Tras la llegada del material, después del mediodía comenzaron los trabajos tendientes a normalizar el servicio de cloacas, luego de la rotura de uno de los caños de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano.
La tarea que lleva adelante el personal de la Secretaría de Obras y Servicios se concentra a la altura de barrio Don Bosco y tienen como fin la realización de un by pass. Esta obra evitará romper la cinta asfáltica ya que el caño que sufrió el desperfecto pasa por debajo de la ruta nacional 22 y se encuentra a una profundidad de 2,5 metros.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad se indicó que se prevé que las tareas terminen mañana sábado ya que se deberá colocar hormigón elaborado en las curvas y reconectar donde se desvió la cañería para el vuelco de los líquidos cloacales.
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
Una disputa que excede el caso Vialidad
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
La pelea por el futuro político del peronismo
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
La diputada nacional Marina Salzmann cruzó al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por exigir al gobierno nacional el traspaso de la Autopista Presidente Perón desestimando las rutas provinciales como la 40.
«Los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos», dijo Salzmann, una diputada de Sergio Massa. «Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales ¿De dónde van a salir los recursos para la autopista Presidente Perón?», escribió en las redes.
En las últimas horas, Katopodis reiteró al gobierno libertario el reclamo por el traspaso a la provincia de la Autopista Presidente Perón. El ministro sostiene que la obra estaba cerca de finalizarse, pero el gobierno de Javier Milei la frenó hace casi 3 años.
La autopista Perón es el tercer anillo de circunvalación del AMBA. El primero es la General Paz y el segundo es la ruta 4. Su traza de la autopista comprende 83 kilómetros en total. Inicia en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta 7 y baja hacia el sudoeste para alcanzar la Ruta 2, en La Plata.
En el tramo inicial faltan terminar unos 5 kilómetros entre Camino del Buen Ayre y Merlo. En tanto, el tramo final -entre Guernica y La Plata- comprende unos 25 kilómetros que quedarán para otra gestión.
La autopista Presidente Perón en Merlo.
Más allá de los fondos, la obra presenta problemas de expropiaciones. Tanto en Merlo, como en Guernica hay viviendas sobre la traza.
La autopista está transitable en casi todos sus tramos, pero sin iluminación, sin colectoras y sin control de seguridad vial. Todo genera un escenario ideal para el delito. En los últimos años, la autovía se fue transformando en un corredor vinculado al narcotráfico y al narcomenudeo.
Sin iluminación y sin controles, en jefes criminales se instalaron en las inmediaciones de la autovía. Compraron terrenos baratos y construyeron casas tapiadas. Hicieron sus propios accesos de la autopista a sus viviendas. Hay un motivo para esas inversiones: en la traza de la Presidente Perón están instaladas varias cárceles de seguridad.
Hace dos semanas, Salzmann presentó en el Congreso un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, para saber en qué estado está la obra de la autopista, si existe un plan de mantenimiento y plazos para terminarla.
En cuanto a la ruta provincial 40, la construcción de la doble mano es una deuda histórica. Tanto Daniel Scioli como María Eugenia Vidal habían prometidos las obras, pero nunca avanzaron.
Durante el gobierno de Kicillof la obra comenzó y tuvo importantes avances sobre todo en el distrito de Marcos Paz. Sin embargo, siete años después aún no está terminada y en el distrito de Merlo los avances son prácticamente nulos.
«Hay tramos muy deteriorados, baches que no se arreglan y ya representa un peligro para quienes la transitan», dicen desde el massismo. «La Autopista Presidente Perón es una obra frenada por el gobierno nacional y la provincia debería priorizar el mantenimiento y finalización de sus rutas, para que sean un lugar de tránsito seguro y mejoren la conectividad», agregan.
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Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi la mitad de los jóvenes del país vive en condiciones de vulnerabilidad social. El estudio -elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común- alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa.
El estudio ‘Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro’ establece que un tercio de la población juvenil que no trabaja ni estudia, ahora tampoco busca trabajo.
Sostiene además que la juventud atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Y explica que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años (48,9%).
El estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y arroja datos alarmantes sobre la desvinculación de los jóvenes respecto a las instituciones básicas de integración social: la escuela y el mundo del trabajo.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la consolidación del segmento denominado «NI-NI». Dos de cada diez jóvenes vulnerables en Argentina no trabajan ni estudian. Sin embargo, la investigación detecta un componente aún más grave dentro de este grupo: la ausencia de horizontes.
Entre quienes no cuentan con un empleo y tampoco estudian, existe un tercio de ellos que dejó de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de esta investigación.
La investigación se basó en una encuesta presencial realizada a 1002 jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Entre los jóvenes que manifiestan no tener trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, evidenciando procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina.
Para aquellos jóvenes vulnerables que sí logran insertarse en el mercado laboral, las condiciones distan de ser óptimas. El informe destaca que el empleo se concentra en actividades de baja calificación y altísima informalidad, principalmente en el comercio, la construcción y tareas de cuidado.
En este sentido, sólo el 18,9% de los jóvenes que trabajan cuenta con un empleo registrado (en blanco) o parcialmente registrado; mientras que el 75,9% se encuentra en una relación laboral no registrada o trabaja por cuenta propia (changas, venta ambulante o por internet); el 5% manifiesta estar bajo el régimen de monotributo. «Pero más allá de la formalidad o no, que es algo importante, la realidad material muestra que para el 57% de los jóvenes, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes», explica Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la investigación de este trabajo.
Según los especialistas, esta precariedad laboral tiene un impacto directo en la cobertura de derechos básicos: el 78% de este segmento carece de obra social o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud para cualquier atención médica.
La vulnerabilidad social no se agota en la falta de ingresos; permea la subjetividad de los jóvenes. El malestar psicológico se ha convertido en una experiencia cotidiana. Más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. A esto se suma que un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, una problemática que se intensifica en los sectores con menores niveles de instrucción.
A pesar del entorno hostil, el estudio rescata que la educación sigue siendo valorada: el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. No obstante, los obstáculos estructurales (falta de dinero y de oportunidades reales) operan como barreras que limitan estas aspiraciones.
«La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe.
Las PASO2021 en Regina también dejan espacios para las apreciaciones, los pseudo análisis externos (el verdadero análisis lo harán puertas adentro los partidos) y las conjeturas de cafetín, en mi caso de mate y teclado. Partamos de un punto inicial: MUNICIPALES 2019. La intendencia queda a cargo de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) con Marcelo…
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