Tras la llegada del material, después del mediodía comenzaron los trabajos tendientes a normalizar el servicio de cloacas, luego de la rotura de uno de los caños de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano.
La tarea que lleva adelante el personal de la Secretaría de Obras y Servicios se concentra a la altura de barrio Don Bosco y tienen como fin la realización de un by pass. Esta obra evitará romper la cinta asfáltica ya que el caño que sufrió el desperfecto pasa por debajo de la ruta nacional 22 y se encuentra a una profundidad de 2,5 metros.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad se indicó que se prevé que las tareas terminen mañana sábado ya que se deberá colocar hormigón elaborado en las curvas y reconectar donde se desvió la cañería para el vuelco de los líquidos cloacales.
El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño.
La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas.
Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad.
El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida.
El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira.
Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día.
La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños.
La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar.
También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos.
Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones.
Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero.
«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri.
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado.
El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable».
La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro.
Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo.
La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.
El Gobierno de Río Negro dispuso la obligatoriedad desde el lunes 13 próximo del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal (denominados «tapaboca»), a todas las personas que circulen en la vía pública. La medida, dispuesta por decreto de la gobernadora Arabela Carreras, se fundamenta en la necesidad de reforzar…
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.
Pinarello acusó al juez Inchausti de difundir información de la causa cuando regía el secreto de sumario, aplicar tratos diferenciados a distintos imputados y la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a un imputado.
También recusó al juez y solicitó formalmente que sea apartado de la causa en la que lo investiga, al considerar que existen elementos como «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que ponen en duda su competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Pinarello está siendo investigado de ser el presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.
Entre los principales ejes que justifican el pedido de recusación, se destaca un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al magistrado y al padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión durante una reunión en el despacho de Inchausti por diferencias de criterio institucional.
Pinarello asegura que en aquel encuentro el magistrado le manifestó a su padre que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, «duraría poco tiempo en el cargo», con una referencia expresa a las consecuencias que podría sufrir su carrera profesional.
La recusación sostiene que aquel conflicto nunca fue superado y que terminó proyectándose sobre la causa que actualmente involucra a Pinarello. Como elementos para fundamentarlo, la presentación enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se extiende hasta el día de hoy y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el tratamiento que recibió en comparación con otro de los imputados en la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según señala la recusación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya, decisión que posteriormente fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que terminó otorgándole ese beneficio.
Asimismo, Pinarello sostiene que, mientras Otero Cao había podido salir del penal sin que previamente le colocaran una tobillera electrónica, en su caso el juzgado condicionó la salida a la instalación del dispositivo. Esa situación provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión pese a que la Cámara ya había dispuesto su domiciliaria. Además, denuncia que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones establecidos para su coimputado.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. Él afirma que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, sostiene que desde el Juzgado y la Fiscalía se construyó una narrativa según la cual había sido capturado cuando intentaba darse a la fuga, versión que luego fue reproducida por distintos medios de comunicación.
Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los principales capítulos de la denuncia que Pinarello realizó ante el Consejo de la Magistratura. Allí señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre la investigación, las hipótesis acusatorias y circunstancias personales de quienes estaban vinculados al expediente. Por ese motivo, pidió que se investigue específicamente el origen de esas filtraciones.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no sólo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de manera que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una secuencia de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa», expresó Pinarello en la presentación.
Los cuestionamientos se producen sobre un magistrado que ya había sido objeto de otras denuncias y críticas a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también se desempeña como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (son los únicos 2 juzgados penales federales en Mar del Plata, es decir, tiene el monopolio de la justicia penal federal de la ciudad). A lo largo de sus 15 años como magistrado, ha sido blanco de acusaciones por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y se lo conoce como «el juez encarcelador» por su fama de primero encarcelar y luego investigar.
En esta oportunidad, Pinarello solicitó que Inchausti sea apartado de la causa «en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial». En caso de que el propio magistrado no considere procedente su apartamiento, el acusado pidió que las actuaciones sean elevadas inmediatamente al tribunal superior para que resuelva el planteo.
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