Citarán al empresario Carlos Tita en la causa contra Salmain por pedir un soborno de 100 mil dólares a Vaudagna

Citarán al empresario Carlos Tita en la causa contra Salmain por pedir un soborno de 100 mil dólares a Vaudagna

 

 El empresario de salud Carlos Tita será llamado a declarar en la causa que el juez federal de Rosario Gastón Salmain está imputado de haber pedido un soborno de 100 mil dólares al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para quedarse con las causas penales que implicaban a este en hechos de corrupción.

Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad. Lo que la Justicia Federal trata de establecer es si Tita fue quien aportó el dinero solicitado a Vaudagna para que el juez Salmain reclamara la competencia y se quedara con múltiples expedientes que implicaban al ex alto funcionario de la entonces AFIP por múltiples delitos. Cosa que efectivamente Salmain hizo en diciembre de 2024.

 Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad 

La relación entre Vaudagna y Tita está acreditada en los contenidos de un teléfono secuestrado al primero en una causa ligada a la empresa Vicentin que impulsó una decena de causas penales, al descubrirse que el ex director de AFIP cobraba a empresarios legales para ayudarlos a evadir dinero, hacer colocaciones en paraísos fiscales y persiguió a contribuyentes para extorsionarlos. Esos contenidos indican que Vaudagna, que entonces era máximo jefe en Santa Fe del organismo recaudatorio, hacía trabajo de asesor contable para Tita, algo del todo incompatible con sus funciones públicas.

Hace diez días, en la audiencia en que Salmain fue imputado por el intento de cohecho, el fiscal federal Federico Reynares Solari reveló en audiencia que el intermediario para cobrar ese soborno fue el abogado Diego Feser, que integra el plantel de un destacado estudio jurídico y es director del diario La Capital de Rosario.

 [Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP]

Hace ocho días el fiscal Reynares imputó al juez Salmain que «a través de la intermediación del doctor Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16727/2023, donde Vaudagna estaba denunciado como alto funcionario de la AFIP por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». El motivo, según el fiscal, fue para que estas causas «quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares».

Los indicios que volcaron la atención hacia el empresario de salud rafaelino, que ahora según supo LPO sería convocado a declarar, es que en una de las comunicaciones que Feser mantiene con Vaudagna le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el momento en que Salmain intenta sin éxito quedarse con las causas que implican al directivo de AFIP, que estaban claramente no solo fuera de su competencia territorial sino de la materia en la que entiende, ya que es magistrado civil y estos temas son de índole penal.

La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido.

La alusión a Carlos Tita fue en la audiencia del pasado 31 de julio que presidió el juez de Garantías Román Lanzón. Allí Salmain, al defenderse, apuntó de una manera algo desconcertante por igual a la Corte Suprema. Primero dijo que las causas penales en las que está imputado -dos de ellas por pedidos de coimas- eran un armado que atribuyó «al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos».

 La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido. 

Pero después de eso, al ampliar su descargo en el que defiende con vehemencia ser inocente, inesperadamente puso en la mira a otro ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al que mencionó explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística.

 [Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción

Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que Salmain parecía haber en la alusión a Lorenzetti el envío de un mensaje cifrado. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

En la primera audiencia en la que Salmain fue imputado de un caso de cohecho resultó coimputado el escribano santafesino Santiago Busaniche, un conocido lobista de la Justicia Federal, muy conocido en Comodoro Py. Busaniche fue señalado como intermediario de un intento de soborno para que Salmain aceptara una demanda, como hizo, para que un fideicomiso comprara dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario.

En otra audiencia donde a Busaniche se lo acusó de gestionar una extorsión contra empresarios bursátiles, la abogada de Busaniche, Débora Lichtmann, habló de que esa causa penal era una construcción que atribuyó a una interna en la Corte Suprema de la Nación. Poco tiempo después la misma defensa de Busaniche citó a declarar al ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, sin la toma de juramento que es de práctica a los testigos, por si surgieran ulteriores responsabilidades penales.

 

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    Paro docente: la Nación busca entrar a las escuelas provinciales y Buenos Aires denuncia una intromisión en sus competencias

     

    El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.

    Por Redacción de NLI

    El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.

    La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.

    Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.

    El conflicto educativo detrás del operativo nacional

    El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.

    La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.

    La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.

    Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales

    La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.

    La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.

    El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.

    Una pelea que excede al paro docente

    El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.

    En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.

    La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.

     

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