso impositivo que su líder, que decía aborrecer los impuestos y los consideraba un robo, ahora no puede consentir.

Para más inri de incoherencias y hacer un poco menos inverosímil el maquillaje del IPC-INDEC tras la puesta de pies en polvorosa de Marcos Lavagna, la estatal YPF alzó la bandera del control de precios con un congelamiento que el neo libertariano Marín llama buffer y promete extender por el lapso de mes y medio.

Lo cierto es que para los argentinos el precio promedio de los combustibles ronda el dólar y medio,  valor regional que solo superan los sufridos consumidores de Uruguay y Perú. No sorprende, entonces, que a pesar del mamarracho ideológico, ni siquiera se haya evitado una caída nacional en la venta: solo tres provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- mantienen regular la demanda.

Una mirada a los precios que propone YPF en la Ciudad de Buenos Aires arroja las siguientes cifras en pesos: nafta súper, 2000,-; Infinia, 2.100,-; gasoil, entre 2100,- y 2200,-. La suba fue del 19% ciento solamente en el último mes.

Bien conocemos el efecto dominó que el costo de naftas y gasoil genera en el precio de los productos básicos para la subsistencia, desbocados desde diciembre de 2023 y absolutamente incompatibles con los niveles de ingresos promedio de los argentinos.

A pesar de que la inflación, que se resiste a la prometida doma, castiga día a día, el frustrado domador y su adlátere Toto eligieron mantener los ingresos por impuestos que, como se ve, siguen castigando a los consumidores. Argumentan que hay un solo culpable del aumento de los combustibles: Irán.

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